Editor – Página 149

Personas con discapacidad tendrán mayor acceso a la educación

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

5 de noviembre del 2013

Crear el deber del Estado de garantizar en el sistema educativo la modificación de la infraestructura física, estructura organizativa, currículum, proceso de enseñanza y aprendizaje, forma de evaluación y metodología, es lo que se busca un proyecto de ley dictaminado por la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

La idea esencial de la iniciativa es propugnar para que los alumnos con discapacidad matriculados en una Institución pública o privada asistan a la misma aula que sus pares, señalo el diputado independiente y uno de los proponentes del proyecto, José Joaquín Porras Contreras.

“Lo más importante es que ningún centro educativo podrá negar la matrícula a un estudiante con discapacidad por motivos de falta de cupo ya que los centros educativos estarán obligados a ampliar su matrícula, en los casos que sea necesario, a fin de cumplir la Ley”, acotó Porras Contreras.

Este proyecto que pasará ahora al Plenario Legislativo pretende introducir en la ley el derecho a la educación inclusiva, y el correlativo deber del Estado de promocionar y proteger, a través de la reserva de matrícula (5%), la formación docente, y la planificación de acciones que respondan a principios inclusivos, una mayor protección para este segmento poblacional.

El Ministerio de Educación Pública (MEP), será el responsable de las políticas públicas destinadas a la inclusión de personas con discapacidad. Además, la propuesta determina la necesidad de difusión de la ley en los centros educativos y un artículo destinado a sanciones para quienes incumplan este derecho.

Este mismo grupo parlamentario también acordó consultar a la Defensoría de los Habitantes, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros, entre otros el proyecto de ley para la promoción, regulación e implementación del teletrabajo en Costa Rica.

Diputados arrancan discusión de presupuesto nacional del 2014

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y protocolo
Asamblea Legislativa

4 de noviembre del 2013

Los diputados arrancaron con la discusión del Expediente 18899 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2014 con la explicación de los dictámenes afirmativo de mayoría y el negativo de minoría.

La diputada de Liberación Nacional Siany Villalobos Arguello, quien explicó el dictamen de mayoría, destacó que dicho presupuesto cuenta con un monto de 6.6 billones de colones, lo que representa un 3.1 de crecimiento respecto al monto aprobado en la ley de presupuesto del año 2013, el cual fue de 6.4 billones de colones.

Señaló que en cuanto al origen de los recursos que financiaran los gastos propuestos para el año 2014 provienen de ingresos corrientes por un monto de 3.8 billones que significa un 57.3 por ciento, mientras que se financian un 2.8 billones de colones que representan un 42.7 por ciento.

Los ingresos corrientes, dijo, proyectan un crecimiento anual de 4 por ciento, respecto al monto autorizado en el presupuesto del 2013, pasando de un 3.6 billones a 3.8 billones de colones.

«Para el ejercicio del año 2014 el 93 por ciento de los ingresos se originan en los ingresos tributarios y un 7 por ciento provienen de contribuciones sociales, ingresos no tributarios y transferencias corrientes» dijo la diputada.

Por su parte la legisladora Jeannette Ruiz Delgado de Acción Ciudadana, quien explicó el dictamen negativo de minoría, señaló que en cuanto a este presupuesto la situación fiscal del país ha desmejorado ya que se tiene un menor crecimiento de los ingresos y aumento de los gastos por intereses de la deuda, proyectando un déficit financiero de 5 por ciento para diciembre de 2013.

«Hay que aclarar que desgraciadamente en la valoración de estos números que implica los ingresos se puede decir que tenemos dos economías en el país, una que es en el mercado externo donde lo único que nos deja como insumos prácticamente es la mano de obra, y otra que es el interno que apenas está creciendo al orden del 2 por ciento» mencionó la diputada.

Diputados reciben a candidatos que aspiran puesto en la Sala Constitucional

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

4 de noviembre del 2013

Los diputados que integran la Comisión Especial de Nombramientos recibieron a cinco candidatos que aspiran ocupar un puesto como magistrados suplentes en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El primero en externar sus aspiraciones fue José Ricardo Guerrero, quien manifestó que actualmente es magistrado suplente de la Sala Constitucional por lo que ha acumulado 4 años de experiencia en este puesto y lo impulsa nuevamente aspirar a ser magistrado suplentes.

