Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
3 de julio del 2013
Javier Angulo Cardinales, Director Ejecutivo de Enfoque a la Familia, indicó que la iniciativa que pretende adicionar un nuevo capítulo III referente a los derechos en Salud Sexual y Salud Reproductiva contenidas en la Ley General de Salud, podría abrir portillos en materia de educación sexual de los jóvenes al permitirles la libertad en el manejo de su sexualidad.
El representante de enfoque a la familia compareció en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos para que se refiriera a ese proyecto de ley.
Angulo señaló que el plan tiene algunos elementos rescatables, como por ejemplo el derecho a las personas de estar informadas, así como el derecho de la educación en el tema de la salud sexual y reproductiva, sin embargo mencionó que existen varios elementos que quedan muy abiertos y que podrían abrir portillos en materia de la educación sexual.
“También en la libertad en el manejo de la sexualidad de los jóvenes, donde se habla de todas las personas que podría abrir el portillo, incluso niñas podrían decidir sobre su sexualidad, e interrumpir su embarazo que es lo que nosotros consideramos el aborto, porque el embarazo no se interrumpe” añadió el compareciente.
Otros de los temas que mencionó y ameritan revisión es el tema del aborto, ya que contraviene los que establece la Constitución Política, donde muchas mujeres podrían por un tema emocional decidir abortar, incluso el aborto terapéutico, ya que es un derecho a la concepción de la vida de un niño que podría verse relegado a la decisión de los padres.
“Podríamos colaborar en la revisión del proyecto en enriquecer los criterios y no dejar abiertos ciertos portillos que quedan a interpretación de las personas, para después volvernos a sentarnos nuevamente, pero en estos momentos a como está el proyecto no lo consideramos conveniente para la ciudadanía costarricenses”, comentó.
El proyecto establece que la voluntad expresada en el ámbito internacional debe ser acompañada de la voluntad política en el ámbito nacional, necesaria para que los derechos en salud sexual y salud reproductiva puedan ser efectivamente ejercidos por todas las personas, sin distinciones ni discriminaciones por razones de sexo, edad, condición socioeconómica, orientación sexual, discapacidad, religión, origen étnico, estado civil, idioma o cualquiera otra condición.
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