Autor: Editor

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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19 de noviembre del 2015 -La Comisión de Seguridad y Narcotráfico recomienda destituir a Anita Macdonald, miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, tras la investigación realizada por el caso del muelle en Portete, Limón.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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19 de noviembre del 2015 – El Ministro de Obras Públicas y Transporte Carlos Segnini Villalobos, reconoció en la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público, los atrasos en la obra pública, debido a la gran cantidad de trámites que debe enfrentar.

El jerarca del MOPT se refirió a la investigación sobre los atrasos en el proceso de ejecución de obra pública, así como los altos costos de las unidades ejecutoras.

“Tenemos un gran retraso en la obra pública, un poco más de un año de estar luchando por desenmarañar, no resulta tarea fácil pero estamos en ello. La situación de los créditos internacionales, sus costos y sus unidades ejecutoras es el llamamiento que me hace esta comisión y sobre ello voy hacer mi exposición”, comentó el ministro.

Segnini hizo un recuento de todos los créditos que tiene nuestro país con organismos internacionales, para construir obra pública y en este sentido añadió que existen un total de créditos que suman $1.204 millones de dólares, que están aprobados y en ejecución.

Dentro de esos proyectos mencionó varios con el Banco Centroamericano de Integración Económica uno por 348 millones de dólares, que no cuenta con garantía soberana porque es el formato que sigue ese banco, otro denominado BID cantonal por $60 millones, el crédito de la Corporación Andina de Fomento, por $54 millones y el ultimo que se aprobó hace un año por $450 millones, todos para obras de infraestructura.

Según el jerarca dentro de las principales trabas o barreras que presentan estos proyectos son la capacidad limitada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para atender todas las expropiaciones.

“Nosotros tenemos poco personal para atender todas las expropiaciones, estamos tratando de reforzar esto y el retraso en la reubicación de las familias del Triángulo de Solidaridad, porque cuando queremos reubicar a estas familias a través del Ministerio de Hacienda, que es el que le compete la gente no los quieren recibir”, explicó el Ministro.

Segnini señaló la deficiente gestión de los proyectos de inversión pública, problemas crónicos de planificación y maduración de los mismos, falencias en los procesos de negociación de créditos públicos y falta de fondo especial de pre-inversión que atienda la fase previa de los proyectos.

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Armando Alonso González, Departamento de Relacione Públicas, Prensa y Protocolo.
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18 de noviembre del 2015 – Otto Rivera, Director Ejecutivo de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación (CAMTIC), manifestó que el proyecto expediente N° 19012 Ley de servicios de la sociedad de la información (ley de comercio electrónico), facilita el desarrollo comercial y económico de Costa Rica.

El Director compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos y señaló que cualquier empresa pyme que utilice las tecnologías digitales como una forma de desarrollo económico y comercial tendrá una gran participación en el mercado.

“Si ustedes empiezan a analizar en estos momentos los índices de comercialización que se tienen con Amazon con Costa Rica son importantes y fuertes”, dijo Rivera.

Comentó que Costa Rica para el próximo año, está siendo elegido como ingreso del TITULAC, que es toda la parte del comercio electrónico, lo que tendría una buena participación en el desarrollo del país, lo que generaría posibilidades de crecimiento de las empresas.

El objeto de la ley es la regulación de los servicios de la sociedad de la información -servicios electrónicos- en lo concerniente a las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de aquellos servicios, el régimen jurídico de las ofertas electrónicas de contrato, de las invitaciones electrónicas a ofertar, de las comunicaciones comerciales electrónicas, de los contratos electrónicos, de los códigos de conducta y de los medios electrónicos de resolución de conflictos.

Las disposiciones contenidas en esta ley, se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas que tengan como finalidad la protección de la salud y seguridad pública, el régimen jurídico de la contratación civil y mercantil, el régimen de tutela de los consumidores y usuarios, el régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, la protección de datos personales, las normas referidas a las telecomunicaciones y la normativa reguladora de la defensa de la competencia.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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17 de noviembre del 2015 – Los legisladores siguen discutiendo el presupuesto ordinario para el ejercicio económico del 2016 que se debe votar antes de que finalice el mes de noviembre.

La diputada y coordinadora de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos Madrigal ha insistido en la necesidad de realizarle más recortes a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, por un monto cercano a los ocho billones de colones.

“Nosotros queremos ayudarle a este Gobierno para que trabaje con transparencia”, comentó Ramos.

La legisladora pidió que se abra el Plenario en comisión general para modificar el presupuesto en el Plenario Legislativo.

Mientras que, los legisladores del Partido Acción Ciudadana defendieron el plan de gastos.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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17 de noviembre del 2015 – El Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Ricardo Rodríguez Barquero, consideró muy pronto hacer alguna reforma a la ley que dio origen a la institución, esto debido a que la actual, ha sido implementada en su totalidad.

