Categoría: Legislación

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de octubre del 2014 – José Manuel Arroyo, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la política criminal o la política de persecución penal del país, es responsabilidad de una serie de instancias que se tienen que poner de acuerdo, no exclusivamente del Organismos de Investigación Judicial (OIJ).

El jerarca de ese poder de la República, compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, para que diera sus puntos de vista con relación al expediente 17256 Reforma Total a la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial.

Fue claro en señalar que la iniciativa le da la posibilidad al OIJ de diseñar la política criminal del país en su artículo 13, sin embargo, lo consideró inaceptable, porque la diseñan los legisladores, dicen qué se permite y que no, y que está prohibido y que está permitido, además entran en juego una gran cantidad de agencias del sistema penal.

“En la Corte hemos tenido muchas discusiones y lo que se ha entendido es que la política criminal, la política de persecución penal en un país, es responsabilidad de una serie de instancias que se tienen que poner de acuerdo para poder diseñar esa política, obviamente el OIJ tendrá la palabra en este tema, no es que la estamos excluyendo, no podemos dar exclusivamente la competencia sobre este tema”, consideró

Otros de los puntos que analizó y por lo que se pronunció en contra de la iniciativa, es el artículo 5,que da la posibilidad de incomunicar a personas, lo cual catalogó como inaceptable, ya que no se le puede dar la posibilidad a la policía judicial sin pedir el permiso judicial respectivo de incomunicar a una persona.

“Este proyecto en su artículo quinto, incisos i) y j), comete un error, porque habla de darle a la policía, la posibilidad de entrevistar y de interrogar a los detenidos. Esto toca un nervio vital, de lo que es el procedimiento penal democrático, porque contradice las normas que al respecto tiene el Código Procesal Penal en sus artículos 98 y 286, es decir el Código Procesal asegura que desde el momento que una persona es señalada como posible autor de un hecho, tiene derecho a un defensor y tiene derecho a ser entrevistado o interrogado por quien conduce la investigación”, aseguró el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente indicó que este proyecto esta desactualizado seis u ocho años, recomendó a los diputados que si quieren iniciar el proceso de reformar integralmente al OIJ hay que hacer un nuevo proyecto de ley.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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16 de octubre del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales dictaminaron el expediente 18369, Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Belice.

Este acuerdo busca la promoción de la cooperación técnica, económica tecnológica, científica y cultural entre las Partes, a través de la formulación y ejecución de programas específicos y proyectos en áreas de interés común, en especial, en los sectores de educación, cultura, salud, turismo, agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, biblioteca y archivos, deportes y juventud, cooperativas, capacitación profesional, cooperación académica, fortalecimiento institucional del Servicio Exterior y los derechos de los niños .

La presidenta de la comisión, la diputada del Partido Acción Ciudadana, Epsy Campbell Barr indicó que acurdo pretende mejorar la cooperación entre ambas naciones.

Según el proyecto de ley, se contempla que “las Partes prestarán facilidades a entidades del sector público y privado, cuando se requiera, en la ejecución correcta de programas y proyectos de cooperación. Igualmente, ambas Partes otorgan importancia a la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países”.

Además, dictaminaron el expediente 19189, Aprobación del Convenio de Sede entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano.

Esta iniciativa pretende determinar y desarrollar los privilegios, inmunidades y facilidades que otorgará el Gobierno de Costa Rica a este Organismo Regional y a sus funcionarios en el territorio costarricense. Contempla, además, la normativa comprendida en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de febrero de 1946, la cual ha sido tomada como modelo para otros convenios sobre esta materia, siendo Costa Rica parte de esta Convención.

Según el proyecto, “el Consejo Agropecuario Centroamericano se integra con los Ministros de Agricultura o la autoridad competente de los países del Istmo y estará encargado de proponer y ejecutar las acciones necesarias, conducentes a conformar acciones, programas y proyectos regionales en el campo agropecuario, forestal y pesquero, tanto en lo que se refiere a las políticas de sanidad vegetal y animal, como a los aspectos de la investigación científico tecnológica y modernización productiva”.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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15 de octubre del 2014 – Irene Cañas Días, Viceministra de Ambiente y Energía, manifestó que actualmente el Poder Ejecutivo, a través de esta cartera, realiza diferentes mesas de diálogo en todo país, con el propósito de juntar a todos los actores y asi concertar la política energética de nuestro país.

La viceministra, compareció junto con el Ministro de esa cartera, Edgar Gutiérrez, en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, quienes se refirieron al proyecto de ley expediente 18093 Ley de Contingencia Eléctrica.

Cañas señaló que desde el inicio de las Mesas de Diálogo se enfocaron la materia de electricidad en cuatro ejes principales, eficiencia energética, generación distribuida, optimización de la matriz eléctrica y aspectos socio ambiéntales en el desarrollo de proyectos eléctricos.

“Estamos concluyendo la primera fase, consistió en hacer un mapeo de actores y se identificaron alrededor de 60 representados en academias, empresas distribuidoras, Cámara de Industrias, Unión de Cámaras, fracciones legislativas, partidos políticos, es una gama muy amplia de actores”, explicó la Viceministra.

Así mismo indicó que se realizo un foro en la Zona Norte y otro en la Zona Sur, con la participación totalmente abierta y se invitó a todas las organizaciones, Asadas, asociaciones de desarrollo, ONG.

“En el caso de la zona norte tuvimos participación de alrededor de 110 personas. Lo que estamos tratando, es de construir la política energética, el plan de energía, que tiene esos cuatro ejes, y el tema de la generación privada es un sub tema de la optimización de la matriz eléctrica”, sostuvo.

Por su parte Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, manifestó que el tema energético se tiene que resolverlo ya, precisamente el aspecto de electricidad es que se ha considerado y fue una decisión de la administración que se iniciara con una mesa de diálogo.

