Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relacione Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

18 de noviembre del 2015 – Otto Rivera, Director Ejecutivo de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación (CAMTIC), manifestó que el proyecto expediente N° 19012 Ley de servicios de la sociedad de la información (ley de comercio electrónico), facilita el desarrollo comercial y económico de Costa Rica.

El Director compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos y señaló que cualquier empresa pyme que utilice las tecnologías digitales como una forma de desarrollo económico y comercial tendrá una gran participación en el mercado.

“Si ustedes empiezan a analizar en estos momentos los índices de comercialización que se tienen con Amazon con Costa Rica son importantes y fuertes”, dijo Rivera.

Comentó que Costa Rica para el próximo año, está siendo elegido como ingreso del TITULAC, que es toda la parte del comercio electrónico, lo que tendría una buena participación en el desarrollo del país, lo que generaría posibilidades de crecimiento de las empresas.

El objeto de la ley es la regulación de los servicios de la sociedad de la información -servicios electrónicos- en lo concerniente a las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de aquellos servicios, el régimen jurídico de las ofertas electrónicas de contrato, de las invitaciones electrónicas a ofertar, de las comunicaciones comerciales electrónicas, de los contratos electrónicos, de los códigos de conducta y de los medios electrónicos de resolución de conflictos.

Las disposiciones contenidas en esta ley, se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas que tengan como finalidad la protección de la salud y seguridad pública, el régimen jurídico de la contratación civil y mercantil, el régimen de tutela de los consumidores y usuarios, el régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, la protección de datos personales, las normas referidas a las telecomunicaciones y la normativa reguladora de la defensa de la competencia.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de noviembre del 2015 – Los legisladores siguen discutiendo el presupuesto ordinario para el ejercicio económico del 2016 que se debe votar antes de que finalice el mes de noviembre.

La diputada y coordinadora de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos Madrigal ha insistido en la necesidad de realizarle más recortes a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, por un monto cercano a los ocho billones de colones.

“Nosotros queremos ayudarle a este Gobierno para que trabaje con transparencia”, comentó Ramos.

La legisladora pidió que se abra el Plenario en comisión general para modificar el presupuesto en el Plenario Legislativo.

Mientras que, los legisladores del Partido Acción Ciudadana defendieron el plan de gastos.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

17 de noviembre del 2015 – El Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Ricardo Rodríguez Barquero, consideró muy pronto hacer alguna reforma a la ley que dio origen a la institución, esto debido a que la actual, ha sido implementada en su totalidad.

El jerarca compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, para referirse al expediente 18957 Reforma de varios artículos de la Ley 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Rodríguez señaló que la Ley 9036 fue analizada y hecha en un contexto muy apolítico, sino de colaboración ciudadana, pues le da un 60% de participación a los Consejos Territoriales, con la empresa privada y un 40% a las instituciones, y ha venido funcionando muy bien.

“En la participación institucional, los alcaldes se respetan, lo que quiere decir que el desarrollo local o cantón está bien desde la creación del Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional, pero la otra instancia es territorial y esto suma actores comunales, empresa privada e instituciones del Estado”, explicó.

El objetivo de esta iniciativa es crear una institución dinámica, ágil en su financiamiento, vinculada a la población de los territorios rurales y que impulse procesos orientados al bienestar con un sentido de equidad y de inclusión.

Asimismo, esta ley abre espacios para la participación de los actores territoriales en las acciones institucionales, especialmente, la de los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones económicas y sociales, con mecanismos eficaces de orientación para la inversión, la integración de cadenas productivas, el desarrollo de la capacidad empresarial, la formación de alianzas público-privadas, la coinversión, así como los instrumentos de control social y rendición de cuentas.

Finalmente esta ley tiene como primer objetivo establecer un marco institucional para el desarrollo rural del país, que permita la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas de Estado en esta materia, así como la creación de mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país, con énfasis en aquellos territorios de menor grado de desarrollo.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de noviembre del 2015

La Ministra de Educación, Sonia Martha Mora presentó una serie de modificaciones al expediente N° 19019 “Ley para la regulación de la educación o formación profesional-técnica en la modalidad dual en Costa Rica”, que se discute en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

La iniciativa pretende regular la educación y formación técnica profesional en la modalidad dual, de forma sistémica, metódica e integral, práctico, productivo y formativo a través de una alianza estratégica entre la persona estudiante, la empresa y la institución educativa.

El principal objetivo es que los estudiantes adquieran las competencias necesarias que les permitan ejercer ocupaciones que presenten una alta demanda en los sectores más dinámicos de la economía.

