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Justicia pide a diputados no recortar su presupuesto del 2015

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

8 de octubre del 2014 – La Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez pidió a los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios no recortar el plan de gastos de su cartera para el próximo año.

La jerarca de Justicia fue clara en que el presupuesto 2015 para el ministerio es reducido frente a los grandes retos que deben enfrentar como el 47 por ciento de hacinamiento que presentan los centros penitenciarios del país.

El monto total presupuestado es de ¢119.859.000.000, de los cuales ¢ 3.634.683.000, son para actividad central, ¢902.977.00 para la promoción de la paz y la convivencia ciudadana. Para la Procuraduría General de la República ¢9.366.527.000 y para la administración penitenciaria ¢92.155.774.000, que representa un 76,89%.

Ramírez explicó que cerca del 20 por ciento, de los gastos se va en transferencias, e indico que el presupuesto real con el que cuenta el Ministerio es de ¢95.400 millones y que con este monto se debe afrontar la crisis más grande que ha tenido en la historia de Costa Rica en términos de hacinamiento y de tutela de los derechos de las personas privadas de libertad”.

La Ministra indicó que con un hacinamiento de un 47% el país se está poniendo en riesgo de ser denunciado ante los organismos internacionales y eso generaría que el país sea catalogado como un país que violenta los derechos de un grupo minoritario de la población.

Con los ¢95.400 millones, se debe atender dentro del programa de privados de libertad a 14.018 personas, de esas cerca de 2 mil son indiciados, en el sistema penal juvenil 197 jóvenes, en semi institucional 3.154 personas y en comunidad los que están a punto de cumplir sentencia 15.550.

“En la partida de alimentación nosotros tenemos que utilizar, lo que se proyecto para el año 2015, ¢9.832 millones, que corresponde al 12% del presupuesto”, comento Ramírez.

Además, afirmó que con el mismo presupuesto se debe sostener a los 3.500 oficiales, uno por cada 14 privados de libertad.

Mientras, que el monto destinado al Vice ministerio de Paz asciende a los ¢902 millones.

Por su parte, el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, comentó que el presupuesto para el 2015, llega a los ¢47.888.000.000.

Explicó que la relación entre remuneraciones y gastos operativos es de 20 -80.

El plan de gastos de Minae se desglosa en actividades centrales ¢36.781.536.596. Tribunal Ambiental Administrativo, ¢855.343.059, Instituto Meteorológico Nacional ¢3.664.005.567, Secretaría Técnica Nacional Ambiental ¢1.794.006.350, Hidrocarburos, Transporte. y Comercialización de combustibles ¢564.120.613. Planificación Energética Nacional ¢130.956.908 y Geología y Minas ¢4.098.030.

Consulta a pueblos indígenas «no se realizó cuando se tenía que hacer»

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

8 de octubre del 2014 – La Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, fue enfática ante los diputados que conforman la Comisión Especial Investigadora de la Región Brunca que la consulta a los pueblos indígenas sobre el proyecto Hidroeléctrico El Diquís, “no se realizó cuando se tenía que hacer”.

A criterio de la jerarca de la Defensoría la consulta a los pueblos indígenas se debió realizar desde el propio diseño del proyecto.

Solano comentó que el Estado es el que está en la obligación de realizar la consulta a los pobladores, debido a que la Ley Indígena establece que las reservas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas. Los no indígenas no pueden alquilar, arrendar, comprar o adquirir terrenos comprendidos dentro de estas reservas.

La construcción de la planta hidroeléctrica se encuentra frenada en parte por falta de la consulta a los pueblos indígenas.

El magistrado Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, comentó que se está realizando un censo indígena para poder viabilizar la consulta a los pueblos indígenas.

Sobrado explico que se ha estado trabajando junto con la Defensoría y Dinadeco para construir una metodología para poder contar con el registro indígena, “que no solo supone la pertenencia a estas etnias sino también la residencia dentro de los territorios indígenas y se ha elaborado toda una metodología que nos permite contar con un instrumento para esta comunidad es algo que está en proceso de construcción”.

