Autor: Editor

Vera Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de marzo del 2014 – La creación de un fideicomiso que facilite la utilización de los recursos es una de las novedades que resaltó Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública de la Ley orgánica del Ministerio de Seguridad, que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

El titular de Seguridad manifestó a los diputados la importancia que tiene la aprobación de la nueva legislación que aseguró atiende los elementos más importantes en materia de policía.

Con la aprobación de la iniciativa el nombre de la fuerza pública se cambia por el de policía civil, que según explicó el Ministro es más que una variación semántica, pues es más bien de tipo filosófico.

Respecto a la creación del fideicomiso explicó que su creación junto a los controles hacendarios permitirá el uso en tiempo de los dineros, para que no los pierda el Ministerio, como sucede en la actualidad.

Aseguró que el problema en este momento es que si vence el plazo para su uso los dineros son enviados a la caja única del Estado.

Añadió que el fideicomiso permite enviar los recursos a un fondo que será administrado por el Ministerio de Hacienda lo que asegura su uso por parte de Seguridad.

La iniciativa la presentó el Poder Ejecutivo como una necesidad de modernizar la ley de ese ministerio que permita hacer frente a las nuevas forma de delincuencia que operan en el país.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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20 de marzo del 2014 – Orlando Cascante, representante de Radiográfica Costarricense (RACSA), manifestó que los procesos de apertura en el mundo y en nuestro país, afectaron sensiblemente las finanzas de esa entidad, logrando una caída en los precios de los productos que ofrecen como la conectividad.

Cascante compareció junto con Hernán Acuña, en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para que explicaran el tema de las finanzas de esa institución.

“No hay duda que una vez dada la apertura con las alianzas que tenía con Cable Tica y Tigo, en aquel momento cable AMNET, se le fueron prácticamente 80 mil clientes que afectaron sensiblemente sus finanzas, eso fue un golpe muy duro para la sostenibilidad de la empresa y adicionalmente, con la apertura se dio una caída en los precios de los productos fundamentales que tenía RACSA que era conectividad”, explicó Cascante.

Es por ello, según dijo, que se realizó a lo interno de la institución un análisis, para ver la viabilidad de continuar con el tema de la conectividad y se determinó que no era viable, sino más bien darle una transformación total a la empresa, ofreciendo otro tipo de productos.

“RACSA se ha venido recuperando financieramente, sin embargo requiere un periodo más de tiempo y ajustes en conjunto con la casa matriz, en donde la sinergia se aprovechen de mejor forma para poder fortalecerse tanto el ICE como la mismo RACSA.” dijo.

Por su parte Hernán Acuña, señaló que RACSA viene realizando esfuerzos y sacrificios en cuanto a la contención de gastos superfluos lo que ha permitido una recuperación satisfactoria, permitiendo que la empresa retorne a su estado de empresa comercial.

Dentro de los esfuerzos que se han realizado, mencionó, contención del gasto en el incremento de la planilla, durante tres años seguidos, reconociendo solo los aumentos de salarios oficiales y reduciendo los grandes contratos de operación y mantenimiento que mantenían con diferentes empresas y asumiéndolos el mismo personal.

Finalmente mencionó que mantienen nuevas negociaciones y actividades comerciales como por ejemplo un proyecto para que RACSA ofrezca los servicios de venta de “Tiempo Aire” o recargas telefónicas con el objetivo de inyectarle nuevas fuentes de ingreso a la empresa.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de marzo del 2014 – La comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 19053 que contiene el presupuesto extraordinario por casi 42 mil millones de colones, la mayoría de los cuales se destinarán a financiar obras viales.

El presupuesto que apenas este lunes ingreso a la corriente legislativa logró su visto bueno en la comisión después de que el viceministro de Hacienda José Luis Araya explicara a los legisladores el destino de los recursos.

El funcionario detalló que 15750 millones de colones se destinarán a la construcción y conservación de la red vial del país, mientras que 25 mil millones de colones se utilizarán en la construcción de la carretera a San Carlos como parte de una adenda.

Como parte de una contrapartida al proyecto Limón ciudad puerto para cubrir los gastos operativos que faltan para terminar el año, ante la ampliación solicitada por el país al Banco Interamericano de Desarrollo, BID se incluyen 220 millones de colones en el presupuesto.

