Categoría: Pendiente

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de noviembre del 2012

El Psicólogo Álvaro Campos, manifestó que a pesar que nuestro país es visto a nivel latinoamericano de avanzada en el trabajo con hombres, no existe ni una sola política pública que trabajen orientada al trabajo con ellos.

Campos compareció esta tarde ante los diputados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se refiriera al expediente 18012 Ley de Creación del Día Nacional de la Salud Masculina.

“Nuestro país es visto a nivel latinoamericano como un país muy de avanzada en el trabajo con hombres a pesar de que no hay políticas públicas que trabajen con hombres, ósea no hay, no existe una sola política pública orientada al trabajo con hombres, en lo que es violencia mucho trabajo con las mujeres , nos parece muy bien pero con los hombres no hay absolutamente nada, las dos leyes de violencia del país la Ley de Violencia Domestica y la Ley de Penalización, plantean que hay que trabajar con la población masculina pero no hay ningún programa gubernamental al respecto”, mencionó Campos.

En este mismo sentido añadió que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tiene un programa especializado para trabajar la mentalidad masculina , el Poder Judicial en estos momentos tiene una propuesta piloto que es empezar a trabajar con hombres condenados por la Ley de Violencia Domestica, es un inicio de política pública.

“Desde la infancia deberíamos de construir una cultura de masculinidad diferente a la cultura en que vivimos, es importante mencionar el tema de las masculinidades que tiene que ver precisamente con el estudio de los hombres, es un tema de interés mundial en estos momentos, la agenda mundial plantea que genero no solo mujeres, genero es hombres y mujeres y que implica trabajar precisamente con los problemas prioritarios que también presentan los hombres para construir una cultura de paz, porque en el fondo todos estos temas se traten para que los hombres seamos participe de una cultura de paz y que los hombres podamos practicar la equidad de género y la prevención de la violencia en general”, explicó

Por otro lado compareció ante los diputados, Marco Calvo, Especialista en Derecho Laboral, quien se refirió al expediente 18213 Levantamiento del Velo de la Personalidad Jurídica.

Calvo manifestó que la redacción del proyecto es confusa, dado que se utilizan algunos términos jurídicos indefinidos, como por ejemplo lo que quiere decir con prescindir de la personalidad jurídica, lo que se podría estar hablando de ampliar la responsabilidad a los socios.

“Con respecto al fondo, el levantamiento del velo a mi concepto en materia laboral tiene que estar en el Código de Trabajo, el artículo 2 del Código es el que regula la figura del patrono, es un buen lugar en que ustedes podrían perfectamente hablar de las responsabilidades solidarias, ya sea por un fraude o por el grupo de interés económico”, explicó.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de noviembre del 2012

El Presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Bolaños, compareció ante los diputados de la Comisión Ordinaria de Asuntos Económicos para mostrar su apoyo al nuevo texto del proyecto de seguro de depósito y resolución bancaria.

Sostuvo que con las modificaciones que se han hecho al proyecto de ley el Banco Central se muestra complacido al observar que varias de las modificaciones que plantearon fueron incorporadas al texto.

Señalo como un cambio importante que se haya fortalecido el carácter de patrimonio autónomo del fondo de garantía de depósitos y que se haya eliminado el comité técnico que tenía el texto original y se redistribuyeran las funciones que antes tenía ese comité técnico entre la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y otras en el Banco Central.

Rodrigo Bolaños indicó que el papel del BCCR será  únicamente de administrador del fondo y dejando en el CONASSIF el  tema de generar la normativa y reglamentos para regular la operación de esta figura de garantía de depósito y fiscalizar el fondo.

Acotó el jerarca que la SUGEF será  la entidad técnica que facilita la información sobre el monto de las aportaciones y los estudios técnicos de cobertura

Señalo su preocupación por la reducción en los límites máximos a los aportes tanto el de cuota fija como el variable, ya que se reduce un poco el margen de maniobra para poder acumular más rápido el monto deseado del fondo.

Sobre los costos de administración, el Presidente del Banco Central, se mostró complacido de que la comisión apoyara la propuestas del ente emisor y   como está quedando la actualización del monto de cobertura.

Dentro de las sugerencias que plantea el jerarca están: modificar el artículo 3 para que quede más claro el tema de que el BCCR no asume ninguna obligación o responsabilidad salvo las indicadas expresamente  por la ley por la atención que haga de los recursos.

