Autor: Editor

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de marzo del 2013

Los diputados de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, dictaminaron en forma positiva, el expediente 18641 Reforma parcial de la Ley 8316 del 26 de setiembre de 2002, Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, que pretende modificar la distribución del tributo a las municipalidades donde se ubica el aeropuerto.

La diputada María Ocampo Baltodano manifestó que el proyecto de ley lo que busca es redistribuir el monto del tributo por concepto de los derechos de salida por cualquiera de los puestos aéreos internacionales, es por ello que se pretende destinar 2 dólares a las municipalidades donde se ubica el aeropuerto que genera dicho tributo para el rescate  del patrimonio histórico cantonal y la seguridad turística, así como la creación y manteniendo de infraestructura cantonal que favorezca la  incursión turística.  

Así mismo se destinarán US$1 moneda de los Estados Unidos de América para el resto de las Municipalidades de la provincia donde se ubique el aeropuerto que genera el tributo, para invertirlos en promoción de infraestructura turística;  y US$ 0.50 moneda de los Estados Unidos de América  para la Liga de las Municipalidades de la provincia donde se ubique el aeropuerto que genere el ingreso. 

Según la exposición de motivos,  con la actual propuesta se pretende restablecer el principio de igualdad, por cuanto si se cobra el impuesto de salida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, deben los municipios del resto de provincias donde se ubiquen aeropuertos similares que generan la tasa, recibir lo que corresponde, equiparando el trato impositivo que se Ie otorga al Municipio de Alajuela. 

Se destaca  que la reforma, destina $0.50 para financiar a la liga de municipalidades de cada provincia en donde exista un aeropuerto internacional, esto con el claro propósito de integrar los cantones en una visión provincial que unifique los intereses que los identifica. 

El plan pasará a ocupar la agenda del Plenario Legislativo para su discusión final.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de marzo del 2013

Francisco Ibarra Arana, Gerente General de la Junta de Protección Social (JPS), manifestó que esta entidad, atacará las llamadas bancas clandestina con la lotería electrónica, que en el último año manejaron un monto de 100 millones de dólares.

Ibarra compareció por segunda ocasión, ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Control de  Ingreso y Gasto Público, junto con Abundio Gutiérrez Presidente de la JPS, Milton Vargas, Director de Producción y Ventas y Marco Bustamante Jefe del Departamento de Planificación quienes se refirieran a la investigación que se lleva a cabo sobre la gestión empresarial de esta institución.

“Lo que queremos atacar especialmente con la lotería electrónica es la lotería clandestina, son 100 millones de dólares al año que están manejando estas bancas clandestinas.

El año pasado terminamos con ventas de 350 millones de dólares, tenemos evidentemente un alto porcentaje del mercado, le hemos quitado participación de mercado a las bancas clandestinas son 100 millones de dólares, para cambiar esos destinos que hoy en día van para fines privados y que están actuando al margen de la ley”, dijo el Gerente de este entidad.

En este mismo sentido desmintió la versión de que la JPS está privatizando los juegos, sino más bien lo que se está haciendo es contratando a un empresa que va a proveer los equipos de terminales especializados y que se van a distribuir en todo el territorio nacional, así como suplir los terminales para los vendedores, para que se pueda vender en todo el país la lotería electrónica.

“La única lotería legal en este país es la de la junta de Protección Social, todas esas bancas como se llamen son ilegales y por ende ahí si se está legitimando capitales”, comentó Ibarra.

Por otro lado Milton Vargas, Director de Producción y Ventas, señaló que existen estudios independientes que señalan que el juego ilegal en nuestro país maneja cifras cercanas a las cifras de ventas de la JPS.

Así mismo se refirió al plan de premios de esta entidad, aclaró que dicho plan es de un 62.13% de los ingresos totales de la Junta, de modo que cada vez que se aumenta el precio de la lotería también se aumentan los premios.

“Hemos tratado de explicar y podemos seguir explicando, de que es lo que pasa con los premios no cambiados, es que el premio no cambiado no es que la junta se lo deja, el billete que no se vende no produce ningún ingreso para la junta, entonces como podemos hablar de que hay premios que la junta se deja si en ningún momento está recibiendo el ingreso”, aclaró Vargas.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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7 de marzo del 2013

La tasa de homicidios ha disminuido en el país y con la aprobación del expediente 18050 Reforma a la Ley de Armas y explosivos la reducción será mayor manifestó el Ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero, ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

La información expresó el titular de Seguridad está contenida en el informe del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, del 2012 el cual ubica a Costa Rica con una tasa de homicidios de 8.9 por cada cien mil habitantes.

