Categoría: Legislación

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de febrero del 2016 – La Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración dictaminó positivamente el expediente 19445.

La iniciativa pretende que los cuerpos policiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes coordinen con los del Ministerio de Seguridad Pública para que estos atiendan labores de tránsito en el control y vigilancia vehicular.

Esta cooperación se podrá orientar a labores tales como la regulación del tránsito, formular boletas de citación o partes, operativos de control, atención de accidentes de tránsito, controles policiales rutinarios, atención de eventos especiales entre otras.

Ambos Ministerios coordinarán las capacitaciones necesarias para proveer a los cuerpos policiales de la preparación y los conocimientos para desempeño de las funciones mencionadas. El financiamiento de dichas capacitaciones será incluido en sus respectivos presupuestos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes establecerá por la vía reglamentaria, las facultades y potestades con las que la Fuerza Pública y demás fuerzas policiales adscritas al Ministerio de Seguridad Pública podrán actuar, para la realización de las funciones asignadas.

El diputado de Restauración Nacional y proponente de la iniciativa, Fabricio Alvarado Muñoz resaltó la importancia de esta iniciativa y la urgencia de su aprobación.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de febrero del 2016 – Daniel Muñoz Corea, funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), manifestó que una de las presunciones que originó la crisis de la CCSS fueron las revaloraciones salariales, el rompimiento del tope de cesantía y la creación de nuevas plazas, sin un estudio técnico que las valorara.

Muñoz, compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para que se refiriera a la investigación que este foro legislativo está realizando con relación a la crisis de la Caja.

El funcionario fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, sobre las irregularidades que se estaban dando en la institución y sobre posibles tráficos de influencia por parte de altos jerarcas de la institución.

En su exposición indicó que a partir del año 2010 se dio un desmesurado incremento en el gasto, producto de la aprobación por parte de la Junta Directiva sobre las cuantiosas revaloraciones a los salarios, que comúnmente se conocen como ajustes técnicos y las anualidades de los funcionarios de la institución, así como el rompimiento del tope de cesantía de 12 a 20 años así como el incremento en plazas, todo esto en el lapso del 2006 al 2010, sin suficientes criterios legales, actorales, financieros y presupuestarios, que garantizaran el equilibrio a corto plazo.

“Ante el referido incremento del gasto y esta sería la segunda presunción, la disminución de ingresos contributivos, por la recesión económica recesiva, el seguro careció a partir del año 2010 del efectivo suficiente para pagar a los proveedores, siendo que para amortiguar la crisis de liquidez que se generó, jerarcas administrativos habían incurrido con conocimiento de causa en conflicto de interés al subsidiar ilegal y significativamente al seguro de salud con recursos del IVM”, explicó.

“La Presidencia Ejecutiva habría tenido conocimiento de estos hechos pero los habrían ocultado y agravado ocurriendo a aparentemente en complicidad con los jerarcas administrativos cuestionados”, aseguró el funcionario.

Muñoz Corea comentó que existiría en el presente y futuro graves consecuencias de nula o muy difícil solución sobre los seguros sociales y la población.

Además indicó que desde el año 2008 la Presidencia Ejecutiva y jerarcas administrativos, en respuestas a las denuncias planteadas por Muñoz, lo habrían hostigado sistemáticamente a través de múltiples conductas y ahora teme que se acentúen a partir de esta presentación.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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11 de febrero del 2016 – La visita de los turistas a las diferentes áreas protegidas aumentó considerablemente y de acuerdo a los datos estadísticos, ingresaron más de un millón de turistas, dijo Alberto López Gerente del Instituto Costarricense de Turismo, ICT.

Este aumento del ingreso de turistas son buenas noticias para el país y todo esto se puede conocer, por medio de los datos estadísticos que mantiene el ICT desde hace 30 años, apuntó Lopez, en su comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Turismo.

El Gerente del ICT brindó una serie de datos a los diputados sobre la llegada de turistas por diferentes vías, el aumento de los días de estadía en el país y la revisita, que continúa siendo alta.

Explicó que las mediciones de la llegada de turistas al país aportan un dato histórico pues indican claramente la tendencia turística.

En relación con la revisita al país, es un éxito que se cosecha después de muchos años de esfuerzo y campañas promocionales efectivas para convencer a los visitantes a regresar. Del 2010 al 2014 la revisitas fue de un 36.4%, dijo el Gerente del ICT.

Aunque estas revisitas no se dan en el mismo año, se incluyen pues aportan competitividad y pese a que Costa Rica es un país pequeño, el turista se queda 13.5 días. Las revisitas indican que este número de días no es suficiente para el turista y por lo tanto deciden regresar.

En turismo las mediciones son complejas y la metodología utilizada es la aprobada por la Organización Mundial de Turismo con lo establecido por el sistema estadístico nacional. Esto da tranquilidad de poder comparar una misma variable a través de los años, dijo López.