El proyecto aunque fue aprobado no contó con el respaldo de los diputados Walter Céspedes Salazar de la Unidad Socialcristiana y Víctor Emilio Granados Calvo de Accesibilidad Sin Exclusión. Ambos legisladores cuestionaron la inclusión de 15 mil millones de colones en el plan de gastos para cancelarle a la empresa OAS la deuda que el país tiene para finiquitar el contrato de ampliación de la carretera San José-San Ramón.

El proyecto de presupuesto extraordinario pasara al Plenario Legislativo para iniciar su trámite en primer debate, donde los legisladores podrán hacerle las modificaciones que estimen convenientes.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de marzo del 2014 – Tanto el Fiscal Adjunto de Trata y Tráfico de Personas, Mauricio Borachi Hernández, como el Decano de la Facultada de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino Sánchez, coincidieron en que el proyecto de Extinción de Dominio que se discute en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración debe perfeccionarse.

Con esta iniciativa se busca luchar contra el crimen organizado y el lavado de dinero, permitiendo al Estado incautar y administrar los bienes de personas o empresas que se sospeche que fueron adquiridos con fondos ilícitos y no puedan demostrar cómo los obtuvieron.

Borachi Hernández aseguró que el proyecto es “absolutamente necesario” para la lucha contra el crimen organizado, pero que se deben realizar mejoras y el texto se puede tomar como una base de discusión.

Por su parte, el Decano de la Facultada de Derecho de la Universidad de Costa Rica se mostró preocupado, ya que afirma que con la iniciativa se podrían violentar principios constitucionales.

El proyecto indica que las disposiciones legales referentes a la confidencialidad o secreto de la información bancaria, bursátil o tributaria, no se aplican a las autoridades judiciales o administrativas encargadas de las investigaciones para lograr la extinción de dominio.

La Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio, será el órgano encargado de la valoración de los casos bajo su conocimiento, de bienes que pudieran llegar a considerarse ilícitos. La Fiscalía desarrollará la investigación que corresponda y, de observar mérito en sus resultados, formulará la pretensión de extinción de dominio. Sobre este tema el Fiscal explicó que el proyecto deja de lado a los investigadores del Organismo de Investigación Judicial.

Borachi Hernández defendió que las personas o empresas investigas sean las encargadas de demostrar cómo obtuvieron sus bienes. “No es necesariamente el Estado el que tiene que decirle a esa persona, usted hizo esto mal, la persona tiene que tener la obligación de explicarnos a nosotros de dónde sacó esa plata”.

La acción de extinción de dominio será iniciada por la Fiscalía General de la República de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando esta considere que existe la probabilidad de que los bienes fueron adquiridos o trabajan con fondos ilícitos.

Las diputadas del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña Castro y María Ocampo Baltodano de Liberación Nacional fueron enfáticas en que el proyecto 18964 Extinción de Dominio requiere todavía mucho más análisis antes de ser dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración.

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Vera V. SolanoSalazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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18 de marzo del 2014 – “El país está en deuda con quienes firmaron el acta principal de agregación a Costa Rica” afirmó el historiador Raúl Arias al respaldar el expediente 19016 Declaratoria de benemeritazgo de la Patria a los firmantes del acta principal de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Arias es historiador del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y fue llamado por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para conocer su posición respecto a la iniciativa.

Para el historiador una de las primeras correcciones que se debe hacer es eliminar la palabra anexión pues la misma representa el poder de un Estado para adueñarse de un territorio y lo que se dio fue una agregación y así lo establecen los firmantes del acta.

La iniciativa busca darle el reconocimiento que se merecen las 25 personas firmantes del acta donde manifiestan su deseo de pertenecer a Costa Rica, esta decisión se toma después de un largo proceso.

Arias afirmó que el proyecto hace justicia a estas personas y deja claro que no existió ninguna presión por parte de Costa Rica para que estas comunidades se unieran al país.

En la lista de firmantes se encuentran Manuel Briceño Viales, Alcalde y Jefe Político del Partido de Nicoya, Ubaldo Martínez Reina, Regidor 2. Por las autoridades militares Antonio Briceño Viales, Sargento 1 y José María Jaén Marchena, Sargento 2 entre otros.