“La convocatoria de mesa de diálogo es un espacio que abrimos para que los actores hagan sus propuestas sobre lo que ellos consideran que debe ser el desarrollo eléctrico del país, vamos a poner las cartas sobre la mesa, por ejemplo geotermia, parques nacionales, o geotermia en todo el país, vamos a discutir y ahí se van a generar algunas posiciones, esa información va hacer un insumo nuestro, para hacer la propuesta en febrero de lo que es la política nacional” dijo el ministro.

Finalmente recomendó a los diputados no discutir ni dictaminar aun la iniciativa de contingencia eléctrica, hasta tanto no concluya las mesas de diálogos propuestas por el Ejecutivo.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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15 de octubre del 2014 – Jeannette Solano García, Sub contadora Nacional del Ministerio de Hacienda, manifestó que uno de los objetivos primordiales de la implementación de las normas de contabilidad internacional, es contar con un marco normativo contable, robusto, bajo los estándares que generen información financiera para todo el sector público.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Municipalidades y Desarrollo Local Participativo, quien se refirió al proyecto de implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, con aplicación para el sector municipal.

Mencionó que uno de los elementos fundamentales, es que esa información, sea confiable, comparable y oportuna, que también ayude en la toma de decisiones de todos los niveles y lograr la transparencia en la gestión de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas.

“Dentro de los factores que determinaron la adopción de la implementación de las normas internacionales a nivel nacional, es que se contaba con una debilidad, porque el marco contable eran débil e insuficiente y muchos grupos del sector en realidad están realizando contabilidad presupuestada”, dijo.

También señaló que no existía una estandarización de los planes de cuentas y la obligación de generar estados financieros consolidaos, que es uno de los factores más importantes que se requiere para dar toda la información del sector público.

“Cuáles han sido los beneficios o lo que se espera de este importante proyecto? que la información financiera sea de alta calidad, bajo estándares internacionales, contribución a la integración del sistema de administración financiera, la contribución a la toma de decisiones y una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y por ende la rendición de cuentas”, indicó.

Finalmente sostuvo que otros de los beneficios han sido además, la contribución a la fiscalización de los recursos públicos, al fortalecimiento de las estadísticas de finanzas públicas, al diseño de políticas públicas y a su seguimiento y evaluación, y una mayor confianza a los ciudadanos de la gestión de los recursos públicos.

“Es importante detallar que este proyecto se inició aproximadamente en el año 2008 se empezaron a dar sus primeros pasos incluso a través del decreto se establecía la meta de que todos teníamos que llegar al 2012, no obstante una vez que se empieza el proceso, y se da cuenta que en realidad muchas instituciones les faltaba información y también la madurez del proyecto, por tal razón se extendió el plazo y todos tenemos que llegar al 2016”, finalizó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de octubre del 2014 – Consultas sobre cómo se manejan los fideicomisos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quiénes conforman las unidades ejecutoras y quiénes son los responsables de los proyectos, fueron la tónica en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Los diputados cuestionaron que una empresa conformada por ex funcionarios de la institución fueran contratados para supervisar proyectos hidroeléctricos cuando ya habían participado en el diseño de las obras.

La congresista del Partido Acción Ciudadana, Epsy Campbell Barr criticó de manera vehemente que los ex funcionarios del ICE, “pasan de lo público a lo privado y los contrata, ellos aprueban la modalidad del fideicomiso, definen los términos y luego son oferentes y son contratados”.

El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón explicó que el personal que salió del Instituto, “salió a trabajar con el Banco Nacional para desarrollar el proyecto de fideicomiso, no veo ningún conflicto de intereses, nunca hemos visto conflicto de intereses, el que ese grupo tomase la decisión de conformar una empresa después de renunciar al ICE, ya no es competencia del ICE”.

Obregón fue claro en que los procesos de fideicomiso se iniciaron en 1994, como una forma de financiar obras de gran envergadura dentro del Instituto.

Los diputados cuestionaron la conformación de la unidad ejecutora en los proyectos como Peñas Blancas y Garabito.

El diputado de Frente Amplio, Jorge Arguedas Mora señaló que existen informes de inconsistencias en los procesos de contratación de la unidad ejecutora. Datos de la auditoria presentados por Arguedas revelan que “esta auditoría no tiene evidencia de que se realizara un procedimiento de contratación mediante concurso para que más empresas participaran ofreciendo sus servicios como unidad ejecutora del fideicomiso”.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de octubre del 2014 – Max Lobo Hernández, Director del Instituto Geográfico Nacional y el Presidente de la Federación de Colegios Profesionales, Marino Ramírez Carranza asistieron a la Comisión Permanente Especial de Ambiente para referirse al expediente 18855 que busca la creación del Colegio de Profesionales en Geografía.

Lobo Hernández resaltó la importancia de los profesionales en el trabajo de ordenamiento territorial y señalo que desde 1976 se han egresado de la Universidad de Costa Rica cerca de 9000 profesionales.

Por su parte Marino Ramírez Carranza señaló que si bien no se oponen a la creación de nuevo colegio, indicó que se debe tener claridad sobre la cantidad de profesionales que se gradúan de esa carrera para ver la conveniencia de tener una nueva institución.

Dentro de las modificaciones planteadas por el Presidente de la Federación de Colegios Profesionales está que la Fiscalía sea un órgano aparte con independencia, que se limiten las funciones y competencias del Tribunal de Ética.

Igualmente que se establezca un plazo para la entrada en vigencia de los reglamentos respectivos y se incluyan transitorios que permitan a los 210 geógrafos que están incorporados al Colegio de Licenciados y Profesores continuar siendo parte de ese gremio.

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