Autor: Editor

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de octubre del 2014 – Consultas sobre cómo se manejan los fideicomisos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quiénes conforman las unidades ejecutoras y quiénes son los responsables de los proyectos, fueron la tónica en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Los diputados cuestionaron que una empresa conformada por ex funcionarios de la institución fueran contratados para supervisar proyectos hidroeléctricos cuando ya habían participado en el diseño de las obras.

La congresista del Partido Acción Ciudadana, Epsy Campbell Barr criticó de manera vehemente que los ex funcionarios del ICE, “pasan de lo público a lo privado y los contrata, ellos aprueban la modalidad del fideicomiso, definen los términos y luego son oferentes y son contratados”.

El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón explicó que el personal que salió del Instituto, “salió a trabajar con el Banco Nacional para desarrollar el proyecto de fideicomiso, no veo ningún conflicto de intereses, nunca hemos visto conflicto de intereses, el que ese grupo tomase la decisión de conformar una empresa después de renunciar al ICE, ya no es competencia del ICE”.

Obregón fue claro en que los procesos de fideicomiso se iniciaron en 1994, como una forma de financiar obras de gran envergadura dentro del Instituto.

Los diputados cuestionaron la conformación de la unidad ejecutora en los proyectos como Peñas Blancas y Garabito.

El diputado de Frente Amplio, Jorge Arguedas Mora señaló que existen informes de inconsistencias en los procesos de contratación de la unidad ejecutora. Datos de la auditoria presentados por Arguedas revelan que “esta auditoría no tiene evidencia de que se realizara un procedimiento de contratación mediante concurso para que más empresas participaran ofreciendo sus servicios como unidad ejecutora del fideicomiso”.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de octubre del 2014 – Max Lobo Hernández, Director del Instituto Geográfico Nacional y el Presidente de la Federación de Colegios Profesionales, Marino Ramírez Carranza asistieron a la Comisión Permanente Especial de Ambiente para referirse al expediente 18855 que busca la creación del Colegio de Profesionales en Geografía.

Lobo Hernández resaltó la importancia de los profesionales en el trabajo de ordenamiento territorial y señalo que desde 1976 se han egresado de la Universidad de Costa Rica cerca de 9000 profesionales.

Por su parte Marino Ramírez Carranza señaló que si bien no se oponen a la creación de nuevo colegio, indicó que se debe tener claridad sobre la cantidad de profesionales que se gradúan de esa carrera para ver la conveniencia de tener una nueva institución.

Dentro de las modificaciones planteadas por el Presidente de la Federación de Colegios Profesionales está que la Fiscalía sea un órgano aparte con independencia, que se limiten las funciones y competencias del Tribunal de Ética.

Igualmente que se establezca un plazo para la entrada en vigencia de los reglamentos respectivos y se incluyan transitorios que permitan a los 210 geógrafos que están incorporados al Colegio de Licenciados y Profesores continuar siendo parte de ese gremio.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de octubre del 2014 – Marvin Víquez Brenes, Gerente de la Red Eco turística Nacional, manifestó que es necesario impulsar una nueva ley para fortalecer al turismo rural comunitario, con el propósito de que sea más inclusiva, e incorpore a otros sectores de la economía social del país.

Viquez, compareció en la Comisión Permanente Especial de Turismo, quien se refirió al proyecto de ley expediente 18162 Ley para la Promoción del Turismo Rural.

La ley que se aprobó en el año 2009 establece un esquema del modelo facultativo, que implica darle a las instituciones las condiciones para apoyar al turismo rural comunitario, que en la práctica no los incluye en sus planes.

En este mismo sentido dijo que es necesario trasladar de una facultad a un mandato a las instituciones, ya que si existen instituciones del Estado que cuentan con una red bastante fuerte, hecha para generar desarrollo, para apoyar a las pymes, bases sociales y a todo el sector empresarial.

“El otro elemento fundamental que se valoró, es que esa ley no es inclusiva, la ley se estructuró en el 2009 bajo un modelo de turismo rural comunitario que se basaba en la autogestión del trabajo, había dos tipos de organizaciones autogestionarias que eran las cooperativas de autogestionarias, y solo estas están incluidas en la ley”, comentó.

Finalmente señaló que lo que se busca en una nueva propuesta es que la ley sea inclusiva, lo que implica es que se considere o se incluya a las micros empresas, empresas familiares, asociaciones de desarrollo, cooperativas de producción, entre otras.

