Categoría: Legislación

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

28 de enero del 2016 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales analizan la Ley del Colegio de Profesionales de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Costa Rica, el cual tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y competencia en todo el territorio nacional.

Este Colegio tendría como finalidad promover el desarrollo de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, así como de las disciplinas vinculadas a ella establecidas vía reglamento. Además, velaría por la superación integral de sus miembros, fomentar actividades de interés nacional e internacional.

Otros fines son el cumplimiento de los principios éticos y legales en el ejercicio de la profesión y defender, proteger los derechos de sus miembros, así como fortalecer la solidaridad entre sus asociados.

La iniciativa establece que serán miembros activos, los profesionales graduados en ciencias políticas o relaciones internacionales de las instituciones de Educación Superior de Costa Rica, reconocidas por el Estado, con título de bachiller o licenciatura que cumplan con los trámites y requerimientos que fije el Colegio y que se establezcan en esta ley y su reglamento.

La ley establece que serán suspendidos de su condición de miembros del Colegio, quienes sufran prisión, por sentencia firme. Una vez cumplida la pena impuesta, los profesionales podrán reincorporarse al Colegio, quienes por sentencia firme estuvieren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.

Al igual que los colegiados que durante un trimestre no paguen las cuotas mensuales que el Colegio imponga de conformidad con el reglamento y los colegiados que por violación a los principios de la ética profesional, la Junta Directiva les imponga como sanción la suspensión del Colegio.

Según el proyecto, “las entidades públicas o privadas que requieran los servicios de politólogo o relacionista internacional extranjeros no incorporados al Colegio deberán solicitarle a este la autorización para el ejercicio temporal de esos profesionales, salvo que se presenten en el país para participar en charlas, foros, simposios o seminarios de carácter académico protegidos por la libertad de cátedra, principio fundamental de la enseñanza universitaria”.

Carlos Cascante, Director Escuela de Relaciones Internacionales UNA presentó una serie de observaciones ante los legisladores de la Comisión sobre el tema del Tribunal de Ética.

Edel Reales, Presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Costa Rica señaló que se busca que el Colegio se adecue a los requerimientos que plantea la Sala Constitucional y “que se dé una vigilancia el ejercicio profesional”.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

26 de enero del 2016 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, dictaminaron en forma positiva, el expediente 19248 Reforma de los epígrafes de la sección I del título III de los artículos 162, 168, 244 y otros del Código Penal para fortalecer la protección legal y administrativa de las personas menores de edad en situaciones de violencia intrafamiliar y de género.

Dentro de las reformas planteadas de la iniciativa, se establece una pena de prisión de tres a ocho años a quien mantenga o promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz, ejecutando o haciendo a esa persona ejecutar a otro u otros actos sexuales con fines perversos, pornográficos u obscenos.

La misma pena se impondrá a quien utilice a personas menores de edad o incapaces en exhibiciones o espectáculos, públicos o privados, de tal índole.

Así mismo se establece la pena de cuatro a diez años de prisión, si el actor, utilizando las redes sociales o cualquier otro medio informático o telemático, u otro medio de comunicación, busca encuentros de carácter sexual para sí, para otro o para grupos, con una persona menor de edad o incapaz; utiliza a estas personas para promover la corrupción o las obliga a realizar actos sexuales de naturaleza perversa, pornográfica u obscena.

También será reprimido con prisión de uno a tres años a quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz.

El proyecto de ley establece además prisión de uno a cuatro años a quien, con ánimo de lucro y abusando de las necesidades o inexperiencia de una persona menor de edad o de una persona con deficiencias en su capacidad cognoscitiva o volitiva, la induzca a realizar un acto que importe efectos jurídicos perjudiciales a ella o para un tercero.

Otras de las penas propuestas en el plan es de cinco a ocho años de prisión cuando la persona ofendida sea menor de trece años, el autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima, el autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima, sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima, o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima.

