Habitantes del Caribe Sur contarán con mayores derechos

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de febrero del 2014

El reconocimiento de los legítimos derechos de los habitantes y de los poblados costeros del Caribe Sur y establecer los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, para que los pobladores no pierdan sus viviendas y comercios, es el principal objetivo del proyecto 18207, Recibimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur, que fue votado en primer debate en el Congreso.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Walter Céspedes Salazar señalo que hay familias que tienen más de 70 años de vivir en esta zona y los pobladores son los que han cuidado las montañas de Talamanca.

Céspedes Salazar explicó que estos pueblos y sus comunidades fueron excluidos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, por construir asentamientos humanos reconocidos. Aseguró que los habitantes ya no tendrán que sufrir el desalojo y la demolición de sus casas.

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CNE pide aval para traspasar viviendas otorgadas por emergencia

Luis Pablo Quirós Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de febrero del 2014

Los legisladores de la Comisión Especial de Puntarenas recibieron a Vanessa Rosales, Presidenta Ejecutiva y Eduardo Mora, Asesor Legal, de la Comisión Nacional de Emergencia.

Ellos expusieron los argumentos propuestos para crear un transitorio en la Ley de Emergencias y Prevención de Riesgo, cuyo fin tiene como objetivo traspasar registralmente las propiedades que la institución adquirió entre el período 2005-2010 en el marco de la atención de las emergencias.

Rosales explicó que la ley prohíbe el traspaso de esos bienes y por lo tanto la entidad debe responder por los daños y deterioro de las propiedades.

“En el 2005 se aprobó la Ley de Emergencias y Prevención de Riesgo, y a partir de ahí se empezó a darle un trato especial y prioritario a la necesidad de los afectados por las emergencias, especialmente en el tema de vivienda” señaló la presidenta de la CNE.

Agregó que con el pasar de los años al no poder donar esas viviendas, todo lo correspondiente a administración y supervisión de las propiedades le corresponde a la entidad, ocasionando problemas por el gasto en los recursos económicos, sumado a la escasez de personal que tiene para tal fin.

“Algunos de ellos ya tienen más de cinco años de habitar esas viviendas y al día de hoy no pueden heredarlas, desprenderse de ellas o incluso deben solicitar permiso en caso de querer hacer una modificación, ya que no tienen una seguridad jurídica sobre el bien inmueble” argumentó Rosales.

Actualmente existen 381 viviendas, en poder de la CNE que podrían ser traspasadas por medio de donación, para ello es necesaria la aprobación del transitorio solicitado en el expediente legislativo 18969.

Eduardo Mora, asesor legal de la Comisión puntualizó que se solicitan el transitorio en lugar de una ley específica para evitar que la Comisión tenga la potestad de adquirir ese tipo de propiedades.

Explicó que desde el 2010 las viviendas adquiridas en casos de emergencias se gestionan directamente por medio del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

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Liberación compromete su apoyo a zonas costeras

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de febrero del 2014

La fracción del Partido Liberación Nacional acompañada de varios de sus alcaldes y alcaldesas que se desempeñan en varias municipalidades, comprometieron su apoyo hacia los habitantes de las zonas costeras mediante su apoyo a la aprobación de tres iniciativas de ley.

Estos proyectos son los número 18.592 Ley marco para la declaratoria de zona urbano litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial; el 18.593 Ley para la regulación de las construcciones existentes en la zona restringida de la zona marítimo terrestre y el 18.207 Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur.

La diputada Carolina Delgado Ramírez indicó “hemos sido enfáticos en señalar que proceder con el desalojo de los pobladores costeros y la demolición de sus obras es  desconocer la historia de comunidades consolidadas y su identidad cultural. Negarlos medios de subsistencia para su población y socavar la oportunidad de generar un desarrollo integral”.

