Pendiente – Página 9

Núcleos familiares con derecho a títulos de propiedad

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

6 de febrero del 2013

Los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobaron en segundo debate el expediente 17664 ley de modificación del artículo y derogatoria de los artículos 15,16,17,18,19,21,23 y 24 de la Ley especial para titulación de vivienda en precario y en zonas de desarrollo urbano no reconocidas ( precario), Nº 8680 de 12 de noviembre del 2008.

El objetivo de este proyecto de ley, iniciativa del ex diputado Jorge Méndez Zamora, señala que para obtener el título de propiedad, los núcleos familiares deben estar compuestos por personas físicas, nacionales o extranjeras con residencia permanente en el país.

Tal y como lo indica la exposición de motivos, dicha derogatoria se propone con el fin de eliminar contradicciones entre artículos de la ley, las contradicciones alegadas se refieren a que mientras la Ley obliga al BANHVI a realizar procesos de titulación administrativa, también lo obliga a que atienda la delimitación de áreas públicas y el cumplimiento de la normativa vigente que regula la planificación y ordenación urbana, salud, propiedad y ambiente, para hacer los bienes habitables.

Esto en algunos casos podría hacer que no coincidan los bienes segregados según la normativa vigente, con los poseídos por los beneficiarios. Es decir, en la práctica se imposibilita, en gran medida, la titulación por posesión establecida a partir del artículo 15 de la ley, pues el hacer habitable un asentamiento implica un reordenamiento y reubicaciones”, dice el informe que se aprobó.

Subcomisión analiza con jurista reformas a Sala Constitucional

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

6 de febrero del 2013

Consensuar, armonizar y proponer reformas acordes a las necesidades del Estado y la ciudadanía fue parte de las propuestas presentadas en la subcomisión de Jurídicos que analiza las reformas al proyecto de reformas de la Jurisdicción Constitucional.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis Paulino Mora, la jurista Ana Virginia Calzada Presidenta de la Sala Constitucional y el ex presidente de la Asamblea Legislativa y Presidente de la Comisión de Notables Francisco Antonio Pacheco Fernández, se reunieron con los diputados de la subcomisión y analizar en conjunto las reformas propuestas.

El diputado Luis Gerardo Villanueva Monge expresó que se pretende hacer una propuesta, para que los diferentes partidos políticos representados, en la comisión y la Asamblea Legislativa, pudiesen apoyar los cambios básicos e importantes y que permitan modernizar la ley de Jurisdicción.

“Se requieren cambios básicos importantes que nos permitan armonizar la ley de Jurisdicción” dijo el diputado Villanueva Monge.

El Presidente de la Comisión de Notables Francisco Antonio Pacheco Fernández, expresó que las reformas propuestas son simples y la mayoría corresponden a ideas que se han dado.

Agregó que hay dos aspectos que han causado roce Asamblea y Sala Constitucional una de ellas es la consulta facultativa que distorsiona en algún sentido la actividad de la Asamblea, pues los diputados apuestan a ganar en la Sala lo que perdieron en el Plenario.

El otro aspecto señalo por Pacheco Fernández es cuando la Sala Constitucional ordena a la Asamblea legislar en un sentido determinado.

Pacheco sugirió proponer en las reformas la palabra “sugerir” en alguna materia y sin plazo.

También se refirió a la creación de los tribunales de amparo y habeas corpus con el objetivo de desconcentrar un poco a la Sala y que esta pueda dedicarse a aspectos más puntuales y declarar las inconstitucionalidades.

Ratifican miembro propietario de SUTEL

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

28 de enero del 2013

La Comisión de Nombramientos aprobó por unanimidad de los 5 diputados presentes proponer la ratificación del Msc. Gilbert Camacho Mora para ocupar el cargo de miembro propietario por un plazo de 5 años de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

Como parte de su exposición Camacho Mora resaltó su experiencia de más de 27 años en empresas tanto públicas como privadas y su preparación de Gerencia de calidad en telecomunicaciones.

