Informático de la UCR propone políticas de uso de Internet

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

17 de julio del 2014 – Alonso Castro Matei, Director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, propuso en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, aplicar políticas de uso de Internet y desechar el cobro por descargas de datos móviles.

Castro Matei se refirió al cobro de descarga de datos móviles en Internet para las líneas pospago, como lo está proponiendo la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

En su comparecencia explicó que en la actualidad no existen datos actualizados de cuanto es el consumo de datos móviles de los costarricenses, por lo que antes de empezar a cobrarles a todos como lo está proponiendo la SUTEL, se debe pensar en políticas que permitan bajar la velocidad a las personas que tengan un alto consumo pero con datos actualizados.

“En el tema de red móviles y cobro por descargas y lo que he encontrado diferentes foros, es que existe gran cantidad de desinformación que ha provocado, desde mi punto de vista la misma SUTEL y la ciudadanía, ni la mayoría de las personas entienden exactamente qué es lo que quieren implantar y cuál podría ser una mejor manera de lo que están proponiendo”, explicó.

En este mismo sentido añadió que lo primero que debe hacerse antes de tomar una decisión, para cobro por descarga móvil por consumo mensual, es saber cuánto es el consumo promedio.

“Esa es la base sobre la cual deberíamos de tomar decisiones, estadísticas que indiquen cuanto se está consumiendo, SUTEL solo se ha referido a los dos extremos, uno de ellos que es la mayoría de los usuarios con datos del 2012 e indican que el promedio de consumo es aproximadamente 500 megabytes y eso es justamente la base que ellos proponen como tarifa plana, a partir de ahí empezarían a cobrar por exceso”, comentó.

Sin embargo señaló que SUTEL no ha dicho cual es el segmento de mercado, como por ejemplo que es consumidor bajo y consumidor alto, ni tampoco han explicado que es lo que esos usuarios están haciendo para consumidor esos datos.

“Que pasa con los consumidores que están en el medio que consumen dos o tres gigas inclusive hasta diez gigas, que no podríamos decir en tiempos de tecnologías como el que vivimos en estos momentos, que eso es exceso de consumo, que es lo que han querido decir, cualquiera que consume más del promedio está abusando y eso no es necesariamente cierto”, explicó.

Finalmente propuso que además de proponer políticas justas de consumo se debe trabajar en el tema de acceso dedicado de fibra óptica, pensar en paquetes de uso personalizado para aquellos usuarios que tienen alto consumo y no cóbrales a todos como lo propone la SUTEL.

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SUTEL a favor de proyecto que le daría mayores competencias

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

16 de julio del 2014 – Gilberth Camacho Mora, Representante de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), se pronunció en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, a favor del expediente 18901 Ley que otorga competencias a SUTEL para administrar, fiscalizar, cobrar e imponer sanciones administrativas sobre el canon de reserva del espectro radioeléctrico y la contribución parafiscal.

Camacho señaló los beneficios que se lograrían si se aprueban el plan, pues habría mejor control sobre los montos de las obligaciones, pagos e ingresos de los recursos, esto porque ya la SUTEL tiene un control muy bueno para el otro canon de regulación, con el cual se financia la entidad de telecomunicaciones.

“SUTEL está de acuerdo con el proyecto, fuimos consultados por el Ministerio de Hacienda, entendemos las dificultades que ellos tienen y nosotros tenemos la total capacidad para hacernos cargos de la administración del cobro de los dos canon, ya nosotros nos encargamos totalmente del canon de regulación y tenemos una amplia experiencia y una eficacia de cobro de casi el 100 por ciento”, dijo el representante de la SUTEL.

En este mismo sentido añadió además que ya cuentan con una base de datos y saben quién es quién en el sector de telecomunicaciones, para lo cual la tasa de cumplimiento de los operadores con el canon de regulación que es casi el 100%.

“Tendríamos mayor control de la recaudación, de los ingresos y la gestión de cobro de los tributos de canon y espectro y de la contribución especial parafiscal. Se le podría asignar mayores recursos a la recaudación o cobro”, comentó.

