Legislación – Página 161

Inician trámite de presupuesto para caficultores

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

23 de julio del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios inició el trámite del expediente 18830 presupuesto extraordinario que contiene los recursos para los caficultores afectados por la roya.

José Luis Araya Viceministro de Hacienda de Egresos explicó los contenidos del presupuesto que consta de 65 mil millones de colones de los cuales más de 44700 millones de colones se financian con la emisión de bonos.

De ellos, 20 mil millones de colones se destinarán a la creación del fideicomiso de apoyo a los productores de café afectados por la roya, así lo establece el proyecto 18733 aprobado por el Plenario Legislativo.

Los ingresos corrientes que contiene el plan de gastos provienen del impuesto a los casinos y empresas de apuestas por 1041 millones de colones, el impuesto de salida al exterior por 780 millones de colones y trasferencias de FODESASF.

Los recursos explicó el Viceministro servirán para financiar estructura física en los centros penitenciarios y equipamiento policial del Ministerio de Seguridad Pública.

Añadió que otra parte de los dineros se destinarán al fondo para la trata de personas a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería, además se contemplan recursos para el programa nacional de empleo del Ministerio de Trabajo.

Se incorporan también siete mil millones de colones para el Consejo Nacional de Producción para la reorganización de la entidad, así como para la creación de 249 plazas en el Ministerio de Salud.

La comisión aprobó una moción para recibir en audiencia a los ministros de las entidades que recibirán los recursos de este presupuesto para que expliquen la forman en que serán utilizados.

El proyecto debe estar dictaminado a más tardar el 13 agosto en la Comisión para que el Plenario inicie su discusión en primer debate.

Ministerio de Hacienda apoya proyecto de ley

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

23 de julio del 2013

El Viceministro de Inversión del Ministerio de Hacienda, Jordi Pratt asistió a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos para avalar el expediente de autorización para la titularización de flujos de caja de obra pública.

El Viceministro planteó la posibilidad de que el texto del proyecto incluya en lugar de un artículo único sea de 4, y regular para qué se hace el fideicomiso, qué es titularizar y cómo se titulariza, definir los mecanismos para autorizarla y otro para permitir la donación de estudios de factibilidad.

Agregó que en Costa Rica hacer inversión de obra pública es complicado por eso ven con buenos ojos esta nueva opción de financiamiento que logra hacer proyectos positivos de forma ágil, se expande la base de inversionistas y se democratiza el ejecutar obra pública.

Otra de las modificaciones es que no se use la renta fija como tipo de instrumento cuando se titulariza.

Así como que el mecanismo de aprobación de titularizaciones aparte de recibir el visto bueno de Contraloría General de la República reciba también la aprobación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) para asegurarse que sean proyectos auto sostenible.

El Viceministro planteo a los legisladores de dicho panel la posibilidad de incluir en la iniciativa la autorización para emitir bonos o financiamiento para proyecto en el mercado externo que es más barato y no dejarlo solo a financiamiento doméstico.

Pidió también que los proyectos a titularizar sean puestos en conocimiento del MIDEPLAN para incluirlos en el Plan de Inversión Pública y vayan en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Eliminar pesca de arrastre crearía desempleo en Puntarenas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

23 de julio del 2013

Gerardo Medina, representante de la Fundación para la Conservación y Reproducción de la Pesca Marina (FUCOREMA), manifestó que eliminar la pesca de arrastre en el país, crearía un desempleo enorme en la provincia de Puntarenas.

Medina compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios quien se refirió al expediente 18543 Reforma al artículo 2, numeral 27 en su inciso d), el artículo 43 en su inciso d) de la Ley de Pesca y Acuicultura, que pretende entre otras cosas, eliminar la pesca de arrastre en el país.

El representante de FUCOREMA señaló que esta consiente que la pesca de arrastre tiene sus inconvenientes pero a criterio de él es necesario ir eliminando esa práctica en forma paulatina y responsablemente, esto debido a que muchas familias principalmente de la provincia de Puntarenas dependen de esta actividad.