Sostuvo que ha estudiado y analizado las leyes del sector de telecomunicaciones y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Dentro de sus planes de llegar al puesto están: agilizar los proyectos a ser financiados por Fonatel, fortalecer el acceso a servicio universal para reducir la brecha digital, la correcta regulación del espectro radioeléctrico y mejorar la calidad de los servicios al usuario final.

También apuesta a tener una coordinación permanente con los diversos actores del sector entre ellos el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, operadores, proveedores de servicios y los usuarios finales.

Dentro de las debilidades que señaló están que al ser SUTEL una organización joven, le falta una mayor rigurosidad técnica y para eso propone contratar el personal necesario para que se cumpla de la mejor manera la labor de regulación de mercado y calidad de los usuarios.

Para finalizar los integrantes de la comisión también aprobaron la metodología y la comparecencia por tres sesiones ordinarias de los candidatos para ocupar una de las cuatro plazas vacantes como magistrado suplente de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia por cuatro años.

Magistrado Chinchilla apoya proyecto de brazaletes electrónicos

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

23 de enero del 2013

Como un avance importante para nuestro país, calificó el Magistrado de la Sala Tercera la implementación de los mecanismos electrónicos en materia penal, durante su comparecencia ante la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera.

Durante su exposición el Magistrado indicó que esta iniciativa representa hoy una necesidad ya que en la actualidad mucha de las medidas no rinden ningún tipo de garantía para la protección de las víctimas.

“Hoy día no existe un mecanismos de seguimiento, no sabemos dónde se encuentra esa persona que está sometida a un proceso penal y que a pesar de tener prohibición para acercarse a su víctima va a buscar la opción de tener ese contacto”, sentenció el miembro del Poder Judicial.

Chinchilla Sandi abogó por dejar clara en la ley de donde se van a tomar los recursos para hacer efectivo este mecanismo de seguimiento.

Dentro de las modificaciones planeadas específicamente por el integrante de la Sala Tercera están las referidas al artículo 1 sobre el objeto de la ley para incluir que se utilizara también en casos de materia procesal penal.

Sobre el ámbito de la aplicación que se regula en el artículo 2 mencionó que se debe indicar claramente que será el juez de ejecución de la pena o el juez penal, según sea el caso, quien delimitara el espacio de aplicación.

Sobre las condiciones de aplicación que se establecen en artículo tercero sostuvo que no se debe esperar la aceptación de la persona afectada para utilizar el mecanismo electrónico ya que esto es potestad exclusiva del juez

Agregó que se debe trabajar por dar una vigilancia asertiva por parte del Ministerio de Justicia y Paz con controles precisos, exactos y muy actuales para evitar consecuencias fatales.

El Magistrado se mostro a título personal a favor de aplicar estos mecanismos en materia penal juvenil, siempre y cuanto se tengan los mecanismos tecnológicos necesarios para el cumplimiento y seguimiento sea preciso y adecuado de todas las personas a las cuales se les da esta posibilidad.

Diputados tienen reservas: RECOPE y ARESEP apoyan propuesta

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de diciembre del 2012

Tanto Dennis Meléndez Howell de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) como Jorge Villalobos Clare de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) se manifestaron a favor de la aprobación del expediente 18635 denominado Ley que Agiliza el Trámite de Rebaja en el Precio de los Combustibles.

La posición de los funcionarios contrastó con la que mantienen varios de los congresistas de la comisión, quienes manifiestan una serie de dudas sobre la propuesta y por el contrario, impulsan introducir una serie de modificaciones que serían acogidas en un texto sustitutivo.

Tanto Meléndez como Villalobos coincidieron en que el proceso actual para la fijación del precio de los combustibles produce muchas distorsiones porque es “complejo, tardado y caro”.

Meléndez explicó que para que se produzca un aumento se debe convocar a una “audiencia pública”, aunque ahora —por resolución de la Sala Constitucional— pueden hacer una “consulta” que es mucho más rápida.

De acuerdo con el Regulador el proceso de aumento puede durar entre 4 ó 5 semanas y por eso es que muchas veces los precios en el mercado internacional van a la baja y en el país apenas se va a aplicar un aumento.

Igualmente aclaró que el costo del crudo en el mercado internacional, es apenas una de las variables que influyen en el precio de los combustibles.