Según la página oficial del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, este tendrá “un costo aproximado de los $2100 millones, requerirá para sus obras (embalse, obras y zonas de protección) aproximadamente 7363.506 hectáreas (hasta los 308.65 m.s.n.m.); lo que significa una importante disminución de área requerida, con respecto al PH Boruca (25000 hectáreas aproximadamente)”.

El Diquís reduce significativamente el territorio indígena inundado a cerca de 915.59 hectáreas en las que actualmente no habitan personas de manera permanente.

Se tiene estimado que la Planta Hidroeléctrica genere 3050 GWH.

Diputados rechazan informes de subcomision relacionados al presupuesto

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2014 – Los diputados que integran la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, rechazaron todos los informes del presupuesto Nacional que presentaron las diferentes bancadas y que fueron elaborados en la subcomisión del Presupuesto Nacional de la República para el año 2015.

Los informes que se rechazaron fueron afirmativos de minoría que presentó el diputado Ottón Solís Fallas y Epsy Campbell, que pretendían rebajar alrededor de 315 mil millones de colones del Presupuesto Nacional, así como los que presentaron los diputados del Frente Amplio, los de la Unidad Social Cristiana y los diputados de la Fracción de Liberación Nacional, así como el del diputado Abelino Esquivel de Renovación Costarricense.

El diputado Ottón Solís Fallas hizo una explicación de su informe y señaló que se incluiría si se aprobara dicho informe, un capítulo de normas que vienen a establecer responsabilidades en ministros y en el Presidente de la República en una serie de gastos que hoy en día nadie es responsable, se castigaría la sub ejecución, así como se exigiría programación física y financiera.

“Además habría un impacto serio en el resto del sector público, por cada colón que se gasta en la ley de presupuesto que discutimos, aquí estamos discutiendo el presupuesto de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, de la Defensoría, de la Contraloría, eso es una tercera parte de lo que es el gasto social del sector público incluyendo a las empresas públicas”, dijo Solís.

Por su parte el diputado José Ramirez Aguilar, explicó en su informe que el problema del déficit fiscal no reside solamente en el monto de egresos presupuestados, sino que el factor más determinantes en el problema del déficit reside en el lado de los ingresos, es decir en la reducida carga tributaria que impide al Estado cumplir con los derechos que se le han otorgado a los costarricenses.

Por su parte, Rolando González Ulloa señaló que la propuesta del diputado Ottón Solís Falla está enmarcada en la voluntad que todos tienen de reducir el monto del presupuesto, sin embargo dijo, contienen algunos rubros que no comparte, entre ellos los 20 mil millones de afectación a la Fondo de la Educación Superior (FES), en que su fracción ya había adquirido un compromiso de mantenerse fuera de ese ejercicio.

Así mismo dijo que al rechazarse todos los informes de minoría, podrían haber condiciones para sacar un dictamen afirmativo de mayoría, y en el peor de los escenarios se podría presentar un informe de minoría con otro de mayoría de diputados, lo que podría convertirse en una base para discutir en el Plenario una propuesta que le rebaje al presupuesto como mínimo 200 mil millones de colones.

Luego de que los diputados votaran negativamente todos los informes, empezaron a discutir un primer bloque de mociones de las cuales dejaron para la próxima sesión una de ellas que pretende rebajar considerablemente el monto del presupuesto.

Contralora asegura que el presupuesto 2015 viola el principio de equilibrio

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2014 – El principio de equilibrio se ve violentado en el plan de gastos para el 2015 enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su análisis, a criterio de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga, dado que propone financiar gasto corriente con deuda.

La Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos establece que para efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital.

“En el presupuesto de la República 2015 se están financiando gastos corrientes con crédito interno en un 26 por ciento”, indicó la Contralora y fue enfática en que muchos de “sus salarios y nuestros salarios probablemente se estarán financiando con deuda el año entrante”.