Como prueba de su compromiso, la diputada destacó que en el año 2012 su fracción promovió la aprobación de la Ley Nº 9073, conocida como Ley de moratoria, que suspendió durante dos años las demoliciones y desalojos de la zona marítimo terrestre.

La legisladora Delgado Ramírez además hizo un llamado a las demás fracciones para que brinden su apoyo a estas iniciativas.

Video realizado por Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, Asamblea Legislativa.

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Financiamiento de rehabilitación de ruta 32

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de febrero del 2014

Tras la aprobación de un texto sustitutivo  al  expediente 18945 para el financiamiento de la rehabilitación y extensión de ruta a Limón, la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios inició la discusión de mociones de fondo del proyecto.

La iniciativa establece la ampliación a cuatro carriles de esa ruta  con lo cual se busca mejorar la competitividad del país, también incluye el reforzamiento y duplicación de los puentes tanto de la capacidad de carga viva como  la resistencia de terremotos. 

El proyecto se financiará por medio de un convenio con la Republica Popular de China a través del   Banco de Exportación e Importación de ese país, el cual concederá una línea de crédito.

El costo total de la obra es de 485 millones de dólares, de los cuales el país debe aportar 89 millones de dólares como contrapartida, donde están contemplados 20 millones de dólares para expropiaciones.

El trámite de las mociones de fondo permitió que diputados del PAC manifiesten su preocupación por temas como las expropiaciones en el cumplimiento de los plazos.

El legislador Manrique Oviedo Guzmán, aunque no es miembro de la comisión ha manifestado interés en el trámite del proyecto, por lo que es firmante de algunas de las mociones en trámite.

El congresista sostiene que la iniciativa  contiene disposiciones que le impiden al Estado cumplir con los plazos, lo que aumenta los costos de la obra.

Por su parte el diputado  Walter Céspedes Salazar de la Unidad Socialcristiana quien tiene interés en la ampliación de la ruta, por representar a la provincia de Limón, dijo que aunque el proyecto es complicado agiliza la realización de la obra.

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Analizan impacto de la pesca de arrastre

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de febrero del 2014

La Comisión Especial Investigadora de Puntarenas recibió en audiencia a expertos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y del Centro para la Inducción y Capacitación Marítima (CIMAR), para analizar el impacto de la pesca de arrastre como parte del expediente 18968 Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semi industrial camaronera en Costa Rica.

La iniciativa plantea una propuesta de regulación a la utilización de las técnicas pesqueras sustentables, que permitan el mantenimiento de la actividad camaronera semi industrial.

Las licencias para capturar camarones con fines comerciales en el Océano Pacífico, únicamente se otorgarán a las embarcaciones de bandera y registro nacional así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses.

Elena Molina del CIMAR aseguro que no se oponen a la pesca pero afirma que esta debe ser regulada y se deben realizar mayores estudios.

Un estudio realizado en el 2007 y 2008 con la participación de INCOPESCA y el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, FAO, determino que mediante la utilización de dispositivos excluidores de peces, adicional al dispositivo excluidor de tortugas logró una reducción una disminución de la pesca incidental de las redes de arrastre camaroneras en casi un 26 por ciento.

El Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, Luis Dobles explicó que las actividades pesqueras son clave para las fuentes de empleo para la provincia de Puntarenas.
Dobles indicó que ya se están venciendo los permisos de las embarcaciones que realizan pesca de arrastre para el camarón afectando las fuentes de empleo de los pescadores y sus familias y las fuentes de empleo indirecto en la provincia.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Sotomayor Aguilar fue enfático en que le preocupa el impacto social que tendrían prohibir este tipo de pesca, porque muchas familias se quedarían sin su fuente de ingresos económicos.

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País contará con premios nacionales de cultura

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de febrero del 2014

En el Plenario Legislativo se aprobó con 40 votos a favor el proyecto 17853, Ley de Premios Nacionales de Arte y Cultura, esta iniciativa busca crea los  Premios Nacionales de Cultura, otorgados por el Ministerio de Cultura y Juventud, como incentivo a la excelencia, el desarrollo y los aportes en el quehacer cultural costarricense.

