Autor: Editor

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

3 de noviembre del 2014 – Con un recorte de poco más de ¢294 mil millones de los ¢7,9 billones presupuestados por el Gobierno los diputados iniciaron la discusión del plan de gastos para el 2015, con un dictamen afirmativo de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios donde ocho de los 11 legisladores avalan la reducción presupuestaria.

Dentro de las partidas a las que los diputados de la Comisión de Hacendarios le pasaron tijera están ¢16.415,2 millones al Ministerio de Hacienda, ¢12.965,9 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Además, de ¢4 mil millones del Poder Judicial, ¢18.224,6 millones del Ministerio de Educación Pública, ¢104.000,0 millones al Servicio de la Deuda Pública y una rebaja importante al presupuesto de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.

Algunos ministros habían criticado días atrás la propuesta de rebaja aprobada en la comisión alegando que esto los obligaría a un eventual cierre técnico, así lo aseguró en su momento la Ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca.

El legislador del Partido Unidad Social Cristiana, Johnny Leiva Badilla aseguró que se hizo un trabajo responsable desde la Comisión de Hacendarios, donde se revisan todas las partidas enviadas por el Ejecutivo.

El congresista señaló que esperan que tal y como fue dictaminado reciba el mismo apoyo de las diferentes bancadas. “Este es un presupuesto que está más ajustado a la realidad nacional y a la situación fiscal que vive el país. Hemos tenido que aplicar varios recortes y muchos de ellos fueron ajustados por el Poder Ejecutivo en los diferentes ministerios”.

Leiva Badilla fue claro en que dentro de las partidas que se recortan están consultorías, viajes al exterior, además de algunas transferencias a instituciones que han tenido sub ejecución en sus presupuestos anteriores.

“He escuchado comentarios de los cierres técnicos pero nadie nos lo ha demostrado, aquí nadie ha viendo a decirme mire Johnny es que en estas partidas, eso lo que vamos a tener que hacer es ponerle un candado al ministerio, nadie ha venido a demostrar nada en esa línea. Lo que le hemos dicho a todos los ministros, también están los presupuestos extraordinarios”.

Según el dictamen afirmativo de mayoría presentado por la Comisión de Asuntos Hacendarios “el monto de los gastos propuestos será financiado con ingresos corrientes por un monto de ¢4,2 billones (el 52,7%), ingresos de capital por un cuantía de ¢626 millones (el 0,01%) y financiamiento (colocación de títulos valores) por una cantidad de ¢3,76 billones (el 47,2%).

Del total de gastos presupuestados, ¢5,73 billones (el 72%) corresponden a gastos corrientes, ¢1,76 billones (el 22%) a transacciones financieras (básicamente amortizaciones) y ¢464 mil millones (el 5,84%) a gastos de capital.

Para atender el servicio de la deuda pública se presupuesta un monto total de ¢2,69 billones (el 33,8% del presupuesto), de los cuales ¢921 mil millones corresponden a intereses y ¢1,76 billones a amortizaciones”.

El dictamen de mayoría fue firmado por Ottón Solís Fallas y Epsy Campbell Barr de Acción Ciudadana, Rolando González Ulloa, Paulina Ramírez Portugués y Olivier Jiménez Rojas de Liberación Nacional, Rosibel Ramos Madrigal y Johnny Leiva Badilla del Partido Unidad Social Cristiana y el legislador de Renovación Costarricense, Abelino Esquivel Quesada.

En total se presentaron 414 mociones, de las cuales se aprobaron 159, se rechazaron 195 y se retiraron 60. “Los diputados que emiten este dictamen de mayoría comprenden que de haberse cometido excesos en algunos de los recortes aprobados, ello se podría subsanar por medio de un presupuesto extraordinario”, indica el dictamen.

Por su parte, los legisladores del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela y José Ramírez Aguilar presentaron un dictamen afirmativo de minoría, donde proponen una rebaja de ¢129.145 millones, los principales rubros rebajados provienen de las subpartidas de consultorías, actividades protocolarias, alquiler del equipo de cómputo, servicios generales.

Según este dictamen “la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios condujo un procedimiento acelerado, y que en muchas ocasiones llevó a la comisión de importantes vicios de procedimiento, por ejemplo, la aprobación de una moción de dispensa de lectura que conllevó a la retrotracción del procedimiento para poder subsanar el mismo”.

“Los recortes aprobados por la Comisión afectan importantes programas sociales, y el funcionamiento de las instituciones”, sentencia el informe.

El legislador Ramírez Aguilar indicó que ya se hizo la consulta a la Sala Constitucional sobre la forma en cómo se dio la discusión en la Comisión de Hacendarios, debido a que su criterio se presentaron vicios de constitucionalidad.

