Editor – Página 161

Municipalidades contribuyen con el desarrollo de comunidades

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de setiembre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipalidades y Desarrollo Local Participativo dictaminó varios expedientes que significan mucho para varias comunidades del país.

En el primer caso, con la luz verde dada por unanimidad al expediente 18515 los vecinos de San Francisco de San Isidro de Heredia podrán estar tranquilos puesto que la Asociación de Desarrollo Específica Pro CEN CINAI tendrá un terreno donde ubicarse. Esto por cuanto la Municipalidad podrá donar el inmueble mediante esta autorización.

En caso de que se varíe el uso original del inmueble sin autorización de la municipalidad o se disuelva la persona jurídica beneficiaria, la propiedad del terreno donado volverá a ser de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, debiendo inscribirse esta condición y limitación como un gravamen sobre ese inmueble.

Además, el texto contempla que la inscripción del inmueble estará exenta del pago de honorarios y de todo tipo de derechos y timbres.

También la Municipalidad de Matina podrá ajustar las tarifas de impuestos ya que el grupo legislativo dictaminó el expediente 18.572 para tales fines.

El Ayuntamiento tiene planes para mejorar la infraestructura de la localidad, así como mejorar los servicios públicos.

Y es que la ley que rige las tasas municipales datan de 1996 y las circunstancias del cantón han cambiado mucho.

Los cambios propuestos, esencialmente se relacionan con una mayor precisión de algunos términos jurídicos y con la base impositiva.

Se ubica el parámetro de cálculo en los ingresos brutos percibidos por el contribuyente, perdiendo interés el ingreso neto como parámetro para cálculo del quantum tributario.

Igualmente, se gravan algunas nuevas actividades económicas. Se establece un impuesto a los rótulos, entre otras novedades.

La nueva propuesta de ley establece también un mecanismo para incentivar la inversión en actividades que sean consideradas prioritarias y deseables para el cantón.

Eso se logra por medio de rebajas en la tasa impositiva, de manera que el inversionista perciba como una señal positiva dicha rebaja. Se espera que ese mecanismo de incentivo coadyuve para convertir en realidad la visión cantonal, por medio de la atracción de nuevas inversiones.

Y finalmente la Asociación de Desarrollo de Barrio las Américas de Pérez Zeledón tendrá un terreno donde podrá habilitar un salón comunal. Esta autorización la consiguen con el expediente 18.675.

El ayuntamiento no solo dona el inmueble sino que también se compromete a apoyar la construcción de la obra para lo que suscribió un convenio por veinticinco años con la Asociación de Desarrollo, a fin de desarrollar el proyecto.

Partidos reconocen deuda en tema de participación de mujeres

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de setiembre del 2013

William Alvarado Bogantes, Secretario General del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), reconoció que en la actualidad existe una deuda por parte de los partidos políticos, en cuanto a la participación de las mujeres en el campo político y en los puestos de elección popular.

Alvarado compareció en compañía de Olga Marta Sánchez Secretaria General del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes se refirieron a la investigación de control político sobre las repercusiones en contra de los derechos políticos de las mujeres que han provocado las interpretaciones que ha emitido el Tribunal Supremo de Elecciones a la aplicación de la paridad en las totalidades de los partidos políticos.

El representante del PUSC indicó que se viene de un sistema patriarcal, donde realmente la participación de las mujeres no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito general ha sido minimizada.

“Hay tres principios básicos en todo proceso electoral y es la igualdad política que es fundamental, que se manifiesta a través del sufragio, esa es la participación de todo ciudadano de poder elegir, la parte de la soberanía nacional y el pluralismo político, la posibilidad que tenga toda persona de poder ser electa en cualquier posición”, sostuvo.

En este mismo sentido añadió que los partidos políticos deben reconocer que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en posiciones de elección, y es importante buscar la participación política de la mujer, sobre todo como un derecho humano.

“En el Código Electoral actual se establecen los principios de paridad y alterabilidad, y eso ha llevado que muchos de nuestros partidos y nosotros somos un ejemplo real de eso, las mujeres ocupan las últimas posiciones, se mantiene ese principio, las mujeres ocupan puestos donde la probabilidad de ser electos es mínima y eso es una realidad que creo que tenemos que aceptarla”, comentó.

Finalmente Alvarado señaló que es importante buscar algún mecanismo para que las mujeres ocupen puestos reales de elección popular, lo que calificó que el tema del sorteo no debería ser el único, “sino que habrá que valorar algunos otros y darle mucho énfasis en el tema de participación, el tema de fortalecimiento es fundamental y sobre ese aspecto hay que trabajar y los partidos son los llamados a desarrollarlo”.

