Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de marzo del 2013

“La mordaza esta puesta  se pone a la fuente de información, en vez de permitir su acceso, en estos momentos y con la redacción que está actualmente en el texto de la comisión, cualquier cosa puede ser declarada secreto de Estado”, dijo el diputado Juan Carlos Mendoza García.

El legislador manifestó estas palabra al finalizar esta mañana, la sesión de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos que actualmente está estudiando el expediente  18546 Reforma de los tipos penales establecidos en los artículos 167,232,196 BIS, 217 BIS, 229 BIS, 230 BIS del Código Penal.

Según el parlamentario, en la sesión de hoy se rechazó una moción impulsada por él y otros legisladores que establecía que la figura de Secreto de Estado sólo podría estar restringida a cosas de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, lo que abrió la posibilidad de que “cualquier cosa”, puede cobijarse bajo esta norma.

“Por ejemplo el contrato sobre una carretera hacia San Ramón,  el viaje de una diputada en avioneta para asuntos partidarios o un memorándum del miedo puede ser declarado secreto de Estado, es un camino seguro hacia un sistema dictatorial, cuando se empiezan a establecer las posibilidades que desde el Estado cualquier cosa puede ser declarado secreto eso no es democracia, eso no es Costa Rica eso está lejos de la tradición democrática que hemos tenido”, dijo el diputado Mendoza.

En ese mismo sentido hizo un llamado a todos los periodistas del país para que analicen a profundidad el texto del proyecto, ya que sostiene se le está poniendo la mordaza a las fuentes  “si esto es así, simplemente no hay noticia, no hay acceso a la información, no hay posibilidades de libertad de expresión, ni de libertad de informar ni de comunicar”.

“Vamos al último día de mociones,   por eso hago énfasis en mi llamado a los periodistas de este país, a que no coman cuento, a que no puedan tragarse el cuento de que el texto actual de alguna forma quita la mordaza, pone la mordaza y la pone mucho más duro, mucho más fuerte y contundente”.

Añadió “creo que estamos en un momento  que se están jugando los valores democráticos más básicos de este país, así es que voy a presentar y reiterar las mociones que hasta el momento he presentado y espero que los medios de comunicación entiendan que este debate tiene que ver con la democracia y los principios fundamentales de lo que es el acceso a la información pública”, comentó.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de marzo del 2013

Adrián Chinchilla Miranda, Carlos Espinach Phillips y Federico Baltodano Aragón, miembros de la Comisión Asesora  de Infraestructura del gobierno comparecieron en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para referirse a su participación en la construcción de la trocha fronteriza.

Los asesores fueron enfáticos en que no participaron en la toma de decisiones para la construcción de la obra.

El primero en negar participación en dicha obra fue Adrián Chinchilla Miranda al indicar que asistió a reuniones ocasionales para discutir los proyectos prioritarios de infraestructura del gobierno y rechazo cualquier interés directo o indirecto en la construcción de la ruta 1856.

Chinchilla Miranda señalo que siempre ha dado consejo y apoyo a la Presidenta por su deber de hermano y por su condición de ciudadano.

Agregó el hermano de la Presidenta que se han visto en la necesidad de demandar a varias personas por montar una campaña de mentiras que busca dañar su imagen y aprovecho para instar al Presidente Legislativo a agilizar el trámite del levantamiento de la inmunidad del diputado socialcristiano y miembro de la comisión, Walter Céspedes Salazar.

“No formé parte de comisión que asesorará o decidiera sobre temas de la trocha y prueba de eso que ningún otro compareciente ha señalado eso”, acotó Chinchilla Miranda.

Por su parte Carlos Espinach Phillips indicó que se ha visto obligado a acudir a los Tribunales de Justicia a defender su honor ante el ataque de algunas personas.

“Hay quienes se han atrevido a señalar falsamente que hemos dado asesoría sobre el tema de la trocha y hasta se ha dicho que tengo intereses particulares”, mencionó Espinach Phillips.

Espinach aseguró que el pasado 7 de marzo, le envió una nota al Presidente Legislativo Víctor Emilio Granados, para consultarle por qué, si la Corte Suprema de Justicia había solicitado a la Asamblea que se refiriera sobre el levantamiento de la inmunidad de Céspedes, al día de hoy, el tema no ha avanzado.

Dejo claro que bajo ningún concepto, ni por medio alguno, asesoro ni dio consejos sobre la trocha ni tampoco se ha visto beneficiado con la construcción de la misma.