“Lo que pretendemos es llevar las cosas por un camino que nos conduzca a una buena salida y que sea el bien para todos. Lo más preocupante para nosotros es que se crearía un desempleo enorme en Puntarenas ya que solo se cuenta con el muelle de Caldera que esta concesionado y Sardimar que procesas atún. Es muy difícil para nosotros bajar la tasa de desempleo y es de honda preocupación”, comentó Gerardo Medina.

Como solución a este problema indicó que se pueden tomar varias medidas, entre las cuales se encuentran reducir el esfuerzo pesquero, crear zonas de pesca y establecer meses para la actividad.

“Para mí es ir poco a poco tratando de ir sacando las embarcaciones, de manera ordenada y sostenible, lo otro es que se puede determinar es llegar a tener zonas de pesca” puntualizó el compareciente.

La iniciativa de ley establece regulaciones que están enfocadas a fin de proteger y conservar los recursos marinos y hidrológicos para la mejora protección y conservación de la riqueza natural de nuestro país para realizar lo anterior las reformas estarán basadas en estudios ambientales y criterio técnico sobre el tema de la pesca con red de arrastre y la problemática que esta presenta con respecto a daños en el medio ambiente.

Crean marco jurídico para prevenir y sancionar el acoso laboral

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

23 de julio del 2013

Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de la Mujer, dictaminaron positivamente el expediente 18136 Ley Contra el Acoso Laboral en el sector público y privado.

La iniciativa tiene como objeto principal regular, prohibir, prevenir y sancionar el acoso laboral. Así mismo llena un vacío legal en torno al tema, mediante el establecimiento de un marco jurídico que prevenga y sancione el hostigamiento laboral en el empleo.

También se establece la responsabilidad de todo patrono o jerarca de mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto. Se hace referencia al procedimiento de hostigamiento laboral, la recepción de la denuncia, las pruebas, el asesoramiento jurídico y de apoyo emocional, las medidas preventivas y cautelares, el procedimiento en la vía judicial, el marco legal de la demanda, la comparecencia de las partes, la falsa denuncia, los tipos de sanciones, así como los derechos laborales en el caso de finalización del contrato de trabajo, con responsabilidad patronal.

Con este proyecto de ley se pretende dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado de velar por un ambiente de seguridad y salud en las relaciones labores, derecho consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política.

El artículo 3 del plan se establece que se entenderá por acoso laboral todo maltrato continuo, sistemático y deliberado de una o diversas personas a otra u otras, durante la relación laboral o en el lugar de trabajo sin considerar el puesto que ocupe, sea mediante comportamientos, acciones agresivas, u omisiones con la finalidad de degradar sus condiciones de trabajo, el prestigio laboral, familiar, la salud física y/o psicológica.

Así mismo el proyecto de ley define conductas, acciones, comportamientos o manifestaciones que se ejerzan sobre las personas trabajadoras como acoso laboral como por ejemplo, provocación de aislamiento e incomunicación de la víctima, cambio de ubicación denigrante del espacio físico ocupado para la persona trabajadora, impedir o limitar de manera injustificada el acceso a herramientas necesarias para llevar a cabo su labor, entre otras.

Finalmente todo persona o jerarca tendrá la responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de un reglamento o política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de acoso laboral.

Comisión de municipalidades aprueba donación de terrenos

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

23 de julio del 2013

La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo dictaminó dos expedientes de ley de forma positiva y uno de manera negativa.

Se trata del proyecto 18698 la desafectación de un inmueble propiedad de la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia y la donación del mismo a la Asociación de Desarrollo Integral de dicha comunidad.

El inmueble será destinado a la construcción del parque ecológico Divino Niño. En caso de que la Asociación llegue a disolverse o el terreno se destine a otro uso no autorizado el bien volverá de pleno derecho a ser propiedad del municipio.

También se dictaminó otro proyecto, el 18704 en el mismo sentido para que la Municipalidad Barva done un terreno para la construcción del Centro de Atención al Adulto Mayor.

Y finalmente la comisión envió al archivo el proyecto 18183 Autorización a la Municipalidad de Nicoya para que done un inmueble de su propiedad a la Asociación Nicoyana de Atención y Rehabilitación del Alcohólico y Farmacodependiente.

Aprueban atraque de embarcaciones estadounidenses

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de julio del 2013

Los diputados aprobaron con 41 votos a favor y uno en contra, el permiso para el atraque, permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones del guardacostas de los Estados Unidos de América.

