Autor: Editor

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de junio del 2013

Profesionalizar los cuerpos policiales con que cuenta el país es el objetivo primordial del expediente 18751 Ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, al cual el Ministro de Seguridad, Mario Zamora pidió su aprobación ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

En una sesión de trabajo el jerarca manifestó a los legisladores la necesidad de modernizar la estructura policial existente, permitiendo resolver los problemas que aseguró sufre  el principal cuerpo policial como es la fuerza pública con más de 14 mil efectivos.

La propuesta plantea varias reformas entre ellas la institucionalización de órganos que operan en la actualidad de hecho como es el Consejo Superior de Oficiales que facilitará la toma de decisiones aseguró Zamora.

El proyecto   permite  la designación de  agregados policiales nombrados por el Consejo Superior de Oficiales  que serán funcionarios de alto perfil y amplia experiencia y solvencia moral que  representarán al país en naciones como Nicaragua, Panamá, México y Colombia entre otros.

Además crea el Tribunal de Conducta Policial que  resolverá los asuntos relacionados con la materia disciplinaria policial y en los casos en que la sanción a imponer sea el despido, elevará las diligencias al Poder Ejecutivo para la emisión del respectivo acuerdo.

El Ministro dijo que esto permitirá una mayor rigurosidad a la hora de supervisar a los oficiales policiales para ser más exigentes en los procesos de indagación.

Una de las novedades de la propuesta es que se propone el cambio de nomenclatura de la Fuerza Pública, pues aseguró el ministro Zamora, el nombre actual refiere a la integración de las fuerzas armadas lo que a nivel internacional   da una idea equivocada de lo que tiene el país  por lo que se propone el de policía civil.

Otro de los cambios que se introduce explicó Zamora, es la creación de un programa que permite que los recursos sobrantes de cada año se destinen a un fideicomiso operativo a cargo de un banco público para destinarlos a financiar proyectos  a largo plazo.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de junio del 2013

Marta Acosta, Contralora General de la República, externó la preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo, ya que sigue presentando un aumento paulatino como resultado del balance fiscal.

La jerarca de esta dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, quien se refirió a la liquidación del Presupuesto del año 2012.

Acosta resaltó que la deuda pública está creciendo un 2% del Producto Interno Bruto, PIB, anualmente, por lo que advirtió que si eso continúa así se alcanzaría en un par de años niveles de un 40%.

En este mismo sentido añadió que producto de ese desbalance fiscal que arrastra el país por muchos años, se siguen financiando gastos corrientes con endeudamiento, con lo cual no se cumple con el artículo 6 de la  Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos.

“Este es un tema recurrente la Asamblea Legislativa todos los años aprueba el presupuesto en esas condiciones, lo cierto es que la Contraloría recomienda que se tomen medidas graduales para que se pueda resolver este tema en el mediano y en el largo plazo”, puntualizó.

En el tema de remuneraciones, la Contralora General de la República, manifestó que creció el año pasado en términos reales en un 5%, lo cual aunque si se ha mostrado una disminución en el ritmo de crecimiento de la partida de remuneraciones evidencia la necesidad de ajustes en materia de empleo público.

“Son muchos los informes y las acciones que ha tomado la contraloría con el propósito de ir ordenando el tema de empleo público, pero igualmente la administración y la Asamblea Legislativa también deberían de tomar algunas decisiones en esta materia”, comentó.

Finalmente mencionó que en al año 2012 se cumplió con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, sobre el porcentaje de gasto destinado a la educación, “aquí lo que queda es una discusión de fondo, recordemos que el bono demográfico de nuestra población se está revirtiendo, hay que cuestionarnos cuál es la calidad de la educación que le estamos dando a nuestros niños y jóvenes”.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de junio del 2013

“Si nos adherimos al Convenio sobre la Ciberdelincuencia estaríamos entrando a las grandes ligas del combate a este flagelo. Hay mucho que hacer a nivel interno pero Costa Rica tiene el liderazgo en capacidad tecnológica para asumir este reto” dijo el abogado experto en derecho informático, Cristian Hess Araya ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior que estudia el expediente 18.444 relativo a la aprobación de dicho Convenio.

Hess Araya explicó que retrasar la firma de este acuerdo sería dar una mala señal al mundo en el sentido que nuestro país no tiene ni seriedad ni preparación para combatir este tipo de delitos.

El Convenio busca integrar esfuerzos a nivel internacional para disminuir la vulnerabilidad de los ataques a los sistemas informáticos y combatir la práctica del delito informático. “Es el primer instrumento multinacional diseñado para combatir el problema”, dijo Hess.

