Autor: Editor

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

28 de junio del 2016 – Los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios acogieron un nuevo texto al proyecto de fraude fiscal la iniciativa incluye una serie de cambios y adiciones que pretenden frenar la creciente evasión fiscal que alcanza el 8,2% del Producto Interno Bruto.

Las conductas sancionadas con dos salarios base serán:

a) No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control, y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.
b) No atender algún requerimiento debidamente notificado
c) Cumplir parcialmente con la información solicitada o bien entregar información que no corresponda con lo solicitado
d) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y el tiempo que se haya señalado.
e) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas, locales o establecimientos a los funcionarios actuantes o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones, relacionados con las obligaciones tributarias.

Un acuerdo entre varias fracciones permitió avanzar en el tema del registro de accionistas y se basó en puntos tales como:

• Garantías para la ciudadanía de que la información solo se usará con propósitos legítimos y será confidencial.
• Derecho a recurrir a Juez en caso de que se irrespeten las garantías.
• Regulación de requisitos que deben cumplir las solicitudes de información planteadas ante el registro de accionistas.
• Definición dentro de la ley de la información que se debe entregar al registro, para mayor seguridad jurídica.
• Fortalecimiento del papel del Banco Central para garantizar la confidencialidad de la información y exigencia de estándares internacionalmente aceptados.
• Sanciones para funcionarios de Hacienda, el Banco Central o ICD, que violen las reglas para el uso de la Información.

Esta nueva disposición incluye reformas y adiciones al Código Tributario. Adiciones y reformas al Impuesto sobre la Renta y otras disposiciones.

Algunas de ellas son la presentación de las declaraciones de impuestos a efecto de tramitar solicitudes de financiamiento o aseguramiento en el sistema financiero nacional, ya sea público o privado. Se excluyen de este particular las gestiones médicas de hospitales y servicios de educación pública.

Además se introduce la normativa tendiente a que en los pagos realizados por servicios a personas físicas con actividad lucrativa, el consumidor pueda optar por el medio de pago que mejor se adapte a sus necesidades.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

28 de junio del 2016 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dieron luz verde al Segundo Presupuesto Extraordinario por ₡ 21,850.9 millones que debe destinarse exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario y periódico así como el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal.

Con este plan de gastos el Gobierno estaría cumpliendo con el incremento gradual de recursos a favor de las municipalidades para la atención de la red vial cantonal, contemplado en la Ley 9329 de Transferencia de Competencias, adicionando cinco puntos al presupuesto que antes de esa ley recibían las municipalidades para ubicarse en un 12,25% de lo recaudado mediante el Impuesto Único a los Combustibles.

Dicha red vial está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes.

La Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos Madrigal señaló que el gobierno atendió a la advertencia sobre paralizar el Plenario Legislativo si no cumplían la promesa de enviar el presupuesto extraordinario para la asignación estos recursos municipales.

“Varias fracciones levantamos la voz para hacer valer lo establecido en la Ley de Transferencias 9329 y como Presidenta de la Comisión me comprometí a hacer todos los esfuerzos necesarios para tenerlo dictaminado en el menor tiempo posible y eso hemos hecho, para la tranquilidad y beneficio de las comunidades, en particular las de las zonas más alejadas de San José, donde el tema de caminos se vuelve prioritario”, manifestó Ramos Madrigal.

Ramos Madrigal espera que el faltante de recursos sea enviado en otro presupuesto.

La diputada Paulina Ramírez Portuguez se mostró muy complacida por la aprobación del expediente 20009 modificación a las Ley 9341, ley del presupuesto ordinario y extraordinario para el ejercicio económico del 2016.

«Estamos dotando de recursos a todos los municipios del país, para que pueden construir caminos y vías de acceso, seguiremos luchando para dignificar la función municipal, que ayuda a construir la institucionalidad democrática de este país», acotó la diputada liberacionista.

El diputado de la bancada oficialista, Henry Mora Jiménez mostró su satisfacción con el avance de este presupuesto.