Indicó que no es conveniente  tal como lo sugiere también la Contraloría seguir dando excepciones a los impuestos que se aplican al fondo.

Asimismo mencionó que es conveniente modificar la redacción del artículo 5 para que la aprobación de los créditos que otorgue el BCCR al fondo de garantía de depósitos requiera de mayoría calificada en la Junta Directiva del Banco Central.

Para finalizar también abogó por modificar un literal del artículo 9 en el sentido de que el BCCR como administrador de los recursos del fondo siga los lineamientos que determine el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

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Armando Alonso González, Departa maneto de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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20 de noviembre del 2012

Mario Quesada Aguirre, Miembro del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), aseguró que el proyecto de construir una trocha fronteriza en la frontera norte, no es un proyecto del CONAVI, sino que esa institución actuó como colaborador en la obra.

Quesada compareció esta mañana ante los miembros que integran la Comisión de Ingreso y Gasto Público en conjunto con otros miembros del Consejo de Administración, para que se refirieran al proyecto de la trocha fronteriza.

“Hubo una situación de emergencia no de una gestión propia del CONAVI, esto no es un proyecto CONAVI, esto es una obra en la que a raíz de una emergencia y de lo que autoriza la Constitución Política, la Ley de Emergencia y el decreto respectivo, el CONAVI entra a colaborar como está autorizado”, aclaró el compareciente.

En este mismo sentido añadió que el CONAVI en primera instancia participa como colaborador y no fue hasta diciembre del año pasado que se les informó que había sido designado como unidad ejecutora, pero que esta tutelado por un decreto de emergencia por la Constitución Política, real y debidamente decretada.

“Después de eso dejamos claro que nosotros no hemos aceptado ni favorecido ninguna situación de anomalía en esto, nunca hemos tenido y aquí viene una certificación de la secretaria de acatas de nosotros, ninguna denuncia ni de propios ni de extraños de ninguna persona, ni de ninguna organización o entidad sobre  la trocha de hecho la denuncia que despertó todo esta situación, ni siquiera fue presentada en el Consejo de Administración del CONAVI”, manifestó.

Otros de los aspectos importantes que mención es que  la responsabilidad de fiscalización de este proyecto de la trocha fronteriza no es del Consejo Nacional de Administración del CONAVI, sino más bien es un proyecto de emergencia y como tal de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Emergencia y de acuerdo a la opinión jurídica que dio la Procuraduría, se evidencia que es un proyecto de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

“La fiscalización completa era de ellos no de nosotros, de hecho es imposible para un Consejo de Administración hacer una fiscalización de una obra de esas, CONAVI tiene 120 frentes o más de trabajo abiertos en estos momentos a nivel de todo el país, contratos de conservación de vías, contratos de construcción de puentes, contratos de dragados, entre otros y evidentemente nosotros no podemos estar en todos los lados viendo eso, es imposible humanamente.”, comentó.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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14 de noviembre del 2012

Los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda, aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 17214 Ley Expediente Digital único en Salud, que pretende crear este sistema que permitirá el registro, el procesamiento y almacenamiento de la información de todas las acciones de salud que realizan los pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según la iniciativa para lograr este objetivo se pretende utilizar de manera eficiente las tecnologías de información y comunicación (TIC), de modo que esta información esté disponible en línea, centralizada, segura y accesible a los funcionarios de la institución.

Con la aplicación de esta tecnología en la CCSS se pretende reducir las lista de espera en los servicios de atención médica, mejorar la calidad de la atención y eliminar la duplicidad de trámites en relación con los datos de los asegurados, que son incluidos sin orden y coordinación en vario sitios informáticos a la vez.

En este mismo sentido la iniciativa establece que con esta dispersión de los datos, se resolvería mediante una estandarización  e integración de la información, producto de la unificación de los lenguajes de programación, las plataformas tecnológicas y los costos de operación  de un sistema integrado.

Ley de Tamizaje

Los diputados también  aprobaron en  primer debate, el expediente 17175 Ley de Tamizaje Auditivo Neonatal, que garantizaría que todo niño recién nacido tenga derecho a que se le valore su capacidad auditiva.

Así mismo el plan establece garantizar que todos los menores con deficiencia auditiva se les brinde el diagnostico y tratamiento oportuno.

