Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
12 de marzo del 2014
Para el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, Osvaldo Henderson García, la Ley sobre Extinción de Dominio presenta deficiencias. La iniciativa se analiza en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.
El proyecto de ley pretende que el Estado pueda disponer de los bienes privados de personas u organizaciones que estén involucradas en actividades ilícitas y evitar que los fondos que estas generen puedan ingresar al sistema financiero.
El Fiscal aseguró que si bien la iniciativa de extinción de dominio es una herramienta fundamental para luchar contra el crimen organizado, la propuesta que se discute en la Asamblea Legislativa deja por fuera del proceso de investigación al Organismo de Investigación Judicial y crea una fiscalía de extinción de dominio encargada de estas diligencias.
Henderson García fue enfático en que los fiscales no hacen las investigaciones sino que las dirigen. Además explicó que debería ser la Unidad de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial la encargada en realizar las investigaciones patrimoniales.
“Si la ley dice que se podrán hacer intervenciones telefónicas, que se podrán hacer allanamientos, tendría que decir cómo será el procedimiento”, añadió.
El proyecto establece que la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y Crimen Organizado colaborará en materia de inteligencia financiera con la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio durante el desarrollo del proceso y la información que brinde será de carácter confidencial y exclusivamente para fines de inteligencia.
El Fiscal criticó también la distribución de los fondos que establece la Ley sobre Extinción de Dominio.
La iniciativa otorgará al Poder Judicial un 25% de los recursos generados para financiar la creación y el funcionamiento de las dependencias que participarán en la aplicación de la ley.
El ICD percibirá otro 25% de los recursos para financiar las actividades que implementa la organización.
El proyecto crea un fondo compuesto por el 50% restante el cual será presupuestado por la Unidad Administrativa del ICD.
“No puede ser que en este proyecto de ley se diga que hay una Fiscalía que será la encargada de la investigación, un juzgado que va a tener que estar encargado de conocer esas causas y que después venga una distribución de que el 75 por ciento de los que produzca pase al ICD y el resto al Poder Judicial”, indicó el Fiscal.
El legislador del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán, pidió acelerar la discusión del proyecto y le solicitó al Fiscal sus observaciones por escrito en un plazo de ocho días.
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