Finalmente recomendó a los diputados un transitorio, es necesario e indicar que los procedimientos de gestión de cobro en curso a la entrada en vigencia de la ley, continuarían tramitándose de acuerdo con la normativa aplicable al momento de su inicio.

La iniciativa otorgar competencias a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para administrar, fiscalizar, cobrar e imponer sanciones administrativas sobre sus fuentes de financiamiento.

La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) N.° 8642, publicada en La Gaceta N. º 125, de 30 de junio de 2008, le autoriza a SUTEL tres fuentes de financiamiento, a saber:

  • Canon de regulación
  • Canon de reserva de espectro radioeléctrico
  • Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL.

A cada uno de estos instrumentos el legislador le definió: destino y objetivos específicos, también le diferenció la forma de cálculo, la fecha de cobro y hasta le fijó autoridades de administración distintas.

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Costa Rica sería un país multiétnico y pluricultural

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

15 de julio del 2015 – Los diputados iniciaron la discusión para la admisibilidad de la reforma constitucional que establece el expediente 17150, Reforma Constitucional del Artículo 1 para establecer el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.

Con la reforma el artículo 1 de la Constitución se leería de la siguiente manera: “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.»

Para que la reforma sea una realidad, pasada la admisibilidad, se conformará una comisión especial que analizará y rendirá un dictamen sobre el proyecto en un plazo de de hasta veinte días hábiles.

Rendido el dictamen por la comisión, éste debe ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto, y para su aprobación requiere la votación de los dos tercios del total de la Asamblea.

Una vez aprobado el dictamen, este será firmado por los miembros del Directorio y pasado al Poder Ejecutivo para que éste lo envíe a la Asamblea con el mensaje presidencial, al iniciarse la próxima legislatura.

El artículo 184, del Reglamento de la Asamblea Legislativa explica que el Congreso, en las primeras sesiones de la siguiente legislatura, deberá discutir de nuevo el dictamen en tres debates, cada uno en día distinto, no pudiendo en el primer debate de esta segunda legislatura conocerse de mociones de fondo. Si fuere aprobado por dos tercios de votos del total de los diputados, entrará a formar parte de la Constitución Política, lo que se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia.

Según proyecto de ley, con la modificación de la Carta Magna, se enmienda un error histórico que ha invisibilizado el aporte de los diferentes grupos que conforman el país.

La iniciativa expone que el principio de no discriminación y el principio positivo de reconocimiento a todos los grupos humanos, están presentes en múltiples acuerdos y declaraciones internacionales especializadas como la Declaración y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación.

“En Costa Rica los instrumentos internacionales de derechos humanos poseen una jerarquía normativa de rango constitucional e incluso, en la medida en que se otorguen mayores derechos o garantías a las personas, privan sobre la Constitución Política. En consecuencia, cualquier disposición legal que contraríe la normativa internacional relativa a los derechos humanos devendría inconstitucional y, sería inaplicable”, señala la iniciativa.

Gerardo Vargas Varela, jefe de fracción del Frente Amplio dijo que todas las poblaciones deben contar con los mismos derechos y los mismos deberes “no se vale que esta sea una sociedad donde los blancos tengan unos derechos y los indígenas y los negros tengan otros”.

Por su parte, el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth indicó que espera que rápido se pueda conformar una comisión para analizar el tema y que se pueda votar la iniciativa en el Plenario Legislativo.

Mario Redondo Poveda, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, dijo que le parece importante dejar en la Constitución el carácter multiétnico del país.

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Aprueban nuevo texto sustitutivo a fertilización in vitro

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

15 de julio del 2015 – Un nuevo texto sustitutivo propuesto en la moción al proyecto de fertilización in vitro fue aprobado por los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

Al proyecto de fertilización in vitro le presentaron mociones las cuales están siendo analizadas por los legisladores.

La diputada de Liberación Nacional Karla Prendas Matarrita señaló que este texto es menos conservador pues hay una apertura en varios aspectos entre ellos el estado civil de los solicitantes y aumenta a seis el número de embriones a ser implantados.

Agregó que este proyecto tiene algunas variables más, algunos están de acuerdo y otros no y se está tratando de unir todo lo expuesto y poder tener un proyecto lo mas consensuado posible explicó Prendas Matarrita.