“Esta medición nos permite comparar y marcar tendencias y demostrar como el turismo es una caja abierta que empieza con un proyecto de un año y termina tres o cinco años después”, agregó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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11 de febrero del 2016 – “La ley no es necesaria, es voluntad lo que se requiere”, dijo Enrique Ramírez, representante de la Cooperativa de Productores de Palma, Región Caribe, al referirse al expediente N. º 18.789, Ley de Biocombustibles, que se discute en la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

Para Ramírez el proyecto se desvió de uno de sus objetivos prioritarios, la reactivación del sector productivo y aseguró que para lograrlo se debería incluir la declaratoria de interés público.

El representante de la Cooperativas explicó que en otros países el tema de los biocombustibles ha servido para fortalecer el agro.

El texto base crea el Programa Nacional de Biocombustibles, cuyo desarrollo, coordinación y seguimiento le corresponderá al Minae, quien deberá establecer las políticas públicas para el desarrollo de la industria de biocombustibles. Además, de establecer las especificaciones y criterios técnicos para la producción de biocombustibles. Aparte de crear y administrar el registro de productores de biocombustibles; áreas cultivadas y potenciales para el desarrollo de los mismos.

La iniciativa prevé que la Fundación para el Fomento de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (Fittacori), establecerá mecanismos de financiamiento para captar y administrar recursos públicos y privados, para la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en materia de biocombustibles.

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) le corresponderá promover la producción agroindustrial de biomasa (materias primas) para la elaboración de biocombustibles, así como la integración del sector agrícola a la industria nacional de biocombustibles. El MAG velará para que no se comprometa la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria del país.

Mientras que, Recope podrá producir, comprar directamente a los productores del país los biocombustibles o las materias primas que necesite para la elaboración de los combustibles fósiles mezclados. También podrá hacer alianzas estratégicas con empresas públicas o privadas, que le permitan llevar a cabo ésta labor de manera eficiente.

El proyecto establece que los precios de venta y comercialización de los combustibles fósiles mezclados con biocombustibles en los planteles de Recope y al usuario final respectivamente, serán fijados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual tendrá que elaborar una metodología para tal fin.

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Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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11 de febrero del 2016 – José Manuel Arroyo Gutiérrez, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, respaldó el expediente 19.645 “Ley de Creación de la Jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica”.

Arroyo Gutiérrez comparenció ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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11 de febrero del 2016 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos inició las audiencias para la elección de ocho magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados recibieron a Rosa María Acón Ng, Ronald Cortés Coto, Jorge Enrique Desanti Henderson, Katia Fernández González, María Elena Gómez Cortés, Paul Hernández Balmaceda, Rosibel López Madrigal e Ileana Mora Muñoz.

María Elena Gómez Cortés una de las postulantes señaló a los legisladores que valoró los 20 años de laborar en la judicatura, como jueza y magistrada suplente, así como las distintas comisiones que integra para volver a optar por el puesto.

Próximamente, los legisladores de la Comisión recibirán a Gerardo Rubén Alfaro Vargas, José Jaime Robleto Gutiérrez, Rafael Ángel Sanabria Rojas, Rafael Segura Bonilla, William Serrano Baby, Patricia María Solano Castro, Patricia Vargas González y Sandra Eugenia Zúñiga Morales.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de febrero del 2016 – Allan Blanco Coto, Director de Transporte Eléctrico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), manifestó que la infraestructura que se necesita para echar a andar vehículos eléctricos en el país ya está caminando, producto de diferentes esfuerzos que están realizando instituciones en todo el país.

El representante de la CNFL compareció en la Comisión Permanente de Gobierno quien se refirió al expediente 19744 Ley de incentivo y promoción para el transporte eléctrico que se encuentra en discusión en esta instancia legislativa..

Blanco Coto comentó que hay iniciativas privadas para contar con centros de cargas para autos eléctricos y para el mes de agosto se podrían incorporar empresas distribuidoras de carros.

Esta iniciativa tiene por objeto estimular y fortalecer el uso del transporte eléctrico en Costa Rica como medida efectiva para reducir el consumo de combustible fósil del país, la contaminación ambiental, los daños en salud pública y el gasto de los usuarios en movilidad.

Costa Rica tiene un liderazgo en materia ambiental, sin embargo el sector transporte es responsable de las dos terceras partes del consumo de hidrocarburos y del 34% de las emisiones totales del país, según datos del Minae. El Gran Área Metropolitana representa el 4% del territorio nacional, donde se concentra el 75% de la flota vehicular, 70% de la industria nacional y 60% de la población del país, según datos del INEC.

El proyecto propone que por el plazo de cinco años se establezcan una serie de incentivos y obligaciones por parte de la Administración Pública, las casas importadoras de vehículos y las empresas distribuidoras de electricidad, que permitan sustituir la flota vehicular actual, la cual como se indicó para el 2014 fue de 1.399.082 vehículos impulsados por combustibles no renovables, a otros movidos por energía eléctrica, la cual es casi 100% renovable.

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