Dijo que dado que RECOPE solos refina el 20 por ciento de lo que consumimos y el 80 restante se debe importar hay una serie de costos que hay que sumar como los de operación de RECOPE, bombeo, mantenimiento del oleoducto, fletes, etc.

“Estoy muy inconforme con el proyecto, tengo muchas dudas” dijo por su parte la legisladora de Acción Ciudadana Jeannette Ruiz Delgado, quien agregó que la propuesta “suena muy atractiva… pero eso no basta, sino que tiene que convertirse, efectivamente, en un instrumento para que los usuarios tengamos un impacto positivo en nuestros bolsillos”.

La propuesta que mantienen los legisladores es proceder a trabajar con asesores de estas dos instancias involucradas en el tema, para introducir una serie de modificaciones al proyecto de ley.

Enfrentamiento entre legisladores y responsables de la trocha

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de diciembre del 2012

Un fuerte enfrentamiento se produjo esta mañana entre los legisladores de la comisión investigadora y los responsables de la construcción de la carretera 1856, más conocida como Trocha Fronteriza, quienes continúan insistiendo en que actuaron apegados a la legalidad.

Los extensos cuestionamientos sustentados por congresistas como Manrique Oviedo Guzmán (Partido Acción Ciudadana), Walter Céspedes Salazar (Unidad Social Cristiana), Jorge Rojas Segura y Carolina Delgado Ramírez (Liberación Nacional) chocaron de frente con la posición sostenida por el técnico Miguel Ramírez y el ingeniero Manuel Serrano; supervisor y encargado de la construcción, respectivamente.

Además de Ramírez y Serrano comparecieron también los ingenieros Gerardo Prada Arroyo, José Manuel Sáenz Scaglietti, Rodolfo de León Rivers y Roberto Cambronero Cordero, todos funcionarios de la Empresa CACISA.

Las diferencias también afloraron entre la posición de Ramírez y Serrano con la que mantienen los ingenieros representantes de CACISA quienes aseguraron que cuando asumieron responsabilidades el desorden era tal que no encontraron ni siquiera una lista de la maquinaria que estaba trabajando en la construcción.

“No sólo hay que ser bueno, sino que parecerlo” dijo la legisladora Carolina Delgado quien mencionó como la auditoría el CONAVI habla de facturas repetidas, falta de controles y verificación de las obras.

De igual manera Ramírez afirmó que de las reuniones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial relacionadas con el tema, se levantaban minutas y —aunque sin confirmar— mencionó a una funcionaria de apellido Calderón como la presunta responsable de elaborarlas.

Volvió a reiterar que la Viceministra de Obras Públicas y Transportes María Lorena López, estaba plenamente informada de los acontecimientos y tomó la dirección de las obras cuando se produjo el ingreso de CACISA.

Serrano por su parte negó que la trocha se hubiera desarrollaron en un total desorden, de tal manera que ni siquiera se sabía cuál era la maquinaria que estaba trabajando ni la capacidad de la misma.

Las contradicciones llegaron al extremo que ninguno de los visitantes supo decir con claridad quien firmó las autorizaciones para cobro de facturas que por un monto que ronda los 152 millones de colones mantienen cinco empresas.

Este costo sería producto de la supuesta inspección de los trabajos. Dichas facturas aún no se han pagado. Serrano por su parte reconoce que solo firmó una de ellas.

Pero el enfrentamiento más duro se dio entre el legislador liberacionista Jorge Rojas Segura y el técnico Miguel Ramírez, quien la semana anterior dijo tener una empresa —dedicada a rondas y chapias— con la que ha logrado un patrimonio de 2700 millones de colones, pero a la vez, es un funcionario de gobierno que gana 600 mil colones mensuales.

La respuesta de Ramírez fue virulenta, al punto de retar al congresista a los golpes y asegurar que no era culpa suya tener dinero “o que haya un montón de gente…ese montón de limpios…”

Mecanismos electrónicos: Analizan si adolescentes sentenciados pueden beneficiarse

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

5 de diciembre del 2012

Los legisladores integrantes de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera continúan estudiando la conveniencia o no de que los jóvenes infractores de la Ley de Justicia Penal Juvenil se puedan beneficiar o no con el uso de mecanismos electrónicos.