Por su parte Olga Marta Sánchez Secretaria General del PAC, reconoció que en la actualidad existe esa deuda que hay que saldar de parte de los partidos políticos, para que en los salones de la Asamblea Legislativa haya más mujeres reconocidas por su aporte a la construcción de la ciudadanía costarricense.

“Hay una realidad de invisibilizar, una cosa es que estemos presentes y otra que se nos reconozca esa participación, en los últimos años es importante reconocer que hemos dado avances, en lo que es la participación sobre todo política, que conduzca a mujeres a puesto de representación popular”, señaló.

UTN contará con mayor recursos

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de setiembre del 2013

El rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Marcelo Prieto explicó ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, la importancia de un proyecto de ley que asigna más recursos a la institución.

Con esta iniciativa dictaminada se crea un impuesto especial adicional al impuesto de salida, que se cobrará a toda persona que salga del territorio nacional por vía aérea.

Igualmente se obliga a la universidad a destinar un porcentaje, no menor al 80% de lo recaudado, para dedicarlo al financiamiento de gastos e inversiones en la provincia donde se recauda el impuesto y el restante 20% para desarrollo de programas de interés universitario en aquellas provincias en las que no existen puertos, fronteras o aeropuertos.

El Rector de la UTN indicó que el Consejo Universitario de la institución decidió establecer que la mitad de esos recursos tendrán que usarse para proyectos y programas en cantonees de menor desarrollo social y en buscar la descentralización de carreras.

El Rector indicó que esta primera etapa se han enfocado en fortalecerse en las zonas del país donde cuentan son sedes pero que existe la voluntad de las autoridades universitarias de extenderse a la mayor brevedad.

Agregó que para llegar a más lugares han iniciado conversaciones con personeros de las Juntas de Educación de los Colegios Técnicos de la zona Sur, Limón y la zona norte de Alajuela y en un futuro próximo llegar a la zona peninsular de Guanacaste.

La secretaria de la Comisión la diputada Elibeth Venegas Villalobos mostró su satisfacción por el apoyo al proyecto de ley y la oportunidad de llevar más opciones educativas a diversos sectores del país.

Inician trámite para que deudas con la Caja no prescriban

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y protocolo
Asamblea Legislativa

2 de setiembre del 2013

El Plenario Legislativo inicio el trámite en primer debate por el fondo del expediente 17954 Imprescriptibilidad de las deudas por cuotas obrero patronal de los seguros sociales, con el cual se busca reforzar los ingresos de la institución.

El diputado José María Villalta Florez- Estrada del Frente Amplio, proponente de la iniciativa destacó que con su aprobación se fortalecerá la Caja y sus herramientas para garantizar el cobro de las cuotas obrero patronal.

El proyecto reforma el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social estableciendo que no prescribirán las acciones penales por delitos contra la seguridad social como la retención indebida de las cuotas de los trabajadores.

El congresista recalcó que se han dado casos donde no sólo se dejan de pagar las cuotas obrero-patronales sino que además se retienen la cuota que corresponde a los trabajadores. Recordó que con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador se estableció que la acción penal para reclamar el delito es de dos años y el mismo es menor al plazo de prescripción mínimo establecido en el Código Procesal Penal.

Resaltó que el proyecto plantea que la regla de prescripción por delitos penales contra la seguridad social serán las mismas establecida en el Código Procesal Penal y el Código Penal pero el plazo se empezará a computar cuando la Caja tenga conocimiento de la falta.

La nueva legislación establece además que los derechos de reclamo de cuotas aportadas por los trabajadores tampoco prescribirán, o sean que no se pierden con el paso del tiempo.

La iniciativa que fue la primera en ser dictaminada por la Comisión Especial Investigadora de la Caja, podría ser aprobada en primer debate en las próximas sesiones del Plenario Legislativo.

Diputados del Parlatino intercambian experiencias en derechos humanos

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

29 de agosto del 2013

En la sesión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelerías del Parlamento Latinoamericano, el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero se refirió al trabajo de los diferentes cuerpos policiales del país.

El jerarca de Seguridad indicó que a mediados de 1990 con la entrada en vigencia de la Ley General de Policía se empieza en Costa Rica a profesionalizar a los cuerpos policiales.

Zamora Cordero mencionó que en la actualidad de los sistemas de control no habla ni se abordan los derechos humanos y es el sector que menos recursos recibe.

El Ministro mostró su preocupación ya que la escasez de recursos para temas penitenciarios amenaza al sistema democrático.

