Autor: Editor

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

16 de abril del 2013

Los representantes del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) se presentaron en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para explicar el destino de los fondos que recibe.

Según explicaron dicho Patronato se encarga de potenciar el desarrollo de la persona con discapacidad, en riesgo social o marginación, garantizándole un mayor bienestar social, así como una mejor calidad de vida.

Los dirigentes indicaron que se vieron perjudicados ante la disminución  del monto que les corresponde recibir en razón del impuesto adicional que se cobra junto con el impuesto sobre la propiedad de vehículos establecido en el inciso n) del artículo 9 de la Ley Nº 7088 del 30 de noviembre de 1987.

La reforma que se realizó por medio del artículo 250 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nº 9078 del 4 de octubre de 2012, hizo cambios cuyos efectos inciden en la recaudación de esta  organización.

Sostuvieron que antes de la reforma de octubre de 2012, y según con el inciso n) del artículo 9 se indicaba la suma de ¢125 como monto adicional, el cual debía actualizarse en el mismo porcentaje en que se aumentará la prima de seguro obligatorio de vehículos excluido el 33% que el Instituto Nacional de Seguros debía girar al Consejo de Seguridad Vial, y que al momento de emitirse la nueva Ley de Tránsito correspondía a ¢1.700.

No obstante, agregan, en vez de ese monto, el legislador estableció un monto de ¢1.000, con lo cual las instituciones beneficiadas están recibiendo menos dinero del que percibían hasta ese momento.

“La situación real luego de la reforma de la Ley 7088 genero un duro golpe en las finanzas de la institución al generar un reducción de 175 millones”, acotó Vinicio Meneses, Presidente del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE).

El Presidente hizo la advertencia de que se redujo con esta reforma el  33% del presupuesto total,  con lo cual a julio dejarían dejar de operar por el déficit presupuestario.

Señalo que el 92% de los recursos que se obtenían por medio de este impuesto a los vehículos se destinaba al pago de salarios del personal especializado en rehabilitación.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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16 de abril del 2013

La Contralora General, Marta Acosta Zúñiga y los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) comparecieron ante los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para defender las actuaciones de dichos órganos en la adjudicación y refrendo de la cesión del contrato de construcción de la ruta San José – San Ramón.

La jerarca del ente contralor aseveró que buscan aclarar e informar ya que  existe una enorme desinformación sobre los alcances del refrendo ya que estos son más que todo  un proceso de legalidad y no de oportunidad, ni conveniencia, por lo que no implica un análisis integral del contrato, ni pueden entrar a realizar  recomendaciones debido a que no les corresponde.

Acosta Zúñiga sostuvo ante los legisladores que la Contraloría General se tomó el tiempo necesario para revisar el contrato  y para eso se destino  a diez profesionales de diversas áreas  a estudiar el contrato, “quiero ser vehemente, que es gente seria, responsable y honesta fue la que revisó el contrato”.

Dentro de los principales aspectos verificados en la concesión de San José San Ramón mencionó:

• Coherencia en los estudios técnicos y jurídicos que conllevaron a la modificación contractual por razones de reequilibrio, actualización a nuevas condiciones y bancabilidad.
• Pago de especies fiscales correspondientes.
• Claridad y consistencia de las cláusulas contractuales modificadas.
• Concordancia  entre las modificaciones y las normas jurídicas aplicable.
• Existencia de un acto administrativo dictado por la Administración en el cual se expusieran  las razones de interés público que justificaron la decisión de oportunidad yconveniencia que conllevó a  la cesión de contrato, como alternativa a las otras soluciones que tenía la Administración.
• Estudios técnicos que demuestren que la nueva contratista cumple con los requisitos particulares del cartel.
• Capacidad de representación por parte de los suscribientes.

“El refrendo no constituye un procedimiento administrativo, no es una auditoría ni de investigación, el análisis de legalidad se analiza por un estudio del expediente dado por la administración. No es a la CGR a la que le corresponde fijar tarifas ni el tipo de obras, tampoco tenemos la potestad de decir, no queremos concesión, queremos otra cosa, eso está fuera de nuestro alcance”, aseguró Acosta.

