Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de febrero 2013

Patricia Howel, productora independiente y Esteban Ramírez, representante de la empresa CINETEL Productor, manifestaron que es importante aprobar una ley de Fortalecimiento del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, debido a que es un pilar fundamental en el desarrollo cultural del país.

Ellos comparecieron en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación, en conjunto con José Andrés Rodríguez, representante del Cine Variedades, quienes se refirieron al expediente 18601 Fortalecimiento del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

“Toda esta ley de apoyo al Centro Costarricense de Producción Cinematográficos lleva años, hemos venido luchando por desarrollar esta ley de diferentes maneras y en diferentes periodos legislativos. Realmente lograr que los productores cinematográficos desarrollemos cine nacional y esto nos parece esencial, un pilar fundamental en el desarrollo cultural de un país y en su identidad”, dijo Howel.

Señaló además que si se analiza el proyecto de ley, es realmente poco lo que se está solicitando para crear un fondo para financiar a esta industria, sino más bien a criterio de ella lo que se está defendiendo es esa identidad nacional y el hecho de que en Costas Rica, casi el 100% está siendo bombardeado por producciones foráneas.

Por su parte Esteban Ramírez indicó que es fundamental que en Costa Rica haya una ley de cines que los apoye, debido a que el mercado es muy pequeño, de 4 millones de personas y no va a crecer mucho, “los únicos países que realmente pueden hablar de industrias son Estados Unidos y la India”.

José Andrés Rodríguez, sostuvo que el proyecto habla de un aumento en el impuesto a los espectáculos públicos que se realizan en el país, y se preguntó si realmente dicho tributo lo cumplen religiosamente los que tiene que pagarlo.

“Cualquier aumento en los impuestos definitivamente se va a trasladar al público, porque es un impuesto no es algo que estamos donando voluntariamente sino que se nos impone mayor carga tributaria a las salas de cine. Es una industria que tiene márgenes bastante limitados y no creemos que nos dé para más de esa situación”, añadió Rodríguez.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
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26 de febrero 2013

No es conveniente establecer cargas parafiscales a los demandantes y se encarece el acceso de las personas a la justicia manifestó Arnoldo André Tinoco Presidente de la Cámara de Comercio en su comparecencia en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

André Tinoco señaló que el proyecto que pretende crear un timbre para el mejoramiento de la justicia desincentivaría  la presentación de casos  ante tribunales de justicia por parte de los acreedores.

Agregó que se estaría generando un costo procesal para el afectado, además del tiempo y el gasto económico en que incurre el acreedor se le da una nueva carga fiscal.

La tarifa de 0.05% por la cuantía de los juicios no tiene una base técnica que sirva para establecer este monto.

André Tinoco dijo que el acreedor presenta un asunto para el cobro judicial ya perdió el monto cobrado y debe asumir los honorarios legales por llevar el caso y puede ser que la sentencia final recaiga sobre el deudor y que quizá no tendrá bienes.

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Orietta Vargas  Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
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19 de febrero del 2013

La reforma propuesta traería confusión sobre la asociación ilícita para delinquir, pues habría que cumplir con lo que señala la Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada, que es sancionar a las personas que formen parte de un grupo delictivo de dos o más personas que formen parte de él dijo el licenciado Celso Gamboa Sánchez Viceministro de Unidades Especiales.

Gamboa Sánchez, quien compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, se refirió al expediente 18667 ley que reforma el artículo 281 y adición de un nuevo artículo 281 ter al Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas no aporta reformas sustanciales y concretas. 

Aclaró que este tipo penal que se pretende incluir en el artículo 281 ter, ya está contemplado en la asociación ilícita para delinquir, y en la reforma propuesta no encuentra algo novedoso más allá de una redacción extensa y agravante en la penalidad.

“Uno de los delitos más difíciles de probar es el de asociación ilícita por la condición y los reiterados fallos jurisprudenciales por los tribunales de Casación lo que ha hecho muy difícil de aplicación” dijo Gamboa Sánchez.

Agregó que la política criminal de este  país debe ir  en procura de registrar y brindar a este país la protección contra el crimen organizado transnacional que no respeta fronteras y permitir el intercambio de pruebas, sentencias, entre otros.