Por su parte el diputado Mario Redondo Poveda de la fracción de Alianza Demócrata Cristiana, quien voto negativamente la moción de texto sustitutivo, señalo que es una atrocidad que en el proyecto se contemple el proceso de desechar los embriones, al consignarse en el expediente que hay embriones humanos no viales, los cuales deben ser desechados.

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Rector justifica préstamo de funcionarios al gobierno

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

15 de julio del 2015 – El Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen Pennington, justificó en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, el préstamo de funcionarios al Gobierno, mediante convenios establecidos, según lo establece la Procuraduría General de la República.

El Rector compareció en conjunto con el Contralor de esa dependencia, Glenn Sittenfeld Johanning quienes fueron consultados sobre temas de vigilancia de uso de dineros públicos y de otros asuntos relativos a la hacienda pública.

Jensen señaló que existe una cantidad importante de funcionarios de la UCR, que están realizando labores en el Poder Ejecutivo y para que esto sea posible tiene que cumplirse con una serie de condiciones, que están cumplidas en todos los casos que conocen, con el respectivo registro.

En este mismo sentido comentó que uno de esas condiciones y la más importante para comprender el caso de un ministro y una viceministra es la firma de un convenio y así lo ha dicho la Procuraduría General de la República.

“El traslado debe vincularse con un programa o proyecto conjunto para el desarrollo de actividades compatibles con el cometido, competencias y fines de ambas entidades. En los casos del Ministro de Agricultura, y la Viceministra de Educación, la Universidad de Costa Rica, en el ejercicio de su autonomía, considera que se cumple efectivamente estas condiciones”, señaló el Rector de la UCR.

“En el caso del Ministerio de Educación Pública, la Universidad de Costa Rica viene desarrollando desde el año pasado un proyecto de democratización del acceso a la educación superior, proyecto que llamamos más equidad”, puntualizó.

“Tenemos áreas y poblaciones muy infra privilegiadas que no han logrado tener acceso a la educación superior, estamos trabajando con comunidades en la Península de Nicoya, en la zona de Sarapiquí en un proyecto muy ambicioso que tiene como objetivo aumentar la probabilidad de ingreso a la educación superior de estos jóvenes”, finalizó.

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Diputados aprueban agenda de temas municipales

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

14 de julio del 2014 – Los legisladores aprobaron en Primer Debate una serie de proyectos vinculados con temas municipales que van desde autorizaciones de donaciones de terrenos hasta modificaciones al Código Municipal.

Dentro de los proyectos aprobados está el expediente 18083, Modificación del artículo 171 del Código Municipal, Ley N.º 7794, de 30 de abril de 1998.

La iniciativa pretende que las municipalidades, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, las instituciones públicas y las organizaciones comunales quedan autorizadas para ceder la administración de sus instalaciones deportivas y recreativas a los Comités Cantonales de Deportes.

Además, se aprobó el expediente 18190 Autorización a la Municipalidad del cantón de San Rafael de Heredia para que desafecta y done un terreno de su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral de Jardines Universitarios número dos de San Rafael de Heredia y el expediente 17762, Autorización a la Municipalidad de Cartago para que desafecte una porción de un inmueble de su propiedad y done esa porción de terreno a la Asociación Cartaginesa Pro Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Max Peralta.

El expediente 18078, Desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Alajuelita y a desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Alajuelita y autorización para que lo done a la Asociación Cruz Roja Costarricense (anteriormente denominado): Autorización a la Municipalidad de Alajuelita para que done un lote de su propiedad a la Asociación Cruz Roja Costarricense.

El expediente 18471, Autorización a la Municipalidad del Cantón de León Cortés de San José para que done un terreno de su propiedad a la Asociación administradora del acueducto y alcantarillado rural de la comunidad de San Isidro de León Cortés.

Se espera que los proyectos sean votados en Segundo Debate el próximo jueves.

El diputado del Partido Unidad Social Cristian, William Alvarado Bogantes resaltó la importancia que tiene para los gobiernos locales la aprobación de este tipo de iniciativas.

Los legisladores, también votaron, el proyecto 18698, desafectación de un inmueble propiedad de la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia y autorización para que esta lo done a la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro de Barva de Heredia. Y el expediente 18675, autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que segregue y done un lote de su propiedad a la Asociación de Desarrollo de Barrio Las Américas.