Para el 2015 el presupuesto asciende a ¢7.9 billones, financiado con ¢4.2 billones de ingresos corrientes y ¢3.7 billones de colocación bruta.

Según Acosta, un déficit financiero de un 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto y una deuda que superaría el 40 por ciento, evidencia un creciente desequilibrio fiscal, “que no es sostenible en el mediano plazo”.

Aseguró que en este plan de gastos continúa el incumplimiento del principio presupuestario del equilibrio.

Además, las remuneraciones siguen creciendo por encima de la inflación, por lo que concluye la Contralora que debe revisarse el régimen de empleo público de manera integral y se requieren medidas para racionalizar el gasto y prevenir contingencias derivadas de los regímenes de pensiones.

La Contralora había propuesto días atrás un recorte cercano a los ¢200 mil millones, que a su juicio no afectaría la prestación de servicios, una reducción de un 2,5 por ciento del plan de gastos proyectado para el próximo año.

Sobre este tema indicó ante los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios que en el país existe un alto índice de sub ejecución en muchas partidas que alcanza un 5 por ciento.

Acosta señaló que al realizar el análisis de estas partidas, las que quedan más sub ejecutadas son las de servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.

La Contralora resaltó el incremento en el presupuesto relacionado a gasto social que llega al 12.6 por ciento del Producto Interno Bruto superando lo establecido para el 2014. “Existe una tendencia creciente en la asignación de gasto social, lo cual es una muy buena noticia”.

El monto presupuestado por la Contraloría para el 2015 es ¢21.168.000.000, de los cuales, ¢14.521.125.500, son para fiscalización superior de la hacienda pública y ¢6.646.874.500 para la dirección estratégica y de apoyo.

Movimiento de Agricultura Orgánica apoya moratoria a transgénicos

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2014 – Miguel Castro Blanco, Secretario Ejecutivo del Movimiento de Agricultura Orgánica, manifestó en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, que apoyan el expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados.

El compareciente indicó que este movimiento representa a productores en el ámbito nacional, con más de diez años de existir, lo que significa que la producción orgánica de exportación significa un poco más del 2% del área total sembrada y certificada en nuestro país, o sea unas 8 mil hectáreas.

El giro comercial está cercano a los 20 millones de dólares de exportación por año, y que existen alrededor de 3 mil productores, lo que se calcula que el comercio local anda en unos 2 millones de dólares anuales.

“Nuestro movimiento además de compartir todos los criterios científicos y socioeconómicos expuestos en este proyecto, que identifica muy bien nuestro alcance negativo de la amenaza de la potencial diseminación de organismos vivos modificados artificialmente en nuestro medio agropecuario, deseamos enfatizar sobre los peligros eminentes que competen a la producción orgánica así como la convencional, porque es conveniente que tengamos muy claro que no estamos hablando solo de proteger la agricultura orgánica, sino que estamos tratando de proteger la producción en general, sea orgánica, agroecológica que están viéndose amenazadas”, puntualizó Castro Blanco.

Finalmente señaló que además de los peligros antes mencionados, se refirió a la total prohibición del uso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura orgánica como según dijo, lo estipula la normativa internacional.

“El Ministerio de Agricultura, la Dirección Fitosanitaria del Estado debe de tomar las previsiones del caso para que la producción orgánica ya establecida tenga la seguridad de que no va hacer contaminada eventualmente si hubiera producciones comerciales en el país a futuro que esperamos que no se den”, concluyó.

Demandan al Estado por territorios peninsulares

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2014 – Marco Jiménez, Presidente de la Comisión de Rescate de la Península de Nicoya, manifestó que esa asociación presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una demanda contra el Estado, donde se establece que el decreto del Ex Presidente Alfredo González Flores que da administrativamente los territorios peninsulares a Puntarenas es nulo y absolutamente ilegal.

Jiménez compareció en la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Guanacaste, para exponer propuestas y la demanda para defender lo que llamaron los territorios guanacastecos.