Por su parte el Ministro de Planificación Nacional, Roberto Gallardo se refirió, en representación de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para hacer el recorrido cronológico que ha tenido el proceso de concesión  e indicar que no  se ha estado actuando de manera precipitada sino que este ha sido un procedimiento que lleva más de once años.

Señalo el Ministro de Planificación que se ha presentado en todos estos años una incapacidad del Estado por realizar las expropiaciones y aprovecho la ocasión para pedir la pronta aprobación de las reformas en materia de ley de expropiaciones.

El Ing.  Edwin Rodríguez Aguilera, Secretario Técnico del CNC aseveró que el diseño de la obra fue realizado por la empresa Autopistas del Valle y revisado por la empresa Compañía de Asesoría en Construcción e Ingeniería (CACISA) que era el ente supervisor del momento.

CACISA fue contratada  por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para el diseño de los planos y supervisión de algunos procesos, trabajos por los que cobró cerca de tres millones de dólares entre 2004-2006.

El diputado de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán señaló y cuestionó el trabajo de la Contraloría al indicar que  lo único que hizo fue un check list y no un análisis profundo del contrato.

La presidenta de la comisión de gasto público, Patricia Pérez Hegg le planteo a la Contralora General la posibilidad de renunciar al cargo si se logra comprobar actos irregulares, a lo que Acosta Zúñiga contesto que está segura de que el trabajo se dio apegado a la ley.

Por su parte el diputado Luis Fishman Zonzinski  dijo que no se podía declarar de interés público el refrendo dado que por once años no se realizo ninguna obra y señaló que la Contraloría debió haber rechazado ad portas la solicitud de refrendo de cesión a favor de la empresa OAS.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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16 de abril del 2013

Representantes de varias cooperativas, se pronunciaron en contra del proyecto 18601 Fortalecimiento del Centro Costarricense  de Producción Cinematográfica, al considerar que el impuesto para crear un fondo para financiar al cine es desproporcional y afecta a sus organizaciones.

Elías Calderón Gerente de Coopesantos, Edward Herrera de Coopelesca R.L y Olman Alvarado de Coope Alfaro Ruiz, comparecieron en la Comisión Permanente Especial  de Ciencia y Tecnología y Educación.

Calderón de Coopesantos, manifestó que se aponen al proyecto específicamente a los artículos 20 y 25 referidos al financiamiento para esta actividad, según dijo, no se han hecho los análisis correspondientes para fundamentar el impuesto del 1%  a los cableoperadores lo que afecta en forma negativa a las cooperativas.

“Uno de los objetivos de la entidad, en el caso de nosotros en el área que servimos, es cerrar la brecha digital del país llevando los servicios a nuestra región que es una zona rural poco privilegiada, un impuesto más comprometería los costos y la calidad en el servicio”, mencionó.

Así mismo añadió que la cooperativas paga a terceras personas por los derechos de señal de los canales de televisión, de los contenidos que vende a sus usuarios y no resulta justo tener que continuar pagando otro impuesto que se convierte en un repago con cargo a los que utilizan el servicio.

Edward Herrera de Coopelesca señaló que un impuesto iría directamente sobre los ingresos, afectaría los costos, ya que las cooperativas operan el servicio al costo y por lo tanto han renunciado al margen de utilidad logrando mejores precios para ofrecerles a los asociados.

“Por lo anterior la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos se opone a dicho proyecto en todos sus alcances y solicita se haga cumplir el artículo 7 de la Ley 6158 donde establece que debe existir todo un orden tanto a su ley orgánica como reglamentos, cómo es que van a operar y como van a rendir cuentas de ese dinero que estarían entrando”, comentó Herrera.

Finalmente Olman Alvarado de Coope Alfaro Ruiz, indicó que esta carga impositiva adicional que pretende dicho proyecto es un golpe más a la operación, ya que queda claro que este sector ya aporta recursos al Fondo Nacional de Telecomunicaciones sin ver ningún beneficio.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
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16 de abril del 2013

La Contralora de la República Marta Acosta Zúñiga apuntó  que al proyecto para crear el fideicomiso y desarrollar la provincia de Limón debe aclararse varios conceptos específicamente en los artículos 1,2 y 3.