Promueva además la atención integral e institucional de los niños con deficiencia auditiva.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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8 de noviembre del 2012

Fernando Marín Rojas, Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS ), señaló que la meta del Programa Avancemos, es beneficiar a 160 mil estudiantes de escasos recursos económicos, que necesiten la ayuda para seguir estudiando.

El jerarca de esa dependencia compareció esta tarde ante los diputados que integran la Comisión de Ingreso y gasto Público para que se refiriera a la investigación del programa de transferencias monetarias condicionadas del Programa Avancemos.

“Se comenzó a desarrollar en el año 2006 el IMAS tuvo una responsabilidad inicial pequeña mucho de este programa se manejó vía el Fondo Nacional de Becas, (FONABE), el comportamiento del número de beneficiarios a partir del año 2006 en lo que corresponde al IMAS, se comenzó con menos de 10 mil beneficiarios hasta llegar a 165.749 al final de la administración anterior y posteriormente se elevó a 185 mil beneficiarios números que se mantuvo en los años 2010 2011 y a setiembre de este año vamos por 173.813 beneficiarios, la meta que nosotros estipulamos en el Plan Nacional de Desarrollo es de 160 mil beneficiarios como mínimo”, dijo Marín.

En este mismo sentido añadió que esa meta dependerá mucho de la situación económica del país y de la matricula, que según explicó es fluctuante entre los años, lo que tendrán que tener un mínimo y un techo de estudiantes beneficiados, debido a que no es un programa que no se trata de universalizarlo y darle la transferencia a todos los estudiantes, tiene que ver una focalización en aquellas familias que tienen mayor necesidades.

«Nosotros hemos estimado que alrededor del 40 o 45% de las familias del país requieren este apoyo que son aquellas familias que presentan alguna necesidad básica insatisfecha, aquí no trabajamos solo con el índice de pobreza de los hogares que anda alrededor de 21.6%, uno podría tomar esa definición y decir que solo le va a dar a hogares bajo la línea de pobreza, nosotros tomamos la decisión de mantener también con este beneficio a un sector de la población que es clase media, o media baja que especialmente en algunas zonas del país se incurren en gastos importantes para poder enviar a sus hijos al colegio”, explicó.

Finalmente manifestó que este año, se han dado a la tarea de realizar un proceso de eliminar las filtraciones y han depurado el registro, “estamos siendo más riguroso con lo que vienen del fondo nacional de becas, por el reglamento de este programa se estipulo que pasaban automáticamente al programa y en los dos últimos años hemos venido ya haciendo un esfuerzo por depurar esa lista y probablemente este número se va a estabilizar alrededor de 165.170 mil beneficiarios en los próximos dos años”

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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6 de noviembre del 2012

La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó de forma unánime luego de solventar un problema de forma el Convenio sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y Trabajadores Domésticos mejor conocido como “Convenio 189”.

Para la diputada Pilar Porras Zúñiga “la necesidad de adoptar el Convenio 189 se fundamenta en el compromiso de la OIT de promover el trabajo decente, máxime que para los países en desarrollo ya que los trabajadores domésticos constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional realizada principalmente por mujeres”.

Este convenio otorga iguales derechos básicos a las y los trabajadores domésticos, con relación al resto de trabajadores, como lo son en la especie, los horarios de trabajo, los descansos diarios y semanales, las vacaciones, los salarios, la seguridad social, entre otros.

En este instrumento internacional se establece la obligación de fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatibles con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil.

También se define la obligación que tiene todo Miembro de aceptar medidas tendientes a asegurar que los trabajadores doméstico así como los trabajadores en general, disfruten de condición de empleo equitativos y condiciones de trabajo decente.

Asimismo todo país Miembro deberá  adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos, sean informados sobre sus condiciones, de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible mediante contratos escritos de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos.

El diputado del Frente Amplio, José Maria Villalta Florez-Estrada sostuvo que con este instrumento se mejoran los derechos laborales de este importante sector de la población.

“Espero que ahora podamos encontrar el espacio necesario para poder aprobarlo a la mayor brevedad y así mejorar la legislación y reconocer el aporte que realizan a la sociedad”, acotó el legislador frenteamplista.

La secretaria de la comisión, Carmen Muñoz Quesada mencionó como positivo que se logra dar mejores condiciones laborales a las trabajadoras domésticas. 