El especialista mencionó a los congresistas de la Comisión que los delitos que se combatirían son los relativos al acceso ilícito, interceptación o interferencia de datos (como el robo de identidad); a los delitos informáticos como el fraude; a aquellos relativos a su contenido como la pornografía; o a los que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual.

El experto explicó a los diputados que el convenio establece una guía para que los países promulguen leyes específicas, lo cual es una tarea que en el caso de Costa Rica, hay que hacer.

El compareciente puntualizó a los legisladores que los sistemas informáticos atraen cada vez más la atención de los delincuentes por el valor que significa la información que contienen esos sistemas.

Añadió que hay factores que dificultan su combate como la velocidad con la que actúan, la facilidad de encubrimiento, la indiferencia de la opinión pública, el temor de denunciar los delitos y el perfil no tradicional del delincuente.

En el caso de nuestro país, Hess Araya añadió un factor más que denominó como “ensalada normativa” al referirse a que en Costa Rica hay normas dispersas e inconsistentes, vacíos legales y errores legislativos en otras lo que genera incertidumbre jurídica sobre lo que está vigente en la materia.

Ante consulta de las legisladoras del PAC, Jeannette Ruiz Delgado y María Eugenia Venegas Renauld, Hess Araya explicó a los diputados que el Convenio contempla la posibilidad de hacer reservas sobre ciertos puntos como podría ser los plazos de implementación.

Asimismo sugirió la integración de una comisión de alto nivel por parte del Poder Ejecutivo para que expertos en la materia diseñen un plan de cumplimiento de los compromisos que se incluyen en el Convenio.

Los diputados integrantes de la Comisión aprobaron convocar en audiencia al Ministro de Justicia para que se refiera al tema.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de junio del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente un proyecto que pretende que el Banco Central de Costa Rica (BCCR), al tenor de su potestad de emisión monetaria e influencia en la definición de tasas de interés y tipo de cambio, coloque el factor de empleo en el mismo nivel de importancia que la meta inflacionaria.

El proyecto aprobado bajo el expediente 18.056 Modificación al artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558 de 25 de noviembre de 1995, busca que el Banco genere políticas para que no solo se controle la tasa de inflación sino que se posibilite el crecimiento de la economía y de la fuerza laboral.

La diputada libertaria Patricia Pérez Hegg, quien suscribió el informe afirmativo de subcomisión sobre este proyecto, alabó la iniciativa porque es importante que el Banco Central cuando fije la meta de inflación no solo cuide los precios sino el nivel de empleo. “No estamos agregando nuevos objetivos al Banco, lo que estamos es dándole la misma prioridad al tema del empleo respecto a la inflación”.

Pérez Hegg explicó que una política monetaria y cambiara supeditada exclusivamente al control de la tasa de inflación también genera costos sociales tan elevados como los de una tasa de inflación elevada. “El costo social visible de tal política se manifiesta en la tasa de desempleo formal y en la cantidad de fuerza laboral de carácter informal. Eso es lo que queremos evitar con este proyecto”.

El Banco Central, ante una consulta del diputado del PUSC, José Roberto Rodríguez, reiteró su posición respecto a la inconveniencia de aprobar el proyecto tal y como está, pues ellos consideran que lo que se debe hacer es una reforma integral. “Es importante que se realice una amplia discusión y análisis de qué otros cambios se requeriría hacer a la Ley Orgánica del BCCR para cumplir con la jerarquía de objetivos que se le asigne” dice la misiva enviada al diputado.

Recursos para Guías y Scouts

La Comisión también dictaminó afirmativamente el proyecto 18.677 Reforma al inciso n) del artículo 9 de la ley nº 7088, de 30 de noviembre de 1987 y sus reformas.

El proyecto señala que en adición al impuesto a la propiedad de vehículos se establece un aporte anual por vehículo de mil setecientos colones (hoy de mil colones) que será distribuido entre diversas organizaciones sociales.

A la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica le corresponderá un 56%; al Centro Diurno de Atención al Ciudadano en la Tercera Edad (ASCATE) un 10%; a la Asociación Hogar Ancianos de Pérez Zeledón un 4%; al Patronato Nacional de Rehabilitación un 15%  y el restante 15% a la Asociación Pueblito de Costa Rica.

Para el caso de los Scouts, el proyecto dictaminado también obliga a que esa Asociación distribuya un 25% de lo que se le otorga a los grupos activos que estén debidamente inscritos.

