Autor: Editor

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

25 de noviembre del 2015 – La Procuradora General de la Republica, Ana Lorena Brenes Esquivel, señaló problemas de redacción en el proyecto 19357 Reforma al artículo 10 de la Ley 8634, Ley del sistema de Banca para el Desarrollo y sus reformas, en su comparecencia en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

Mencionó que la naturaleza jurídica del Consejo Rector y de la Secretaría Técnica es un tema complejo a nivel de organización del Estado.

La Procuradora considera que tiene problemas en cuanto a la redacción con la creación del Consejo Rector como jerarca del sistema de Banca para el Desarrollo, al ostentar la personería jurídica. También se tiene una Secretaria Técnica, como un ente público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

“Entendería que se está creando una autónoma o semiautónoma, pero además con una secretaria técnica que es un ente público no estatal, con personalidad jurídica también y patrimonio propio”, explicó la Procuradora.

Brenes Esquivel preguntó por la coordinación y cómo se va a manejar una institución autónoma con un ente público no estatal, cuando en realidad en el texto del proyecto, la secretaria técnica debería ser el órgano ejecutor del consejo rector, por lo tanto no tiene lógica dentro de la organización del Estado la creación de dos personas jurídicas, que van hacer lo mismo y que más bien deberían estar interrelacionadas.

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Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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24 de noviembre del 2015 – Los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios recibieron a los representantes de la Industria Farmacéutica Nacional quienes solicitaron dejar sin efecto la propuesta del expediente 19531 que los obliga a pagar el 13% de impuesto sobre las ventas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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24 de noviembre del 2015 – Erick Ulate Quesada, Presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, manifestó que el proyecto expediente 19637 Seguridad y comercialización de cilindros de gas, debe mejorar los niveles de seguridad y fiscalización del Estado.

Ulate compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, para referirse a la iniciativa y en este sentido señaló que comparte el espíritu del proyecto, sin embargo no cuenta con la regulación adecuada.

“Creemos que el gas licuado es un combustible importante, utilizado por 600 mil familias, según los datos de la ARESEP y que desgraciadamente no cuenta con una regulación adecuada”, puntualizó.

Manifestó que deben mejorarse los niveles de seguridad y de fiscalización por parte del Estado, pero aun así, el proyecto se queda corto respecto a lo que aspiran dentro del mercado de gas licuado de petróleo.

“En general si ustedes leen el articulado del proyecto nos encontramos con que básicamente son una serie de mandatos al Ministerio de Ambiente y Energía para desarrollar reglamentos que tienen que ver con temas como seguridad, trazabilidad, como información y mandatos que ya de todos modos sentimos que la ley le da al Ministerio de Ambiente y Energía”, recalcó

Finalmente comentó que el artículo 9 puede ser polémico con la universalidad del llenado, “debemos decirles que nosotros como consumidores de Costa Rica hemos venido luchando porque se reconozca, la propiedad de los cilindros de GLP en el consumidor, que no se limite la posibilidad del consumidor de llenar su cilindro de gas ante la operadora que quiera, debe verse como un derecho de los consumidores”, finalizó.

Los objetivos del proyecto son entre otras cosas establecer los procedimientos y condiciones de seguridad del envasado de los cilindros de gas licuado de petróleo, promover la competencia en la venta y suministro, así como asegurar el suministro y calidad del servicio de los consumidores de gas licuado de petróleo.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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24 de noviembre del 2015 – Prohibir la participación de personas menores de edad en concursos de belleza y modelaje con o sin consentimiento de los padres tutores o encargados, es el objetivo del expediente 19362 dictaminado positivamente en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

El plan denominado Ley contra la violencia psicosexual hacia las personas menores de edad expresadas a través de los concursos de belleza y modelaje, es de orden público y de interés social y están destinadas a proteger a la persona menor de edad en el marco de protección de sus derechos humanos.

El proyecto establece prohibir la participación de personas menores de edad en concursos de belleza y modelaje con o sin consentimiento de los padres tutores o encargados. Esta disposición rige para todo tipo de concursos de belleza y modelaje en la que se promueva o incite la sexualización o la violencia psicosexual de las personas menores de edad.

El diputado Humberto Vargas Corrales, proponente de la iniciativa explicó que los reinados y los certámenes de belleza infantiles constituyen una apología a la agresión física, psicológica y mental de nuestras niñas y adolescentes.

“Es evidente que los concursos exponen niñas maquilladas y con actitudes sexualmente explicitas, al tiempo que las someten a competir por “belleza”, donde los estereotipos de mujeres delgadas o voluptuosas son el estándar. La incorporación del tema de la hipersexualidad en nuestra legislación representaría un avance grande para el país, porque se evitaría la agresión a los cuerpos e identidad infantil de niños y niñas”, explicó el diputado.

“Además de protegerlos de cualquier riesgo de trata, las mayores consecuencias de exponer a los menores a estas prácticas es el aumento de la pedofilia (atracción sexual, hacia los niños) y la pederastia (abuso sexual a un infante)”, indicó Vargas.

En cuanto a las multas, el proyecto sancionará con una multa equivalente a catorce salarios mínimos mensuales a la persona física o jurídica que promueva o incite la sexualización o violencia psicosexual de personas menores de edad a través de concursos de belleza y modelaje infantil.

Para los efectos de esta ley, la denominación “salario mínimo” corresponde al monto equivalente al menor salario que contiene el decreto vigente de salarios mínimos del sector público.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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20 de noviembre del 2015 – Los diputados que integran la Comisión Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia, dictaminaron en forma positiva, el expediente 19433 ley para garantizar el interés superior del niño en el cuido de la persona menor gravemente enferma.

El diputado proponente, Fabricio Alvarado Muñoz, comentó que la intención de este proyecto, es aprovechar fondos de FODESAF, que en este momento no se están utilizando, para que los familiares de menores en fase terminal tengan permiso o licencia para acompañarlos.

Explicó que muchos de estos padres quienes tienen un hijo internado con alguna enfermedad grave, terminan incapacitándose falsamente, incluso renunciando a sus trabajos afectando seriamente la economía de su hogar porque no les dan permiso en el trabajo y es urgente su presencia a la par de su hijo.

“Se define como personas menores de edad gravemente enfermas, aquellas que sufren de un enfermedad con efectos significativo en su salud, la cual pone al paciente en riesgo de muerte, cuyo tratamiento a criterio del médico tratante requiere del concurso de los progenitores que ejercen la patria potestad, tutor, curador o representante legal o en ausencia de estos, el familiar más cercano del enfermo para su cuidado”, indicó el diputado.

El proyecto establece que toda persona activa asalariada que, por el procedimiento señalado en esta ley, se designe responsable de cuidar a un paciente en fase terminal, o a una persona menor de edad agudamente enferma, gozará de licencia y subsidio en los términos que adelante se fijan, siempre que se trate de una colaboración y no medie retribución alguna.

La licencia y el subsidio se otorgarán por el plazo de la enfermedad terminal, o bien por el que determine el médico tratante para el caso de personas menores gravemente enfermas. Durante este lapso, la licencia se renovará cada treinta días calendario y podrá ser levantada antes de su vencimiento, a juicio del médico tratante.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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23 de noviembre del 2015 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos ratificaron a Marta Eugenia Soto Bolaños, Victoria Eugenia Hernández y Silvia Charpentier Brenes, al cargo de miembros de la Junta Directiva del Banco Central

El informe de la comisión será remitido al Plenario.

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