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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6 de noviembre del 2012

Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, dictaminaron en forma positiva esta tarde el expediente 18573 Reforma al artículo 14 de la Ley 6826, Impuesto General sobre las Ventas.

Esta iniciativa de ley tiene como propósito ampliar el reconocimiento del crédito en otras etapas distintas a la de producción, y para complementar el concepto de “incorporación física” con el de “utilización” de mercancías y servicios.

Lo anterior, para tratar de buscar una solución a los dos graves problemas que enfrenta la aplicación de este artículo en la actualidad: uno que tiene que ver con la afectación del derecho a la salud y el segundo relacionado con el aumento en los costos de elaboración de los bienes, en particular de canasta básica.

La diputada Alicia Fournier, Presidenta de la Comisión manifestó que la iniciativa favorece la seguridad jurídica y la competitividad de la producción nacional, al aclarar lo dispuesto en el artículo 14 sobre la Ley de Impuestos sobre las Ventas sobre el crédito fiscal, toda vez que la redacción del actual artículo opta por un concepto de incorporación física, limitando la aplicación del crédito fiscal a otras áreas productivas.

“Esta situación ha afectado la competitividad de las empresas exportadoras y de los fabricantes locales en el mercado interno ante las importaciones, ya que los productos foráneos están empacados de igual manera que los nacionales, por lo que el crédito fiscal no procede para la compra de cualquier otra mercancía que no se puede incorporar al producto, como los embases, empaques etiquetas y otros trayendo como detrimento un trato desigual ante la autoridad tributaria”, dijo la diputada.

En este mismo sentido añadió que la recomendación que hizo la subcomisión busca apoyar, pero para ello se aseguraron que el crédito se va a aplicar cuando entre el debito y crédito fiscal que se solicite, estén las solicitudes debidamente respaldadas por comprobantes y registrado en la contabilidad de los contribuyentes.

“Esto nos permite dar a la administración tributaria un cruce de información entre lo que declare el contribuyente y los créditos que puedan llegar a solicita. Lo importante es fijar las bases de una correcta interpretación de la norma y esto es lo que quiere este proyecto de ley”, comentó Fournier.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

6 de noviembre del 2012

El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) adeuda a la compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (CACISA) un total de 152 millones de colones, por trabajos de supervisión que realizaron en la ruta 1856, conocida como la trocha fronteriza y que se suma a la lista de otras empresas que aun no les han pagado por esos trabajos.

Así lo manifestó esta mañana el Ingeniero José Manuel Sáenz, representante de CACISA y quien compareció hoy junto con otros personeros de esa empresa, ante los diputados que integran la Comisión de Ingreso y gasto Público para que se refirieran a la labor que realizaron en la ruta 1856.

“Finalmente durante los 4 meses que CACISA estuvo en el proyecto nosotros facturamos 152 millones de colones y a la fecha que por un trabajo que nosotros consideramos que hicimos de manera responsable, profesional y técnica no hemos recibido ni un cinco, esa es la realidad en que nosotros estamos en estos momentos”, manifestó Sáenz.

El representante indicó que la participación de la empresa CACISA en la trocha fue en los 132 kilómetros desde Boca de Sarapiquí hasta los Chiles, sin embargo cuando ellos llegaron a  la obra ya había un avance importante en movimiento de tierras.

“Nuestro esquema de trabajo consistió primeramente en organizar los labores, cuando nos hicimos presentes en el proyecto vimos la urgente necesidad de organizar las labores que ahí se estaban efectuando y se toma la decisión de seccionar el proyecto en 4 sectores, que básicamente fueron de los chiles a Rio Pocosol, del Rio Pocosol al Río Infiernito, del Rio Infiernito a Boca del Río San Carlos y de este a boca del Río Sarapiquí, eso con la finalidad después de asignar el personal en cada uno de esos sectores para hacer el control de los trabajos que se estaban haciendo a los largo de 132 kilómetros de vía”, comentó.

Finalmente señaló que realizaron un levantamiento de las 953 maquinas que estaban trabajando en ese proyecto, que consistía identificarlas por marcas, capacidad, año de construcción y la potencia de cada una de ellas, esto por cuento resultaba absolutamente vital en el trabajo para poder sacar el costo de cada una de ellas.