El expediente 18828, autorización a la Municipalidad de Barva para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Asociación pro-atención integral de la tercera edad de Barva. Además, del expediente 18942, autorización a la Municipalidad de Desamparados a segregar y donar un terreno de su propiedad al Ministerio de Educación Pública.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora Jiménez dijo que se le daría Segundo Debate a estos expedientes el próximo martes 22 de julio.

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Crean comisión que analizará caso de magistrado de Sala Primera

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – Antonio Álvarez Desanti de Liberación Nacional, Edgardo Araya Sibaja del Frente Amplio y la legisladora del Movimiento Libertario, Carmen Quesada Santamaría, conformarán una comisión investigadora que en un plazo de cinco días deberá rendir un informe al Plenario sobre la eventual destitución del Magistrado de la Sala Primera, Óscar González.

Los legisladores fueron electos mediante voto secreto por papeleta donde cada diputado debía anotar el nombre y los apellidos del congresista que ocuparía el puesto en la comisión. El presidente de la Asamblea, Henry Mora Jiménez, leyó los nombres de los propuestos.

En setiembre del año anterior, la Fiscalía acusó a González de seis delitos de violación y uno de tentativa de violación contra una mujer que era su subalterna

La sesión del Plenario donde se tome la decisión de destituir o no a González será declarada como secreta.

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Ocupación hotelera bajó casi a la mitad en Puntarenas

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – El 99 por ciento de los turistas que visitan Puntarenas prefieren ir y regresar a sus viviendas el mismo día gracias a las ventajas que ofrece la ruta 27 para trasladarse desde el Valle Central lo que ha generado una baja en la ocupación hotelera del cantón central de la provincia del Pacífico.

El presidente de la Cámara de Turismo de Puntarenas, Miguel Ángel Rennan, explicó que en el 2010 la ocupación hotelera alcanzó el 80,42 por ciento, en el mes de enero, mientras que en el 2014 llegó a un 69 por ciento de ocupación.

Mientras que el número de personas que entraron y salieron del cantón central de Puntarenas el mismo día se ha mantenido cercano a los 180 mil turistas.

Rennan explicó que en el mes de mayo recibieron 72 cruceros con poco más de 118 mil visitantes.

El Presidente de la Cámara de Turismo señaló ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Turismo que Puntarenas requiere una serie de proyectos para poder contar con una mayor atracción de turistas dentro de los que están una mayor capacitación técnica y vocacional en los Colegios y un mayor fortalecimiento del Instituto Nacional de Aprendizaje para tener un mejor capital humano.

Además, argumento que es fundamental que se pueda iniciar la construcción de un alcantarillado sanitario para tratar las aguas negras del cantón así como la puesta en ejecución de zonas francas para la generación de empleo en la provincia.

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MINAET no avala reforma a la Ley Orgánica del Ambiente

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – “A los recursos naturales de un país no se les puede llamar capital ya que no son mercancía”, señaló el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta, ante los miembros de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

El jerarca gubernamental fue citado para exponer su criterio del expediente 18.996 que busca establecer la valoración del capital natural e integración de la contabilidad verde en la planificación para el desarrollo.

El proyecto pretende adicionar un nuevo artículo 17 bis a la Ley Orgánica del Ambiente que introduce nuevas variables a la hora de evaluar el impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de los beneficios eco sistémicos y una estimación o impacto económico del porcentaje sobre el PIB como requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos, siendo que el costo correrá por cuenta de cada desarrollador.

Con la reforma se podría empezar a medir los activos naturales (agua, suelos, bosques, ecosistemas) que generan numerosos beneficios ambientales, económicos y sociales.

“Los recursos naturales de un país nos pertenecen a todos y cada uno le da un valor distinto y por eso no acepto hablar de capital natural”, sentenció Gutiérrez Espeleta.

Indicó que lo que se ha establecido por años en el tema de desarrollo sostenible es el bienestar de todos los seres humanos y no es el crecimiento económico por lo que no puede apoyar el nombre de la modificación propuesta.

