Autor: Editor

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – Según el Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora Delgado, el que se obligue al Ministerio de Comercio Exterior a informar ampliamente sobre los contenidos específicos de las propuestas de acuerdo presentadas en el marco de las negociaciones de tratados comerciales internacionales, pondría una serie de restricciones que afectarían los procesos de negociación.

El jerarca de COMEX expuso su negativa al expediente 17948, Reforma de la Ley N. º 8056, de 21 de diciembre de 2000, para Garantizar la Transparencia y el Derecho a la Información de la ciudadanía costarricense en las Negociaciones Comerciales Internacionales, ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales.

Según el texto del proyecto de ley, se establece el deber del Gobierno de establecer cuartos de lectura en todas las provincias del país a fin de que los ciudadanos puedan informarse oportunamente, con claridad y transparencia sobre los contenidos de las propuestas que quienes negocian en su nombre han presentado ante las otras partes.

El Ministro dijo que el proyecto sería una limitación al momento de negociar los acuerdos comerciales.

La iniciativa establece que “una vez concluido el proceso de negociación y con al menos tres meses de antelación a la firma de un tratado de libre comercio, el Poder Ejecutivo deberá poner en conocimiento de la ciudadanía el texto completo del acuerdo negociado”.

El Ministro destacó que en las discusiones de los acuerdos comerciales cuando se presenta el texto inicial este “típicamente no reflejan lo que finalmente se puede lograr y tampoco reflejan lo que es la verdadera voluntad de las partes”, e indicó que los textos cambian cada vez que hay reuniones y sería muy caro publicarlos cada vez que se modifiquen.

Además, el jerarca de COMEX explicó a los legisladores la importancia que tiene para el Gobierno el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Costa Rica inició el proceso de acercamiento con la OCDE en el año 2010 con la finalidad de poder ser parte del organismo. A partir del 2013, la OCDE emite un acuerdo en el que se plantea iniciar el proceso de preparación para una eventual candidatura del país.

Según Mora, al país le cuesta 2,5 millones de dólares por año las labores para ingresar a la OCDE porque Costa Rica paga por los estudios y por la cantidad de comités en los que participa.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de julio del 2014 – El Director General de la Fuerza Pública, Coronel Juan José Andrade, manifestó que es necesario fortalecer y robustecer la Dirección de Servicio de Seguridad Privada del Ministerio, para que ésta pueda cumplir su labor de fiscalizar el servicio de seguridad privada en el país.

Andrade compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para que externara su posición con respecto al proyecto expediente 17939 Reforma Integral de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, que actualmente se discute en esta instancia legislativa.

“El tema presupuestario es porque ciertamente la dirección hay que ajustarla, robustecerla y fortalecerla, la Dirección de Servicio de Seguridad Privada de un país que maneja 25 mil agentes de seguridad privada, tan pequeño como Costa Rica, que maneja 1500 empresas de seguridad privada, amerita mucho más de 19 plazas administrativas, necesita establecerse a través de una estructura mucho más robusta que permita que la información operativisada de la policía”, dijo el compareciente.

Así mismo señaló que es necesario que las más de 1500 empresas de seguridad privada que existen en el país, asuman los costos, ya que si lucran con la seguridad, entonces que también se hagan cargo de los costos que generan el control de ese servicio que brindan, ya que según Andrade destinan más de 800 millones de colones solo para confeccionar las identificaciones de los agentes privados.

“Yo planteo con mucho respeto en esta comisión mi visión de que para poder fortalecer esa dirección del tamaño que realmente requiere el control que todos necesitamos a nivel país por nuestra propia seguridad me parece que tiene que buscársele de alguna manera, como que el mismo que está lucrando pues se encargue de garantizar ese servicio”, comentó.

El jerarca de esa cartera informó además que según un informe de la Contraloría General de la República, existe deficiencias en los controles donde no se aplica la ley y en ese sentido, el Ministerio de Seguridad se encuentra en la fase de enlistar a las empresas que actualmente existen así como actualizar las bases de datos de los 25 mil agentes de seguridad privada.