Por lo que en Costa Rica se está intentando romper esquemas al establecer en unión con la Universidad Estatal a Distancia una carrera de Ciencias Policiales.

La actividad también contó con la participación de la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum quien explicó la aplicación y experiencia del país con el Convenio Internacional sobre la Prevención de la Tortura.

La Defensora sostuvo que le preocupa la sobrepoblación carcelería que llega en la actualidad al 38 por ciento, algo que calificó de inaceptable.

Indicó que va a comunicar al Comité Permanente de Naciones Unidas para que ayude al país y dé observaciones para no seguir violando los derechos humanos.

El diputado Óscar Alfaro Zamora, presidente de la Comisión y representante del país ante el Parlatino resaltó la importancia de las exposiciones.

Aprobado informe sobre INDRA

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

29 de agosto del 2013

Los diputados aprobaron por unanimidad el expediente 18832 la investigación relacionada con la contratación de una consultoría informática y de rediseño de procesos por $ 1,8 millones con la firma INDRA Sistemas S.A. que hiciera el Poder Judicial.

La entidad contrató con la firma española cuya dirección local está a cargo del esposo de Ana Virginia Calzada Miranda, ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata del abogado Jorge Obando Sancho, a quien la empresa Indra ofreció como director del proyecto para mejorar la labor del Ministerio Público y la Defensa Pública, pagándole en total $149.000, según consta en el expediente del contrato.

Entre las conclusiones se encuentran: “que la empresa ha incumplido con los plazos de entrega y que sus productos presentan una serie de debilidades en su calidad, situación que ha motivado su rechazo…”.

“En cuanto a la situación de Jorge Obando Sancho, resulta inaceptable para los Diputados firmantes, por no decir poco creíble, que la Magistrada Calzada no conociera de la participación de su marido con la empresa de marras. Tampoco es de recibo que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia no conociera del asunto y mucho menos que no conozca al señor Obando, al cual la empresa ofreció la dirección de la consultoría, siendo el cónyuge de quien ha sido compañera de trabajo por muchos años”.

“Para los Diputados de esta Comisión hay una lesión al deber de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, toda vez que el manejo del contrato no es transparente, por cuanto si bien la Magistrada no tomó decisiones directamente relacionadas con Indra, existen suficientes elementos para pensar que, de manera indirecta, hubo favorecimiento y trato especial por tratarse del cónyuge de una alta autoridad pública, situación que, por supuesto, ningún subalterno habría de denunciar por temor a represalias en su contra”.

La Comisión también recomienda: “Exigir al Departamento de Fiscalización y Evaluación Operativa que examine con mayor rigurosidad sus disposiciones, a la luz de lo que las propias investigaciones arrojan, toda vez que no existe concordancia entre conclusiones y mandatos, por resultar categóricos los primeros y laxos y condescendientes los segundos”.

“Fiscalizar e informar semestralmente a esta Comisión acerca de todo el proceso de ejecución del contrato entre el Poder Judicial y la empresa Indra Sistemas S.A., detallando el avance del proyecto, sus productos y el aporte de estos al cumplimiento de los objetivos del contrato”. “Verificar el cumplimiento y satisfacción de las disposiciones de su informe, en particular, el establecimiento de normas internas que garantice la verificación del régimen de prohibiciones e incompatibilidades que evitarán conflicto de interés”.

Al Poder Judicial le solicitan “remitir a esta Comisión un informe semestral sobre la ejecución del contrato suscrito con la empresa Indra Sistemas S.A., detallando el avance del proyecto, sus productos y el aporte de estos al cumplimiento de los objetivos del contrato”. “Activar el régimen disciplinario contra los funcionarios encargados de fiscalizar el proyecto y los responsables de autorizar las prórrogas y modificaciones en el cronograma de trabajo, así como quienes recibieron los productos y se dieron por satisfechos”.

A la Asamblea Legislativa “aprobar el expediente Nº 18.791 “Interpretación Auténtica de los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la Ley Nº 7494, Ley de Contratación Administrativa” para evitar que situaciones como la denunciada en este informe se repitan al amparo de una interpretación errada de la norma.

Concluida investigación de viajes de presidenta

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

29 de agosto del 2013

Luego de que compareciera el ex Viceministro de la Presidencia y ex Comisionado Antidrogas, Mauricio Boraschi la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público aprobó una moción para dar por concluida la investigación de los viajes de la Presidenta Chinchilla en una aeronave de un empresario cuestionado por supuesto tráfico de drogas.