El ministro de Ambiente mencionó que es importante la idea de la integración de la contabilidad verde en la planificación para el desarrollo ya que tiene como fin que las cuentas naturales sean más sensibles en el tema ambiental.

Dejó ver que la propuesta tiene una buena intención debido a que pretende que los proyectos que se le presenten a la Secretaria Técnica Ambiental (SETENA) puedan reconocer sus contribuciones al PIB, pero en la actualidad el país no cuenta con la capacidad para realizar esas labores, además no se cuenta con la metodología de evaluación de los impactos ambientales, ni con el recurso humano necesario para hacer frente a la nueva demanda.

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Consumidores plantean dudas sobre cobro de Internet por descarga

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – Erick Ulate Quesada, Presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, planteó en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público varias dudas por el proceso del cobro de Internet por descarga que se pretende aplicar a los usuarios de telefonía pos pago.

Ulate compareció en conjunto con Carlos Raúl Gutiérrez, Expresidente Superintendencia de Telecomunicaciones, y Jaime Palermo Quesada, Director de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quienes se refirieron al tema.

El representante de los consumidores señaló que el cobro de Internet por descarga efectivamente se inicia en el año 2012 por medio de un estudio general del mercado sin disgregar entre prepago y pos pago que solamente se aplica al prepago.

“Eso era una situación que nosotros como asociación se lo advertimos a la SUTEL, en el proceso del año 2012 y aún así, a pesar de partir de una falacia, que es utilizar un estudio de todo el mercado, para aplicárselo solo a una parte”, comentó.

Sin embargo Ulate consideró que debe primar la transparencia con los usuarios ya que por eso existen las audiencias públicas en lo que en buena medida debe justificar una medida o la otra. Dejó claro que existen muchas dudas sobre este proceso que no están incluidas en el expediente.

“Se está partiendo de la falacia de toda una parte, es decir se está justificando el cambio de modelo para el pos pago porque un 5% de los usuarios del pos pago utilizan el 45% de la red de manera supuestamente abusiva o intensiva, la pregunta es por qué no hay políticas de segmentación del mercado dirigidas al 5%, y sin embargo se utiliza ese 5% para justificar que al 100% de los usuarios del pos pago se le aplique este tipo de cobro”, cuestionó Ulate.

Por su parte Carlos Raúl Gutiérrez, Expresidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones, señaló que en el año 2008 se entró en un régimen de regulación de competencia con la aspiración de salir del régimen de regulación de tarifas lo cual tiene cinco años de estar funcionando.

Así mismo dijo que desde el año 2006 y a solicitud del ICE, la descarga de datos se reguló con base en un precio por velocidad por bit por segundo cuando dicha institución introdujo el sistema 3G al mercado.

“Hay tres puntos y preguntas que son vitales para analizar ese problema, el primero es que si efectivamente hay congestión en las redes móviles y ya se está cuestionando el asunto del espectro. Lo que sucede es que cada día utilizamos más las redes para bajar más y más contenidos, videos, clases, cursos universitarios gratis, y es cierto que el tráfico de datos crece enormemente, se duplica fácilmente cada año”, expresó.

En este mismo sentido puntualizó que para evitar esa congestión lo más fácil es dar más espectro a los operadores ya que “la SUTEL realizó el año pasado un estudio que dijo que cada operador debería tener por lo menos 120 megahercios, hay mucho espectro que no se solicitó ni se usa”.

Finalmente Jaime Palermo Quesada, Director de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), comentó que el tema de la aplicación del modelo de tarifas por descarga de datos por Internet es de larga data, ya que explicó que la Internet es un servicio gratuito, sin embargo lo que no es gratis son los medios que se utilizan para poder llevar este producto a todos los habitantes del país.

“Para poder llevar el servicio de Internet, hay que hacer inversiones importantes en cables submarinos para transporte, tengo que hacer inversiones en las centrales telefónicas, en la instalación de radio base y este es el medio por el cual se lleva el servicio para que la gente pueda hacer descarga de datos de Internet”, señaló.

Finalmente dijo que como empresa hay que hacer el mejor uso de los recursos financieros, y los ingresos del ICE van para abajo, no están creciendo y solo se está recuperando costo de capital.

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