Estos premios  se clasificarán en cuatro categorías: Un solo reconocimiento con dotación económica denominado Premio Nacional Manuel González Zeledón “Magón”. , que se identificará con ese nombre.

Un solo reconocimiento con dotación económica denominado Premio Nacional Emilia Prieto Tugores.

Además, de siete premios con recompensa económica,  Premios Nacionales en Arte, que tendrá el  nombre de “Premio Nacional en” sucedido del nombre de la disciplina específica y por último tres reconocimientos económicos denominados Premios Nacionales de Gestión, Promoción, Producción, Investigación y Comunicación Cultural, que se identificarán con el nombre de “Premio Nacional en” con el  nombre del área de actividad correspondiente.

También, se votó en segundo debate, darle mayor autonomía financiera y presupuestaria a los Concejos Municipales de Distrito con la aprobación el expediente 18902,  Reforma a la Ley General de Concejos Municipales de Distrito.

Con esto, los dineros que se recauden en los Concejos Municipales de Distrito de Paquera, Cóbano, Monteverde, Lepanto, Cervantes, Peñas Blancas, Colorado y Tucurrique, podrán ser invertidos en estas comunidades y no dependerán directamente de las municipalidades.

La diputada  del Movimiento Libertario, Mireya Zamora Alvarado aseguro que con esto los pobladores tendrán mejores condiciones.

Los legisladores, votaron en primer debate el expediente 18536 Creación de la Secretaría de Salud Mental.

El proyecto crea un Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría, presidido por el ministro o la ministra de Salud y las instituciones con funciones específicas que  apoyarán a la Secretaría Técnica en el logro de sus fines.  Este Consejo sesionará cada tres meses.

El proyecto indica que entre los egresos hospitalarios al servicio de psiquiatría, con un total de cinco mil ciento cincuenta y ocho egresos en el año 2010, de los cuales el 54,46% corresponde al sexo femenino.

Con base en la estimación de consultas externas por trastornos mentales del comportamiento, la Caja Costarricense de Seguro Social estimó trescientas veintiún mil trescientas veinte consultas por esta causa, de las cuales el episodio depresivo representa un 39,87% de las consultas.

El diputado de Acción Ciudadana, Víctor Hernández Cerdas afirmó que este proyecto ayudará a la prevención de suicidio.

También, se voto de manera favorable el expediente 18429, Reforma al Artículo 96 del Código Notarial. El diputado de Liberación Nacional, Luis Gerardo Villanueva Monge explico que la iniciativa busca hacer los trámites más expeditos y se posibilita al Notario a realizar cambios cuando no sean problemas de fondo.

Otro de los expedientes aprobados es el  18725, que busca asegurar el acceso a una vivienda digna como derecho humano a las personas con discapacidad sin núcleo familiar.

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Nota: Texto no fue editado.

Sector privado podría vender hasta un 30% de energía al ICE

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de febrero del 2014

Teófilo de la Torre, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), apoyó el proyecto de ley de Contingencia Eléctrica, ya que permitiría que el sector privado venda energía al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE hasta un 30 por ciento, para suplir las necesidades del sector después del año 2019.

El jerarca de esa dependencia compareció  ante los diputados que integran la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios quien se refirió al proyecto de ley expediente 18093 Ley de Contingencia Eléctrica, que actualmente se discute en esta instancia legislativa.

De la Torre explicó que el proyecto actual vendría a ajustar la Ley 7200 para que la generación privada, en lugar de poder llegar a venderle al ICE hasta un tope de 15% pueda llegar a 30% y que el tamaño máximo de las plantas en lugar de ser de 20 megavatios pueda ser hasta de 50.

Esto según señaló, porque las plantas eólicas son ineficientes cuando son de 20 megavatios, pero si son de 50 los costos bajan apreciablemente y eso es un beneficio para los consumidores.

