Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
11 de marzo del 2014
La Defensa Pública y la Asociación Bancaria Costarricense aseguran que el proyecto 18964, Ley sobre Extinción de Dominio, violenta principios constitucionales tales como la presunción de inocencia y el de propiedad privada. La iniciativa se discute en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.
El proyecto pretende aplicar restricciones al uso de dinero en efectivo y aumentar la persecución del lavado de dinero para evitar que los fondos obtenidos por las organizaciones criminales ingresen al sistema financiero.
El sistema de extinción de dominio faculta al Estado para realizar persecuciones criminales contra los bienes que mantienen las operaciones de las personas que integran organizaciones delictivas.
La Directora de la Defensa Pública del Poder Judicial, Marta Iris Muñoz Cascante, aseguró que hace falta mejorar el proyecto de ley debido a que la norma que está en análisis permite incautar bienes a particulares y estos tendrán que demostrar cómo los adquirieron.
“Con esto la Fiscalía le puede pedir a cualquier persona que explique la procedencia de sus bienes”, indicó Muñoz Cascante.
Otros de los puntos del proyecto que preocupa a la Defensa Pública consiste en que la notificación no se hace personalmente.
Por su parte, Mario González Pacheco, Asesor Jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense, dijo que su representada está de acuerdo en que debe existir a favor del Estado la extinción del dominio aunque el texto propuesto puede ser mejorado.
González Pacheco aseguró que la normativa que se discute en la Asamblea Legislativa deja de lado la protección de los derechos de los ciudadanos, debido a que la definición de los bienes a los que puede se les puede aplicar el proyecto de ley es muy amplia.
El proyecto señala que la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio será responsable de desarrollar la fase prejudicial del proceso y estará integrada por un Fiscal Adjunto de Extinción de Dominio y el número de fiscales que técnicamente se requieran para el desarrollo de sus funciones.
El nombramiento, tanto del Fiscal Adjunto de Extinción de Dominio como de los fiscales que la integran, será decidido por el Fiscal General de la República.
El proyecto contempla además la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y Crimen Organizado en materia de inteligencia financiera durante el desarrollo del proceso y la información que suministre será de carácter confidencial.
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