En este mismo sentido añadió que le sorprende la cantidad de recursos que llegan a la Sala Constitucional de personas de escasos recursos que quieren titular sus derechos fundamentales, lo que indica que la administración les ha fallado.

Por su parte José Paulino Hernández indicó también que actualmente es magistrado suplente de la Sala Constitucional lo que le ha permitido tener una formación importante sobre todo como juez y en el tema del derecho público.

Mencionó que en la sala existen temas muy sensibles que todos los días se presentan, como el de tema salud para resolver las listas de espera, los derechos al agua potable para consumo y asuntos laborales y ambientales.

«Conozco varios proyectos que se han presentado en la Asamblea Legislativa que tienen que ver con la Sala Constitucional, pero necesariamente deben de ir muy ligado al reforzamiento de los derechos constitucionales» comentó Hernández.

Jolene Knorr Briceño mencionó que es egresada de la Universidad de Costa Rica, ha trabajado en varios bufetes como asesora legal, y actualmente ocupa la jefatura de registro nacional en telecomunicaciones.

Unos de los objetivos que la ha impulsado a postular su nombre es que la sala cumple un papel muy importante en la sociedad costarricense desde su creación, ya que según dijo, el derecho constitucional ha tomado un auge donde el país ha sido un ejemplo para otras naciones.

Señaló que es importante atacar la carga de trabajo con que cuenta la Sala Constitucional para que sea más eficiente. En otro tema comentó que este órgano debe de tener independencia sobre todo a nivel político.

Ricardo Madrigal, externo que es licencio en derecho, egresado de la maestría de derecho administrativo y ha participado en numerosos cursos, fue abogado litigante y abogado de la administración pública, por varios años.

En este mismo sentido indicó que lo que puede aportar a la Sala Constitucional es un trabajo limpio, honesto y una labor con dedicación.

Finalmente la última en comparecer fue Maria de los Ángeles Muñoz, quien manifestó que le interesa ser magistrada suplente porque ha tenido muchas luchas sobre todo en defensa de los grupos que menos tienen y los menos protegidos del país.

Uno de esos temas dijo son las pensiones alimentarias ya que tienen que ver con los alimentos de los niños y las niñas, las mujeres y las personas adultas mayores.

Con respecto al proceso para elegir al nuevo defensor de los habitantes La Presidenta de la Comisión, la diputada Carolina Delgado, manifestó que al día de hoy solamente la actual Defensora Ofelia Taitelbaum, ha presentado los documentos para aspirar al puesto de Defensora y el plazo concluye el próximo viernes 8 de noviembre al medio día.

Costa Rica abordará tema de la violencia parental mediante ley

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

4 de noviembre del 2013

Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminaron en forma afirmativa el expediente 18681 Ley para el Abordaje de la Violencia Parental.

Este tipo de violencia se presenta por parte de uno los progenitores de menores de edad después del divorcio, y aparece cuando se le limitan los derechos al otro progenitor o existe una manipulación de los menores acerca de la reputación de ese padre.

La diputada Damaris Quintana Porras explica “lo que se pretende es que se respete el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño que establece que todo niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Además de que pueda disfrutar su familia extensiva a pesar de un divorcio”.

En algunos casos existe un fenómeno en el cual, posterior al divorcio o la separación de la vida conyugal, los hijos o hijas son incluidos en una dinámica abusiva y malintencionada, que tiene como objetivo que no quieran a determinado padre”, indica.

Mediante este accionar no sólo se afecta al progenitor, sino además a sus hijos que por su condición pueden crecer con una idea deformada de lo que es uno de sus padres.

Identificada la existencia de la violencia parental, el proyecto de ley establece los siguientes procedimientos:

I. Declarar la existencia de violencia parental y advertir al padre o madre, agresor, para que cese dichos comportamientos, nocivos, inmediatamente.

II. Si la violencia no cesa, el juez procederá de manera inmediata conforme a la legislación “vigente”, relacionada con el interés superior de las personas menores de edad, sin perjuicio de las medidas penales, cuando correspondan.