Tras un pronunciamiento del Departamento de Servicios Técnicos el cual establece que el proyecto debe ser tramitado en la Comisión de Honores, la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales Elibeth Venegas Villalobos anunció que la iniciativa sería enviada a esa instancia para que continúe con el trámite.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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18 de marzo del 2014 – El Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán explicó que el proyecto de ley de Extinción de Dominio que se discute en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración debe mejorarse debido a que no define el concepto de extinción de dominio.

La iniciativa busca que el Estado pueda tomar posesión de los bienes privados de personas u organizaciones que estén involucradas en actividades ilícitas y evitar que los fondos que estas generen puedan ingresar al sistema financiero.

Si la persona logra demostrar que sus bienes vienen de fuentes licitas estos se le devolverían, pero si no se le aplicaría el concepto de presunción que vienen de fuentes ilegales y podrían ser secuestradas por el Estado.

El Fiscal también criticó que la iniciativa faculta a los investigadores a realizar intervenciones telefónicas y otras acciones que pueden ser invasivas de la intimidad de las personas.

Según el proyecto, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y Crimen Organizado coadyuvará en materia de inteligencia financiera con la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio durante el desarrollo del proceso y la información que brinde será de carácter confidencial y exclusivamente para fines de inteligencia.

A pesar de esta crítica, para el Fiscal General, el tema de extinción de dominio es fundamental para la lucha contra la legitimación de capitales.

Chavarría Guzmán indicó que se debería definir mejor quién se haría cargo de la administración de los bienes incautados. Para el Fiscal este es uno de los temas más complicados, “no hay burócrata capaz de manejar una empresa”.

El proyecto señala al Instituto Costarricense sobre Drogas, por medio de la Unidad de Recuperación de Activos y Extinción de Dominio (URA), como el órgano encargado de custodiar y administrar los bienes incautados o cuyo dominio haya sido extinguido.

Sobre este tema, Celso Gamboa Sánchez, Comisionado Nacional Antidrogas fue enfático en el proyecto le da capacidad a la URA para firmar contratos para que los negocios puedan seguir funcionando.

La diputada del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña Castro se mostró preocupada por las posiciones encontradas alrededor del proyecto.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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17 de marzo del 2014 – El nuevo Magistrado(a) de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sustitución de Anabelle León Feoli saldrá de una lista de 37 aspirantes al cargo.

El plazo para presentar los requisitos venció el pasado 07 de marzo y a la convocatoria respondieron 13 mujeres y 24 hombres, que deberán ahora exponer ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos sus planes y expectativa de llegar a la magistratura por ocho años.

Los candidatos son Alvarado Paniagua Alexandra, Campos Hidalgo Rodrigo Alberto, Chaves Cervantes Lilliana Lupita, Chaves Villalobos Juan Manuel, Córdoba Ortega Jorge Antonio, Darcia Carranza Antonio, Fallas Redondo David Alberto, Fernández Brenes Silvia Consuelo, Fernández Hidalgo Luis Fernando y Fernández Paoli Gustavo Mauricio.

Conforman esta lista también Fisher González María Vanessa, Hernández Aguilar Álvaro Enrique, Hernández Hernández Ronaldo, Jiménez Aguilar Manuel Fernando, Jiménez Ramírez Jorge Enrique, Jiménez Zeledón Mariano, Jurado Fernández Julio Alberto, León Orozco Laura María, López González Jorge Alberto y Martínez Bolívar Deyanira.

Otros de los interesados en el puesto son Meza Lazarus Álvaro José, Muñoz Jiménez Krysia, Muñoz Quesada Mario Alberto, Olaso Álvarez Jorge, Ortiz Mora Guadalupe Grettel (Cc: Lupita Ortiz Mora), Palacios García Alner, Porras Mejías Rolando, Rodríguez Jiménez Carlos Manuel, Rojas Morales Iris Rocío y Sánchez Del Castillo Vilma Emilia.

Completan la lista de postulantes Serrano García Germán, Solano García Juan Carlos, Ulate Chacón Enrique Napoleón, Vargas Vargas Ana Isabel, Vargas Vásquez Damaris, Víquez Cerdas Ana Cristina y Zamora Campos Carlos Guillermo.

Ahora se está a la espera de las dos publicaciones en medio de circulación nacional de la lista definitiva de postulantes para iniciar con el proceso de audiencias.

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