A como está actualmente esa iniciativa —expediente 17665 Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Material Penal— sólo los adultos sentenciados pueden aplicar para estos beneficios.

Para adquirir mayor conocimiento sobre el tema los diputados aprobaron dos mociones para escuchar en audiencia a una serie de especialistas involucrados en la materia.

Para tal efecto deberán acudir a la comisión el Ministro de Justicia y Paz Fernando Ferraro Castro y el Magistrado Carlos Chinchilla Sandí.

También se escuchará las opiniones de Mayra Campos Fiscal Adjunta Penal Juvenil, Carlos Tiffer autor de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Alejandro Rojas, subjefe de la Defensa Pública y Ada Luz Mora Directora de los Centros Penales Juveniles del Ministerio de Justicia.

El Presidente de la comisión, el liberacionista Luis Gerardo Villanueva Monge, prefirió detener el trámite de las mociones hasta después de escuchar a los expertos, para contar con más criterios y argumentos al momento de tomar una decisión.

Trocha fronteriza: «Es la obra más importante de los últimos 200 años»

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

4 de diciembre del 2012

El técnico y asesor en construcción de vías Miguel Ramírez aseguró que la carretera 1856 o trocha fronteriza, es la obra más importante de defensa nacional que el país ha construido en los últimos 200 años.

Las declaraciones de Ramírez fueron dadas en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, donde se está conociendo el expediente 18520 que investiga los Posibles Hechos de Corrupción de Funcionarios Públicos de la Administración Central y Descentralizada del País así como de la Empresa Privada, en Relación con el Proceso de Desarrollo, Implementación y Ejecución de la Ruta 1856.

Además de Ramírez comparecieron esta mañana, los ingenieros Carlos Acosta Monge ex Director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Manuel Serrano Alvarado quien era el responsable de la obra fronteriza, así como los ingenieros Gerardo Prada Arroyo, José Manuel Sáenz Scaglietti, Rodolfo De León Rivers y Roberto Cambronero Cordero, todos funcionarios de la Empresa CACISA.

El objetivo de los legisladores al convocar a todo este grupo de funcionarios, fue aclarar diversas contradicciones que se han dado en comparecencias individuales de Serrano, Acosta y Ramírez.

Sin embargo fueron pocas las novedades que pudieron surgir de las palabras expresadas por Ramírez esta mañana, a excepción de la importancia que tiene esta vía para la defensa del país en la zona norte.

De acuerdo con Ramírez, fue el Ministro de la Presidencia Carlos Ricardo Benavides quien les manifestó que lo concerniente al desarrollo de la obra debía ser “secreto de Estado” porque de lo contrario “la prensa no los dejaría hacer nada”.

También aseguró que eran frecuentes las reuniones con personeros de alto nivel del gobierno de la República, para informarse sobre los trabajos, entre los que destacaban los viceministros de Seguridad Pública así como miembros de la Cancillería y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

De igual manera, Ramírez aseguró que Manuel Abarca (quien se denominaba como el representante del Ministro Benavides) fue el que más influyó de manera negativa en el desarrollo de la trocha. “No era (una persona) sincera, tomaba decisiones sin consultar a Serrano y por ahí empezaron los problemas”, afirmó.

Por su parte Carlos Acosta, ex Presidente Ejecutivo del CONAVI y el ingeniero Manuel Serrano encargado del proyecto, reconocieron que la contratación de la empresa CACISA se dio con el objetivo de supervisar la obra sin embargo sus ingenieros comenzaron a realizar cambios y modificaciones que encarecieron la obra.

Dado que el tiempo fue insuficiente para desarrollar todas las preguntas y cuestionamientos que mantienen los congresistas, el grupo de ex funcionarios de las diversas dependencias deberán regresar a una sesión el próximo martes.

Inicia trámite del TLC entre UE – Centroamérica

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de noviembre del 2012

Con la aprobación unánime de mociones para consultar y llamar en audiencia a varios sectores comenzó el trámite en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Centroamérica.