Añadió que hace algún tiempo bajo el expediente 12003638-1027-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo se presentó una demanda contra el Estado, contextualizada esa demanda, en un asunto de pura legalidad, de derecho puro, en el que se ha establecido el criterio de que el decreto de 1915 dictado por el Presiente Alfredo González Flores, es un decreto absolutamente nulo y viciado de toda nulidad.

Así mismo dijo, que en esta interposición hecha a ese tribunal, le solicitó a los diputados, para que antes de que la Asamblea Legislativa pueda conocer un proyecto sobre un plebiscito en la península y en las islas del Golfo, se tenga claridad de que existe una acción ante el tribunal, que en estos momentos está en la Sala Primera la revisión un recurso de casación.

“El fondo del asunto es muy simple, nosotros creemos que la Asamblea Legislativa antes de entrar a conocer cualquier posibilidad de legislación nueva en torno a este tema, debe de tener la oportunidad de estudiar el expediente al cual hacemos alusión, porque se debate ahí un punto eminentemente de legalidad y sobre la cual estamos sustentando la posición de Guanacaste en el sentido de que esos territorios fueron dados en una forma improcedentes, ilegal, absolutamente antijurídica”, puntualizó el compareciente.

Finalmente señaló que más allá de pelear un territorio, con un ánimo eminentemente político electoral, es recuperar lo que históricamente le corresponde a la provincia de Guanacaste, ya que según dijo, lo hace por justicia en un tema que es del interés de todos los guanacastecos y debe ser del interés de los miembros del Congreso.

PROSIC cuestiona proyecto de ley

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

7 de octubre del 2014 – Con una serie de modificaciones al expediente 19112 sobre ley de gobierno y tecnologías digitales, Marcelo Jenkins, Director, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento, de la Universidad de Costa Rica se presentó en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

El Director de Prosic planteó modificar al artículo 8 del proyecto de ley ya que se establece la creación de la Agencia Nacional de Tecnologías Digitales lo cual podría generar un cuello de botella ya que todas las compras públicas de equipos y licencias deben ser aprobadas y tramitadas por este nuevo ente.

Sobre la redacción del artículo 14 el jerarca indicó preocupación ya que se podría poner en peligro la seguridad nacional al establecer que el código fuente que implementa la arquitectura de las tecnologías digitales del Estado es un bien público, de acceso abierto.

Igualmente planteó a los legisladores dudas con la redacción de los artículos 18 y 19 ya que no se establece cómo se va a implementar y cobrar por la asesoría, traslado, implementación, administración, gestión de tecnologías digitales o cualquier otro servicio que preste la Agencia a otras instituciones públicas o a los ciudadanos.

Con relación al artículo 21 indicó se podría estar generando una extraña posición jerárquica al crear la Dirección Nacional de Tecnologías Digitales con rango de Viceministro, igual mencionó dudas con el papel no vinculante del nuevo Consejo Nacional de Tecnologías Digitales.

Finalmente Marcelo Jenkins dejó claro que si bien se necesita una ley que regule y dé personería funcional a la Secretaria Técnica del Gobierno Digital se debe tener mucho cuidado en trasladar todos los proyectos y sistemas que se usan para no perder el trabajo desarrollado, así como estudiar los casos de Chile y Colombia que pueden servir de experiencia para implementar un mejor proyecto.

Caja busca finiquitar financiamiento para nuevo hospital de Cartago

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

7 de octubre del 2014 – La Gerente de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social, Gabriela Murillo explicó a los legisladores que conforman la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Cartago, que se está negociando para que el Banco Mundial financie la construcción del nuevo centro médico, que ya cuenta con el terreno y los estudios de planificación.

Se tiene previsto que el nuevo centro médico tenga 385 camas y sirva también para atender a la población de la zona Sur del país.

“La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobó el portafolio de proyectos y ratificó como prioridad los Hospitales de Cartago y Turrialba”, indicó la Gerente de Infraestructura.