Finalmente será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.

El proyecto pasará a ocupar un lugar dentro de la agenda del Plenario Legislativo.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

26 de enero del 2016 – El Viceministro del Área Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Hasbum, manifestó que el salario mínimo vital, podría encarecer el sector formal de trabajo de la economía del país, debido a que se podría dar un crecimiento de la informalidad.

El jerarca de esta cartera, compareció ante los diputados que integran la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, para referirse al expediente 19312 Ley de Salario Mínimo Vital, que actualmente se encuentra en análisis por esta instancia legislativa.

Señaló que este proyecto propone un incremento del salario mínimo, que determina el Consejo Nacional de Salarios, del Misterio de Trabajo, donde se utiliza una metodología denominada salario mínimo vital, considerando la suma de la cantidad de dinero necesaria para cubrir razonablemente las necesidades de la familia.

Añadió que tienen algunas preocupaciones que se derivan de la situación real que se tiene en materia de empleos de trabajo, donde existe un desempleo que supera el 9% de la población y un empleo informal que representa el 44% de la cantidad de trabajadores del país.

Indicó que estos dos factores son una preocupación a la hora de definir o de aplicar las políticas en materia de empleo y de trabajo, en ese sentido la economía está en una fase de crecimiento moderado y eso de alguna manera limita la creación de empleos, de forma tal que les obliga a hacer más cuidadoso en ese tema.

“Estos tres factores, desempleo, sector informal y crecimiento de la economía, nos genera algunas preocupaciones del proyecto, porque en primer instancia estimamos que podría dar una mayor informalidad, pues este proyecto vendría a encarecer sobre todo el sector trabajo, el sector formal de la economía”, comentó el Viceministro.

La iniciativa lo que busca es que los asalariados tengan dinero suficiente para poder hacerle frente a un alquiler, la compra de alimentos, vestido, transporte y servicios básicos como agua potable y electricidad, además de salud y cultura.

El ingreso mínimo vital equivale a la suma del costo mensual de la canasta básica alimentaria, de la tarifa básica residencial de agua, de la tarifa básica residencial de electricidad, de la telefonía. Además, del costo mensual del alquiler efectivo de alojamiento, el costo de consumo en vestido y calzado, el de recreación y cultura, el de salud y transporte.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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22 de enero del 2016 – Poder contar con el dinero suficiente para poder hacerle frente a un alquiler, la compra de alimentos, vestido, transporte y servicios básicos como agua potable y electricidad, además de salud y cultura, es parte del objetivo que se busca con la discusión en la Comisión de Asuntos Económicos del expediente 19312, Ley del salario mínimo vital.

La iniciativa propone modificar el artículo 177 del Código de Trabajo, Ley N.º 2 de 29 de agosto de 1943 y sus reformas, introduciendo el concepto de salario mínimo vital. Asimismo, modifica el artículo 16 de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley N.º 832 de 4 de noviembre de 1949, para establecer la conceptualización del denominado salario mínimo minimorum, el cual deberá ser equivalente o mayor al salario mínimo vital.

El texto propuesto, incorpora un artículo 16 bis de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley N.º 832 y establece cada uno de los rubros que debe contemplar el salario mínimo vital y la fórmula mediante la cual el valor de los mismos será determinado.

Además, regula la propuesta, que cada cinco años, contados a partir del 21 de diciembre siguiente a la entrada en vigencia de la misma, el Consejo Nacional de Salarios deberá calcular el salario mínimo vital, según lo establecido en este artículo y contemplarlo para la siguiente fijación de salarios, en la cual no podrá fijar ningún salario mínimo por un monto inferior al salario mínimo vital.

Se establece un transitorio mediante el cual, se propone la metodología para determinar el salario mínimo minimorum de cada uno de los diez semestres siguientes a la entrada en vigencia de Ley.

El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela, explicó que lo que se busca es que “nadie gane menos del costo de la canasta básica, es un proyecto que busca justicia laboral. En este país hay mucha gente que tiene salarios de hambre”.

