Autor: Editor

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

11 de noviembre del 2014 – Los representantes de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) expusieron sus criterios sobre el proyecto de contingencia eléctrica ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios.

Juan Antonio Solano Ramirez Gerente General de la JASEC mostró su respaldo la propuesta ya que se vendría a beneficiar a los 90 mil abonados, pero aprovecho la oportunidad para señalar algunas modificaciones al texto.

Dentro de esos cambios indicó que es necesario definir mejor los conceptos de la ley para que no queden tan indefinidos que se puedan prestar para interpretaciones, también aboga por una clara definición sobre las tarifas.

Solano Ramirez pidió a los legisladores permitir una mayor participación en la generación eléctrica que no se sea restrictiva y que venga a dar un trato igualitario a todas las partes.

Por su parte el Ingeniero Pablo Soto Ortega en representación de la ESPH mencionó de entrada que la propuesta no tiene una estructura suficientemente clara ya que no se incluye a las cooperativas ni a los consorcios de electrificación rural.

Agregó que se dan un trato desigual en beneficio del ICE y de la CNFL a la hora de realizar los trámites para la concesión de agua, igualmente indicó que la definición sobre generación distribuida contenida en el proyecto de ley no es exacta y esto puede llevar a confusión.

Soto Ortega instó a que se defina si la electricidad debe verse como una mercancía o como un servicio público.

El presentante de la ESPH pidió a los legisladores incluir en la ley la posibilidad para que las empresas municipales puedan establecer fideicomisos o consorcios.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de noviembre del 2014 – Funcionarios de la Bolsa Nacional de Valores y representantes de la Cámara de Puestos de Bolsa se refirieron al expediente 19111, Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense, que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

El proyecto busca regular los mercados de valores e instrumentos financieros, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente, los actos o contratos, los valores e instrumentos financieros, las actividades y servicios que se realicen. La ley tambien establece un régimen de supervisión, inspección y sanción. Igualmente se regla la conformación y funciones del CONASSIF, así como aspectos comunes a las Superintendencias del Sistema Financiero.

José Rafael Brenes, Gerente General de la Bolsa Nacional de Valores, comentó que si bien la iniciativa viene a modificar la legislación actual que data de 1998 y que se dio en la coyuntura del momento, ahora “ha cambiado muchísimo la filosofía de supervisión que regula y protege los intereses del público al acudir al Mercado de Valores”.

Brenes explicó que se dejó por fuera del proyecto de ley el reconocer que un régimen de protección al inversionista no aplica por igual a todos los inversionistas.

Damaris Ulate de la Cámara de Emisores de Títulos Valores manifestó ante los legisladores que para los emisores, el proyecto contiene elementos importantes que le dan mayor simplificación a la tramitología del registro de emisiones, además, de los artículos que le dan mayor seguridad jurídica a la participación de los emisores en el mercado.

No obstante, Ulate señaló que hay elementos que se quedaron por fuera como una reforma al Código de Comercio.

Por su parte, Lucrecia Quesada, representante de la Cámara de Puestos de Bolsa, señaló que hay pocos elementos “trascendentales para el desarrollo de un mercado de valores”. Aseguró que desde su punto de vista, el proyecto de ley carece de elementos sustanciales para desarrollar un mercado accionario.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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11 de noviembre del 2014 – El vice ministro de Ingresos Fernando Rodríguez Garro señaló que enviarán un texto sustitutivo al expediente 19245 ley para mejora la lucha contra el fraude, mejorando los contenidos de la misma e incluir actividades como los contratos del Estado.

Rodríguez Garro en su comparecencia en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios propuso la inclusión de un artículo en el Código Tributario y establecer la obligación que toda persona física o jurídica, que desee obtener con el Estado un contrato, licencia o permiso que se encuentra al día con sus obligaciones fiscales presente sus declaraciones.

Planteó incluir una sanción por incumplimiento parcial en la entrega de la información solicitada por la administración tributaria, esto por cuanto en muchas ocasiones para dilatar los procesos de fiscalización se entrega la información por partes, para lo cual no existen sanciones.

Sugirió modificar el artículo 92 para que la Dirección General de Tributación se constituya como actor civil para el ejercicio de la acción civil resarcitoria en los casos de defraudación por impuesto o por evasión en los casos penales.

También la modificación del artículo 106 para que los bancos entreguen información de los avalúos de las propiedades, pues de acuerdo con el Viceministro de Ingresos, hay dos razones importantes una es para tener control del pago del impuesto solidario y otra el valor de la propiedad varía de acuerdo para lo que se utilice, para efectos de tributación o inscribir la propiedad en la municipalidad tiene un valor pero para un crédito el valor es otro.

“Nosotros no podemos permitir que ese tipo de cosas que son elementos para determinar valores patrimoniales sea distinto en función del uso de la información, es importante para determinar la realidad patrimonial de la persona ya que se presentan discrepancias entre el valor patrimonial y el pago de sus impuestos” dijo Rodriguez Garro.