III. A solicitud del progenitor agredido, el juez procederá a dictar el derecho de guarda, crianza y educación; de previo, deberá verificar la conveniencia de mantener o modificar las condiciones actuales, en este rubro, buscando la preservación del interés superior de la persona menor de edad y garantizando que no será expuesta a este tipo de abuso, nuevamente, conforme a la legislación vigente. Para tales efectos, podrá asistirse de los peritos judiciales o de cualquier otra institución, que hayan tenido conocimiento del tema.

IV. Remitir a un mínimo de seis meses intervención psicoterapéutica, al padre o madre, que ejerció la violencia, dentro del marco de atención psicológica a las personas agresoras, comprobándose al menos una sesión semanal, de intervención psicoterapéutica, con un psicólogo especialista en el tema, de la violencia parental, durante los seis meses, posteriores a la identificación del conflicto, intrafamiliar.

El proyecto pasará para su estudio al Plenario Legislativo.

Convenio sobre ciberdelincuencia

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de octubre del 2013

Los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales dictaminaron afirmativa y unánimemente el expediente 18484 Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia.

El Convenio busca integrar esfuerzos a nivel internacional para disminuir la vulnerabilidad de los ataques a los sistemas informáticos y combatir la práctica del delito informático.

Los delitos que se combatirían son los relativos al acceso ilícito, interceptación o interferencia de datos (como el robo de identidad); a los delitos informáticos como el fraude; a aquellos relativos a su contenido como la pornografía; o a los que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual.

El Presidente de la Comisión, diputado Oscar Alfaro Zamora, resaltó la aprobación de la iniciativa puesto que viene a establecer una política penal común entre los países que suscriban el convenio para proteger a la sociedad de la ciberdelincuencia.

Alfaro explicó que este instrumento permitirá la prevención de actos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de las redes informáticas. ”Por la extensa cantidad de redes de cómputo dentro y fuera de los países, así como la incursión de la Internet, nos enfrentamos a un serio problema de territorialidad que solo puede verse solventado con la aplicación de acuerdos internacionales y la adopción de medidas técnicas uniformes en los diferentes territorios donde se pretenda perseguir penalmente a los infractores cibernéticos”, dijo.

Aprueban informe mayoría de comisión que investigó la CCSS

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de octubre del 2013

Con 33 votos a favor y seis en contra los diputados aprobaron el informe de mayoría que rindió la Comisión que investigó la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Dicho informe fue suscrito por los diputados Walter Céspedes Salazar, Patricia Pérez Hegg, Siany Villalobos Argüello, Carolina Delgado Ramírez, Alfonso Pérez Gómez y Rita Chaves Casanova.

En la discusión del informe el diputado Víctor Hugo Víquez Chaverri señaló que los costarricense pueden estar tranquilos porque la CCSS está siendo bien administrada, aunque aclaro, es una institución que ha venido arrastrando muchos problemas pero ahora la entidad está siendo bien manejada.

«Los problemas financieros no eran tan profundo ni era que estaba quebrada, eso no es cierto» dijo Viquez al momento que señaló que hoy por hoy se han venido enmendando muchos de esos problemas.

Walter Céspedes Salazar manifestó que con el informe no se está discutiendo si la Caja Costarricense de Seguro Social es mala o no, sino que lo que se está analizando es la toma de decisiones que pusieron en peligro la institución.

Uno de los hechos que mencionó Céspedes y que están incluidas en el informe, “el Ex presidente Ejecutivo de la institución, Eduardo Doryan sin hacer ningún estudio técnico nombró más de 11 mil plazas que no vino a resolver problemas de la entidad, lo que provocó que se multiplicara la planilla y los alquileres para esas personas”.

Es por eso, dijo el diputado, que entre las conclusiones se solicito como sanción inhabilitar a Doryan de ocupar cargos públicos y se envió el informe al Ministerio Público para su investigación.

Por su parte la diputada Carmen Granados Fernández, firmante del informe afirmativo de minoría, indicó que en la investigación que se realizo quedo demostrado de parte de las autoridades de la CCSS y especialmente de la Presidenta Ejecutiva que sí hubo problemas serios en la institución.

Se señala además en el informe según dijo Granados, que existieron varias causas de la crisis de la institución una de ellas fue la mala gestión administrativa y financiera, así como la falta de liquidez de la Caja que contagió también al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.