Acosta Zúñiga compareció en la  Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo junto a Jorge Villalobos Clarke Presidente Ejecutivo de la  Refinadora Costarricense de Petróleo, RECOPE, quienes se refirieron al expediente 18500 Ley de creación de un fideicomiso de desarrollo de la provincia de Limón.

Entre los aspectos señalados por la Contralora esta el aclarar la naturaleza del fideicomiso, para qué se constituye, definir quién es el  fideicomitente, quien administrará los recursos entre otros aspectos.

 Otro de los señalamientos de la Contralora es en el artículo 2  pues no deja claro si el 1% que RECOPE aportará  es del presupuesto o bien es un número real, y en  artículo  3  se indica que los recursos que se le asignen a las municipalidades se incorporarán a sus presupuestos.

Otro de los puntos señalados por la contraloría es aclarar si es un fideicomiso o una transferencia de fondos por parte de la refinadora a los seis cantones que integran la provincia de Limón.

Aclaró que en la Contraloría saben que tienen que vigilar por estos dineros, por lo que sugirió eliminar esta supervisión del proyecto, ya que significará muchos papeles y considero que lo mejor es, en el momento de la evaluación, solicitar la documentación necesaria.

Por su parte el Presidente Ejecutivo de RECOPE Jorge Villalobos señaló que  la entidad debe operar al costo y los fondos para el fideicomiso deben formar parte de la estructura tarifaria de la entidad, para no tener deudas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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15 de abril del 2013

Por unanimidad los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos,  recomendaron ratificar la reelección de José Pablo Sauma al cargo de miembro propietario ante la Junta Directiva de la Autoridad  Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Dicha recomendación la presentaran al Plenario Legislativo, instancia que decidirá la reelección o no de Sauma. El nombramiento se vence en los próximos días.

El candidato expresó ante los diputados de la comisión que fue nombrado el año pasado en este cargo, para completar el periodo de María Lourdes Echandi, quien había renunciado al cargo.

“ARESEP es una institución de vital importancia para el país, y que debe lograr el equilibrio justo entre los servicios a precio y de calidad para los usuarios, pero también las tarifas para los proveedores de los servicios que permitan las inversiones, lograr ese balance y esa función reguladora es muy complicado”, dijo Sauma.

En este mismo sentido añadió que la entidad ha avanzado en varios temas, como por ejemplo la parte organizativa, dándole a la institución una estructura que permite un mejor cumplimiento de la función reguladora.

“Estamos avanzando en temas como los sistemas de información ya que no cuenta la institución con sistemas adecuados y el fortalecimiento sobre todo de los modelos para la fijación de tarifas.

Hay todo un proceso de revisión de los modelos porque muchos de estos vienen desde los años 90 o antes cuando en muchos casos tenía el Ministerio de Obras Públicas la función de elaborarlos”, recalcó.

Finalmente señaló que una de las funciones primordiales de seguir en la ARESEP es promover que los modelos sean transparentes y que todas las personas tangan acceso a saber cómo se calculan las tarifas y cuál es la información que se utilizar para las fijaciones de precios.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

La Comisión Permanente de  Asunto Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 18703 Reforma de la Ley de regulación de intermediación financiera de organizaciones cooperativas.

La iniciativa permite a las cooperativas distribuir entre sus asociados los excedentes de los fondos de cesantía al ampliar sus facultades en  la administración de los mismos.

Rodolfo Navas, Presidente del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa  CENECOOP afirmó que la reforma es necesaria pues no estaban claras las disposiciones en comparación con otros sectores  que administran cesantía.

Aseguró que el  proyecto avalado por todas las instituciones y sector cooperativo pretende darle mayor solidez a los recursos  de cesantía que administran las cooperativas de ahorro y crédito.

Destacó que estos entes son fundamentales en el sector financiero costarricense, pues concentran casi el 9% de los activos totales del área por encima de las mutuales.
Por su parte Daniel Mora del Banco Popular expresó que la iniciativa aclara dudas legales que existen respecto a la administración de los fondos de cesantía por parte de las cooperativas.

