Autor: Editor

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

15 de diciembre del 2015 – Sonia Marta Mora, Ministra de Educación Pública, manifestó que debido al crecimiento de la educación superior privada en el país y la importancia que tiene, es necesario regularla, para así, garantizar su calidad.

La jerarca de esa cartera se presentó en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación para referirse al expediente 19549 Ley de Reforma del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP.

“Nos encontramos hoy con que el sistema de la educación superior en general en Costa Rica esta fracturado, no está enlazado, por lo cual nosotros encontramos una razón más para el proyecto de ley que hemos presentado, que garantice efectivamente un sistema articulado para la educación superior en general, esto supone que la acreditación se convierte en un eje del todo el sistema tanto de las universidades públicas como privadas”, dijo la ministra.

En este mismo sentido, añadió que las cifras muestran con claridad que hay un incremento muy significativo del número de títulos que generan las universidades privadas, pues en el 2008 eran 22270 títulos, hoy en el 2015, son 32812 títulos los que se inscriben, por lo que se puede dimensionar, cómo ha crecido el impacto de la educación superior privada en el país, y la importancia por lo tanto de regularla para asegurar su calidad.

“Nuestra propuesta, incorpora un nuevo artículo quinto que prevé, que las universidades privadas tengan que cumplir con la norma nacional de calidad, esa reforma dice que la autorización prevista en el inciso A del artículo tercero conlleva el deber de la universidad por asumir y dar cumplimiento a satisfacción del SINAEA o de una agencia y reconocida por esta, a la norma académica nacional de calidad”, explicó.

Mora comentó que dicha norma nacional equivale a la acreditación oficial de la institución, como por ejemplo verificar infraestructura, aulas, biblioteca, laboratorio, residencias, servicios estudiantiles, procesos de admisión, gestión administrativa, que significa acreditar de manera global a la institución.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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10 de diciembre del 2015 – Con el apoyo unánime de 6 diputados, la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico dio su aval al proyecto 19571 sobre extinción de dominio.

La extinción de dominio procederá sobre los bienes que sean producto, directo o indirecto, de actividades ilícitas o que sean instrumentos y/o medios de dichas actividades.

También se podrá decomisar bienes o activos ubicados en Costa Rica, vinculados a una persona condenada en otro país por actividades ilícitas o bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes procedentes de actividades ilícitas.

El jefe de fracción de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós resaltó que se da un paso importante para la seguridad del país y la lucha contra el crimen organizado.

Para el representante del Frente Amplio en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Francisco Camacho Leiva con esta ley se logra tener una jurisprudencia moderna.

El presidente de la comisión dictaminadora, Antonio Álvarez Desanti señaló que esta ley está mucho más depurada y consensuada con diferentes instituciones.

Los congresistas decidieron que durante los meses de enero y febrero este panel legislativo se dedicará a realizar un amplio debate para discutir la iniciativa en el Plenario Legislativo a partir del mes de marzo del año entrante.

Igualmente se aprobó una moción para recibir en audiencia al jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Mariano Figueres y a la Directora de Migración Kattia Rodriguez para que se refieran al supuesto ingreso de los hijos del narcotraficante mexicano conocido como el “Chapo Guzmán”.

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10 de diciembre del 2015

Los diputados que integran la Comisión de Ingreso y Gasto Público piden iniciar un proceso contra el Regulador General y los miembros de la Junta Directiva de ARESEP en un informe producto de una investigación sobre los procedimientos y formulas aplicados para aprobar los aumentos en las tarifas del servicio público modalidad autobús.

Recomiendan el proceso por la eventual negligencia o falta grave contra el procedimiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo, debido a que no se realizan los estudios técnicos requeridos para fijar las tarifas del servicio de transporte.

Otras de las recomendaciones fue inhabilitar para desempeñar cargos públicos, por un periodo de 4 años al Regulador General Dennis Meléndez así como a Edgar Gutiérrez López, Director de la Junta Directiva, Enrique Muñoz Aguilar, Intendente de Transporte y otros directores de esa entidad.

También se solicita remover de sus puestos a los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, por ser responsables de aprobar un mecanismo que permite la simulación de demanda de pasajeros en modalidad autobús, sobre el cual se fijan tarifas que perjudican a los ciudadanos, en lugar de realizar los estudios técnicos que permitan determinar con certeza la cantidad de usuarios del servicio.

Finalmente piden enviar el expediente al Ministerio Público a fin de que se valore e investigue, si los hechos descritos constituyen delito de incumplimiento de deberes, de parte del Regulador General y miembros de la junta directiva de la ARESEP y otras personas.

El diputado Mario Redondo y Presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, manifestó que la ARESEP y el Consejo de transporte Público han venido aplicando una metodología que es contraria a los intereses de los usuarios de transporte modalidad bus.

“Una metodología que permite que sean los autobuseros los que determinen cuanto son los que utilizan el transporte y no un órgano independiente que permita una valoración mucho más objetiva, que permite aplicar estipulaciones de carácter extraordinario como si fueran de modo ordinario”, explicó el Presidente de la Comisión.

Por otra parte, los diputados aprobaron un informe sobre una investigación que realizaron en el tema de los incentivos de los bancos estatales y sobre el nombramiento del Gerente del BCR Mario Barrenechea.

En ese sentido el diputado Mario Redondo señaló que se determinó que la Junta Directiva del Banco de Costa Rica faltó a la verdad, cuando en una nota dirigida a Redondo atribuyó al señor Barrenechea que fue nombrado como Gerente General requisitos y atributos que después no logró demostrar que realmente tenía y que el procedimiento fue inconveniente.

Para este caso dijo, se recomendó aplicar acciones correspondientes para que todo esto pueda ser corregido además de enviar el caso a la Procuraduría de la Ética.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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8 de diciembre del 2015 – La Comisión de Nombramientos recibió a los últimos 9 postulantes al cargo de Magistrado Propietario de la Sala Constitucional en sustitución del Dr. Gilberth Armijo Sancho, quien se acogió a la jubilación desde el pasado 1 de noviembre.

El primero en exponer fue Jose Paulino Hernández Gutiérrez, Juez Contencioso Civil de Hacienda, quien tiene 22 años en el Poder Judicial y ha ejercido como Magistrado suplente en dicha Sala.

Por otra parte, la letrada Andrea Herrera Gutiérrez dijo que es necesario equiparar la conformación actual de dicha Sala y cuenta con 17 años de experiencia y capacidad en varios temas.

El abogado litigante y candidato Rodrigo Cervantes Barrantes, instó a los legisladores a apoyarlo para darle un contraste diferente a la Sala Constitucional.

La juez del Tribunal Penal de Hacienda, Tatiana Margarita López Monge pretende llegar al cargo para dar justicia de calidad, respetando los derechos de los ciudadanos.

La lista final de audiencias la completan los candidatos Ricardo Antonio Madrigal Jiménez, Jorge Luis Morales García, Krysia Muñoz Jiménez, Román Antonio Navarro Fallas y Jorge Enrique Olaso Álvarez.

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