Legislación – Página 84

EMPROA pide igualdad de oportunidades para afrodescendientes

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

18 de marzo del 2015 – Como parte del expediente N.º 19299, Investigación sobre la realidad de los derechos humanos de la población afrodescendiente que analiza la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, representantes de la Asociación de Emprendedores y Profesionales Afro descendientes (EMPROA) solicitan igualdad de oportunidades tanto en educación como en empleo para este sector de la población.

El vicepresidente de la Asociación, Pablo Duncan informó que la población afro descendiente en el país enfrenta serios problemas de discriminación y dificultades para acceder a empleos de calidad a pesar de contar, en muchas ocasiones, con los estudios superiores que los acreditan para obtener el puesto.

Comentó que las mujeres son las que sufren mayores dificultades, porque a pesar de tener estudios, se le dificulta llegar a los puestos de jefaturas y ocupan empleos en el sector terciario de la economía.

El desempleo en este grupo es entre tres y cuatro por ciento superior que en otros grupos.

Duncan señaló que se deberían dictar las políticas diferenciadas para atender las necesidades de esta población además de implemantar campañas de sensibilización.

Los representantes de EMPROA pidieron también, una legislación integral contra la discriminación, con la aplicación de sanciones civiles y penales acordes a los actos cometidos en público o privado.

Video: Copropietarios podrán recibir bono de vivienda o préstamos

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de marzo del 2015 – Las personas copropietarias de vivienda y que requieran recursos para mejorar o construir casa podrán acceder al financiamiento sin dificultades tras la aprobación en segundo debate y definitivo del expediente 18877.

Video: Proyecto autorizaría a Ministerio de Trabajo a imponer sanciones

Pablo Quirós, Esteban Salom, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de marzo del 2015 – Los trabajadores podrían tener una respuesta más inmediata cuando presenten alguna demanda contra patronos por la violación de sus derechos laborales tal como lo propone el expediente 19130.

Esta iniciativa faculta al Ministerio de Trabajo a establecer sanciones, sin la necesidad de acudir a sede judicial.

Video: SENASA desmiente abusos

Rosibel Barrantes, Esteban Salom, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de marzo del 2015 – Representantes del Servicio Nacional de Salud Animal SENASA se refirieron a algunas denuncias efectuadas recientemente en la Comisión de Agricultura por parte de agricultores afectados.

OIJ apoya creación de Sistema de Alerta

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de marzo del 2015 – Francisco Segura, Director General del Organismo de Investigación Judicial asistió a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia para exponer sus criterios sobre el expediente Nº 19356. Ley de Creación del Sistema de Alerta para la Protección de la Niñez Costarricense.

El jerarca hizo hincapié en uno abrir el tema a todas las desapariciones ya que se perdería el impacto de la ley, así como analizar el tema de los recursos asignados ya que la logística de la investigación e muy grande y demanda de un equipo profesional capacitado por lo que se debería reforzar el trabajo del OIJ

Igualmente apoya la creación de un registro de niños con datos que permitan su identificación más fácilmente y señalo que esa labor se puede desarrollar en conjunto con las autoridades del ministerio de Salud o de Educación Pública.

Según agregó los aporte de la iniciativa son que obliga a varias instituciones a interesarse en este problema entre ellas al Patronato Nacional de la Infancia y se establece que los medios de comunicación deben pasar la fotografía del niño apenas desaparece y no varias horas después.

Segura pidió a los legisladores centrase en casos de menores de 12 años dada su condición de vulnerabilidad.

Pidió también establecer que para una mayor centralización y control de las investigaciones sea el OIJ el ente que reciba las denuncias de desaparición de menores.
Los legisladores también aprobaron un texto sustitutivo al expediente 19399 Ley para prevenir, erradicar y sancionar el acoso estudiantil.

Magistrado expone logros en busca de reelección

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de marzo del 2015 – El Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, expuso ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos las razones por las cuales busca una segunda reelección en el cargo por 8 años.

Rivas Loáiciga es abogado y notario público, además cuenta con dos maestrías, una en Administración de Empresas y otra en Derecho Empresarial. Cuenta con 39 años de carrera en distintas entidades judiciales del país y fue electo en el año de 1999 magistrado propietario de la Sala Primera, cargo que ocupa hasta la fecha.

Dentro de lo planteado sostuvo que aspira a continuar con el trabajo desarrollado para generar una buena gestión, una mayor agilidad y una mayor calidad de las sentencias que se emiten.