Este fenómeno viene  desde los Estados Unidos hasta Colombia y Costa Rica está ubicada en una zona de tránsito y penetrada por la delincuencia organizada y los esfuerzos solos que hace el país no está golpeando a estas organizaciones.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de febrero del 2013

La Defensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum Yoselewich acusó a la Caja de Seguro  Social de una mala gestión en el tratamiento de cáncer de mama que es una de las principales causa de muerte en el país.

La Defensora hizo las manifestaciones ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer, donde se tramita el expediente 18687 Investigación de control político sobre las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama por parte de la Caja.

Según afirmó, la Defensoría de los Habitantes recibe denuncias de problemas para realizar las mamografías por mal estado de mimógrafos o ausencia de ellos  y  la entrega de reportes desde el año 2008.

“Hemos encontrado aparatos descompuesto por largos periodos como el de Ciudad  Neily que estuvo en mal estado por cuatro año pero seguían refiriendo a las pacientes a ese centro”, expresó.

La Defensora confirmó la existencia de una lista de espera que supera las 69 mil mamografías pendientes y denuncias   por la falta de equipos o mal estado de otros.

Tailtelbaum dio a conocer una lista de hechos que aseguró la Defensoría logró probar tras realizar  estudios e investigaciones como es la falta de equipos en varios hospitales y otros con daños.

La Defensora  de los Habitantes además criticó al Ministerio de Salud por la  débil supervisión que realiza a los centros médicos a pesar de que resaltó es el ente rector de las políticas de salud en el país.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de febrero del 2013

El Ing. Manuel Abarca Rojas, compareció ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para explicar su participación en la construcción de la obra fronteriza conocida como “Ruta 1856”.

El Ingeniero civil comenzó indicando que tiene más de 30 años de experiencia en el diseño, construcción y supervisión de carreteras  y dejo en claro que nunca fue asesor del ex ministro de Obras Públicas y Transporte Francisco Jiménez, sino que solo lo mandaban una vez a la semana, dos al mes, a evaluar temas relacionados con las fuentes de material.

“La función que se asignó el señor Ex ministro fue la evaluación técnica de los tajos para la extracción de materiales y yo le daba las recomendaciones por teléfono”, señalo Abarca Rojas.

Manuel Abarca Rojas  sostuvo en su intervención que no manejaba pagos ni contrataciones, ya que no estaba facultado para tomar decisiones ni dar órdenes.

El diputado de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán mostró su sorpresa al conocer que al  ingeniero Abarca Rojas lo enviaron a tomar vacaciones en Consejo Nacional de Concesiones  el mismo día de los  allanamientos por parte de la fiscalía.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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12 de febrero del 2013

Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Turismo, dictaminaron en forma positiva el expediente 18592 Ley marco para la Declaratoria de Ciudades Litorales y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial.

La iniciativa establece el marco regulatorio para la declaratoria de zonas urbanas litorales y el régimen de uso y aprovechamiento de las áreas comprendidas en ellas, además esta ley no desafecta las áreas de naturaleza demanial incorporadas a las zonas urbanas litorales.

La zona urbana litoral podrá incluir las áreas de naturaleza demanial comprendidas en los doscientos metros contiguos a la pleamar ordinaria y los terrenos aledaños a éstas, indistintamente de que se trate de bienes de naturaleza privada.

El plan establece además crear la Comisión Interinstitucional de Zona Urbana Litorales, en adelante (CIZUL), como un órgano técnico adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, cuya función será determinar la viabilidad técnica de la declaratoria de zona urbana litoral.

La diputada Carolina Delgado Ramírez, miembro de la comisión, manifestó que entre las mejoras sustanciales que se le incorporaron al texto se encuentran en el tema ambiental, que era  una de las mayores preocupaciones que existían por ser áreas tan frágiles, se incorporaron todas las salvaguardas posibles de modo que una eventual declaratoria de una zona urbana litoral no generara un menoscabo en el ambiente y particularmente en los ecosistemas marinos.

“Se clarificó la intensión del proyecto respecto a que solamente áreas urbanas consolidadas en momento de la aprobación de la ley pudieran ser declaradas zonas urbanas y no que a futuro uno pudiera programar en el largo plazo o planificar nuevas zonas urbanas litorales, sino con el objetivo que teníamos desde que iniciamos con el tema de la moratoria en esta comisión era consolidar y darle seguridad jurídica a las áreas y a la gente que ya estaba viviendo en esta zona”, explicó la diputada.

Tambien dictaminaron en forma positiva, el expediente 18593 Ley para la Regularización de las Construcciones Existentes en el área restringida de la zona Marítima Terrestre.