El salario mínimo vital se calculará como la división del Ingreso Mínimo Vital entre la media de ocupados por hogar calculada por el INEC con base en la última encuesta nacional de hogares disponible.

El ingreso mínimo vital equivale a la suma del costo mensual de la canasta básica alimentaria, de la tarifa básica residencial de agua, de la tarifa básica residencial de electricidad y la de telefonía. Además, del costo mensual del alquiler efectivo de alojamiento, el costo de consumo en vestido y calzado, el de recreación y cultura y el de salud y transporte.

El legislador del Frente Amplio comentó que esperan que en este período de sesiones extraordinarias el proyecto pueda avanzar, y “que se le puedan quemar los días de mociones e incluso podríamos llegar hasta votarlo”.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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21 de enero del 2016 – Tanto el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, como el de Agricultura Luis Felipe Arauz, solicitaron a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Ambiente que se logre implementar un marco legal para la producción de biocombustibles en el país.

Los jerarcas en conjunto con la Presidenta Ejecutiva de Recope, Sara Salazar, presentaron un texto sustitutivo al expediente 18789, Ley de Biocombustibles.

Gutiérrez aseguró que este tipo de combustibles son un tema país y por esa razón es urgente contar con un marco legal claro. El proyecto se presenta dentro de las iniciativas de energías limpias, “nos interesa porque nos permite actividades económicas en zonas rurales”.

Ante la consulta del jefe de fracción de Liberación Nacional, Julio Rojas Astorga, el Ministro de Agricultura explicó que, el país requiere para la producción de biodiesel cerca de 15 mil hectáreas de palma, con un rendimiento de 20 toneladas por hectárea. Mientras que, para sustituir un cinco por ciento de etanol que es la meta se requieren 12 mil hectáreas de caña.

Sobre los costos, el ministro de Ambiente fue contundente en que “los combustibles limpios no son baratos”.

Por su parte, la presidenta Ejecutiva de Recope, explicó que se está presentando un texto sustitutivo de consenso con los diversos sectores, que promueve el desarrollo de la industria de los biocombustibles en el país. Dijo que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, los podrá producir.

El texto base crea el Programa Nacional de Biocombustibles, cuyo desarrollo, coordinación y seguimiento le corresponderá al Minae, organización que deberá establecer las políticas públicas para el desarrollo de la industria de biocombustibles; indicar las especificaciones y criterios técnicos para la producción de biocombustibles; crear y administrar el registro de productores de biocombustibles.

La iniciativa prevé que la Fundación para el Fomento de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (Fittacori), establecerá mecanismos de financiamiento para captar y administrar recursos públicos y privados, para la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en materia de biocombustibles.

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) le corresponderá promover la producción agroindustrial de biomasa (materias primas) para la elaboración de biocombustibles, así como la integración del sector agrícola a la industria nacional de biocombustibles. El MAG velará para que no se comprometa la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria del país.

Recope podrá producir, comprar directamente a los productores del país los biocombustibles o las materias primas que necesite para la elaboración de los combustibles fósiles mezclados. También podrá hacer alianzas estratégicas con empresas públicas o privadas, que le permitan llevar a cabo ésta labor de manera eficiente.

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Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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21 de enero del 2016 – El Ministro de Relaciones Exteriores Manuel Antonio González, Enio Cubillo, Director de Aviación Civil fueron llamados a explicar en la Comisión de Seguridad los motivos por los cuales han avalado sobrevuelos en territorio nacional de naves militares extranjeras.

El Capitán Juan Luis Vargas, Director del Servicio de Vigilancia Área, también compareció ante la Comisión.

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Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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20 de enero del 2016 – Representantes del Ministerio de Hacienda y de la UCCAEP fueron escuchados por los legisladores de la Comisión de Hacendarios sobre el expediente 19245 “lucha contra el fraude fiscal”.

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