Para la compra del terreno se tomó en cuenta que el mismo no estuviera a más de seis kilómetros de la actual edificación y que no estuviera en la zona de influencia del Río Reventado.

“En conclusión tenemos terreno, tenemos estudios en curso y estamos buscando el financiamiento. Lo que estamos buscando es que estos estudios de planificación puedan quedar terminados este año, y se pueda continuar con el resto del procedimiento de la licitación”, dijo la gerente.

Se espera, además, que el nuevo Hospital de Turrialba, también sea financiado con recursos provenientes del Banco Mundial, ya que se cuenta con el terreno y los estudios de planificación.

Murillo explicó que en el caso del centro médico de Turrialba, este sería multicultural por la población indígena, que requiere una atención especial por razones culturales.

La Gerente de Infraestructura argumentó que el Max Peralta presenta serios problemas estructurales. Este centro médico data de 1845, con el terremoto de 1910 quedó destruido y fue reconstruido por la familia Peralta Jiménez.

Banca para el Desarrollo aprobado en primer debate

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

6 de octubre del 2014 – Con 54 votos a favor, los diputados aprobaron en su trámite de primer debate, el expediente 17502 Reforma a la Ley 8634 Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma a otras leyes, que pretende crear dicho sistema como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables, acorde con el modelo de desarrollo del país.

El plan establece además que el Sistema de Banca para el Desarrollo estará constituido por todos los intermediarios financiero públicos, el Instituto de Fomento Cooperativo, las instituciones públicas prestadoras de servicios no financieros y de desarrollo empresarial y las instituciones u organizaciones estatales y no estatales que canalicen recursos públicos para el financiamiento y la promoción de proyectos productivos.

El diputado Rolando González Ulloa, manifestó que el proyecto permitirá que el sistema de banca para el desarrollo tenga acceso a recursos adicionales en beneficios de los pequeños productores del país, por lo que habrá más de 250 mil millones de colones, a disposición. «Me llena de orgullo que hoy después de seis años podamos darle una respuesta a quienes requieren este tipo de apoyo»

Por su parte Luis Vázquez Castro, mencionó que toda su bancada apoya el proyecto de Banca de Desarrollo pero es importante que este plan sea un mecanismo para financiar proyectos productivos.

«Hoy como Presidente de la Comisión de Turismo, ponemos la mirada en las Mypimes turísticas y banca para el desarrollo es la respuesta para financiar estas empresas, es por eso que hemos presentado un proyecto para dar oxígeno a esta empresas a través de banca para el desarrollo» dijo Vázquez.

El diputado Mario Redondo Poveda, mencionó que el proyecto pretende tender una mano al sector productivo agropecuario y a todo el sector productivo nacional especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa que requiere apoyo para generar empleo.

En este sentido añadió que es necesario articular acciones para que les den la oportunidad a todos los productores del país, tener el apoyo y generar el empleo que el país está necesitando.

Ottón Solis Fallas, manifestó que esta iniciativa obliga a la banca privada que no traslada los recursos a la banca del Estado y opta por el inciso 2) de la reforma al artículo 59 de la ley Orgánica del Banco Central, a prestar a una tasa igual a la tasa Básica Pasiva si es en colones, excepto sí es menor del 6 por ciento, o sea a una tasa que hoy sería al 7.15 por ciento de interés y en dólares a una tasa igual a la tasa libor excepto sí esta bajá del 3%.

«La banca del Estado queda obligada por los fondos que capta, de aquellos bancos privados, que optan por trasladarle los recursos a la banca del Estado y no meterse directamente en banda de desarrollo, a prestar esas mismas tasas» explicó Solís.

Por su parte Gonzalo Ramirez Zamora señaló que es necesario dar acompañamiento a los productores y a los pequeños y medianos empresarios, para darle oportunidades a los que menos tienen y así mejor la competitividad.

«Tenemos que mejorar en Costa Rica la competitividad, en el tema energético, no es un tema político, para que podamos dar un cambio de visión a nuestro país, nosotros nos estamos quedando atrás», dijo Ramírez.