Por otro lado permite que la energía que se compra al sector privado con base en esta legislación, pueda estar basada en procesos de competencias como ya se está haciendo con el primer 15% dentro de unas bandas que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) fija como precios piso y precios máximos.

“La ley permite además autorizar la generación distribuida o colocar paneles solares en los  techos de las casas y facultades adicionales para que las empresas distribuidoras actuales, puedan tener más flexibilidad para instalar plantas de generación para su uso propio o para venderle también el ICE”, dijo el compareciente.

Comentó además que si se logra aprobar esta legislación en este año, se podrá disminuir generación térmica, cuando dichos proyectos entren en operación hacia el año 2019, lo esto vendría a ayudar al sector eléctrico a partir de ese año en adelante.

Finalmente señaló que con esta legislación ayudaría a impulsar la generación distribuida que viene bajando de costo y que es competitivo con lo que es producción de energía central.

Así mismo apoya a las cooperativas y a las empresas municipales a hacer más generación eléctrica y que sean autosuficiente y que no tengan que depender tanto de las ventas que el ICE les haga lo que ayuda a bajar los costos de las tarifas eléctricas futuras.

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Discuten elección de un magistrado para la Sala Primera de la Corte

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de febrero del 2014

Los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Nombramientos acordaron la metodología para la elección de un magistrado de la Sala Primera de la Corte por la jubilación de la Dra. Anabelle León.

La persona interesada en el puesto de magistrado deben ser costarricense por nacimiento o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años.  Debe ser ciudadano en ejercicio, del estado seglar y mayor de 35 años. Debe poseer título de abogado expedido o legalmente reconocido en Costa Rica y debe haber ejercido la profesión por al menos diez años salvo que se tratare de funcionario judicial con práctica no menor de cinco años.

Los legisladores acordaron que 15 días hábiles posteriores a la última publicación realizada por la Asamblea Legislativa en un diario de circulación nacional, los postulantes deberán entregar en la Secretaría de la Comisión en original impreso y en versión digital una serie de documentos que incluyen una carta firmada de postulación y presentación de documentos dirigida a la Comisión, currículum vitae, certificación de nacimiento. Los postulantes deberán entregar los siguientes documentos:

  • Declaración jurada en la que indique que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 159 de la Constitución Política y que no lo cubren las prohibiciones del artículo 160 de la Carta Magna.
  • Certificaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica sobre la fecha de incorporación y sobre causas disciplinarias en las que figure el interesado durante los últimos diez años.
  • Copias certificadas de todos los títulos universitarios.
  • Declaración jurada sobre el cumplimiento de sus obligaciones respectivas con el Ministerio de Hacienda.
  • Certificación de Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (FODESAF).
  • Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social en la que se indique que se encuentra al día en el pago de cargas sociales en el caso de que sea patrono ó que indique que no está inscrito como patrono.

Los miembros de la Comisión de Nombramientos presentarán una recomendación al Plenario Legislativo que incluya una lista de hasta diez nombres. La nómina deberá respetar la normativa vigente en materia de paridad de género.

La presidenta de la Comisión y legisladora del Partido Liberación Nacional Carolina Delgado Ramírez explicó que éste es un concurso abierto y que están trabajando en los cambios que necesita la Corte.

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Ponen freno a la entrada de capitales golondrina

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de febrero del 2014

Los diputados votaron, en primer debate, ponerle un freno a la entrada al país de capitales especulativos, conocidos como capitales golondrina, una iniciativa enviada a discusión por el Poder Ejecutivo.

El expediente 18685 pretende evitar que ingresen al país capitales que distorsionen la economía.

La iniciativa señala que a partir del segundo semestre del 2012 y parte del 2013, la economía costarricense presentó condiciones que incentivaron el ingreso de capital externo motivado por los rendimientos financieros, debido a que los premios por ahorrar en instrumentos de deuda costarricenses denominados en colones aumentaron, producto de un tipo de cambio casi fijo, elevados rendimientos de los títulos valores locales.