El ultimo en dar su exposición fue el ingeniero civil, Federico Baltodano Aragón quien aceptó que dada su formación académica y experiencia realizó un  informe técnico para la Presidenta sobre el dinero faltante para construir la trocha, pero señalo que no tomo ninguna decisión.

“Mi labor fue estrictamente técnica. No impartí instrucciones ni di consejos sobre cómo distribuir fondos públicos”, dijo Baltodano Aragón.

Ante esta aseveración la diputada libertaria Patricia Pérez Hegg, presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público presentó un correo enviado por Federico Baltodano al vicepresidente Luis Liberman, donde les solicitaba cambios en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

El correo fue recibido por el Vicepresidente Liberman el 13 de enero de 2012, donde solicitaba el cambio del ex director del CONAVI, Carlos Acosta por Carlos Enrique Sánchez, además solicitó sustituir al director del Consejo de Administración, Mario Quesada, por el ingeniero Tomás Figueroa y al gerente de Conservación de Puentes Marco Rojas, por el ingeniero Cristian Vargas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de marzo del 2013

Los diputados de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, dictaminaron en forma positiva, el expediente 18641 Reforma parcial de la Ley 8316 del 26 de setiembre de 2002, Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, que pretende modificar la distribución del tributo a las municipalidades donde se ubica el aeropuerto.

La diputada María Ocampo Baltodano manifestó que el proyecto de ley lo que busca es redistribuir el monto del tributo por concepto de los derechos de salida por cualquiera de los puestos aéreos internacionales, es por ello que se pretende destinar 2 dólares a las municipalidades donde se ubica el aeropuerto que genera dicho tributo para el rescate  del patrimonio histórico cantonal y la seguridad turística, así como la creación y manteniendo de infraestructura cantonal que favorezca la  incursión turística.  

Así mismo se destinarán US$1 moneda de los Estados Unidos de América para el resto de las Municipalidades de la provincia donde se ubique el aeropuerto que genera el tributo, para invertirlos en promoción de infraestructura turística;  y US$ 0.50 moneda de los Estados Unidos de América  para la Liga de las Municipalidades de la provincia donde se ubique el aeropuerto que genere el ingreso. 

Según la exposición de motivos,  con la actual propuesta se pretende restablecer el principio de igualdad, por cuanto si se cobra el impuesto de salida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, deben los municipios del resto de provincias donde se ubiquen aeropuertos similares que generan la tasa, recibir lo que corresponde, equiparando el trato impositivo que se Ie otorga al Municipio de Alajuela. 

Se destaca  que la reforma, destina $0.50 para financiar a la liga de municipalidades de cada provincia en donde exista un aeropuerto internacional, esto con el claro propósito de integrar los cantones en una visión provincial que unifique los intereses que los identifica. 

El plan pasará a ocupar la agenda del Plenario Legislativo para su discusión final.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de marzo del 2013

Francisco Ibarra Arana, Gerente General de la Junta de Protección Social (JPS), manifestó que esta entidad, atacará las llamadas bancas clandestina con la lotería electrónica, que en el último año manejaron un monto de 100 millones de dólares.

Ibarra compareció por segunda ocasión, ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Control de  Ingreso y Gasto Público, junto con Abundio Gutiérrez Presidente de la JPS, Milton Vargas, Director de Producción y Ventas y Marco Bustamante Jefe del Departamento de Planificación quienes se refirieran a la investigación que se lleva a cabo sobre la gestión empresarial de esta institución.

“Lo que queremos atacar especialmente con la lotería electrónica es la lotería clandestina, son 100 millones de dólares al año que están manejando estas bancas clandestinas.

El año pasado terminamos con ventas de 350 millones de dólares, tenemos evidentemente un alto porcentaje del mercado, le hemos quitado participación de mercado a las bancas clandestinas son 100 millones de dólares, para cambiar esos destinos que hoy en día van para fines privados y que están actuando al margen de la ley”, dijo el Gerente de este entidad.

En este mismo sentido desmintió la versión de que la JPS está privatizando los juegos, sino más bien lo que se está haciendo es contratando a un empresa que va a proveer los equipos de terminales especializados y que se van a distribuir en todo el territorio nacional, así como suplir los terminales para los vendedores, para que se pueda vender en todo el país la lotería electrónica.

“La única lotería legal en este país es la de la junta de Protección Social, todas esas bancas como se llamen son ilegales y por ende ahí si se está legitimando capitales”, comentó Ibarra.