El diputado Ronald Vargas Araya señaló que no quiere que banca para el desarrollo se convierta en una piñata política más, como por ejemplo, algunas ayudas que da el IMAS para hacer favores políticos.

Carmen Quesada Santamaría comentó que hay muchas mujeres que dependen y necesitan del proyecto de banca para el desarrollo y viene a dar solución a muchas de las necesidades que ellas tienen. ”Van a contar con mi voto porque Costa Rica se lo merece, las familias tienen muchas necesidades porque no tienen como acceso a banca para el desarrollo».

El legislador Fabricio Alvarado Muñoz manifestó que todos tienen claro que los agricultores y pequeños empresarios necesitan de este proyecto que les abre las puertas para poder producir, en este sentido dijo que apoya el proyecto y dará su voto positivo.

Ministro de Hacienda anuncia medidas para mejorar situación fiscal

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

2 de octubre del 2014 – El Ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas anunció a los diputados, las medidas que propondrá la actual administración, para mejorar la situación fiscal del país, entre ellas propone un tipo de ajuste fiscal balanceado entre ingresos y gastos, en el contexto de un pacto social, donde los distintos actores tienen distintos papeles que asumir.

El jerarca de esa cartera expreso que el Gobierno se propone mejorar la calidad del gasto, que significa mejorar la eficacia y la eficiencia institucional en aquellos temas de alto interés nacional, lo que significa que se elaborarán presupuestos por resultados, eliminar las filtraciones, mejorar la focalización de los programas sociales y eliminar la pobreza extrema.

A la Asamblea Legislativa le correspondería aprobar leyes que aumenten los ingresos (la carga tributaria está estacionada en el 13% del PIB, mientras los egresos alcanzan el 19% del PIB), además de aprobar leyes que limiten la evasión y elusión fiscal (no hay, en principio, ilícito tributario).

Otras de las medidas que anunció el Ministro de Hacienda, es que en el mes de diciembre de este año, enviara a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Impuesto al Valor Agregado, con dicha reforma dijo el Jerarca, enviarán una señal positiva a los organismos internacionales y a las calificadoras de inversión.

En el primer trimestre del próximo año, se enviará el proyecto de ley de Renta Global, así como se está trabajando en una Ley marco de exoneraciones, para eliminar las dispensas que no se justifican, ordenar las restantes y fijar reglas para la eventual creación de nuevas exenciones.

En su análisis, el Ministro de Hacienda, manifestó que además de la contención del gasto, se implementarán, en los próximos meses varias medidas cuya finalidad es mejorar la calidad del gasto público, principalmente en el área social, entre los que mencionó migrar del presupuesto tradicional al presupuesto por resultados ello pretende una mayor eficiencia a la hora de asignar los recursos.

Así mismo reducir las filtraciones de los programas sociales, para que las ayudas lleguen efectivamente a quienes las requieran, elaborar y presentar un proyecto de ley para que los gastos presupuestados de las instituciones públicas, que tienen superávit presupuestarios puedan ser rebajados del Presupuesto Nacional y financiados por caja única.

Anunció además, que es necesario incluir un artículo en la Constitución Política para que se garantice el derecho a la sostenibilidad fiscal, por ejemplo, que las decisiones de los jueces consideren los efectos en el déficit fiscal (2015).

Finalmente como conclusión, el Ministro de Hacienda, reiteró que la estrategia de Pacto Fiscal y Sostenibilidad Fiscal, la Asamblea Legislativa tiene un papel vital, pues según dijo, depende de los legisladores, para que los proyectos puedan convertirse en leyes de la República.

«Las puertas del Ministerio de Hacienda están abiertas para ustedes, para generar un diálogo abierto que enriquezca las propuestas. La situación fiscal del país requiere acciones pronto, de lo contrario enfrentáremos consecuencias graves que golpearán a todos los sectores económicos, principalmente a aquellos más vulnerables» concluyó el jerarca.