Esto generó una mayor entrada al país de recursos externos, lo que provocó un desequilibrio macroeconómico, presionando a la apreciación del colón y una mayor compra de divisas por el Banco Central, poniendo en riesgo el control de la inflación en el corto y mediano plazo.

Dentro de las medidas para frenar el ingreso al país de capitales golondrina están: aumentar las retenciones por remesas al exterior sobre los rendimientos pagados por inversiones realizadas por no residentes en el país, hasta por un 30 por ciento adicional y hasta por 24 meses prorrogables.

También, impone un depósito obligatorio a los ingresos de capital que vayan a invertirse en títulos valores inscritos en el Registro de Valores e Intermediarios. 

El diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada afirmó que es importante dotar al Banco Central de mecanismos para desincentivar el ingreso de capitales especulativos.

El proyecto menciona que, cada vez que la Junta Directiva del Banco Central acuerde, por mayoría calificada de cinco de sus miembros, que se presenta un desequilibrio en la economía nacional, el Poder Ejecutivo podría  incrementar hasta por un plazo máximo de 24 meses, la tarifa de los impuestos aplicables sobre cualquier tipo de rendimientos que sean pagados a no domiciliados por los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas y otras entidades públicas o privadas.

Reduce, también, el plazo de vigencia del impuesto a los intereses, descuentos y rendimientos, a seis meses y le da al Poder Ejecutivo la competencia para variar la cuota del impuesto y las condiciones en que se aplica previo a una declaratoria de desequilibrio dictada por el Central.

Además,  el destino de lo recaudado con el impuesto se modifica,  ya que el 75 por ciento que, en un principio, iba destinado al Banco Central será trasladado al Fondo General del Gobierno Central, con la finalidad de desincentivar la entrada de capitales especulativos, debido a que se prevé que la recaudación del impuesto sea baja.

La legisladora del Partido Movimiento Libertario, Patricia Pérez Hegg aseguró que el proyecto no cumple con los objetivos planteados.

«Este proyecto no hace la diferencia entre cuál es un capital bueno y uno especulativo», explico Pérez Hegg.

Se espera que se le de segundo debate el próximo jueves.

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Consejos Municipales de Distrito con más autonomía

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

6 de febrero del 2014

Mayor autonomía financiera y presupuestaria tendrán los Concejos Municipales de Distrito con la aprobación en primer debate, y  por unanimidad, el expediente 18902,  Reforma a la Ley General de Concejos Municipales de Distrito.

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Sotomayor Aguilar explicó que con esta reforma los dineros que se recauden en los Consejos podrán ser invertidos en estas comunidades y no dependerán directamente de las municipalidades.

También, se voto de manera favorable el expediente 18365, Reforma del Artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

El legislador socialcristiano, explicó que el proyecto pretende incorporar  en el marco legal la obligación y deber del juez contencioso de que en el momento de dictar la sentencia oral, se entregará a las partes la sentencia en forma escrita; aspecto que garantizará el principio de seguridad y certeza jurídica, así como una mayor publicidad y conocimiento de las líneas de pensamiento de la jurisprudencia  contencioso administrativo en forma escrita; que garantizará el principio de seguridad y certeza jurídica, así como una mayor publicidad y conocimiento de las líneas de pensamiento de la jurisprudencia  contencioso administrativo.

Además, los  diputados aprobaron el proyecto 18725 para asegurar el acceso a una vivienda digna como derecho humano a las personas con discapacidad sin núcleo familiar.

El diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión,  Martín  Monestel Contreras señalo que las personas con discapacidad que no tengan un núcleo familiar podrán solicitar un bono de vivienda siempre que puedan demostrar capacidad de pago.

Monestel Contreras explicó con esto se pretende que estas personas puedan tener acceso a una vivienda digna.

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