“Somos el país de Mesoamérica que más ha hecho descender su tasa de homicidios logrando incluso  salir  de los marcos de pandemia señalados por el Organización Mundial de la Salud” comentó.

Esta organización establece que más de 10 homicidios por cada cien mil habitantes representan pandemia y es la situación que presentan países como México, Colombia y Venezuela.

Destacó que los resultados positivos por parte de Costa Rica se deben al control que a nivel administrativo y operativo policial se realizan  respecto a la tenencia de armas de fuego.

La aprobación de la reforma a la ley de armas  destacó significará un mayor respaldo a las medidas adoptadas  por la presente administración al definir un escenario filosófico jurídico respecto a la tenencia de armas que permite incluso establecer un decreto de suspensión de la tenencia de ellas.

Dentro de las medidas contenidas en el nuevo texto el Ministro destacó la prohibición de portar armas a las personas que se le dicte medidas cautelares por parte de las autoridades judiciales.

Se establece la obligatoriedad de  adquirir una póliza cuando se adquiera un arma para garantizar los derechos de terceros ante  una mala utilización de las armas.

Además señalo como importante el prohibir  la asistencia a los polígonos a menores de 15 años y con tutela parental de 15 a 18 años, con lo cual aseguró se rompe el escenario de socialización que se está dando en el país “con ello se incrementa la moda de las armas y que niños menores se familiaricen con el esquema armado”.

La nueva legislación además prohíbe el uso de armas de cacería y aumenta las penas por infracciones, lo que a criterio del ministro Mario Zamora se convierte en un mecanismo disuasorio para  quienes hoy poseen armas ilegales.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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7 de marzo del 2013

Durante la comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Ambiente quedó de manifiesto la división de los integrantes de la Comisión Nacional de Bioseguridad a la hora de otorgar el permiso para la siembra de maíz transgénico en el país.

El Dr. Walter Quirós, representante de la Oficina Nacional de Semillas y quien expuso en nombre de un grupo de los integrantes de la Comisión Nacional de Bioseguridad sostuvo que lo único que ellos realizan es una valoración técnica para emitir un dictamen al Departamento de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado.

El Dr. Quirós agregó que dicho departamento del Estado realiza un seguimiento del permiso otorgado para que se cumpla con la legislación establecida.

Como un grave error a la hora de entregar el permiso para la siembra del maíz transgénico calificó el miembro y representante ambiental, Fabián Pacheco y como prueba de eso se amparó en cartas de diversas  instituciones y expertos que hicieron advertencias, que no fueron leídas y discutidas en la Comisión de Bioseguridad.

Fabián Pacheco señalo que se les pidió a los miembros enviar por correo electrónico y sin votación ni deliberación en sesión alguna el criterio de cada uno sobre este permiso.

“Se busca favorecer a la empresa Monsanto en lugar de defender la diversidad agrícola nacional, lamento la decisión porque existen varios criterios técnicos que demuestran que más del 50% de las variedades del maíz convencional en el mundo están contaminadas con ADN transgénico que tiene impacto en las personas y en el ambiente”, sostuvo Fabián Pacheco.

Sostuvo que dicho permiso fue presentado para ser utilizado en la zona de  Abangares y no en Chomes de Puntarenas como al final se otorgó pese al rechazo del ente municipal.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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7 de marzo del 2013

Fernando Quevedo, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID-Costa Rica, manifestó que destinan recursos para desarrollar actividades del sector privado, pero con temas de innovación, enfocados en pequeñas y medianas empresas del país.

Quevedo compareció esta mañana, junto con Jordi Prat, Viceministro de Hacienda, en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, para referirse al expediente 18522 Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y autorización a capitalizar organismos multilaterales, conocido como FOMIN.

“Desarrollar la actividad del sector privado, pero con temas de innovación, por lo general lo que hacemos son proyectos pilotos para que después se puedan reproducir y muy enfocado además en pequeñas y medianas empresas”, señaló el represente del BID.

Así mismo indicó que el FOMIN lo que hace son cooperaciones técnicas no reembolsables, además de inversiones en ciertos fondos que a su vez dan los recursos a las empresas que empiezan sus proyectos y algunos préstamos, que en su mayor parte son cooperaciones técnicas no reembolsables, o sea donaciones.