Esta iniciativa es una alternativa a la acción de desalojo y demolición que se ha pretendido imponer como única salida a la no regularización de dichas construcciones, además, constituye un incentivo para que las municipalidades y sus respectivas comunidades intensifiquen el proceso de planificación territorial, mediante la aprobación de sus planes reguladores.

Igualmente, la propuesta previene el pago de millonarias indemnizaciones por la demolición de construcciones, siendo que muchas de estas se han realizado con los respectivos permisos municipales y, en el caso de establecimientos comerciales, muchas de ellas cuentan con permiso de operación del Ministerio de Salud y patente de funcionamiento de la municipalidad respectiva.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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12 de febrero del 2013

El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, manifestó que la decisión que tomó el Gobierno de la República a finales de año 2010, de construir una carretera paralela a Río San Juan, fue una decisión acertada por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda.

El jerarca de esa cartera compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, para que se refiriera a la investigación que está llevando a cabo esta instancia legislativa sobre este mismo tema.

“Lo que sí puedo hacer brevemente es opinar, como costarricense y ciudadano de este país, considero acertada la decisión de defender y preservar la soberanía de la nación, mediante el mejoramiento de las condiciones de seguridad vigilancia tránsito, energía, educación y salud en la frontera norte”, explicó el jerarca desea cartera.

En este mismo sentido añadió que esa decisión fue y sigue siendo una elección impulsada por Presidenta de la República, que los funcionarios de su Gobierno llevarán a cabo, ante las pretensiones  nicaragüenses, tanto las conocidas desde el año 2010, como las recientes reiteradas con respecto al Río Colorado, para asegurar la soberanía del país.

“En resumen, antes de llegar al Ministerio de la Presidencia, la decisión estratégica y política de construir una ruta paralela al Río San Juan era una resolución tomada y públicamente conocida.

Igualmente antes de mi llegada a Casa Presidencial se había firmado y publicado el Decreto de Emergencia y ya se había recibido la resolución de La Haya conteniendo una serie de medidas antelares de urgente y obligatorio cumplimiento”, comentó el Ministro.

Benavides explicó a los diputados, que no se referiría a ningún acto administrativo o asunto, antes de que fuera nombrado en esa cartera, sino más bien a cuestiones que le constan,  es por ello que indicó que la invasión nicaragüense se dio en los últimos meses del año 2010 y la decisión del Gobierno costarricenses de mejorar o intervenir caminos de acceso a la frontera se realizó al final de ese año.

De igual manera manifestó que el Decreto de Emergencia relativo a la invasión  que sufrió el territorio costarricenses se emitió en el Diario Oficial La Gaceta del 7 de marzo del 2011, fue en ese mismo mes de marzo del 2011, cuando la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, dicto las medidas cautelares para las partes y ordenó diversas acciones al Gobierno de nuestro país.

“Para todas esas fechas que mencioné yo no me desempeñaba como ministro de la Presidencia, mi nombramiento se produjo el 4 de abril del 2011”, puntualizó Carlos Ricardo Benavides.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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12 de febrero del 2013

Representantes de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) denunciaron que la presa de mamografías es un problema que sigue sin resolver autoridades de la Caja.

Luis Chavarría secretario General de la organización junto a Marta Rodríguez fueron recibido en audiencia en una sesión de trabajo en la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

”Desde junio del 2012, UNDECA denunció la injustificada presa de mamografías en varios hospitales contabilizando 53.792”, manifestó Rodríguez a los legisladores.

Los dirigentes sindicales fueron llamados por la Comisión para que se refirieran al expediente 19687 investigación de control político sobre las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama por parte de la Caja.

De la lista de presas aseguró Marta Rodríguez únicamente en el Hospital de San Vicente de Paul se han dado avances por presión de algunas diputadas, la comunidad  y UNDECA.

En los demás casos, enfatizó como el hospital de San Carlos hay más de ocho mil mamografías pendientes y las citas para realizarlas se dan a un año plazo, el Calderon Guardia  tiene 3590 en lista de espera y 1160 sin diagnostico.

Aseguraron que aunque se han instalado equipos de mamografía en algunos centros de salud del primer nivel de atención hay varios hospitales que no cuentan con esos equipos.