Por otro lado Milton Vargas, Director de Producción y Ventas, señaló que existen estudios independientes que señalan que el juego ilegal en nuestro país maneja cifras cercanas a las cifras de ventas de la JPS.

Así mismo se refirió al plan de premios de esta entidad, aclaró que dicho plan es de un 62.13% de los ingresos totales de la Junta, de modo que cada vez que se aumenta el precio de la lotería también se aumentan los premios.

“Hemos tratado de explicar y podemos seguir explicando, de que es lo que pasa con los premios no cambiados, es que el premio no cambiado no es que la junta se lo deja, el billete que no se vende no produce ningún ingreso para la junta, entonces como podemos hablar de que hay premios que la junta se deja si en ningún momento está recibiendo el ingreso”, aclaró Vargas.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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7 de marzo del 2013

La tasa de homicidios ha disminuido en el país y con la aprobación del expediente 18050 Reforma a la Ley de Armas y explosivos la reducción será mayor manifestó el Ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero, ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

La información expresó el titular de Seguridad está contenida en el informe del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, del 2012 el cual ubica a Costa Rica con una tasa de homicidios de 8.9 por cada cien mil habitantes.

“Somos el país de Mesoamérica que más ha hecho descender su tasa de homicidios logrando incluso  salir  de los marcos de pandemia señalados por el Organización Mundial de la Salud” comentó.

Esta organización establece que más de 10 homicidios por cada cien mil habitantes representan pandemia y es la situación que presentan países como México, Colombia y Venezuela.

Destacó que los resultados positivos por parte de Costa Rica se deben al control que a nivel administrativo y operativo policial se realizan  respecto a la tenencia de armas de fuego.

La aprobación de la reforma a la ley de armas  destacó significará un mayor respaldo a las medidas adoptadas  por la presente administración al definir un escenario filosófico jurídico respecto a la tenencia de armas que permite incluso establecer un decreto de suspensión de la tenencia de ellas.

Dentro de las medidas contenidas en el nuevo texto el Ministro destacó la prohibición de portar armas a las personas que se le dicte medidas cautelares por parte de las autoridades judiciales.

Se establece la obligatoriedad de  adquirir una póliza cuando se adquiera un arma para garantizar los derechos de terceros ante  una mala utilización de las armas.

Además señalo como importante el prohibir  la asistencia a los polígonos a menores de 15 años y con tutela parental de 15 a 18 años, con lo cual aseguró se rompe el escenario de socialización que se está dando en el país “con ello se incrementa la moda de las armas y que niños menores se familiaricen con el esquema armado”.

La nueva legislación además prohíbe el uso de armas de cacería y aumenta las penas por infracciones, lo que a criterio del ministro Mario Zamora se convierte en un mecanismo disuasorio para  quienes hoy poseen armas ilegales.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de marzo del 2013

Durante la comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Ambiente quedó de manifiesto la división de los integrantes de la Comisión Nacional de Bioseguridad a la hora de otorgar el permiso para la siembra de maíz transgénico en el país.

El Dr. Walter Quirós, representante de la Oficina Nacional de Semillas y quien expuso en nombre de un grupo de los integrantes de la Comisión Nacional de Bioseguridad sostuvo que lo único que ellos realizan es una valoración técnica para emitir un dictamen al Departamento de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado.

El Dr. Quirós agregó que dicho departamento del Estado realiza un seguimiento del permiso otorgado para que se cumpla con la legislación establecida.

Como un grave error a la hora de entregar el permiso para la siembra del maíz transgénico calificó el miembro y representante ambiental, Fabián Pacheco y como prueba de eso se amparó en cartas de diversas  instituciones y expertos que hicieron advertencias, que no fueron leídas y discutidas en la Comisión de Bioseguridad.

Fabián Pacheco señalo que se les pidió a los miembros enviar por correo electrónico y sin votación ni deliberación en sesión alguna el criterio de cada uno sobre este permiso.

“Se busca favorecer a la empresa Monsanto en lugar de defender la diversidad agrícola nacional, lamento la decisión porque existen varios criterios técnicos que demuestran que más del 50% de las variedades del maíz convencional en el mundo están contaminadas con ADN transgénico que tiene impacto en las personas y en el ambiente”, sostuvo Fabián Pacheco.

Sostuvo que dicho permiso fue presentado para ser utilizado en la zona de  Abangares y no en Chomes de Puntarenas como al final se otorgó pese al rechazo del ente municipal.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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7 de marzo del 2013

Fernando Quevedo, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID-Costa Rica, manifestó que destinan recursos para desarrollar actividades del sector privado, pero con temas de innovación, enfocados en pequeñas y medianas empresas del país.

