Autor: Editor

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

6 de marzo del 2014

Representantes de la Corporación Bananera (CORBANA) defendieron su accionar en el combate de dos de las plagas más recurrentes que presenta el banano, la escamilla y la cochinilla.

Los invitados de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público indicaron que entre los años 2011 y 2013 hubo un aumento en la presencia de estas enfermedades que inició en la zona sur de Limón y luego se extendió por toda la provincia.

Erick Bolaños Céspedes, representante de CORBANA defendió el actuar de la corporación y destacó que a pesar de haberse dado un aumento en la aparición de la enfermedad y de que se diera una declaración de emergencia 19 meses después de detectado ese particular, su desempeño siempre fue responsable.

“Nosotros procedimos a hacer los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la plaga. Posteriormente procedimos a informar al Servicio Fitosanitario del Estado para que ellos participaran del análisis y se determinó que las plantaciones estaban siendo afectadas por el insecto”, dijo Bolaños.

“Los productores, a través de las cámaras, nos indicaron que en otros países se utilizaba una funda para proteger la fruta. Nosotros hicimos la solicitud para que se comprara esta funda que tiene un elemento que se llama bufoprecina, que es específico para el combate de este tipo de insecto”, recalcó.

Bolaños explicó que fue el MAG el que autorizó la compra de estas fundas para las fincas infectadas.

“Es muy importante indicar que la participación de CORBANA fue hacer la gestión de determinar la presencia de la plaga y registrar la información para que fuera enviada al Servicio Fitosanitario del Estado. En ningún momento tuvo participación en el tema comercial. Existen proveedores de fundas en la zona y la elección la hizo el productor bananero”, añadió.

La diputada Marielos Alfaro Murillo quedó insatisfecha con la situación expuesta, pues los representantes de CORBANA también aseguraron que las notas de prensa de esos años que catalogaban el problema como “crisis”, equivocaron el mensaje.

Alfaro afirmó “yo no me quedo satisfecha. Ahora resulta que fue la prensa la que exageró la situación. Tampoco estoy insatisfecha con que los productores solo puedan adquirir el producto de las fundas a una sola empresa. Ahora hay dos compañías más en el mercado que ofrecen el producto más barato, pero los proveedores están obligados a comprar a la misma empresa durante un año más”.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

5 de marzo del 2014

Como un paso más para sacar al país de la lista de paraísos fiscales calificó el viceministro de Hacienda Álvaro Ramos  el expediente 18966 Incorporación del artículo 106  quater al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por lo que pidió su aprobación a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

El  funcionario resaltó que  el  intercambio de información se considera como uno de los principales mecanismos para atacar la evasión fiscal en el extranjero, la cual representa una de las mayores preocupaciones de un importante grupo de jurisdicciones alrededor del mundo. 

Añadió que además, la buena cooperación entre administraciones tributarias es un aspecto indispensable para que se lleven a cabo de manera efectiva los respectivos intercambios de información en materia tributaria.

Recordó que actualmente  Costa Rica ha suscrito dieciséis acuerdos de intercambio de información tributaria y cuenta con un Código Tributario dentro del cual se tratan temas como el deber de información de terceros y la obligación de las entidades financieras de proporcionar aquella información que se encuentre en su poder y que resulte pertinente, entre otros.

La novedad de la iniciativa  en trámite en la comisión es que el intercambio de información se realizará de forma automática lo que es considerado en diversos foros técnicos, como el estándar de transparencia fiscal deseable para luchar contra la evasión.

Ramos aseguró que  la iniciativa es importante porque el país carece de  instrumentos para llevar a cabo un efectivo intercambio automático de aquella información que se encuentre en poder de entidades financieras, de conformidad con los distintos convenios internacionales suscritos.

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

5 de marzo del 2014

La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos dictaminó en forma afirmativa el expediente 18650 Modificación al artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, que establece la inscripción de condenadas para las personas que cometen delitos.

En estos momentos el artículo 11 establece que el delito cometido por una persona será inscrito en el Registro Judicial por espacio de 10 años una vez que se cumpla la condena respectiva.

La nueva normativa eliminará esta obligación, de modo que una persona que ya haya cumplido su condena no quedará manchada más que para efectos judiciales, no así públicos.

De esta manera, las condenas cumplidas no aparecerán en las hojas de delincuencia que se requieren a la hora de solicitar préstamos, trabajo, o tratar de acceder a una beca educativa, por ejemplo.

El legislador José Roberto Rodríguez Quesada sostuvo que esta medida es retrógrada y corresponde a la forma de pensar de una sociedad costarricense que ya ha madurado.

Rodríguez dijo “es un despropósito que tengamos aún leyes como éstas que generan exclusión de las personas que una vez fueran privadas de libertad. Yo propondría que este artículo 11 se elimine del todo”.

En la sesión de hoy se recibió hoy a Marta Iris Muñoz, Directora de la Defensa Pública quien explicó que su posición que esta medida genera exclusión social y una estigmatización de las personas que han sido condenadas.

“Nosotros creemos inconveniente que la condena de una persona esté inscrita para fines públicos. Es decir, no podemos reinsertar a una persona en la sociedad si en todos los trabajos lo primero que piden es la hoja de delincuencia. Lo que estamos generando con esta medida es una exclusión social y una estigmatización”, indicó.

La propuesta que hizo la Defensa Pública fue que a una persona condenada por menos de cinco años, se le inscriba la misma por tres años y a una persona condenada por más de ese lapso, le sea inscrita hasta por cinco años.

“Esa es nuestra propuesta de reforma, pero queremos ser claros en que preferimos la eliminación total de la inscripción de la condena para motivos públicos, sólo nos parece su uso en temas judiciales”, agregó.

De esta forma el expediente pasará para su estudio al Plenario Legislativo.

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