“Que es lo que proponemos que se amplié el marco de acción a todo el sector de la economía social y organizaciones de la economía social, sin fines de lucro, Pero también a los micros ya que hay unas que trabajan independientemente y hay micros que trabajan en cámaras”, concluyó el compareciente.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de octubre del 2014 – Francisco Segura, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), manifestó que el proyecto de ley de Reforma total a la Ley Orgánica del OIJ, permitiría que ese cuerpo judicial cuente con una academia de policía, imprescindible para los policías judiciales.

El jerarca de esa dependencia, compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, para que se refiriera a la iniciativa, que actualmente se encuentra en discusión en esta instancia legislativa.

“Es imprescindible para cualquier policía en cualquier lugar del mundo una academia policial. La policía judicial en estos momentos con sus 41 años depende de la escuela judicial, que lo que hace es capacitar jueces, todas las oficinas del Poder Judicial tienen una unidad de capacitación, el Ministerio Publico tienen una unidad de capacitación”, dijo el Director del OIJ.

Segura dijo además que la reforma es muy importante, ya que la ley actual tienen 41 años de existencia y hasta el momento no se le han hecho cambios importantes desde que se inició el proceso para la creación del OIJ hace 43 años.

Así mismos señaló que ese cuerpo policial ha venido creciendo poco a poco, en los años 70 cuando se creó el OIJ eran 40 funcionarios, hoy en día ese cuerpo tiene 3 mil personas.

“La parte de investigación criminal tiene alrededor de 1800 personas y hay que considerar también toda la parte científica, medicina legal y departamento de ciencias forenses, más la parte administrativa. Por ello es importante tomar en consideración el proyecto que nosotros presentamos porque trae reformas a la organización e ideas avanzadas, además en el mismo proyecto trae una parte del financiamiento”, puntualizó.

Finalmente indicó que con el proyecto se pretende crear dos departamentos más, la oficina de planes y operaciones que maneja integralmente todos los equipos especiales de la policía, llámese la Unidad de Vigilancia, las de inteligencia y la unidad de choque, ya que solo en esa oficina albergan alrededor de 300 personas.

“La estructura administrativa no da para tenerlo pero de esa manera estamos trabajando, crear un departamento administrativo propio de la policía y continuar con los departamentos que se tienen, que es ciencias forense, medicina legal».

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de octubre del 2014 – Los legisladores que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales dictaminaron de manera unánime el expediente 18383, aprobación de la adhesión al convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Esta iniciativa pretende a través de cartas rogatorias y por funcionarios diplomáticos o consulares y por comisarios, lograr la obtención de este tipo de documentos.

El proyecto establece que en materia civil o comercial, la autoridad judicial de un Estado Contratante podrá, conforme a las disposiciones de su legislación, solicitar a una autoridad competente de otro Estado Contratante, mediante una Carta Rogatoria, obtener pruebas, así como realizar alguna otra actuación judicial.

Se establece que no deberá usarse una Carta Rogatoria para obtener pruebas que no se vaya a utilizar en un proceso judicial, ya iniciado o futuro.

El presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Guillermo Rivas explicó ante los diputados que el proyecto permite la colaboración directa entre los Poderes Judiciales, “ya obvia el paso por las cancillerías, por el Poder Ejecutivo y establece esta colaboración directamente los Poderes Judiciales”.

El artículo 2 del proyecto señala que “cada Estado Contratante nombrará a una Autoridad Central, que estará encargada de recibir las Cartas Rogatorias expedidas por una autoridad judicial de otro Estado Contratante y de remitirlas a la autoridad competente para su ejecución. La Autoridad Central estará organizada conforme a su propia ley”.

Por su parte, el magistrado Jorge López mostró sus dudas en relación con el artículo 4 de la iniciativa, que plantea que “una Carta Rogatoria debe estar redactada en el idioma de la autoridad requerida o ir acompañada de una traducción a ese idioma.

Sin embargo, cada Estado Contratante deberá aceptar una Carta Rogatoria redactada en inglés o en francés, o que vaya acompañada de una traducción a uno de esos idiomas, a menos que hubiere formulado la reserva autorizada en el Artículo 33”.

López indicó que es conveniente hacer reserva en cuanto al tema del idioma y que ya varios países han planteado esta posibilidad.

El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja consideró que el convenio es necesario, pero señaló su preocupación por el artículo 4. “Nos hubiese gustado que de alguna manera se exigirá o se rectificara esta situación, por un asunto de dignidad nacional, por un asunto de soberanía de respeto a nuestro idioma oficial”.

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