Recalcó que estos entes administran casi 30 mil millones de colones por ese concepto desde hace más de 12 años pero ante dudas surgidas por esta labor se hace necesaria la aprobación de la reforma.

El proyecto además le permitirá a las cooperativas ampliar su margen de inversión al autorizarles invertir hasta un 30% de los fondos de cesantía  en el sector privado.

Las inversiones se realizarán en entidades supervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras SUGEF y con un nivel de riesgo normal.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

Aunque no están de acuerdo con la creación de un impuesto para crear un timbre para el mejoramiento de la justicia, de aprobarse solicitaron que  el tributo tenga un destino específico dijo Luis Ortiz Zamora Asesor Legal de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica.

Ortiz Zamora compareció junto con el magistrado Fernando Castillo en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para referirse al expediente 17526 ley de creación del timbre para el mejoramiento de la justicia.

El jurista  apuntó que al sector financiero se le cargan responsabilidades y estas ya suman el 48% y no es posible que se le sumen más tributos.

Para el magistrado Castillo Víquez  el proyecto de ley no resulta contrario a la Constitución Política pues la tarifa propuesta es razonable.

Explicó que el 0.5 % propuesto no es desproporcionada para el Poder Judicial, que al igual que otras entidades estatales, tiene  limitaciones en cuanto a edificaciones y el tributo tiene un destino especifico como es soporte logístico informático de las oficinas jurisdiccionales.

Los recursos del  timbre ayudarán a fortalecer la parte tecnológica, en la era digital, al pasarse del expediente físico al virtual actualmente la Sala Constitucional el  98% de las votaciones son electrónicas.

Solicito  a los diputados que es necesario dejar claro en la ley, quien asume el costo del timbre, porque de no hacerlo, este  se podría cargar a los  demandados en las costas procesales o bien establecer que  este tributo seria  a cargo de los demandantes.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

Allan Hidalgo Campos, Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), señaló que la figura de concesión, arrendamiento o permiso de uso, daría seguridad jurídica, a los pobladores de Limón, que habitan aéreas de dominio público.

Hidalgo compareció en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, para que se refiriera al expediente 17838 Ley para brindar seguridad jurídica a los poseedores sobre la finca inscrita a nombre de JAPDEVA, de la provincia de Limón.

“El tema de la titulación es un tema ya abordado por la Sala Constitucional y ellos han contestado diciendo que no pueden ser sujetos de titulación, bienes que son de dominio público, hay que buscar una solución y esta es dar como alternativa una figura que podría ser la concesión, el arrendamiento o el permiso de uso”, explicó el compareciente.

En este mismo sentido añadió que es muy fácil resolver el problema a la gente que habita la zona de Tortuguero, Colorado o Barra de Parismina, porque ya viven en esos lugares, sin embargo Hidalgo se preguntó con aquellos poseedores que tienen mega fincas, que desarrollan una actividad económica, incluso personas que cuentan con 200 hectáreas.

“Entonces que limites le vamos a poner, porque el objetivo fundamental que todos buscamos es ponerle limites, ayudar a la gente humilde y sencilla, pero con todas aquellas empresas y personas que desarrollan actividades lucrativas, con bienes que son de dominio público y que tienen grandes extensiones de tierra, cuales son los limites que les vamos a poner, el gran reto se centra ahí”, comentó.

El Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, sostuvo que evidentemente existe un problema social y económico en esas zonas, pero que la titulación de tierras no es la mejor forma, debido a que de las 132 mil hectáreas que hay, según un estudio realizado, al menos 80 mil hectáreas son patrimonio natural del Estado.

“La diferencia es lo que eventualmente podría ser sujeto de algún tipo de figura que podría sentar un nivel de seguridad jurídica, hablamos de concesión, arrendamiento o permiso de uso, por eso hemos pensado que como Gobierno la solución no está en un proyecto de ley exclusivamente para JAPDEVA sino varios proyectos de ley de manera integral, que venga a darle una solución a la problemática en general de este país”, puntualizó Allan Hidalgo.

Finalmente dijo que existe una comisión de alto nivel integrada en Casa Presidencial que está analizando ver la posibilidad de presentar tres proyectos de ley para poder solucionar dicho problema y evitar que haya abusos en esas tierras.

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