Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
10 de setiembre del 2013
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó positivamente tres proyectos de ley, uno de ellos del ex diputado José Merino del Río.
Se trata del expediente 16880 una modificación a la Ley para frenar abusos en la revisión de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
La propuesta redacta con mayor precisión la prohibición establecida que impide a personas pensionadas que ingresan a ocupar cargos públicos reciban simultáneamente los beneficios de su pensión y las remuneraciones derivadas de su cargo.
Si bien se elimina la excepción general existente en la actualidad para funcionarios que reciban remuneración por medio de dietas, se hace la salvedad en el caso de personas pensionadas que ocupen el cargo de regidores municipales y que reciban como único pago este tipo de retribución. Lo anterior, en consideración de que en la mayoría de las municipalidades del país los montos que se pagan por dietas son notablemente bajos, de manera que exigir en estos casos la renuncia a la pensión podría desincentivar a personas con experiencia de asumir estos cargos en los gobiernos locales. Eso sí, se establecen regulaciones para evitar abusos en la revisión de las pensiones.
También, se regulan con mayor claridad las sanciones que se impondrán contra quienes incumplan la prohibición, así como las responsabilidades de los funcionarios públicos encargados de garantizar que dicha prohibición se cumpla.
Se adiciona un artículo 31 bis que establece controles y requisitos básicos para frenar excesos durante el proceso de revisión de la pensión por parte de funcionarios que reingresaron al servicio público, una vez finalizado su desempeño en el cargo. En particular, se dispone que solo podrán solicitar este beneficio quienes hayan desempeñado un cargo público por un período mínimo de cuatro años y que los incrementos que se concedan no serán mayores al monto equivalente al aumento en el costo de vida correspondiente al período laborado, en un porcentaje igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para dicho período.
El plazo propuesto de cuatro años se asocia con el período constitucional para el ejercicio de cargos de elección popular. De esta forma se busca evitar que personas carentes de una vocación real de servicio público accedan a estos cargos de forma transitoria, con el único objetivo de incrementar el monto de su pensión y sin un verdadero interés en cumplir con el período para el que fueron nombrados.
A su vez, la utilización del lPC como parámetro objetivo para fijar el monto de los aumentos introduce un criterio de justicia y razonabilidad que cierra el camino a aumentos abusivos y desproporcionados.
“El objetivo de estas reformas es claro: las personas que ocupen diputaciones u otros cargos públicos no podrán valerse nunca más del honor concedido por el pueblo costarricense de ejercer su representación para obtener incrementos exorbitantes de su pensión sin tener que trabajar”, reza la exposición de motivos del proyecto.
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