Dichas embarcaciones estarán desarrollando operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas y demás autoridades del país, en cumplimiento del acuerdo marítimo bilateral entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito.

La autorización establece que las embarcaciones puedan atracar de manera inmediata en los puertos ubicados en territorio nacional tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre del presente año.

La diputada Carmen Muñoz Quesada manifestó que su fracción ha apoyado el convenio de patrulle conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos con barcos guardacostas que no son otros que cuerpos de policía, sin embargo comento que es urgente que el país y la Asamblea Legislativa revise no sólo los extremos del convenio sino los resultados de estos patrullajes conjuntos.

Extrabajadores del ferrocarril tendrán derecho a la prejubilación

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de julio del 2013

Por unanimidad los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 18735 Interpretación auténtica del artículo único de la Ley 8950 de derecho pre jubilatorios a los ex trabajadores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles.

El diputado Walter Céspedes Salazar manifestó que la iniciativa interpreta que los ex servidores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, liquidados en los meses comprendidos entre enero de 1991 al 12 de diciembre de 1995, dado el proceso que sufrió dicha institución y que hubieren laborado no menos de diez años y que cuenten al menos con 50 años de edad al momento de la aprobación de esta ley tengan el derecho a una prejubilación.

«No son un montón ni tampoco aquí se le va hacer un gran daño al presupuesto nacional, son personas que ya tienen muchísimos años de andar rodando y tramitando, porque la ley no dice exactamente lo que ellos están interpretando y entonces se hizo este proyecto precisamente para poder interpretar correctamente lo que dice esta Ley 8950, para que estos señores puedan tener derecho a esta prejubilación» explicó el diputado Céspedes.

Por su parte José María Villalta Florez-Estrada señaló que esto no es ningún favor que está haciendo la Asamblea Legislativa, es contribuir medianamente a reparar una injusticia histórica que se dio en este país, y que se cometió con estos trabajadores.

«Han habido funcionarios que con interpretaciones improcedentes han frenado el reconocimiento de los derechos legítimos de estas personas, por eso es la interpretación auténtica» comento Villalta.

Proponen declarar ciudad a Cahuita y Puerto Viejo

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de julio del 2013

Declarar ciudad a las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo, propone el diputado socialcristiano Walter Céspedes Salazar con la presentación del expediente 18425.

Céspedes Salazar quien representa la provincia de Limón, manifiesta que su propuesta se fundamenta en los decretos del Congreso Constitucional de los años 1915 y 1935, que dieron origen a los poblados de Cahuita y Puerto Viejo.

Las dos forman parte del distrito tercero del cantón de Talamanca, denominado distrito Cahuita y tienen en común el colindar con dos áreas protegidas de gran importancia en el ámbito nacional, Cahuita colinda al sur con el Parque Nacional Cahuita y Puerto Viejo colinda al sur con el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

Su economía se basa en la actividad turística, que se desarrolla bajo un modelo distinto al de otras regiones del país, donde la micro y pequeña empresa prevalece sobre los grandes proyectos de desarrollo turístico, por lo que la distribución de la riqueza en esa región está en manos de muchos de sus pobladores, explica el congresista.

Uno de los problemas que afecta a los pobladores de estas localidades, expresó el limonense es que a partir de la promulgación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre en 1977 las propiedades que se encontraban en ella fueron declaradas zona pública y restringida sin tomar en cuenta los derechos adquiridos de buena fe.

“Esa ley llega a violar los derechos adquiridos de esas personas, ya que no respeta lo actuado muchos años antes de su creación, al estar afectadas las propiedades se estanca la inversión local porque los bancos no prestan dinero sobre zona pública” sostiene el legislador .

Ante esta situación comentó “lo único que queda es esperar la inversión extranjera, que cambia radicalmente el folclor, las tradiciones locales y el modelo de desarrollo sustentado en la micro y pequeña empresa turística”.

La propuesta establece que La zona pública referida en la Ley de la Zona Marítima Terrestre, no podrá ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso; nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella, y estará dedicada al uso público y en especial, al libre tránsito de las personas.

Además la municipalidad respectiva deberá dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el tránsito libre y seguro de las personas, así como el uso público de esta zona.