La congresista Rita Chaves Casanova sostuvo que es necesario que el servicio de la CCSS tenga rostro humano, ya que el bienestar de las personas debe ser el bien único de la seguridad social, y la prevención debería ser la prioridad.

En este mismo sentido añadió que la cantidad de EBAIS que existen actualmente es insuficiente, para dar la atención que requieren las personas agregando que debe derribarse el mito de que el paciente es el culpable de la crisis de la institución.

El diputado José María Villalta Florez-Estrada señaló que votaría los dos informes si fuera necesario ya que ambos plantean elementos importantes sobre la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social.

De igual manera pidió apoyo a los proyectos de ley que fueron presentados y que arrojó la investigación que se hizo en la comisión.

El independiente José Joaquín Porras Contreras comentó que lo importante después de la investigación que se realizo es tomar las recomendaciones y aplicarlas para poder salvar a la entidad.

«Los dictámenes son buenos, pero lamentablemente los problemas fundamentales de la Caja se mantienen pues está sufriendo una profunda crisis, vemos que la lista de espera llega a 700 mil personas y siguen sin resolverse» puntualizo el diputado Luis Fishman Zonzinski.

Diputados de comisión que investiga la JPS más se sorprenden

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de octubre del 2013

En la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público los legisladores que integran dicho grupo legislativo recibieron en audiencia nuevamente a representantes de la Junta de Protección Social (JPS), como parte de la investigación que desarrollan en este tema.

Dos fueron los tópicos tratados: la preocupación de que la venta de la lotería electrónica pueda prestarse para el lavado de dinero y los movimientos de personal que ha hecho la Institución en los últimos meses y que ha generado aumentos de salarios.

En esta oportunidad interrogaron al Gerente General, Milton Vargas, a la Auditora Interna, Doris Chen Cheang y la Asesora Legal, Marcela Sánchez Quesada.

Mediante un cuadro Chen explicó los movimientos de personal que hicieron las autoridades de la Junta cuando crearon más gerencias. Información que fue solicitada por los diputados ya que muchos de los funcionarios despedidos recibieron los derechos de ley y posteriormente fueron recontratados con mejores salarios.

La tabla establece cambios de remuneración que van desde los 684.753 colones a 1,072.671.00 millones de colones. Y sobre sale un pago de más de 90 millones de colones a un empleado que renunció.

Y es que los legisladores se dieron cuenta no solo de los altos salarios que ganan algunos funcionarios, sino también de remuneraciones extraordinarias que los auditores ganan por ejemplo cuando hay sorteos en las noches o los fines de semana.

Además, se sorprendieron al saber que los controles de seguridad de un posible lavado de dinero se activan únicamente si los montos que se transan son superiores a los 10000 dólares.

Las autoridades de la Junta explicaron que actualmente se han tomado medidas de seguridad al respecto, pero que sería necesario modificar la legislación para mejorar los controles. El próximo jueves volverán a ser cuestionados los representantes de la JPS ya que los temas no pudieron ser abordados en su totalidad.

Dictaminan proyectos a favor de recursos marinos y de animales

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de octubre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Ambiente dictamino de forma unánime los expedientes 17951, el cual establece el aprovechamiento y uso de los recursos marinos que están bajo jurisdicción del Estado costarricense y el 18298, ley de bienestar de los animales.

El expediente 17951, regula los derechos y responsabilidades del Estado en cuanto a exploración y explotación de los recursos marinos vivos o no vivos que existen en los espacios marinos y desarrolla la normativa legal necesaria para la adecuación del ordenamiento jurídico costarricense a la regulación internacional vigente.

Además el expediente 18298, ley de bienestar de los animales, se dirige a la reforma de los artículos 15 y 21 y busca modificar las multas y prohibiciones del Código Penal.

La iniciativa surgió a raíz de la responsabilidad y el deber que deben tener los seres humanos, para proteger los animales y buscar su bienestar.

Por otra parte la Comisión de Ambiente recibió en audiencia a Silvia Rodríguez, representante de la Red de Coordinación de Biodiversidad, quien emitió un criterio técnico sobre el proyecto Protocolo de Nagoya y resaltó la importancia de consultar a los pueblos indígenas, para saber si están o no de acuerdo con esta iniciativa.