El jerarca compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, para referirse al expediente 18957 Reforma de varios artículos de la Ley 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Rodríguez señaló que la Ley 9036 fue analizada y hecha en un contexto muy apolítico, sino de colaboración ciudadana, pues le da un 60% de participación a los Consejos Territoriales, con la empresa privada y un 40% a las instituciones, y ha venido funcionando muy bien.

“En la participación institucional, los alcaldes se respetan, lo que quiere decir que el desarrollo local o cantón está bien desde la creación del Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional, pero la otra instancia es territorial y esto suma actores comunales, empresa privada e instituciones del Estado”, explicó.

El objetivo de esta iniciativa es crear una institución dinámica, ágil en su financiamiento, vinculada a la población de los territorios rurales y que impulse procesos orientados al bienestar con un sentido de equidad y de inclusión.

Asimismo, esta ley abre espacios para la participación de los actores territoriales en las acciones institucionales, especialmente, la de los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones económicas y sociales, con mecanismos eficaces de orientación para la inversión, la integración de cadenas productivas, el desarrollo de la capacidad empresarial, la formación de alianzas público-privadas, la coinversión, así como los instrumentos de control social y rendición de cuentas.

Finalmente esta ley tiene como primer objetivo establecer un marco institucional para el desarrollo rural del país, que permita la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas de Estado en esta materia, así como la creación de mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país, con énfasis en aquellos territorios de menor grado de desarrollo.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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17 de noviembre del 2015

La Ministra de Educación, Sonia Martha Mora presentó una serie de modificaciones al expediente N° 19019 “Ley para la regulación de la educación o formación profesional-técnica en la modalidad dual en Costa Rica”, que se discute en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

La iniciativa pretende regular la educación y formación técnica profesional en la modalidad dual, de forma sistémica, metódica e integral, práctico, productivo y formativo a través de una alianza estratégica entre la persona estudiante, la empresa y la institución educativa.

El principal objetivo es que los estudiantes adquieran las competencias necesarias que les permitan ejercer ocupaciones que presenten una alta demanda en los sectores más dinámicos de la economía.

La propuesta crea el Consejo Nacional de Educación Dual, con las siglas CONEDUAL, como un órgano superior jerárquico nacional en materia relacionada con la educación y formación profesional técnica en la modalidad dual en el país, con desconcentración máxima, adscrito y bajo la rectoría del Ministerio de Educación Pública.

El Consejo regulará, supervisará y fiscalizará la actividad de las instituciones educativas y de las empresas formadoras que intervengan directa o indirectamente en el modelo de educación dual.

Sobre este tema, la jerarca de Educación expuso que se plantea una modificación en las competencias de este Consejo por choques con el Instituto Nacional de Aprendizaje.

Mientras que el MEP propone algunos cambios, los representantes de los sindicatos del sector educación se manifestaron en contra de la propuesta de ley.

Gerardo Contreras asesor del SEC, afirmó que el problema de la educación es grande y “se requiere una profunda reforma educativa”.

La iniciativa plantea que para ser estudiante de un plan o programa de educación y formación profesional técnica bajo la modalidad dual se requiere que la persona estudiante tenga una edad mínima de 15 años excepto para aquellos casos en que sea necesario que la persona sea mayor de edad por la profesión en la que se va a formar.

En cualquiera de los casos la persona estudiante deberá cumplir con los requisitos exigidos para el ingreso de los programas de educación profesional técnica según lo establezcan la institución educativa y la empresas formadoras.

Sobre este punto, Gilberto Cascante Montero de ANDE, explicó que el proyecto no respeta las etapas de la vida porque el estudiante con una edad de 15 años no está listo emocionalmente para un mercado de trabajo.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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16 de noviembre del 2015 – Los legisladores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminaron el expediente N 19754, modificación a la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2015 y tercer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico 2015.

El monto total del presupuesto es de 214 mil millones de colones.

La Contralora había explicado días atrás que los ingresos corrientes aumentan en 1.225 millones, los ingresos de capital aumentan en 2.066 millones de colones, mientras que los ingresos por financiamiento suben en 213.164 millones.

El Ministerio de Hacienda rebaja 1,966 millones correspondientes a la desincorporación del saldo del crédito BID 1284, ejecutado por la unidad el Programa de Regularización de Catastro y Registro.

El Ministerio de Educación Pública transfiere recursos a las juntas de educación y a las juntas administrativas para el Programa de Comedores Escolares por 1.215 millones de colones.

Se rebajan 2.264 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores, por diferencias de tipo de cambio en las plazas del Servicio Exterior.

Se aumentan 8.155 millones al MOPT para transferir 4.122 millones al Incofer, de los cuales se utilizarían 3.622 para estudios de factibilidad del sistema de transporte rápido y 500 millones para la reparación de vías férreas.

Además, se incrementan 1000 millones al Ministerio de Vivienda para transferir al INVU, para gastos operativos.

El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós explicó que con estos fondos se pretende “poder terminar el año de manera estable”.

Redondo señaló que este presupuesto extraordinario trae recursos importantes para el Incofer para solventar una serie de problemas que ha enfrentado el ferrocarril y fondos para el pago de aguinaldos en el Sinart.

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