“Hay según la Contraloría, carencias de controles que no se aplica la ley, las bases de información estaban totalmente desactualizadas, a partir de ahí se crea lo que se conoce como Control Pass, que es un sistema informático que busca ordenar la casa, generando una primera etapa, que es en lo que estamos y se inició en este año, lo que busca es enlistar y a ordenar las más de 1500 empresas de seguridad que hay y empezar a identificar uno por uno los 25 mil miembros de seguridad privada que hay y que hoy brindan el servicio al país”, puntualizó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de julio del 2014 – Los miembros de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos aprobaron la metodología que abre el período para recibir los atestados de las personas que quieran postularse al cargo de Defensor de los Habitantes, luego de la renuncia de Ofelia Taitelbaum quien dejó el puesto ante cuestionamientos por supuesta suplantación de identidad en una serie de sociedades anónimas y el presunto delito de evasión fiscal.

Los interesados deben cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Defensor de los Habitantes de la República que establece que “podrá ser nombrado Defensor de los Habitantes de la República, el costarricense que se encuentre en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que sea mayor de 30 años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocido”.

El presidente del foro legislativo, el congresista Ottón Solís Fallas del Partido Acción Ciudadana, explicó que se aplicará una metodología rigurosa.

La metodología señala que dentro de los diez días hábiles posteriores a la segunda publicación realizada por la Asamblea Legislativa en un periódico de circulación nacional, los postulantes deberán entregar en la Secretaría de la Comisión, original impreso y en digital, una serie de documentos como el currículum vitae, una exposición escrita relacionada con los objetivos que pretende alcanzar si resultada electo como Defensor de los Habitantes y su concepción sobre cuál es la función que debería ejercer la Defensoría de los Habitantes.

Entre otros documentos está una certificación de la Contraloría General de la República sobre si existe o no alguna sanción o procedimiento administrativo en contra del interesado, certificación del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), y de la Caja Costarricense de Seguro Social en la que se indique que se encuentra al día en el pago de sus impuestos y cargas sociales.

Los postulantes también deberán presentar una hoja de delincuencia.

Según el trámite aprobado, finalizado el plazo para entrega de documentos se consolidará la lista de postulantes previa revisión de la documentación solicitada la cual será publicada en la página de la Asamblea Legislativa y en dos diarios de circulación nacional. Se establece que dentro de los cinco siguientes a la última publicación se remitirán a la Comisión “quejas, observaciones, denuncias o comentarios sobre los postulantes, lo cual podrán hacer por cualquier medio”.

Los postulantes luego serán recibidos en audiencia oral.

Después de realizadas las audiencias, la Comisión Permanente Especial de Nombramientos emitirá un informe al Plenario.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de julio del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminaron el expediente 19075, Aprobación de los Contratos de Préstamo N° 3071/OC-CR Y N° 3072/CH-CR, Suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT).

La iniciativa pretende mejorar la infraestructura vial y portuaria de país.

Según el proyecto, el costo del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) es de 450 millones de dólares y de estos, 400 millones serán financiados por el capital del Banco Interamericano de Desarrollo y 50 millones con recursos del Fondo de Co–financiamiento Chino (FCC) para América Latina y el Caribe, administrado por el BID.

Dentro de los proyectos a financiar con el Programa de Infraestructura de Transporte están la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la ruta nacional N° 1 Interamericana Norte, la sección Barranca–Limonal, la adecuación y rehabilitación del tramo Palmar Norte-Paso Canoas.

Además del mejoramiento de la sección: Birmania-Santa Cecilia y la construcción y rehabilitación de los puentes de la sección: La Cruz-Santa Cecilia, los estudios, diseño y construcción de los intercambios viales en la Lima y Taras de Cartago y el mejoramiento del tramo Playa Paquera–Playa Naranjo, sobre la ruta nacional N° 160 en el golfo de Nicoya.

La iniciativa también brinda recursos para el mejoramiento de las terminales de transbordadores del golfo de Nicoya: barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo, la rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera y el plan maestro de Puerto Caldera.

El plazo de ejecución de los contratos del préstamo es de seis años y la ejecución del programa se estima en 55 meses bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que será el encargado de las decisiones relacionadas con las contrataciones, la ejecución y supervisión del programa.

El legislador del Frente Amplio, José Ramírez Aguilar, señaló una serie de dudas sobre la iniciativa y señaló que presentará dictamen negativo de minoría.

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