La Comisión también rechazó dos expedientes, el 18021 Reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, nº 7558 y sus reformas, para incentivar el ahorro nacional y la inversión a través de la reducción del encaje legal, y el 18616 Reforma del artículo  20 y adición de un nuevo artículo 20 bis a la ley nº 7789 del 30 de abril de 1998, transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de junio del 2013

Helena Molina Ureña, Representante de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó que la pesca de arrastre de fondo que se realiza en Costa Rica, es una pésima práctica que va en contra del bienestar del ecosistema.

Ureña compareció ante los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, junto con Ingo Wehrtmann para que se refirieran al expediente 18543 Reforma al artículo 2, numeral 27 en su inciso d), el artículo 43 en su inciso d) y deróguese los incisos A y B del artículo 47 de la Ley 8436 Ley de Pesca y Acuicultura.

“El arrastre de fondo es una pésima práctica, que va en contra del bienestar y del ecosistema, busca una manera fácil y corta de hacer las cosas pero destruyendo su propio sistema, las fotos son muy claras de lo que sale en aguas profundas”, externó Ureña.

En este mismo sentido añadió que desde ese punto de vista, su opinión técnica personal es que ese tipo de pesca de arrastre tal y como se está realizando en nuestro país no es nada amigable con el ambiente, porque rompe con las principales condiciones del código de conducta de pesca responsable.

Explicó que la idea es ir poco a poco variando todas las malas prácticas que se están aplicando ya sea en el ambiente terrestre con agricultura o en el ambiente acuático con las pesquerías, e ir buscando alternativas más amigables con el ambiente.

“El desarrollo tecnológico y educativo que tiene Costa Rica en particular la pone en una situación muy especial para llevar la batuta en modificaciones significativas en la forma en que nosotros tratamos los recursos naturales y eso me refiero en manera global”, comentó.

Finalmente mencionó que a nivel mundial la crisis ya se está dando, por lo que es importante buscar de qué manera se puede ir recuperando algunos de las poblaciones y recuperando algunos de los habitad.

“Ese tipo de cosas no se deberían estar haciendo porque no solo afectan a muchas especies que no tienen que ver directamente con el interés comercial sino que también destruye habitad, para las mismas especies comerciales, entonces desde varios puntos de vista es nocivo”, señaló Helena Umaña.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de junio del 2013

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos decidió enviar a subcomisión el proyecto de Sociedades de Convivencia.

La medida la tomaron en vista de que a la iniciativa le fueron presentadas 500 mociones y la intención es analizarlas a profundidad.

“Unas incluso de estas mociones son inconexas así que trabajaremos fuertemente en esa subcomisión para en el plazo requerido rendir un informe que pueda ser conocido por la comisión en pleno”, dijo  la diputada Carmen Muñoz Quesada.

Los diputados que tendrán a cargo la labor de revisión de las mociones y de proponer alguna posición a Jurídicos son: Fabio Molina Rojas del Partido Libración Nacional, José María Villalta Florez-Estada del Frente Amplio y la proponente del proyecto Carmen Muñoz Quesada, quien la coordinara.

La subcomisión que analizara el proyecto de Sociedades de Convivencia tendrá dos meses para rendir el informe. La iniciativa pretende crear y regular una nueva figura llamada “sociedad de convivencia” con el fin de proteger derechos personales y patrimoniales de las parejas constituidas por personas del mismo sexo. 

Con este objetivo, se propone crear un marco legal básico e introducir reformas al Código Civil (artículos 543 y 572), Código Notarial (artículo 7), Ley General de Migración y Extranjería (artículos 73, 78 y 79), Código Procesal Civil (artículo 420), Código de Trabajo (artículo 85) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, los artículos 43 y 63.

Los derechos personales y patrimoniales que se pretenden reconocer a quienes formen una Sociedad de Convivencia son los siguientes:  régimen patrimonial; beneficios del sistema de seguridad social, del sistema financiero nacional para la vivienda y el resto de prestaciones estatales; herencia legal; permiso laboral por fallecimiento de conviviente; consentimiento informado sobre decisiones en temas de salud del conviviente cuando este no pueda darlo por sí mismo; ser beneficiarios de seguro y mutualidades; visita especial en caso de hospitalización o privación de libertad del conviviente; financiamientos comunes; ejercicio de la curatela del conviviente; ser titular del arrendamiento de la casa; residencia; régimen de protección de la vivienda y; alimentos mutuos.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa