Editor – Página 179

Cámaras rechazan que pensionados formen parte de solidarismo

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

23 de abril del 2013

Juan Ramón Rivera, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, se pronunció en contra de que los pensionados sigan formando parte de las asociaciones solidaristas, disfrutando de sus beneficios, esto porque este fin va en contra del principio de estas agrupaciones.

Rivera compareció en una sesión de trabajo, ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación, en conjunto con Alonso Elizondo, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, para que se pronunciaran sobre el expediente 18669 Reforma del artículo 8 de la Ley de Asociaciones Solidaristas.

“La posición de nuestra cámara es en contra de este proyecto, creemos que a pesar de que es muy viable y loable que los pensionados de las asociaciones solidaristas puedan pertenecer en esas asociaciones y seguir disfrutando de los beneficios, ese fin va en contra de un principio fundamental del solidarismo y es que exista una relación obrero-patronal”, dijo Rivera.

Así mismo añadió como ejemplo, que sería lo mismo en pensar que un sindicato de personas, funcione aunque no pertenezcan a un patrono o personas que no trabajan, esto debido a que el sindicato es una organización de trabajadores, igualmente estas agrupaciones vela por la armonía y cooperación entre patrono y un trabajador.

“Además consideramos que la ley es totalmente inopia, de poder determinar cómo sería esa relación posterior, porque la ley implica que al pensionarse el trabajador debe cancelársele sus prestaciones laborales y precisamente parte de su aporte a la asociación es el auxilio de cesantía y que sería retirado al pensionarse”, añadió.

Por su parte Alonso Elizondo, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, señaló que les preocupa esta reforma que se pretende establecer, ya que este tema desvirtúa el propósito de una organización dándoles acceso con las mismas características a un tercero, que es una persona ajena a la relación obrero-patronal.

“El espíritu del solidarismo básicamente es titular las relaciones laborales entre el patrono y el trabajador, ser un ente de paz social y nunca es nuestra intensión en este caso atacar o atentar contra las personas jubiladas o pensionadas”, dijo Elizondo.

Aprueban reforma a ley de delitos informáticos

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de abril del 2013

Con 42 diputados a favor y 2 en contra los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate el expediente 18546 Reforma de los Tipos Penales establecidos en los artículos 167, 196, 196 BIS, 229 bis, TER 229, 230, 231, 232, 236 y 295, del Código Penal, conocida como Ley de Delitos Informaticos.

El diputado Juan Carlos Mendoza García, manifestó que con esta ley se marca una pauta para que ningún periodista, ciudadano o funcionario público vuelva a sentir miedo por presentar denuncias de actos de corrupción.

«Este proceso en que se viene a despenalizar el develar o difundir información de interés público, que ha costado muchos meses y a costado la participación de muchas personas que han venido participando para mejorar el texto del proyecto que se conoció en la Comisión de Derechos Humanos», dijo Mendoza.

En este mismo sentido añadió que esta ley viene a corregir y dar el paso importante para proteger a las personas y a la prensa cuando denuncian actos de corrupción, sin embargo no es suficiente, según dijo, en un momento en que es necesario avanzar hacia una normativa de ley de transparencia y acceso efectivo a la información pública.

«Aquí lo que estamos haciendo es simplemente eliminando la pena sobre la disfunción de información de interés público, pero no existe en el país más allá que el derecho de petición y pronta respuesta ampliamente garantizado por jurisprudencia de la Sala, pero es necesario establecer una ley de transparencia y acceso efectivo a la información pública para que la ciudadanía, los medios de comunicación, los funcionarios públicos, podamos ejercer un control ciudadano», dijo el diputado.

Por su parte Walter Céspedes Salazar manifestó su complacencia con la aprobación de esta modificación a la Ley «pues es su manera de pensar que los medios de comunicación deben poder informar conforme a principios éticos sobre la verdad de los hechos, haciendo uso pleno de los valores de libertad de expresión, para que así logren cumplir su papel de agentes de formación de opinión pública y de control democrático de la gestión estatal».

Señaló además que «como ejemplo de la plena libertad de información sobre el quehacer de la función pública, con la vigencia de la ley tal cual está hasta el día de hoy, la ciudadanía nunca se hubiera enterado de las irregularidades y despilfarro de dineros públicos como los ocurridos con los recursos mal usados en la trocha fronteriza”.

El diputado Víctor Hugo Víquez Chaverri quien votó en contra la iniciativa, señaló que es creyente de la libertad de expresión, contemplada en varios artículos de la Carta Magna, pero también es necesario recordar que todos los costarricenses tienen derechos pero también deberes.

«Por ello el artículo 29 de nuestra Carta Magna en lo que interesa dice, que todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura pero serán responsables de los abusos que omitan en el ejercicio de este derecho» añadió Víquez.

El Parlamentario José María Villalta Florez-Estrada señaló que en el proyecto se aclara los secretos de Estado, regulados de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política, pero también se delimita el concepto de secretos de Estado de forma mucho más clara, con el objeto de que un Gobierno venga a declarar secreta información que es de interés público en los cuales no se afecta las relaciones internacionales o la seguridad nacional del país.

TLC con Perú

Por otro lado los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate el expediente 18150 Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú.

El plan pretende establecer y regular una zona de libre comercio entre los suscribientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

Así mismo los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate, el expediente 18439 Aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos.

También se aprobó en segundo debate el expediente 17845 Exoneración a las Asociaciones y las Fundaciones que Apoyan a las Unidades de Cuidados Paliativos.

País contará con sistema de registro único de beneficiario

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de abril del 2013

En la primera parte de la sesión el Presidente de la Asamblea Legislativa Victor Emilio Granados Calvo juramento a cinco magistrados suplentes para ocupar un puesto cada uno a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para un nuevo periodo de cuatro años.

Los magistrados que se juramentaron son: Lupita Chávez Cervantes, Jorge Alberto Lopez González, Jorge Solano Aguilar, Ana Isabel Vargas, y Damaris Vargas Vázquez.

En la segunda parte de la sesión uno de los proyectos aprobados es el 17843 Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, al aprobar los diputados y por unanimidad, en segundo debate el plan.

El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SIRBEN) tiene como propósito mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la información de todas las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad.

La diputada Gloria Bejarano Almada, quien impulsó la iniciativa, indicó que este proyecto ha venido hacer una preocupación de hace muchos años, debido a que las personas más pobres no son los que llegan a las ventanillas de las instituciones sociales.

“Porque sabemos que a pesar de la gran inversión social que hace Costa Rica existen todavía en el país focos de pobreza, veinte mil niños en estado de desnutrición, por eso es precisamente la necesidad de contar con un registro único de beneficiarios que nos permita no solamente focalizar la ayuda sino valorar los programas que se están realizando y que los recursos de los costarricenses se inviertan solidariamente”, comentó la legisladora.

Así mismo añadió que este sistema ayudará a eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales, al disponer de datos oportunos, veraces y precisos, para priorizar, administrar y optimizar de manera más acertada todos los fondos públicos de las entidades del Estado que destinan recursos a los programas sociales de la población con mayores necesidades.

También aprobaron en su trámite de segundo debate, el expediente 18577 Reforma de la Ley 7673 Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional.

El plan establece que los trabajadores serán los beneficiarios directos y únicos propietarios de los recursos que la Universidad Nacional traslade al Fondo de Beneficio Social por concepto de la administración de cesantía.

Igualmente que los réditos generados pasan a ser propiedad exclusiva del trabajador y serán distribuidos anualmente a los trabajadores, o bien en caso de que éste lo disponga, serán capitalizados en su cuenta individual.

Finalmente el Presidente del Congreso, Víctor Emilio Granados anunció que quedó ratificada la reelección de José Paulo Sauma Fiat, al cargo de miembro propietario ante la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), esto debido que aunque no se realizó la votación, se le venció el plazo para ello, sin que el Plenario objetara dicho nombramiento.

Diputados piden más explicaciones sobre vía San José-San Ramón

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de abril del 2013

Legisladores de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público continuaron pidiendo explicaciones al Ministro de Obras Publicas, Pedro Castro y al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Concesiones Edwin Rodríguez sobre el contrato para la ruta San José – San Ramón.

El diputado del PAC Manrique Oviedo Guzmán se refirió al modelo financiero utilizado en las negociaciones para dar en concesión a la empresa brasileña OAS la ampliación de la vía.

El congresista se quejó del bloqueo de dos de las páginas del modelo financiero lo que impide el acceso a la información y solicitó los atestados de las personas que realizaron la información.

El Secretario Técnico del Consejo respondió que el modelo toma en cuenta varios aspectos como son las inversiones iniciales del proyecto, así como las que se deben realizar a lo largo del contrato, gastos operativos y la demanda entre otros.

Añadió que fue él quien analizó el modelo financiero junto con José Alberto Zúñiga quien aseguró cuenta con los atestados para realizar esa labor y hoy le acompaño a su audiencia a la Comisión.

Rodríguez Aguilera informó que la empresa OAS fue notificada del refrendo que hizo la Contraloría General de la República el 27 marzo, momento en que empieza a correr los seis meses de la orden de inició de las obras.

Por su parte el legislador socialcristiano Walter Céspedes Salazar pidió al ministro Pedro Solano la renuncia a su puesto asegurando que fue asesor de las empresas OAS y CACISA, esta última participó en la construcción de la trocha fronteriza.

Aseguró además que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la Ética sobre la participación del jerarca dando asesoría a esas dos empresas.

Los diputados aprobaron solicitar la comparecencia para el próximo martes de la Comisión Evaluadora de los Atestados de la potencial cesionaria que emitió el documento “Evaluación de los requisitos y atestados del cesionario para la ruta San José- San Ramón”.

También se acordó llamar en audiencia al Director de Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, LANAMME, y a Humberto Pereira Diniz representante de la empresa OAS.

Magistrado Chinchilla reconoce importancia de convenio

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de abril del 2013

El Magistrado de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla Sandi compareció ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior para respaldar la aprobación del convenio sobre la ciberdelincuencia.

Chinchilla Sandi resaltó que vino a este foro a dar una pequeña visión de algo tan importante para el país, ya que Costa Rica no puede perder la oportunidad de ratificar este convenio, porque estos son delitos no convencionales cometidos por medios sofisticados que lleva a mucha impunidad.

El Magistrado indicó que este no es un convenio impositivo sino un instrumento que nos viene a dar sugerencias para tener un marco mínimo de regulación y nos compromete a una mayor modernizar de la legislación nacional.

Sostuvo que en este convenio y pese a que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos más avanzados no se regulan los delitos informáticos cometidos por los “hackers” que es cuando se ingresa sin provocar daño o alteración a los sistemas violando la intimidad de las personas.

Otra de la legislación contenida en este convenio y que Costa Rica no contempla es el abuso de los dispositivos y la falsificación informática con lo cual se tiene un rezago en regulación cibernético en el país.

Asimismo abogo por trabajar para permitir la extradición de nacionales investigados por delitos violentos, sexuales, homicidios y narcotráfico en lo que califico como una tarea pendiente que tenemos a nivel mundial.

La presidenta de la comisión, Jeannette Ruiz Delgado mencionó la importancia del acompañamiento en cooperación para lograr esos mínimos que se establecen en el convenio ya que este es un tema actual y dado que el desarrollo informático va muy rápido.

El diputado de Liberación Nacional, Luis Fernando Mendoza Jiménez indicó que luego de esta audiencia tienen más criterio y tranquilidad sobre la importancia del convenio, ya que es buen instrumento que plantea un reto al país para avanzar y reforzar el marco legal.

Por su parte la legisladora del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo califico como “una gran clase de derecho en un tema tan especializado” la participación del magistrado Chinchilla.

ANEP pide diálogo nacional

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

17 de abril del 2013

El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas y el Ministro de Trabajo, Olman Segura Bonilla comparecieron ante los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para referirse a la ley para proteger el empleo en tiempos de crisis.

Para el Secretario General de la ANEP el problema más importante que tiene el país es el crecimiento de la desigualdad social y por eso el tema del empleo y el salario se vuelve muy sensible.

Reseñó que este año se cumplen 70 años del Código de Trabajo, legislación muy importante para la clase trabajadora y la paz social de Costa Rica.

“Como país no hemos aprendido de la importancia del dialogo nacional pese a que muchas de las grandes transformaciones sociales de los últimos años fueron producto de dicho dialogo”, acotó Albino Vargas.

Sostuvo que dicho tema se debió haber abordado en esas instancias y se llegara con un documento consensuado para su pronta aprobación.

Por su parte el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla indicó que es muy importante que exista una ley en esta dirección para la atención y protección de los trabajadores.

“Creemos que este proyecto de ley debe contar con aportes de empleadores y de trabajadores para poder consensuar lo que se pueda llegar a implementar como ley de la República”, señaló Segura Bonilla.

El jerarca de trabajo mencionó la necesidad de algunas modificaciones al texto original.

Segura Bonilla advirtió de una serie de contradicciones y vacios en la redacción del proyecto entre ellos en la jornada de doce horas tanto diurna como nocturna y el tiempo de descanso.

Tampoco se estipula ningún régimen sancionatorio si el empleador no cumple con la obligación de dotar con transporte y áreas de cuido de niños en jornadas ampliadas.

Señalo que igual el texto del proyecto es omiso en el tratamiento legal de los tres días libres ya que solo uno se consideraría descanso semanal.

El Ministro hizo la advertencia de analizar lo referente al tema de la flexibilidad laboral y sugirió incluir modificaciones para que su uso se aplique por sectores para no generar un daño mayor.

Asamblea Legislativa se compromete con el ambiente

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

17 de abril del 2013

Como parte de las políticas en defensa del ambiente la Asamblea Legislativa presentó hoy la política institucional de gestión ambiental y la creación del galardón ambiental legislativo dedicado a los centros educativos del país.

Con este instrumento institucional se busca educar, capacitar y sensibilizar a los funcionarios legislativos sobre la importancia de la gestión ambiental y sensibilizar sobre el consumo racional del agua.

Así como elaborar e implementar acciones de recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, tales como papel, cartuchos de tinta y tóner, entre otros.

El Director Ejecutivo, Antonio Ayales Esna sostuvo que se trabajo durante varios meses y desde la Comisión Institucional de Gestión Ambiental para generar acciones en mejora de la calidad de vida de los funcionarios legislativos y del país.

Sostuvo que este es Instrumento estratégico de educación ambiental para cumplir normas ambientales que nace del artículo 50 de la Constitución Política y un ejemplo de responsabilidad social para mostrar el compromiso por disminuir la huella de carbono y enseñar a las nuevas generaciones.

La Viceministra de Ambiente, Maria Guzmán Ortiz celebró que la Asamblea Legislativa se una en la misma línea del gobierno en generar acciones de prevención de contaminación con un enfoque integral para cumplir con meta país de ser carbonó neutral.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados Calvo resaltó el trabajo de la comisión institucional.

“Tenemos que comprometeremos con estos esfuerzos por bien del ambiente sensibilizarnos y capacitarnos para dejar una huella para el futuro”, aseveró el Presidente Legislativo.

Pescadores contarán con gasolina más barata

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

16 de abril del 2013

Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate el expediente 17103 Interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y del artículo 123 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que permite a los pescadores contar con combustible más barato.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de los 38 diputados presentes y establece que al valorar los costos del combustible, deberá efectivamente considerarse las erogaciones actuales y efectivas, no proyectadas, de manera que no se incorporen distorsiones a los costos efectivos de adquisición y entrega del combustible, tales como los gastos administrativos, las proyecciones de inversión y la depreciación de activos.

El propósito del plan es precisar con certeza técnica el concepto «precio competitivo, con el precio a nivel internacional», ya que este último determina el precio mediante el cual el sector pesquero, exceptuando la pesca deportiva, adquiere de la Refinadora Costarricense de Petróleo, RECOPE, el combustible.

El diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar indicó que nuestro país cuenta con grandes virtudes pesqueras, no sólo en la calidad de los recursos disponibles en la gran zona económica exclusiva, sino por la cantidad de aproximadamente 120 mil familias que dependen directa o indirectamente de la industria pesquera.

Por su parte la legisladora Agnes Gómez Franceschi, señaló que esta lucha de los pescadores tiene muchos años, y agradeció al Poder Ejecutivo por convocar la iniciativa a sesiones extraordinarias.

Eligen magistrados

Los diputados eligieron en la primera parte de la sesión a cinco magistrados suplentes para ocupar un puesto cada uno a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para un nuevo periodo de cuatro años.

Los elegidos fueron: Lupita Chávez Cervantes, Jorge Alberto Lopez González, Jorge Solano Aguilar, Ana Isabel Vargas, y Damaris Vargas Vázquez. Los elegidos serán juramentados el próximo lunes 22 de abril.

Registro único de beneficiarios

Por otro lado los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 17843 Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.
Dicho sistema de información tendrá como propósito mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la información de todas las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios, o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad.

Será un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual contará con personaría jurídica instrumental para el logro de sus objetivos.

La diputada Gloria Bejarano Calderón quien impulsó el proyecto, manifestó que este sistema ayudará a eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales, al disponer de datos oportunos, veraces y precisos, para priorizar, administrar y optimizar de manera más acertada todos los fondos públicos de las entidad del Estado que destinan recursos a los programas sociales de la población con mayores necesidad.

Así mismo los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 18577 Reforma de la Ley 7673 Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional.

Dicha iniciativa establece que los trabajadores serán los beneficiarios directos y únicos propietarios de los recursos que la Universidad Nacional traslade al Fondo de Beneficio Social por concepto de la administración de la reserva de Cesantía.

Finalmente se aprobó en su trámite de primer debate el expediente 18485 Aprobación de la Adhesión al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales.

Amplian beneficios a productores afectados por la roya

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

16 de abril del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios aprobó una moción que amplia de 50 a cien fanegas de café, la producción afectada por la roya que pueda recibir los beneficios de un fidecomiso.

Se trata del proyecto de Ley N 18733, Ley para la creación del fideicomiso de apoyo a los a productos de café afectados por la roya (hemileia vastatrix) que inicialmente establecía la atención integral que enfrentan los agricultores cuya producción sea igual o menor a 50 fanegas.

Además la moción extiende el periodo de tiempo parta acogerse a los beneficios pues el texto original abarca la cosecha 2012-2013 y ahora se incluye la de 2013-2014, esto porque existen cafetaleros que van a comenzar de nuevo con las cosechas y el proceso puede tardar hasta dos años, según afirmó la diputada liberacionista Annie Saborío Mora.

“Es necesario ampliar el plazo pues de lo contrario se dejarían desprotegidos a los productores que recogen su cosecha entre el finales del 2013 y principios del 2014”, explicó.

La legisladora liberacionista aclaró que sólo se apoyará en el periodo 2013-2014 a aquellos cafetaleros que tuvieron renovación total o parcial de sus producciones.

También se modificó el proyecto de ley, eliminando el artículo 5, el cual hacía referencia a la declaratoria de interés público y a la prevalencia de este sobre cualquiera que se le oponga.

El fideicomiso recibirá recursos de tres fuentes, la emisión de hasta 40 millones de dólares de bonos por parte del Ministerio de Hacienda que debe ser incluido en un presupuesto extraordinario.

La segunda fuente es el aporte del 50% del superávit de Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares, FODESAF por una única vez, además se autoriza en el proyecto de ley las donaciones, transferencias y aportes de instituciones públicas y privadas.

IMAS espera estudios técnicos para ver viabilidad de terrenos

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

16 de abril del 2013

Mayra Díaz Méndez, Gerente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), manifestó que están pendientes de diferentes estudios que se han solicitado a varias instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias, para ver la viabilidad de un terreno que se pretende donar a la Fundación Canis y otra organización pro vivienda y ayuda comunal.

La jerarca de esa institución compareció en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración para que se refiriera al expediente 18241 Autorización al IMAS para que done tres terrenos de su propiedad a la Fundación Canis Costa Rica.

Díaz mencionó que el IMAS adquirió esos terrenos en el año de 1996 con la finalidad de construir un proyecto habitacional de interés social, quienes en ese entonces era para aproximadamente 200 familias que hicieron esa solicitud ante esa institución.

Sin embargo señaló que cuando inició la actual administración se les informó que la finca que cuenta con seis hectáreas tenía limitaciones en cuanto a que no contaba con servicio de agua y por otro lado tenía fallas tectónicas de consideración, por lo tanto era de alto riesgo para la construcción habitacional.

“Hubo estudios o algunas informaciones de instituciones en el pasado que manifestaba que ese era el problema que se tenía. Participé en una reunión con la Fundación Canis y coincidimos con el doctor Fernando Marín, Presidente Ejecutivo del IMAS, que es una fundación cuya finalidad es importante para el país y creemos conveniente que vale la pena que le ayudemos”, mencionó.

En este mismo sentido manifestó que además existe una Asociación Pro Vivienda que ha solicitado diferentes estudios a Acueductos y Alcantarillados y a la Comisión Nacional de Emergencias sobre la viabilidad de esos terrenos y están a la espera a ver qué usos se les pueda dar a esas fincas.