El Magistrado indicó ante los legisladores que es indispensable la pronta aprobación del Código Procesal Civil.

Al ser cuestionado por el diputado de Acción Ciudadana, Ottón Solis Fallas sobre la importancia de los 30 viajes realizados a la fecha, el Magistrado los justificó como invitaciones a capacitaciones y coordinaciones de acuerdo con las comisiones de trabajo de las que forma parte.

“Estos viajes me han permitido un gran intercambio de ideas, experiencias y propuestas que se han visto reflejadas en el trabajo diario de la Sala”, acotó Rivas Loáiciga

La comisión definirá la próxima semana si recomiendan o no la reelección del Magistrado.

Irregularidades en JUDESUR ocasionaron la intervención del Poder Ejecutivo

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – Numerosas irregularidades planteadas por la Contraloría General de la República durante la gestión de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), originaron que el Poder Ejecutivo interviniera esa institución.

Así lo dio a conocer el Ministro de la Presidencia, Melvin Jimenez, quien compareció ante los diputados que integran la Comisión Especial investigadora de Puntarenas, para que se refiriera a este tema.

Dijo que la intervención se basa en dos elementos de peso, una de ellas consiste en que desde el 2003 y hasta el 2013 se encontraron alrededor de 6 informes de los muchos que realizó la Contraloría, donde se destacan una serie de elementos que debían cumplirse y que a lo largo de los años no se han ejecutado.

Se encontraron, según dijo, una serie de anomalías, tales como la inexistencia de un plan regional de integración integral de desarrollo, la ausencia del compromiso tanto de JUDESUR como de las organizaciones beneficiarias, en el cumplimiento de los requisitos para asignación de recursos para presentar la liquidación.

“La mala gestión realizada por la administración superior, la incapacidad para cumplir su cometido de desarrollo de la zona sur, así lo sostenía la Contraloría General de la Republica quien realizo vehementes excitativas en todos los informes a los poderes de la república para buscar una solución a la cantidad de problemas encontrados, de manera permanente en sus informes”, comentó.

Indicó que desde el 2006 el límite de gasto de JUDESUR se ha incrementado sistemáticamente pero la institución ha sido incapaz de ejecutar los presupuestos en beneficio de la zona, que es una de las zonas más pobres del país.

“También es importante recalcar que la institución enfrentaba varias demandas, por los locales que han sido destruidos por incendios ocurridos en el 2011, estos procesos no se habían enfrentado y le generaron una primera perdida a JUDESUR de más de 2500 millones por lo que se conoce que hubo una defensa deficiente”, dijo el Ministro.

Estado no tiene capacidad para fiscalizar plantas incineradoras

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – Ronald Arrieta Calvo, Ingeniero de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, manifestó que el Estado no tiene la capacidad para fiscalizar las emisiones que pueden salir de las plantas incineradoras en el país.

El ingeniero compareció en la Comisión Permanente Especial de Ambiente para referirse al tema de generación de energía a través de incineración y gasificación. Señaló que además no existe personal para poder determinar la cantidad de dioxinas y otros contaminantes que se emanan de estas plantas.

“En los procesos de incineración hay además enormes emisiones de bióxido de carbono, hay producción de cenizas altamente toxicas, hay una enorme incapacidad de parte del Estado de hacer cumplir la legislación, no tiene capacidad para fiscalizar, las emisiones que pueden prevenir de las plantas incineradoras, no existe personal para determinar la cantidad de dioxinas y otros contaminantes que se emanan y estos procesos son muy complicados y requieren de una alta especialización”, dijo el compareciente.

En este mismo sentido agregó que La Ley 177 del año 1949 obliga a las municipalidades a elaborar abono orgánico a partir de los desechos biodegradables pero ningún Ministro de Agricultura ni de Salud ha sido capaz de hacerla cumplir.

“Además establecía desde 1973 que las municipalidades podían costear el servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos cobrado una tasa municipal a los usuarios, esta misma ley tampoco ningún ministro fue capaz de hacerla cumplir y ninguna municipalidad tampoco”, puntualizó.

Comentó que desde el año 2010, era necesario resolver el problema de los desechos sólidos, sin embargo fueron muy pocas las municipalidades, que plantearon al menos un plan de manejo.

“En 1991 por la inacción nos metieron en un embudo, en aquel momento visualizaban solo los rellenos sanitarios como una solución y nosotros advertimos que eso no era una solución, era aplicar la ley que ya estaba desde 1973, y desde 1949, sin embargo se impuso la solución de relleno sanitario que ya vemos que se nos está agotando”, manifestó.

Ministro de Trabajo plantea acciones para enfrentar desempleo en el país

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora, compareció en la sesión del Plenario Legislativo, para presentar las acciones concretas que tiene la actual administración ante el problema del desempleo en el país.

En su discurso que duró un poco más de 30 minutos, manifestó que el problema del desempleo en Costa Rica tiene diversas causas estructurales, que deben de ser atacadas por varios sectores involucrados en la economía nacional.

Una de esas causas, mencionó, tiene que ver con que 6 de cada 10 personas que integran la fuerza laboral, no ha concluido la educación secundaria y eso tiene que ver con la calificación de la mano de obra laboral, de modo que eso impide el acceso de esas personas a puestos de trabajo calificados.

“Esto es un problema, que la sociedad está atendiendo desde hace ya algún tiempo, tenemos que seguir trabajando intensamente para que disminuya año con año la deserción de nuestros jóvenes de los colegios y mejoremos la calificación de nuestra futura mano de obra”, mencionó el Ministro.

Otra causa estructural tiene que ver con el desajuste entre oferta y demanda, las competencias laborales, así como las brechas que se establecen para que determinados sectores de la población como, las mujeres y los jóvenes se incorporen al mercado de trabajo.

“Esas respuestas van desde acciones tan concretas como el esfuerzo realizado por las autoridades del IMAS y del Ministerio de Educación para que los recursos destinados en el Fondo Nacional de Becas en este año se paguen desde el mes de enero, de manera que esto fuera un estímulo para que los jóvenes no abandonen el colegio”, señaló.

Mencionó que dentro del Ministerio de Trabajo existe el programa “Empléate” que este año espera beneficiar a 35 mil jóvenes entre 17 y 24 años capacitándolos en carrera técnicas de alta demanda laboral.

Otras de las acciones que mencionó el jerarca de trabajo, es establecer una estrategia de intervención en el mercado de trabajo, con una metodología con alianza público privada, con los sectores productivos, los sectores empresariales, sectores de la economía social, que permitan dinamizar determinadas áreas.

“Esto tiene que ver, que el mercado de trabajo no tiene un comportamiento similar con todos los aspectos, sino que hay sectores más dinámicos que otros, de modo que hay que poner atención y que a la par de los sectores dinámicos de la economía se puedan atender aquellos sectores donde ha habido pérdida de empleo”, indicó.

Finalmente dijo que dicha alianza con el sector organizado a través de empresas de cámaras, fue creado mediante decreto ejecutivo.

Compra del edificio Tobogán fue una decisión improvisada

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – La solicitud de un procedimiento de compra directa presentada por el Ministerio de Hacienda para adquirir el edificio el Tobogán fue calificada por la Contralora General Marta Acosta como improvisada.

Según explicó la contralora a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, la solicitud contenía errores de bulto por lo que solicitaron detalles del proceso para adquirir el inmueble.

Entre lo solicitado por la Contraloría se encuentra los pormenores de un estudio de arrendamiento pues la información entregada por Hacienda es considerada por el ente contralor como omisa.

Otra de las preocupaciones de la Contraloría es que aunque el edificio está valorado por el oferente en 121 millones de dólares, el Ministerio de Hacienda informa que no cuenta con los recursos necesarios por lo que se incorporarían en un presupuesto extraordinario.

Para la Contralora es indispensable un estudio más exhaustivo pues sostiene que la administración pretende la adquisición del inmobiliario sin acreditar las razones para la compra directa.

De acuerdo con Hacienda, la adquisición del inmueble satisface las necesidades de seguridad, respaldo, eficiencia, operación y mantenimiento que requiere el ministerio, resolviendo el problema de hacinamiento que enfrentan en este momento.

Añaden que la compra del inmueble permitirá generar eficiencia y ahorro en el consumo de agua y energía así como la unificación espacial institucional, facilitando la labor de los funcionarios.

La Contralora llamó la atención de la intención del Ministerio de Hacienda de comprar un edificio cuando en el proyecto Ciudad Gobierno se contempla la edificación de instalaciones para los ministerios de Obras Públicas, Educación, Planificación y Hacienda que se estiman estarán concluidas en el 2018.

Además informó que el desarrollo del proyecto Ciudad Gobierno está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que sorprendió a algunos legisladores que desconocían dicha directriz, entre ellos Otto Guevara Guth del Movimiento Libertario y Ottón Solís Fallas del PAC.