Impulsan presupuestos participativos en municipios

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

17 de julio del 2013

Promover el debate y la participación de la población, con el fin de establecer las prioridades de asignación de los recursos, el seguimiento y el control de la ejecución del Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local, el plan de ordenamiento territorial o plan regulador, el programa de gobierno, el plan operativo anual y de presupuesto es lo que pretende un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa.

La iniciativa se encuentra bajo el expediente 17852 fue suscrito por los diputados del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza García y Yolanda Acuña Castro y se denomina “Sistema de planificación participativa y presupuestos municipales”.

La diputada Yolanda Acuña explicó que los presupuestos participativos son formas organizativas que combinan la participación directa y la delegación, así como la “territorialización y sectorialización” de las demandas y actuaciones, estableciendo prioridades presupuestarias del gobierno local, la fiscalización y el gasto.

“Es una nueva forma de gestión pública para responder a los problemas de la comunidad, en donde el ciudadano participa activamente desde la toma de decisiones hasta la ejecución, gestión y el control respectivo” dijo la legisladora, al resaltar el poder que se le da a las personas.

El proyecto crea el Sistema de Planificación Participativa y Presupuestos Municipales, cuya finalidad es la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y el control democrático de la gestión pública de cada cantón.

Dicho sistema está constituido por los instrumentos de planificación y presupuesto determinados por los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, para definir el destino del municipio en el largo, mediano y corto plazo.

“La idea es planificar con visión de futuro sobre los componentes sociales, económicos, ambientales e institucionales, de manera integral y sostenible, y que se tome en cuenta las potencialidades del territorio y sus ventajas comparativas” añadió la legisladora del PAC, Yolanda Acuña.

El proyecto establece que el Sistema debe contemplar instrumentos como el Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local; el Plan de ordenamiento territorial o plan regulador general a nivel cantonal, distrital y específicos; el Programa de gobierno del alcalde o intendente el Plan operativo anual y de presupuesto.

Los gobiernos locales desarrollarán e implementarán un programa de comunicación para que la población conozca estos instrumentos de planificación, una vez aprobados por las autoridades locales competentes.

El proyecto se encuentra en el orden del día de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

Reforma al agua debe de contar con presupuesto para SENARA

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

15 de julio del 2013

La diputada Mireya Zamora Alvarado del Partido Movimiento Libertario, señaló que es necesario que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento (SENARA), se fortalezca a través de un presupuesto exclusivo para el tema de agua junto con el proyecto que pretende modificar el artículo 50 de la Constitución Política.

La legisladora que ha impulsado el expediente 17793 Reforma al artículo 50 de la Constitución Política para hacer del agua potable un derecho humano, considera que urgente que se apruebe el proyecto, debido a que existen comunidades que tienen problemas con la calidad del liquido.

“Creo que todos los 57 diputados estamos de acuerdo con la reforma al agua que sea un derecho humano, hasta ahí hay un acuerdo unánime, sin embargo lo que pasa es que se presentó otro proyecto donde viene a perjudicar esa reforma al artículo 50, porque se está introduciendo un transitorio de concesiones, más que sea de dominio público y lo que viene es a enredar el tema del artículo 50”, expresó la legisladora.

Para la parlamentaria es importante que a la par de la aprobación de la Reforma Constitucional del Agua, se apruebe un presupuesto exclusivo para fortalecer al SENARA, con el propósito de cumplir con el derecho de todos los ciudadanos tener acceso al agua.

“Pero no es solamente aprobar una reforma constitucional, recordemos que no estamos aprobando cualquier ley, es una reforma que se requiere a par un presupuesto exclusivo para lo que tenga que ver con agua, para abastecer o más bien para fortalecer SENARA, porque hay 7 hidrólogos para 15 mil pozos de agua en el país, cómo vamos a cumplir con este derecho humano, sin embargo estamos anuentes a aprobarlo”, expresó la legisladora.

Finalmente Zamora Alvarado señaló que realizará las acciones pertinentes para dialogar con el resto de los diputados de todas las fracciones políticas para que se pueda aprobar el proyecto de ley y así solucionar muchos de los problemas que tienen varias comunidades del país que no tienen acceso al liquido.