Quevedo compareció esta mañana, junto con Jordi Prat, Viceministro de Hacienda, en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, para referirse al expediente 18522 Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y autorización a capitalizar organismos multilaterales, conocido como FOMIN.

“Desarrollar la actividad del sector privado, pero con temas de innovación, por lo general lo que hacemos son proyectos pilotos para que después se puedan reproducir y muy enfocado además en pequeñas y medianas empresas”, señaló el represente del BID.

Así mismo indicó que el FOMIN lo que hace son cooperaciones técnicas no reembolsables, además de inversiones en ciertos fondos que a su vez dan los recursos a las empresas que empiezan sus proyectos y algunos préstamos, que en su mayor parte son cooperaciones técnicas no reembolsables, o sea donaciones.

“En el caso de Costa Rica, se donan más o menos entre 60 y 70% del total de la inversión requerida y el resto se pide una contrapartida que lo dan en especies y en efectivo”, puntualizó.

Por su parte el Viceministro de Hacienda, Jordi Prat, indicó que el proyecto es muy importante debido a que el FOMIN ha sido una fuente de innovación para muchas empresas, especialmente para micro y pequeñas empresas, que se han visto beneficiadas para desarrollar sus proyectos.

“Se incentiva el desarrollo del sector privado y una de las cosas más importantes es que el FOMIN 1 contribuyo con 600 mil dólares y eso se tradujo en más de 43 millones de dólares en donaciones para empresas de Costa Rica y de la región”, comentó el Viceministro.

Finalmente mencionó que  se espera  que Hacienda capitalice al FOMIN II con 360 mil dólares, que ya están presupuestados y con esos recursos permitir en que se traduzcan en 4 millones de dólares que pondría el BID para desarrollar proyectos que ya están programados.

“Lo que realmente se espera es que nosotros capitalicemos el FOMIN  2 con 360 mil dólares, que ya están en el presupuesto, y ese dinero se traduce en que ya tenemos proyectos y se ha logrado utilizar 4 millones de dólares”, puntualizó.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

5 de marzo del 2013

Fernando Contreras, Representante de REPRETEL, manifestó que la imposición de cargas o tributos que se le pretende imponer a empresas de televisión por suscripción, para subvencionar a la industria de producción cinematográfica, sin el fundamento técnico que determine la racionabilidad de los porcentajes, es improcedente e injustificada.

Contreras compareció en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación, junto con Luis Carcheri, Gerente General Distribuidora Romaly y Oscar Castillo, representante de Producciones La Zaranda, para que se refirieran al expediente 18601 Fortalecimiento del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

El represente de REPRETEL indicó que esta empresa desarrolla y opera negocios de televisión abierta, radio, salas de cine y próximamente desarrollará televisión satelital, por lo que se vería afectada en todas estas actividades si se llegara a aprobar este proyecto de ley, tal y como se encuentra redactado.

“No obstante que el proyecto persigue un fin entendible para quienes lo promueven consideramos que resulta improcedente e injustificada la imposición de cargas o tributos a empresas de televisión por suscripción sin el fundamento técnico que determine la racionabilidad de los porcentajes de contribución al fondo o de que estas deban de subvencionar una industria, de la cual no son parte ni tienen relación”, sostuvo Contreras.

En este mismo sentido añadió, que la empresa a la cual representa estaría financiando o más bien subvencionando actividades privadas con fines de lucro a un grupo de empresarios, para que luego se tenga la obligación de comprarles ese producto y además entregarles hasta un 20% de sus activos que es el derecho a la pantalla.

“Las sumas que se pretenden cobrar y las cuotas de pantallas que se pretenden establecer constituyen un desincentivo para la industria de la televisión abierta y de paga, la radio y el cine, las que ya tienen una carga de gravámenes y obligaciones para con el Estado”, comentó.

Por su parte Luis Carcheri, Gerente General Distribuidora Romaly, señaló que la idea no es oponerse al plan, sino más bien aportar ideas que ayuden a lograr los objetivos, en una forma realista, viable y justa para las partes.

“Queremos dejar muy claro que es la avocación de nuestra actividad en apoyar el cine costarricense. Queremos apoyar también las películas costarricenses estableciendo características mínimas de calidad, si apoyamos las películas costarricenses debería ser bajo el establecimiento de una serie de requisitos mínimos, cosa que se le pide a todas las casas productoras sin importar su origen”, detalló.