La diputada María Ocampo Baltodano dijo que no es conveniente continuar con el tema porque las autoridades judiciales investigan actualmente el caso y muchos de los comparecientes no han contestado las preguntas de los legisladores, lo que hace en su criterio, innecesario continuar con el proceso.

La parlamentaria Marielos Alfaro Murillo se molestó por la medida tomada por la mayoría del grupo legislativo y dijo que no es conveniente terminar en momentos cuando falta la comparecencia de dos personas involucradas: Rolando Fonseca y Gabriel Morales.

Alfaro explicó que el objetivo de la comisión no es ese, es investigar hasta el final cada caso.

“Es vergonzoso, los argumentos para terminar no son satisfactorios, son insuficientes, injustificados y vacíos”, agregó.

Comparecencia de Boraschi

En la comparecencia el ex Comisionado reiteró que él no fue informado en ninguna de las dos ocasiones en que viajó la Presidenta Chinchilla en la avioneta cuestionada, no motivó, aconsejó ni aprobó los viajes, que en este caso medió el descuido y la prepotencia, obviaron las consultas respectivas, se rompieron los protocolos y fue una decisión tomada con premura y descuido.

También dijo que él no era guarda espaldas de la Mandataria y que no estaba junto a ella todo el día para conocer todos sus movimientos.

Boraschi indicó que bajo estas condiciones de trabajo él no podía continuar en su puesto y eso lo hizo apartarse.

Además, recalcó que desde el 23 de noviembre del 2011 el Organismo de Investigación Judicial, OIJ y Seguridad Nacional tenían conocimiento de los movimientos del señor Gabriel Morales.

Y que si él hubiera sabido que la mandataria iba a viajar en ese avión se lo hubiera impedido al costo que fuera. Boraschi calificó de un grave fallo que comprometió la seguridad de la Presidenta.

Explicó el ex funcionario que prefirió hacerse a un lado, favorecer la investigación y salir con la frente en alto y con las manos limpias.

Una vez finalizada su defensa Boraschi comunicó a los diputados que no respondería a ninguna pregunta debido a la investigación que se desarrolla en estrados judiciales.

Defienden proyecto de gas licuado

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

28 de agosto del 2013

Algunos diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos defendieron el proyecto sobre gas licuado de petróleo, expediente 18198.

Explicaron el contenido del texto el cual aseguran le fueron incorporadas todas las recomendaciones dadas por instituciones afines al tema y está listo para aprobarse.

Entre los aspectos más importantes que contiene es el sistema de trazabilidad que garantiza saber quien embasa y distribuye de forma tal que habrá responsables en caso de un accidente.

El Presidente del grupo legislativo, Víctor Hugo Víquez aclaró que ningún diputado tiene algún interés particular y reconoció que han tenido presiones.

El legislador dijo que es urgente darle herramientas legales al Ministerio de Ambiente y Energía para que pueda controlar la distribución del gas, debido al último incidente que cobró la vida de personas.

Este proyecto de ley, pretende solucionar los problemas del mercado del GLP con respecto de la definición de la propiedad de los cilindros, asegurar el abastecimiento universal del combustible para beneficio de los usuarios, sean industriales, personas individuales o cualquier otro, establecer un marco regulatorio general con el que el MINAET pueda construir los reglamentos necesarios para establecer con claridad las reglas de la actividad y brindar al pueblo de Costa Rica condiciones de seguridad aceptables en un mercado.

Según la exposición de motivos del proyecto existe una carencia significativa de regulación que impide al Estado velar por la seguridad de los ciudadanos, tanto para los que viven cerca de los expendios como de los que se acercan a este tipo de lugares exponiéndose a las fugas o cualquier otro tipo de accidente.

“En la distribución también se presentan problemas sustanciales, desde la falta de capacitación y manejo de las personas que se dedican al transporte de envases de GLP, hasta personas inescrupulosas en el mercado que violan los sellos de seguridad, extraen combustible de los cilindros llenados en las plantas envasadoras, con el único fin de venderle menos peso al consumidor y llenar otros recipientes vacíos en su poder, lo que pone en riesgo su propia seguridad y la de los consumidores”.

La iniciativa fue elaborada por la organización: Consumidores de Costa Rica, presentado en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa en el 2011 y acogida por el diputado Víctor Hugo Víquez Chaverri.

Dictaminan reforma parcial al Reglamento

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

28 de agosto del 2013

Nuevos plazos:

1 año para votación de proyectos
Reduce tiempos del uso de la palabra
Mociones para modificar textos pasa de 4 a 2 días
Reenvió de proyectos a comisión será con plazo definido

Todos los proyectos de ley tendrían un año para ser aprobados de prosperar una reforma parcial al Reglamento de la Asamblea Legislativa que fue dictaminada de forma unánime con siete diputados en la Comisión Especial creada para ese fin.