“En el caso de Costa Rica, se donan más o menos entre 60 y 70% del total de la inversión requerida y el resto se pide una contrapartida que lo dan en especies y en efectivo”, puntualizó.

Por su parte el Viceministro de Hacienda, Jordi Prat, indicó que el proyecto es muy importante debido a que el FOMIN ha sido una fuente de innovación para muchas empresas, especialmente para micro y pequeñas empresas, que se han visto beneficiadas para desarrollar sus proyectos.

“Se incentiva el desarrollo del sector privado y una de las cosas más importantes es que el FOMIN 1 contribuyo con 600 mil dólares y eso se tradujo en más de 43 millones de dólares en donaciones para empresas de Costa Rica y de la región”, comentó el Viceministro.

Finalmente mencionó que  se espera  que Hacienda capitalice al FOMIN II con 360 mil dólares, que ya están presupuestados y con esos recursos permitir en que se traduzcan en 4 millones de dólares que pondría el BID para desarrollar proyectos que ya están programados.

“Lo que realmente se espera es que nosotros capitalicemos el FOMIN  2 con 360 mil dólares, que ya están en el presupuesto, y ese dinero se traduce en que ya tenemos proyectos y se ha logrado utilizar 4 millones de dólares”, puntualizó.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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5 de marzo del 2013

Fernando Contreras, Representante de REPRETEL, manifestó que la imposición de cargas o tributos que se le pretende imponer a empresas de televisión por suscripción, para subvencionar a la industria de producción cinematográfica, sin el fundamento técnico que determine la racionabilidad de los porcentajes, es improcedente e injustificada.

Contreras compareció en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación, junto con Luis Carcheri, Gerente General Distribuidora Romaly y Oscar Castillo, representante de Producciones La Zaranda, para que se refirieran al expediente 18601 Fortalecimiento del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

El represente de REPRETEL indicó que esta empresa desarrolla y opera negocios de televisión abierta, radio, salas de cine y próximamente desarrollará televisión satelital, por lo que se vería afectada en todas estas actividades si se llegara a aprobar este proyecto de ley, tal y como se encuentra redactado.

“No obstante que el proyecto persigue un fin entendible para quienes lo promueven consideramos que resulta improcedente e injustificada la imposición de cargas o tributos a empresas de televisión por suscripción sin el fundamento técnico que determine la racionabilidad de los porcentajes de contribución al fondo o de que estas deban de subvencionar una industria, de la cual no son parte ni tienen relación”, sostuvo Contreras.

En este mismo sentido añadió, que la empresa a la cual representa estaría financiando o más bien subvencionando actividades privadas con fines de lucro a un grupo de empresarios, para que luego se tenga la obligación de comprarles ese producto y además entregarles hasta un 20% de sus activos que es el derecho a la pantalla.

“Las sumas que se pretenden cobrar y las cuotas de pantallas que se pretenden establecer constituyen un desincentivo para la industria de la televisión abierta y de paga, la radio y el cine, las que ya tienen una carga de gravámenes y obligaciones para con el Estado”, comentó.

Por su parte Luis Carcheri, Gerente General Distribuidora Romaly, señaló que la idea no es oponerse al plan, sino más bien aportar ideas que ayuden a lograr los objetivos, en una forma realista, viable y justa para las partes.

“Queremos dejar muy claro que es la avocación de nuestra actividad en apoyar el cine costarricense. Queremos apoyar también las películas costarricenses estableciendo características mínimas de calidad, si apoyamos las películas costarricenses debería ser bajo el establecimiento de una serie de requisitos mínimos, cosa que se le pide a todas las casas productoras sin importar su origen”, detalló.

Finalmente Oscar Castillo, representante de Producciones La Zaranda, manifestó que para el año 2021, Costa Rica sería reconocida, como una nación creadora de contenidos, de alta calidad, con destino de productividad y valor agregado para la realización de producciones internacionales y la inversión extranjera, que ha sido una de las fortalezas de la industria, actualmente en el país, porque se calculó a diez años, desde cuando se inició con la propuesta de este proyecto de ley.

“Ese 3% no es un impuesto nuevo, lo que pasó es que los cines que más dineros producían en aquellos años, como el Rex, el Palace, el Metropolitan, el Universal, Magaly, se fueron, porque cambiaron los hábitos de consumo, o sea ese 3% no es un nuevo impuesto es simplemente recuperar lo que se dejó de percibir en los impuestos de los espectáculos públicos”, concluyó.

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