“La labor de CACISA fue de supervisión, las directrices generales de la construcción de la obra fueron siempre a cargo del CONAVI. Nosotros no dirigíamos la construcción de la ruta 1856 y repito que si teníamos que dar órdenes y teníamos 953 maquinas a cargo, había que dar órdenes, les había que organizar todas las labores era parte de la función”, dijo Sáenz.

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Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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1 de noviembre del 2012

El Director de la Fuerza Pública Juan José Andrade Morales, aseguró que si bien es cierto los números que presentó no lo satisfacen del todo, también es importante destacar que la provincia de Puntarenas “no es el patito feo” en materia de seguridad nacional.

El comisionado Andrade Morales, acudió este medio día ante los diputados de todas las fracciones políticas, de la Asamblea Legislativa, que representan a la provincia de Puntarenas, para exponer todo lo que se está haciendo en materia de seguridad en esa región.

Reconoció que sigue haciendo falta más recurso  humano —más policías— y mejorar la infraestructura policial, pero aún así se viene haciendo una gran labor operativa que está dando sus frutos en todo el país.

Dijo que, aunque en años anteriores las estadísticas de Desarrollo Humano Cantonal reflejaban cifras muy alarmantes en la provincia, a partir del 2010 los esfuerzos policiales han dado muy buenos resultados.

Aseguró que están siendo mucho más eficientes en la atención de las llamadas que ingresan al número de emergencias 911, cumpliendo así el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y con ello una mayor credibilidad en la población que ve como se le atiende con mayor agilidad.

El representante de la autoridad reconoció que uno de los problemas más serios que los afectan es la narcoactividad muy grande en el sur de la provincia, mientras que tienen un micro tráfico en el centro y norte, lo que obliga a realizar operativos constantes incluso con el apoyo de cooperación extranjera.

Reconoció la importancia de la ley de flagrancia porque causas que antes se pasaban a los tribunales y se duraba dos años esperando la sentencia, ahora en cuestión de tres días ya se tiene al infractor fuera de circulación.

Para Andrade uno de los aspectos más importantes que se debe mejorar se relaciona con la prevención del delito, por lo que se deben tomar acciones para mejorar los planes de estudio y el tema de los valores en la juventud “porque han cambiado totalmente los estereotipos que se le está “vendiendo” a nuestros hijos en las calles”, concluyó.

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Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de noviembre del 2012

El grupo de legisladores que investigó los hechos ocurridos en torno al robo de un importante lote de armas de la Policía de Tránsito —el 30 de enero del presente año— de una bodega del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), recomendó que se continúe con este tipo de investigación para ahondar en otras aristas del problema.

La subcomisión estuvo conformada por la diputada Carmen Muñoz Quesada del Partido Acción Ciudadana y Danilo Cubero Corrales del Movimiento Libertario, quienes firmaron el documento final, así como el legislador liberacionista Oscar Alfaro Zamora, quien se abstuvo de rubricarlo.

La legisladora Muñoz Quesada aseguró que los resultados de la investigación confirman que hay una falta de controles efectivos e irregularidades en cuanto al manejo de las armas propiedad del Estado, por lo que se debe seguir profundizando en el tema para general más recomendaciones.

Insistió en que hay omisiones importantes en el cuido y protección de armas en todo el país, por lo que este evento podría repetirse en otra dependencia gubernamental.

De acuerdo con Muñoz Quesada hay muchas interrogantes que necesitan una respuesta.

Por su parte, el legislador liberacionista Oscar Alfaro Zamora, quien también participó en la subcomisión investigadora, pero no firmó el documento, es del criterio que el informe tiene aspectos positivos en relación con los protocolos y procedimientos para el control de armas.

Alfaro Zamora cimentó su posición en el hecho de que el informe generado no se refiere, en sus conclusiones, sólo al robo de las armas en el MOPT, sino que hace otras recomendaciones.

Por último, sobre el expediente 18230 denominado Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Frente a la Violencia y el Delito en el Ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Reformas al Código Penal, los legisladores acogieron el texto sustitutivo que presentó la subcomisión que lo estudió.

Se aprobó una moción para consultar el nuevo texto al Consejo Nacional de Rehabilitación (CONARE) y a la Fundación PANIAMOR.

Una segunda moción aprobada fue para recibir en audiencia al Director Interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Francisco Segura y a la Directora de la Defensa Pública Alba Iris Muñoz.

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