Según Rodríguez “el Protocolo de Nagoya va a generar al país más costos económicos y compromisos”, con el nombramiento de representaciones. Además no permite escribir clausulas interpretativas con el fin de que se acoja el proyecto.

Grace García, miembro de la Comisión Nacional de la Gestión para la Biodiversidad, CONAGEBIO, emitió su opinión declarando que no existe una claridad de los procedimientos y que no están de acuerdo con el Protocolo de Nagoya.

Esto porque no existe un compromiso ni capacidad del país, García finalizo con la sugerencia de no solo consultar a los indígenas, sino también consultar, como se va llevar a cabo los procesos que se están generando a nivel nacional.
2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Cámaras avalan TLC con Asociación Europea de Libre Comercio

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de octubre del 2013

Representantes de la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, la Corporación Bananera y de la Cámara Nacional de Agricultura manifestaron su aval a la aprobación del expediente 18886 Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los estados AELC y los estados centroamericanos por considerar que es complemento a lo ya aprobado con la Unión Europea.

Así lo hicieron ver hoy ante los diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior que estudia el tema sobre este tratado entre Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y Centroamérica.

El Presidente de la Cámara de Casas Extranjeras (CRECEX), José Manuel Quirce, señaló que este tratado es beneficioso y complementario a lo que el país firmó ya con la Unión Europea.
Dijo que cuando se reducen aranceles es el consumidor final es que se beneficia.

El Gerente General de la Corporación Bananera (CORBANA), Jorge Sauma, explicó que el sector ha venido perdiendo competitividad con la zona europea, pasando de un 41% en el 2007 a un 24% en el 2013, por lo que son necesarios instrumentos como este para aumentar el acceso a actuales y nuevos mercados.

Señaló que el banano sigue siendo el primer rubro de exportación del país, superando los $800 millones anuales.

Por su parte el Vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Agricultura, Renato Alvarado, señaló que ellos acuerpan el Tratado porque se hicieron trabajos para hacer un balance, pero aprovechó para hacer un llamado para que el país haga un esfuerzo en la administración de los tratados para que se enfrente de mejor manera la apertura comercial.

Denunció que la actividad económica agropecuaria mensual ha caído un 7% y del 2010 al 2012 el sector ha perdido 15 mil empleos.

“Junto a estos tratados necesitamos reformas a Banca para el Desarrollo para apoyar a los productores y darles acceso real al crédito al tiempo de hacer un esfuerzo país para alinear todas las instituciones para enfrentar la apertura comercial de manera ordenada, eficiente y eficaz” dijo Alvarado.

Grupo de mujeres presiona para aprobación de ley que protege agua

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

30 de octubre del 2013

Un grupo de mujeres de varias zonas en conjunto con la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), presentaron un compilado de firmas para presionar la aprobación del expediente 17742 Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Este proyecto fue presentado mediante la vía de Iniciativa Popular y respaldado por la rúbrica de 150 mil personas, sin embargo luego de cuatro años y cerca del vencimiento de su plazo, la iniciativa no ha sido discutida y votada.

En el manifiesto público llamado Las Mujeres y El Acceso Al Agua, se solicita que “se atienda nuestra realidad y nos aseguren que el agua llegará a los hogares en la cantidad, calidad y precio adecuado, incluyendo a los hogares con menos recursos económicos. También demandamos que se fortalezca la gestión y el manejo del agua por parte del Estado y de las comunidades”.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza Jiménez expreso que se sentía muy orgulloso de recibir estas firmas y que iba a ubicarlas cerca del Plenario para que los diputados recordaran este compromiso.

“Me siento muy orgulloso de recibir a mujeres representantes de zonas tan diversas de nuestro país. Quiero decirles que estas firmas no irán a ninguna comisión ni a ningún archivo. Las vamos a ubicar cerca del Plenario para que todas las señoras y señores diputados recuerden el compromiso que tienen con todas ustedes”, expresó el Presidente de la Asamblea Legislativa Luis Fernando Mendoza García.

El proyecto de ley busca garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones, como un bien de dominio público y un derecho humano fundamental.

A la vez genera espacios para la coordinación de distintas instituciones estatales que han de velar por la gestión adecuada del recurso, y abre la posibilidad de participación de sectores interesados tales como comunidades, el sector productivo, el sector académico y la sociedad civil.