Entre otras propuestas dijo que se establece una limitación para deducir gastos en aquellos casos o territorios que han sido calificados como paraísos fiscales o países no cooperantes, dándole al país una credibilidad y que Costa Rica no es un paraíso fiscal dijo el vice ministro de Ingresos.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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6 de noviembre del 2014 – Reducir los recursos previstos para la promoción y mercadeo del sector turismo para destinarlos al mantenimiento y financiamiento de los parques nacionales como lo pretende el expediente 18215 es considerado por la Cámara Nacional de Turismo CANATUR un grave error.

Así lo manifestó María Amalia Revelo representante de CANATUR ante la Comisión Permanente Especial de Ambiente donde se tramita el proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento permanente de los parques nacionales y áreas protegidas.

Revelo recalcó la importancia que tiene el sector turismo en el país el cual informó generó el año pasado 2400 millones de dólares en divisas y está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas.

Agregó que la aprobación de la iniciativa que recorta recursos de promoción al Instituto de Turismo va a afectar al 80% de los hoteles del país que están en manos de pequeños y medianos empresarios.

Los dineros destinados el año pasado a la promoción y mercadeo del turismo en Costa Rica aseguró la representante de CANATUR solo permitió hacer campaña en los mercados prioritarios.

Pero para algunos legisladores como José Ramírez Aguilar del Frente Amplio la promoción y mercadeo no son indispensables para atraer turistas al país pues aseguró que una encuesta realizada por el ICT en los aeropuertos revela que la mayoría de quienes visitan el territorio nacional lo hacen por recomendaciones de familiares y amigos.

El legislador reconoció que los recursos que se pretende cambiar de destino para fortalecer el financiamiento y mantenimiento de los parques nacionales no son suficientes pero aseguró que son un paliativo importante.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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6 de noviembre del 2014 – Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez miembro titular del Consejo de SUTEL y Wilbert Camacho Mora, comparecieron en la Comisión Permanente Especial de Turismo quienes se refirieron al expediente 18162 ley para la promoción del turismo comunitario.

Comentaron sobre el fondo de telecomunicaciones, la relación con este expediente y la complementariedad con los proyectos que está desarrollando la entidad. FONATEL en su ley establece un mandato para llevar los servicios básicos de telecomunicaciones a todos los habitantes.

Indicó que los proyectos que desarrolla FONATEL tienen sostenibilidad, por un periodo de cinco años y en diferentes zonas, pretendiendo que sea rentable.

Los proyectos se desarrollan en centros educativos, ebais, asilos, pues el gran objetivo es cerrar la brecha digital, llevando todos los servicios en igualdad de condiciones sin importar la ubicación geográfica.

Fonatel ha desarrollado convenios con diferentes instituciones como los ministerios de Ciencia y Tecnología, Educación, Salud, la caja y municipalidades entre otros.

En relación con medianas y pequeñas empresas en la rama del ecoturismo es algo integral, con los proyectos desarrollados.

Las tecnologías son variables dinámicas y lo que hoy en día se tiene mañana puede ser diferente por lo que hay que adaptarse y en el proyecto se incluyen evaluaciones de impacto para dar un buen destino y uso de tecnologías.

El proyecto tiene cuatro programas el primero es el acceso y servicio de las telecomunicaciones, la sostenibilidad hasta el 2021, del fondo 12 millones se destinan para la atención de las comunidades indígenas, donde la brecha digital está más definida.

La segunda parte es el de hogares conectados con subsidio a la demanda, pues con base en estudios socioeconómicos se subsidiara a familias con ayudas financieras y terminales para el acceso, también se tiene le financiamiento para el equipo de computo para centros educativos, ebais, CEN CINAI en coordinación con el ICE.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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5 de noviembre del 2014 – Mildred García toxicóloga de la Universidad de Costa Rica llamó la atención sobre los efectos que tiene en la salud de las personas el consumo de alimentos transgénicos.
La experta hizo las observaciones a los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios donde se tramita el expediente 18941 Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados.

García basó sus inquietudes en un estudio a largo plazo realizado con maíz transgénico y el cual fue administrado a ratas y el mismo mostró que los animales tenían una mortalidad mayor que los roedores que no consumieron ese producto.

El estudio cuya duración fue de dos años determinó que todos murieron por tumores pero eran más grandes en las ratas que fueron alimentadas con maíz transgénico y su tamaño era mayor en las hembras.

Además llamó la atención de que la dosis no marco diferencia en el resultado del estudio es decir que el efecto fue el mismo en todos los roedores incluso en los que recibieron una cantidad menor de maíz transgénico.

La experta fue enfática en asegurar que la utilización de transgénicos en los alimentos es un arriesgado experimento cuyos efectos aún no se han visto en su totalidad en las personas, por lo que aseguró que no recomienda el consumo de ese tipo de productos.

Con la exposición de Mildred García la comisión cerró las audiencias de expertos sobre este tema.

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