Se exceptúan de ese trámite los proyectos de reforma constitucional, los cuales serán resueltos en un plazo no mayor a dos años, los empréstitos o créditos referidos al crédito público, que deberán resolverse en un plazo no mayor a seis meses, los nombramientos, los cuales se tramitarán en plazo que no exceda de tres meses a partir de la notificación a la Asamblea Legislativa.

Igualmente se deja por fuera los presupuestos ordinarios y extraordinarios, los que se han de resolver en el plazo dispuesto constitucionalmente y los asuntos en los que este reglamento o una moción aprobada para tal efecto por el Plenario legislativo establezca un plazo menor.

Con respecto a la discusión por el fondo de un proyecto en primer debate, cada fracción podrá hacer uso de acuerdo a la cantidad de miembros para lo que se establece que la fracción con mayor cantidad de diputados dispondrá de hasta 30 minutos, la segunda 20 minutos, las fracciones que tengan dos o más diputados tendrán hasta quince minutos y cada fracción de un solo diputado tendrá hasta diez minutos.

Por otra parte los tiempos para la discusión en segundo debate serán de 60 minutos para la fracción con mayor cantidad de legisladores, la segunda fracción dispondrá de hasta cuarenta y cinco minutos, las fracciones que tengan dos o más diputados tendrán hasta treinta minutos y cada fracción de un solo diputado tendrá hasta quince minutos.

Cuando se trate de mociones destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto al fondo, estas solo se admitirán cuando se presenten en las primeras dos sesiones de discusión del proyecto en primer debate, siempre que este no se haya concluido.

Igualmente de define que solo se podrá reenviar un proyecto a la comisión dictaminadora, por una sola vez, con plazo definido para su trámite.

La diputada Yolanda Acuña Castro del Partido Acción Ciudadana, se mostró satisfecha con el avance de este proyecto de ley.

Para el Presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza Jimenez resaltó que con esta iniciativa se regula el tiempo del uso de la palabra.

Dictaminan afirmativamente Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

28 de agosto del 2013

Tras concluir el período de audiencias y con el voto unánime de siete diputados presentes en la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, se dictaminó afirmativamente el expediente 18.805 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia.

Colombia representa un mercado muy atractivo para Costa Rica de cerca de 46 millones de personas, pero con un poder adquisitivo superior, que ronda los US$8.000 per cápita, con medios de transportes establecidos y con una interesante proyección de crecimiento de su economía.

Adicionalmente, se destaca como un exportador de materias primas, lo que contribuiría a mejorar la competitividad de nuestra industria.

El diputado liberacionista y Presidente de la Comisión, Oscar Alfaro Zamora, resaltó las ventajas de esta iniciativa.

Para la diputada libertaria Marielos Alfaro Murillo esta negociación es un paso natural para Costa Rica, lo que permitiría continuar impulsando nuestra agenda comercial, fortaleciendo nuestra presencia en los países suramericanos. Puntualizó que es necesario seguir tomando medidas como país para seguir brindando este tipo de oportunidades.

Una opinión similar manifestó el jefe de la bancada socialcristiana, Rodolfo Sotomayor Aguilar, quien urgió a tomar medidas país para generar fuentes de empleo.

El comercio bilateral entre Costa Rica y Colombia alcanzó en 2011 los US$ 503,9 millones. El acuerdo establece un programa de desgravación arancelaria con una amplia cobertura donde Colombia otorga el acceso inmediato del 69% del universo arancelario, donde se incluye cacao en grano, sal refinada, papel y textil entre otros.

Dentro de los productos beneficiados se encuentran: el follaje, puré de banano, pastas de arroz, mientras que en el sector industrial se incluye los neumáticos, instrumentos médicos y medicamentos entre otros.

En cuanto a la desgravación arancelaria se negociaron plazos que van desde los tres hasta los 15 años y se estableció una lista de productos excluidos como es el café, carne de res, pollo cerdo, arroz, productos plásticos entre otros.

La Comisión culminó hoy la etapa de audiencias con la comparecencia de representantes de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) quienes se manifestaron a favor del proyecto.

Mónica Segnini, Presidenta de la organización dijo que este Tratado es sumamente favorable para Costa Rica al tiempo que hizo un llamado para continuar un esfuerzo tripartito entre académicos, sector privado y gubernamental para enfrentar los retos que se tienen pendientes como país y poder ser más competitivos.

El proyecto pasa ahora al Plenario legislativo para su discusión final.