En la lista de hospitales que no cuentan con mimógrafos entregado por UNDECA se encuentran: Los Chiles, Upala, La Anexión; guápiles, San Vito, Manuel Mora en Golfito, Tomas Casas en Puntarenas y Max Terán en Quepos.

La dirigente destacó  que pese a las buenas intenciones contenidas en el Plan de Gobierno 2010-2014 las mujeres siguen muriendo y la información brindada es insuficiente.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
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12 de febrero del 2013

Ser específicos, aclarar las diferencias entre lo delitos para no caer en contradicciones fue una de las peticiones hechas por el magistrado de la Sala III José Manuel Arroyo Gutiérrez en su comparecencia en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

El magistrado Arroyo Gutiérrez  se refirió a los problemas que tiene el expediente 18667 ley que reforma el articulo 281 y adición de un nuevo artículo 281 ter al Código Penal, Ley Nº 4573.

Explicó a los legisladores que aunque se propone la modificación de un artículo y la adición de otro  en el Código Penal el tema de fondo es importante, por las nuevas formas de criminalidad y la ubicación del país en una zona vulnerable en el tema de crimen organizado.

En las nuevas formas de criminalidad, se va más allá de la tranquilidad pública y por ello hay nuevos tipos penales y hay un desfase entre lo que el código enseña y el contexto en que se quiere introducir una figura delictiva.

Agregó que  en caso de que existan dos figuras penales que cubran situaciones idénticas el juez tiene que optar por la menos gravosa, ya ha ocurrido en el pasado, que al quererse especificar una pena, se cae sobre otra y  se debe acatar la figura más simple.

“En mi criterio la única diferencia entre el 281 y el 281 ter,  es que este ultimo habla de los delitos graves, y hay que llamar la atención porque no hay una manera directa de distinguir los delitos graves de los que no son, a menos que se interpreten de acuerdo a la Convención de Palermo” dijo el Magistrado Arroyo Gutierrez.

En el Derecho Penal es bueno aclarar lo más posible para no tener interpretaciones contradictorias señalo el magistrado.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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12 de febrero del 2013

Aunque dio su respaldo al proyecto 18685 Ley para desincentivar el ingreso de capitales externo, Shirley Saborío Directora Ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP, aclaró que la economía costarricense no está en crisis.

Gutierrez fue llamada por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios para conocer la posición de la UCCAEP sobre la   iniciativa que pone un impuesto a la entrada de capitales externos.

“La Unión de Cámaras está de acuerdo en que se incorpore un impuesto a la entrada masiva de capitales cuando vayan a generar un desequilibrio económico mayor” explicó.

Pero la UCCAEP, aclaró, no está de acuerdo en que se satanice los capitales, “porque  los que están ingresando no son especulativos ni de dudosa procedencia”  añadió que  Costa Rica es un país pequeño, importador neto de capitales.

En cuanto al aumento de capitales en el país la representante de los empresarios lo atribuyó a las tasas de interés  pues explicó que  mientras Estados Unidos y Europa pagan 1% en dólares, Costa Rica paga 8% en colones con riesgo cambiario de cero.

Añadió que   el alto déficit fiscal que maneja el país   obliga al Ministerio de Hacienda a colocar títulos de deuda y para captarlos necesita incrementar las tasas de interés.

Recalcó que para combatir esta situación es necesario atacar el déficit por lo que proponen varias medidas entre ellas transformar el impuesto de venta en valor agregado, la aprobación de un proyecto de ley de empleo público que ponga fin a los incentivos odiosos y perversos, así como una reforma al estatuto de servicio civil para que se incorpore el tema de productividad en el sector público.

El proyecto

La iniciativa permitirá al Banco Central aplicar medidas  especiales y excepcionales, cuando a su criterio la economía costarricense presente un desequilibrio que se origina en el ingreso de capitales externos motivados por rendimientos financieros.

La primera de ellas faculta  al ente emisor a aumentar las retenciones por remesas al exterior sobre los rendimientos pagados por inversiones realizadas por no residentes en el país, hasta por 30 puntos porcentuales adicionales.

Una segunda medida es un depósito obligatorio a los ingresos de capital que vayan a invertirse en títulos valores inscritos en el Registro de Valores e Intermediarios. 

Ese depósito lo deberán constituir las entidades que realicen las operaciones y en caso de entradas de capitales que por sus características específicas puedan crear más perjuicio, el Banco Central podrá requerir que el plazo del depósito sea mayor que el de la inversión que se realiza hasta por un año.

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