Autor: Editor

Irene Rodríguez Mena, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de enero del 2017 – El régimen de pensiones de la Caja de Seguro Social es un problema que debe ordenarse cuanto antes pues entre más largas se le dé, más difícil será la solución, pues a largo plazo se convertirá en una situación con grandes efectos sociales.

Así lo manifestaron Álvaro Ramos Chaves, Superintendente de Pensiones, y Edgar Robles Cordero, Exsuperintendente de Pensiones, en la comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Los comparecientes se refirieron al proyecto 19826 informe sobre la situación financiera y medidas impulsadas para mejorar la estabilidad financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Ramos Chaves indicó que si bien es cierto la gestión operativa de la CCSS se encuentra al día en lo que respecta al pago de las pensiones el sistema requiere reformas sustanciales para que el mismo sea sostenible en el tiempo.

Por otra parte Robles Cordero hizo mención a los diferentes estudios que se han realizado respecto al tema y la coincidencia de dichos estudios para tomar las medidas viables en el porcentaje de contribución, los años para pensionarse y la cantidad de cuotas que se deben aportar.

Agregó que ante esta estructura es necesario considerar el factor estructural del país, ya que la tasa de crecimiento poblacional ha disminuido, y las reformas deben ser consecuentes ante esta realidad social.

Finalmente ante las interrogantes de los legisladores de las diferentes bancadas, tanto Ramos Chaves como Robles Cordero, indicaron que se han realizado las debidas advertencias ante los tomadores de decisión sobre el régimen de pensiones.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de enero del 2017 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron en forma positiva el expediente 19665 ley para la promoción de la cooperación y relación con la Corte Penal Internacional.

El objeto de esta ley es regular las relaciones de cooperación entre la República de Costa Rica y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de la jurisdicción y funciones encomendadas a esta institución por el Estatuto de Roma, suscrito en aquella ciudad el 17 de julio de 1998 y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencias a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados aplicables en todo lo no previsto en el Estatuto y sus normas complementarias, en la medida en que estas resulten pertinentes, en particular las reglas de procedimiento y prueba, así como los acuerdos específicos de cooperación que la República de Costa Rica pueda celebrar con la Corte Penal Internacional.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de enero del 2017 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron positivamente el expediente 19951 Reforma de los artículos 15, bis, 15, 16 y 81 de la Ley sobre estupefacientes, sustancia psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

La iniciativa plantea una reforma a varios artículos de la Ley 7786 como la supervisión de los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero, dado que actualmente no están siendo supervisados de forma efectiva en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Además se establece del evidente riesgo que este tipo de actividades podría representar en dicha materia, también hay elementos de banca a la sombra, conocida en las prácticas internacionales como “shadow banking” que también merecen ser considerados al momento de cualquier supervisión. De ahí que se proponga someter a la supervisión a los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero, de la misma forma en que son supervisadas el resto de entidades que realizan intermediación financiera.

El proyecto indica que estarán sometidos a esta ley, quienes desempeñen las siguientes actividades:

a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares.
b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales.
c) Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.
d) Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, que no sean intermediarios financieros.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de enero del 2017 – Marco Feoli Villalobos, Viceministro de Justicia y Paz, manifestó que proyectos de reforma al Código Penal, reducirían la población penitenciaria, debido a que se permitiría un ahorro procesal al evitar juicios ya que las víctimas pueden llegar a arreglos.

El jerarca de Justicia compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, para que se refiriera a los proyectos 19490 reforma a la ley N° 7594 Código Procesal Penal y el 20020 reforma al artículo 56 bis del Código Penal.

“Estos proyectos impiden que haya impunidad, pretenden que la gente sepan cuáles son las consecuencias por cometer faltas, pero lo hacen no de manera enloquecedora y demencial, por la que hemos apostado en los últimos años”, dijo Feoli.

Así mismo explicó que estas medidas van a bajar el hacinamiento, permitirán que las personas asuman las consecuencias, van hacer mucho más baratas y van a permitir que ganen la inmensa mayoría de ciudadanos.

“Yo quisiera pensar que los proyectos se van a dictaminar positivamente, porque de verdad estamos convencidos de que pueden ser dos salidas buenas para un estado de cosas que son caóticas”, comentó el jerarca.