Por su parte, los diputados de la fracción del Frente Amplio señalaron su rechazo al recorte de recursos del MOPT, MEP y MINAE para dar los dineros a este presupuesto.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de junio del 2016 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, recibieron esta noche a varios candidatos, que quieren ocupar un puesto como Magistrado Suplentes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

La primera que hizo uso de la palabra fue Jazmín Aragón Cambronero, quien manifestó que tiene 25 de trayectoria en el Poder Judicial, pues inicio como Alcaldesa Supernumeraria y ha ido escalando puestos, quien actualmente es jueza ante el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo, donde ejerce la coordinación de ese tribunal durante los últimos 6 años.

“Estimo que este bagaje profesional y la solidez con la que me ha desempeñado a lo largo de mi carrera, sobre todo si ustedes toman en consideración de que tengo un expediente limpio, he tenido la oportunidad de capacitarme en diferentes cursos que me ha ofrecido el Poder Judicial, además soy master en derecho público por la Universidad de Costa Rica”, explicó la compareciente.

Por su parte Carlos Chaverri Negrini, quien aspira también al mismo puesto, manifestó que se incorporó en el Colegio de Abogados en el año de 1990, quien tiene 26 años de ejercicio profesional, dedicándose al litigio en el ejercicio liberal de la profesión con énfasis en materias que son competencias de la Sala Primera.

Además señaló que fue profesor universitario, de los cursos de derecho administrativos, y de derecho procesal civil, también a nivel de docente ha integrado los tribunales de grado de la Universidad Autónoma de Centroamérica, por más de cinco años.

“El motivo por el cual puse mi nombre para aspirar a la magistratura suplente de la Sala Primera es porque he considerado que es un momento, donde he alcanzado una madurez profesional importante y he acumulado una experiencia en litigio, en las materias competencias de la sala que creo que me hace estar preparado para que eventualmente ejercer el cargo de magistrado suplente”, indicó Chaverri.

Otros de los candidatos que fueron recibidos por los diputados fueron Julio Alberto Cordero, Rodolfo León Díaz, Álvaro Lázarus Mena, Anayansi Rojas Chan, Manfred Sáenz Montero y Maribel Seing Murillo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de junio del 2016 – Federico Castro Páez, Gerente de Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la Contraloría General, señaló una serie de desafíos para poder hacer frente a la evasión entre ellos fortalecer la educación tributaria y concretar las reformas necesarias al marco jurídico tributario.

Castro Páez indicó que se debe trabajar en fortalecer capacidades de la administración tributaria para transformarla en una institución basada en el conocimiento y la información, mejorar los sistemas de información integrados con otras instituciones y organización para mejorar fiscalización, fortalecer la recaudación tributaria a través de la tecnología, establecer un régimen sancionatorio de delitos tributarios y mejorar la rendición de cuentas de la administración.

El Gerente asistió a la comisión especial en torno a la investigadora de la información del bufete panameño Mossack Fonseca.

Sostuvo ante los diputados que el actual sistema de renta territorial facilita la defraudación fiscal porque solo grava rentas originadas en el país, por lo que recomendó valorar la creación del impuesto de renta mundial con lo cual se facilitarían mayores controles al Ministerio de Hacienda y crear una unidad especializada de delitos tributarios.

Se debe implementar una sensación de riesgo en delitos tributarios ya que en nueve años de vigencia de la ley de justicia tributaria 44 expedientes estaban en estudio, quince fueron desestimados y doce sobreseídos.

Castro Páez sugirió a los legisladores trabajar por la aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal, para corregir esas situaciones y dar a la Procuraduría General participación en la acción civil resarcitoria, así como la participación de la Tributación Directa.

Es necesario fortalecer la especialización y capacitación en delitos tributarios de los funcionarios judiciales y el monitoreo de los casos para un mayor control y fiscalización de los mismos.

Agregó que el combate a la evasión fiscal requiere mejorar el marco jurídico tributario y fortalecer la gestión tributaria.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de junio del 2016 – Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), manifestó ante los legisladores que conforman la Comisión Permanente Especial de Ambiente, que luego de un fallo de la Sala Constitucional 10540- 2013, donde se trae abajo algunos artículos de la Ley de Pesca, el país requiere regulación sobre la pesca de arrastre de camarón.

El funcionario mencionó que, “hemos sido irresponsables porque no hemos realizado un ordenamiento marino”, la declaración la dio en el marco de la discusión del expediente N.º 19.838, Ley para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del camarón en Costa Rica.