Finalmente Oscar Castillo, representante de Producciones La Zaranda, manifestó que para el año 2021, Costa Rica sería reconocida, como una nación creadora de contenidos, de alta calidad, con destino de productividad y valor agregado para la realización de producciones internacionales y la inversión extranjera, que ha sido una de las fortalezas de la industria, actualmente en el país, porque se calculó a diez años, desde cuando se inició con la propuesta de este proyecto de ley.

“Ese 3% no es un impuesto nuevo, lo que pasó es que los cines que más dineros producían en aquellos años, como el Rex, el Palace, el Metropolitan, el Universal, Magaly, se fueron, porque cambiaron los hábitos de consumo, o sea ese 3% no es un nuevo impuesto es simplemente recuperar lo que se dejó de percibir en los impuestos de los espectáculos públicos”, concluyó.

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Vera v. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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27 de febrero del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminó positivamente el expediente 18685 Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos  que busca contrarrestar los efectos que pueden causar en la economía.

La iniciativa permitirá al Banco Central aplicar medidas  especiales y excepcionales, cuando a su criterio la economía costarricense presente un desequilibrio que se origina en el ingreso de capitales externos motivados por rendimientos financieros.

La primera de ellas faculta  al ente emisor a aumentar las retenciones por remesas al exterior sobre los rendimientos pagados por inversiones realizadas por no residentes en el país, hasta por 30 puntos porcentuales adicionales.

Una segunda medida es un depósito obligatorio a los ingresos de capital que vayan a invertirse en títulos valores inscritos en el Registro de Valores e Intermediarios.

Ese depósito lo deberán constituir las entidades que realicen las operaciones y en caso de entradas de capitales que por sus características específicas puedan crear más perjuicio, el Banco Central podrá requerir que el plazo del depósito sea mayor que el de la inversión que se realiza hasta por un año.

La nueva legislación otorga al Poder ejecutivo seis meses de plazo para incrementar la tarifa de los impuestos aplicables sobre cualesquier tipo de rendimiento que sean pagados a no domiciliados.

Los seis meses podrán ser prorrogables y se aplicará sobre los ingresos que establece la ley del impuesto sobre la renta con el fin de dar uniformidad a la medida.

La legisladora Liberacionista Siany Villalobos Argüello manifestó la importancia de la aprobación de la iniciativa para combatir el ingreso de capitales que provocan desequilibrio financiero.

Por su parte la congresista de Acción Ciudadana, Jeannette Ruiz Delgado  expresó que la iniciativa es fundamental para evitar la situación que se presenta en la actualidad por la gran cantidad de recursos que entran al país.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de febrero del 2013

El segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman afirmó ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, que no  tuvo participación, ni dio ningún tipo directrices al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

“Mi participación fue posterior a la decisión de declarar la emergencia nacional y a la decisión de construir una ruta fronteriza”, señalo el Vicepresidente.

Aclaro que la primera visita a la ruta 1856 la realizó el viernes 23 de setiembre del 2011, es decir nueve  meses después del inicio de los trabajos en la zona fronteriza.

Liberman defendió la existencia de un grupo asesor de alto nivel para la presidenta Laura Chinchilla en relación con grandes obras de infraestructura, pero dijo que ese grupo no tuvo relación con las decisiones que se han tomado sobre la ruta fronteriza.

Liberman aceptó que sí se comprometió a buscar recursos para sufragar el faltante que presentaba el CONAVI en marzo del 2012, cuando el Consejo de de Vialidad buscaba ¢5,000 millones para los puentes de la obra.

Pero en mayo de 2012, después de que la Presidenta de la República Laura Chinchilla, denunció los aparentes hechos de corrupción en la construcción de la obra, se suspendieron todas las acciones de búsqueda de dinero hasta que se aclarara el asunto.

El diputado de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán se mostró a favor del proyecto por la importancia de la construcción de la ruta  pero reafirmó su indignación, rabia y molestia por el manejo de los recursos para la obra.

Para la diputada de Liberación Nacional, Alicia Fournier Vargas, resaltó que con esta comparecencia quedó clara que  la participación del vicepresidente Liberman se dio cuando ya estaban definidas las acciones por parte del CONAVI y ahora será el Ministerio Público el que deberá definir los culpables del mal manejo de recursos.

“Nadie quiere aceptar que fue en la Comisión de Infraestructura que tenia integrantes que no eran funcionarios públicos donde se tomaron las decisiones”, acotó el diputado Walter Céspedes Salazar.

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