En su exposición explicó que dichas iniciativas revitalizan el papel de la víctima, ya que históricamente éstas han sido olvidadas de los procesos penales. Con las medidas alternas al juicio se intenta recuperar algo del valor de las víctimas, ya que con dichos planes se fortalece eso, pues en el momento en que se abren las posibilidades para que las personas puedan llegar a arreglos dentro del proceso.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

18 de enero del 2017 – Con seis meses de diferencia empezarían a regir las reformas a los Códigos Agrario, Civil y de Familia, según explicó la magistrada Carmen María Escoto a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

18 de enero del 2017 – Tanto el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, como el Viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, concordaron en que el proyecto para ordenar las remuneraciones salariales en el sector público, es insignificante.

Alfaro y Pacheco comparecieron en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales donde se analiza el expediente 19506 Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público.

El jerarca de la Presidencia, Sergio Alfaro, en su exposición manifestó que el Gobierno ha reiterado su posición que es un ejercicio necesario y adecuado, sin embargo dijo que no es un tema crítico para el tema fiscal y que no tiene un impacto desde el punto de vista fiscal significativo.

“En el tema de la situación fiscal que el Gobierno enfrenta y que el Estado costarricense enfrenta y va a enfrentar en los próximos 4 o 5 años, nos parece que el esfuerzo no tiene un impacto digamos significativo y por eso hemos preparado un criterio escrito de ello”, dijo el Ministro de la Presidencia.

Por su parte el Viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco externó que en los últimos años el Ministerio de Educación comprende el 90% de la creación de nuevas plazas, los nuevos funcionarios públicos son los que van a estar siendo sujeto de la ley, en un año los nuevos funcionarios podrían estar representando entre 200 y 500 nuevos empleados.

Pacheco concluyó indicando que el impacto en las finanzas públicas y contemplando solo Gobierno Central y no el resto de instituciones, lo que se resalta en cuanto a números, por ejemplo en dedicación exclusiva no se notaría ningún cambio, en prohibiciones podría haber un ahorro cercano a los 100 millones de colones por año, con disponibilidad se podría tener un incremento y en anualidades el escenario es incierto.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de enero del 2017 – La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, señaló que el proyecto que pretende regular las remuneraciones adicionales al salario base en el sector público, tendrían un efecto limitado en las finanzas estatales, esto debido a que solo significaría un paso en esta dirección.

Acosta Zúñiga compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, para referirse al proyecto expediente 19506 Ley para Regular las remuneraciones adicionales y auxilio de cesantía en el sector público, iniciativa de la diputada Sandra Piszk Feinzilber.

La Contralora General fue clara en señalar que el proyecto es un paso positivo en la dirección de ordenar el tema de las remuneraciones, no así el tema integral del empleo público, ya que el efecto de la iniciativa es modesto o limitado porque abarca solamente seis de los incentivos.

“Este proyecto, desde el punto de vista de las finanzas públicas, el efecto es limitado, no estamos diciendo que hay que incluirlas a todas, eso habría que hacer un estudio distinto, pero efectivamente esto no es suficiente, si se quiere corregir el tema de los incrementos iniciales en el tema de las remuneraciones”, dijo la Contralora.

Así mismo indicó que en cuanto a la posible afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores del sector público, ellos tienen algunas dudas, ya que es necesario clarificar en el proyecto, pues la iniciativa habla en algunas partes que son derechos y en otras que no lo son.

Aclaró que en el plan se encuentra fuera de dicha regulación, los docentes y los cuerpos policiales del país, ya que su objetivo primordial es unificar o uniformar las disposiciones que se aplicarán para la creación o modificación y reconocimiento de las remuneraciones adicionales al salario base otorgadas a los funcionarios permanentes o transitorios del sector público, así como proporcionar la equidad, racionabilidad, eficiencia y la eficacia en la gestión pública.

Finalmente dijo que en el ámbito de la aplicación del proyecto se incorpora el Poder Ejecutivo, Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, los Órganos desconcentrados y auxiliares, así como las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y las corporaciones municipales.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de enero del 2017 – Los legisladores de la Comisión de Asuntos de Nombramientos acordaron iniciar el proceso para la elección del magistrado que sustituirá en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a José Manuel Arroyo, tras su jubilación vigente desde el 1 de enero del presente año.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

12 de enero del 2017 – La Presidente Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, María del Rocío Sáenz, manifestó que la junta directiva de la institución aprobó el aumento de un punto en el porcentaje que aportan los trabajadores al régimen de pensión de Invalidez, Vejez y Muerte.

Fuente: Asamblea Legislativa.