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz dijo que el voto de la Sala Constitucional es una oportunidad para regular el recurso pesquero, he impide la emisión de licencias para pesca semindustrial de arrastre y la renovación de la vigentes.

Este proyecto busca un ordenamiento de la pesca del camarón, para lo cual el Estado facilitará todos los instrumentos necesarios para el desarrollo sostenible de la actividad, tales como la evaluación, la capacitación, la investigación, el seguimiento, el control y la vigilancia, así como el aprovechamiento sostenible con énfasis en el valor agregado de la calidad de la producción de camarón, mediante los encadenamientos productivos necesarios para el fortalecimiento de este sector agroindustrial y la distribución justa y equitativa de los beneficios.

Además, de regular la cadena productiva de la pesca del camarón en todas sus fases, escalas y etapas, incluyendo las preparatorias de faenas de pesca, así como la extracción, captura, colecta, transporte, comercialización, procesamiento, protección, aprovechamiento y uso del recurso camarón que permita garantizar un enfoque ecosistémico fundamentado en criterios: técnico-científicos, sociales, del conocimiento tradicional y consideraciones ambientales.

El artículo 6 establece que le “corresponderá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), cada una en el marco de sus competencias, desarrollar conjuntamente procesos de diagnóstico participativo con perspectiva de género, que evidencien la condición y situación de las personas dedicadas al aprovechamiento de la pesca del camarón, e informar detalladamente sobre la organización sectorial de los grupos pesqueros, todo bajo la coordinación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca)”.

Mediante la evaluación integral del estado del recurso camarón, el Incopesca otorgará las licencias estableciendo las condiciones científico-técnicas para el aprovechamiento sostenible del camarón, conforme al cumplimiento con las medidas orientadoras hacia la sostenibilidad; las condiciones espaciales, tallas y volumen de extracción, uso de excluidores de peces, así como el uso de artes de pesca sostenible.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

23 de junio del 2016 – El Ministro de Turismo Mauricio Ventura fue emplazado por los transportistas del sector turístico nacional y algunos diputados en la Comisión de Turismo, tras el decreto que reduce de 20 a 10 años el permiso de operación de los vehículos.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de junio del 2016 – El exceso de población en las cárceles del país hace necesario revisar la legislación vigente que limita la aplicación de normas legales para delitos considerados menores, a esta conclusión llegan las autoridades judiciales y legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Para conocer el criterio sobre el tema y la Reforma al Código Procesal Penal, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibió a José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Chavarría, fiscal general y Alfredo Chirino, decano de la facultad de derecho de la UCR.

Los comparecientes estuvieron de acuerdo con el expediente 19490 Reforma al Código Procesal Penal que precisamente busca que las sanciones para delitos considerados menores sean racionales y proporcionales.

Según coincidieron las autoridades judiciales, cuando se elevaron algunas contravenciones a delitos con pena de cárcel no se especificó la aplicación de algunas de sus normas, por lo que hoy una persona que sustrajo junto a su hija un champú está descontando 10 años de prisión.

El magistrado José Manuel Arroyo dejó clara la necesidad de que la persona que comete un delito debe ser sancionada pero dentro de los parámetros de la racionalidad

Es por ello que el vicepresidente de la Corte considera importante la aprobación del proyecto el cual manifestó aumenta las posibilidades de llegar a acuerdos entre las partes.

Por su parte, Alfredo Chirino sostuvo que cuando se tomó la decisión de sancionar los delitos contra la propiedad considerados menores se abrió un portón de injusticia y desproporcionalidad.

La directora de la defensa pública, Marta Iris Muñoz, expuso a los legisladores varios de los casos donde personas por cometer el robo de artículos como picaritas, atunes o un champú están descontando hasta de 15 años de cárcel.

Ante esta situación solicitó que a la hora de redactar las normas que se aplican al robo agravado se especifique la afectación que tenga el bien sustraído y se haga la diferencia entre personas física y jurídica.

Esto por cuanto en la actualidad la participación de más de una personas en la sustracción de un bien es considerado robo agravado con lo cual aumenta las penas carcelarias.

Jorge Chavarría fiscal general del Ministerio Público, expresó que la reforma es importante porque contiene parámetros de racionalidad en relación a la proporcionalidad de la pena sobre hechos considerados menores.

Fuente: Asamblea Legislativa.