El diputado de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós, presentó también un informe afirmativo de minoría, donde destaca 2.564 nuevas plazas para atender las necesidades de los centros educativos existentes por variación en la matrícula y la demanda de servicios educativos.

Transferencias al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para atender el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (AVANCEMOS), para una población promedio anual de 160.000 estudiantes y financiamiento de las universidades estatales cubiertas por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), con un crecimiento del 14,0% con respecto del 2014 (equivalente al 1,38% del PIB).

“Los gastos por remuneraciones totales esperadas para el 2015 (sueldos y salarios y contribuciones sociales), que cubre la planilla de 135.629 puestos absorbe ¢2.3 billones que equivalen al 29,5% de los recursos totales del 2015. Este rubro ha mantenido su participación en el gasto total de hace más de 10 años”, expone el documento firmado por el diputado de Acción Ciudadana.

“La estructura impositiva actual no genera los recursos totales necesarios para cubrir las obligaciones constitucionales y legales que debe cumplir el Gobierno Central. El uso del endeudamiento para financiar el gasto representa el 46.8% del monto total, según el Banco Central de Costa Rica, las finanzas públicas están en capacidad de hacer frente a esta obligación, en el corto plazo”.

Los legisladores tienen tiempo hasta el 29 de noviembre para votar el plan de gastos del Ejecutivo.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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30 de octubre del 2014 – Los diputados aprobaron en Segundo Debate el expediente 19025, Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre los Gobiernos de la República de Costa Rica y la República de Cuba.

El objetivo principal de la iniciativa es promoción de la cooperación económica, científica y técnica entre los gobiernos, de conformidad con sus respectivas legislaciones internas, a través de programas y proyectos de cooperación en las áreas de interés común.

Según el texto del proyecto “se establecen diferentes modalidades de cooperación que comprenden desde el envío de expertos, investigadores, profesionales y técnicos, desarrollo de servicios de consultoría, intercambio de información técnica y científica hasta la realización de investigaciones conjuntas”.

Los gastos asociados a la ejecución de los programas y proyectos que se adopten en el marco del acuerdo serán acordados con las alternativas que resulten más factibles.

Para la ejecución de los programas específicos que se adopten, los gobiernos podrán solicitar, asimismo, de común acuerdo y cuando lo consideren pertinente y factible, la participación de otras fuentes de financiamiento para la ejecución de sus programas conjuntos, incluyendo el uso de cooperación triangular.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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30 de octubre del 2014 – Con 42 votos a favor los legisladores le dieron segundo debate el expediente 18753, Reforma Integral de la N° 7495, Ley de Expropiaciones, del 3 de mayo de 1995 y sus reformas.

La iniciativa establece que solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la expropiación forzosa, cuando el bien afecto a la expropiación sea necesario para el cumplimiento de los fines públicos.

Además, ningún propietario o poseedor, por cualquier título, podrá oponerse a que se practiquen, sobre sus bienes inmuebles, los estudios necesarios para construir, conservar o mejorar una obra pública. También están obligados a mostrar los bienes muebles, para su examen cuando en ellos exista un interés público previamente declarado.

El proyecto establece que transcurridos diez años desde la inscripción del inmueble expropiado a nombre del Estado, el expropiador podrá devolver a los dueños originales o a los causahabientes que lo soliciten por escrito, las propiedades o las partes sobrantes que no se hayan utilizado totalmente para el fin respectivo.

“El perito deberá determinar el valor del bien expropiado a la fecha de su dictamen. También determinará los posibles daños que se causen al derecho de propiedad por limitaciones irrazonables sufridas al aplicar las medidas precautorias. Además, solo considerará las mejoras necesarias introducidas después de la declaración de interés público», señala la iniciativa.

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Rafael Ortiz Fábrega dijo que es un paso importante para el país, la aprobación de esta iniciativa debido a que ayudará al tema de la infraestructura nacional.

Otto Guevara Guth, jefe de fracción del Movimiento Libertario explicó que el proyecto busca dotar a la administración de una herramienta para la construcción de obra pública.

Por su parte, el legislador Abelino Esquivel Quesada del Partido Renovación Costarricense indicó que con la votación de este proyecto se evidencia que se está luchando por los intereses del país.

Mario Redondo Quirós, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, comentó que este proyecto agiliza la construcción de obra pública y le permite a Costa Rica tener un instrumento valioso para disminuir los plazos de ejecución.

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Luis Pablo Quirós, Esteban Salom, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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23 de octubre del 2014 – El Plenario Legislativo aprobó un texto sustitutivo para regular los Territorios Costeros Comunitarios con el propósito de enviarlo a publicación y consulta antes de su discusión en primer debate.

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