Dentro de las instituciones que serán consultadas están: todas las municipalidades del país, las universidades públicas, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes, ministerios, Superintendencia de Telecomunicaciones, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otros.

Así como convocar en audiencia a la Cámara de Agricultura y agroindustria, y a la Cámara de Nacional de Porcicultores para que asistan el próximo martes 04 de diciembre.

Los representantes de la Cámara de Exportadores de Costa Rica serán recibidos el próximo el miércoles 05 de diciembre y al Ministerio de Comercio Exterior el jueves 06.

El 11 de diciembre será el turno de la Cámara de Industrias y Universidad de Costa Rica para referirse al tratado comercial.

La Cámara de Comercio y Cámara de la Industria Agroalimentaria expondrán su criterio sobre este tema el próximo jueves 13.

Y finalmente la Cámara Nacional de Avicultores y la Corporación Ganadera asistirán el martes 18 de diciembre.

También se aprobó convocar a sesiones extraordinarias para ver este tratado comercial los días martes 04, miércoles 05, martes 11 y martes 18 de diciembre de 10:00 a.m a 12 medio día con el propósito de recibir audiencias.

Para la presidenta de la comisión, Jeannette Ruiz Delgado la importancia de iniciar el análisis del proyecto es muy importante ya que se viene a cambiar los parámetros de los otros tratados firmados.

El mayor ganador con este acuerdo es Costa Rica por las condiciones del país, por las relaciones de años con los países de Europa y por lo que podemos seguir generando a lo interno a pesar de que nos falta poner a caminar la tarea interna.

La legisladora indicó que esperan poder dictaminar por el fondo en comisión el próximo 18 de diciembre, para que entre al plenario y a inicios del otro año se apruebe en primer debate, para enviarlo por un mes a consulta de la Sala IV y darle segundo debate a finales de marzo.

Dictaminada reforma a Ley de Delitos Informáticos en Costa Rica

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

21 de noviembre del 2012

Con el apoyo de cinco diputados se dictaminó en la Comisión de Derechos Humanos el expediente que reforma varios artículos del Código Penal incluidos en la Ley de Delitos Informáticos

Con esta aprobación se busca eliminar las penas de prisión por la obtención de “informaciones secretas políticas”, y que limitaban el derecho a la información de los comunicadores.

Entre otros aspectos, se reforma el artículo 295 del Código Penal, el cual establece penas de dos a ocho años de cárcel “a quien, en contra del interés público, emplee o revele secretos de Estado que el Poder Ejecutivo haya declarado formalmente como tales que tengan que ver con la seguridad o las relaciones exteriores de la nación.”

Será sancionado con pena de prisión de seis meses a cuatro años a quien sin la autorización respectiva se apodere, modifique, acceda, copie, transmita, compre o venda datos personales.

Sera sancionado con una pena de uno a seis años de prisión, a quien, difunda noticias o hechos falsos en perjuicio de la seguridad y estabilidad del sistema financiero

En ningún caso configura delito la búsqueda, acceso, copia, recopilación, difusión, transmisión o publicación de datos, documentos, informaciones, noticias, reportajes, imágenes o ideas que sean de interés público o que guarden relación con asuntos de esa naturaleza.

El diputado de Liberación Nacional, Jorge Angulo Mora se mostró satisfecho con la decisión tomada por la comisión y resaltó que el espíritu de la ley se mantiene intacto.

Para el legislador oficialista en el artículo 288 se trabajó en un definiciones más precisa dejando por fuera cualquier sanción punible en contra del ejercicio del periodismo.

El congresista del Movimiento Libertario, Adonay Enríquez Guevara mostró su complacencia al dictamen del proyecto que viene a defender a los profesionales en comunicación.

El diputado de Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza García aprovechó la ocasión para solicitar al Poder Ejecutivo que convoque el expediente en el periodo de sesiones extraordinarias que empiezan a partir de diciembre por la importancia del tema.

Para Mendoza García todavía es necesario revisar con cuidado el artículo 167 y el 167 BIS, así como el inciso 2 del 196 bis en su redacción para tener claridad en que solo que protege a los datos personales.