La propuesta crea el Consejo Nacional de Educación Dual, con las siglas CONEDUAL, como un órgano superior jerárquico nacional en materia relacionada con la educación y formación profesional técnica en la modalidad dual en el país, con desconcentración máxima, adscrito y bajo la rectoría del Ministerio de Educación Pública.

El Consejo regulará, supervisará y fiscalizará la actividad de las instituciones educativas y de las empresas formadoras que intervengan directa o indirectamente en el modelo de educación dual.

Sobre este tema, la jerarca de Educación expuso que se plantea una modificación en las competencias de este Consejo por choques con el Instituto Nacional de Aprendizaje.

Mientras que el MEP propone algunos cambios, los representantes de los sindicatos del sector educación se manifestaron en contra de la propuesta de ley.

Gerardo Contreras asesor del SEC, afirmó que el problema de la educación es grande y “se requiere una profunda reforma educativa”.

La iniciativa plantea que para ser estudiante de un plan o programa de educación y formación profesional técnica bajo la modalidad dual se requiere que la persona estudiante tenga una edad mínima de 15 años excepto para aquellos casos en que sea necesario que la persona sea mayor de edad por la profesión en la que se va a formar.

En cualquiera de los casos la persona estudiante deberá cumplir con los requisitos exigidos para el ingreso de los programas de educación profesional técnica según lo establezcan la institución educativa y la empresas formadoras.

Sobre este punto, Gilberto Cascante Montero de ANDE, explicó que el proyecto no respeta las etapas de la vida porque el estudiante con una edad de 15 años no está listo emocionalmente para un mercado de trabajo.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de noviembre del 2015 – Los legisladores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminaron el expediente N 19754, modificación a la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2015 y tercer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico 2015.

El monto total del presupuesto es de 214 mil millones de colones.

La Contralora había explicado días atrás que los ingresos corrientes aumentan en 1.225 millones, los ingresos de capital aumentan en 2.066 millones de colones, mientras que los ingresos por financiamiento suben en 213.164 millones.

El Ministerio de Hacienda rebaja 1,966 millones correspondientes a la desincorporación del saldo del crédito BID 1284, ejecutado por la unidad el Programa de Regularización de Catastro y Registro.

El Ministerio de Educación Pública transfiere recursos a las juntas de educación y a las juntas administrativas para el Programa de Comedores Escolares por 1.215 millones de colones.

Se rebajan 2.264 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores, por diferencias de tipo de cambio en las plazas del Servicio Exterior.

Se aumentan 8.155 millones al MOPT para transferir 4.122 millones al Incofer, de los cuales se utilizarían 3.622 para estudios de factibilidad del sistema de transporte rápido y 500 millones para la reparación de vías férreas.

Además, se incrementan 1000 millones al Ministerio de Vivienda para transferir al INVU, para gastos operativos.

El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós explicó que con estos fondos se pretende “poder terminar el año de manera estable”.

Redondo señaló que este presupuesto extraordinario trae recursos importantes para el Incofer para solventar una serie de problemas que ha enfrentado el ferrocarril y fondos para el pago de aguinaldos en el Sinart.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de noviembre del 2015 – El Viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora Lizano, el Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, junto al Regulador General, Dennis Meléndez asistieron a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para explicar los alcances del acuerdo firmado con el bloque sindical Patria Justa.

Mora Lizano fue claro al señalar que durante la negociación se cumplió lo establecido por el Presidente en relación con trabajar con firmeza y sin concesiones buscando afectar lo menos posible el clima de negocios.

“Nunca nadie me dijo que tenía que incluir temas en la negociación, ni que había una negociación previa”, acotó el Viceministro de la Presidencia.

El jerarca reafirmó que el gobierno no apoya el proyecto de salario único vital que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, ya que el mismo no tiene viabilidad política.

Con relación al Convenio con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se acordó revisar por parte de la Cancillería si es conveniente enviarlo a discusión legislativa y sobre la mesa de diálogo con la Caja Costarricense del Seguro Social ya la misma Junta Directiva en uso de su autonomía no acepto la solicitud del gobierno.

Sobre la pretensión del bloque sindical de revisar el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas ya tomó la decisión de mantener, por parte de esa cartera el criterio, así lo señaló el Ministro de Trabajo durante su exposición,

El funcionario indicó que la Dirección Jurídica del Ministerio se apoya en las resoluciones de la Sala Segunda del 2008 y del 2010 que establecen que los beneficios de las convenciones colectivas que están vencidas no se pueden mantener como parte del contrato individual mientras se renegocian.

Los legisladores Rolando Gonzalez Ulloa y Mario Redondo Poveda cuestionaron la falta de presencia el Ministro de Trabajo durante la negociación con el bloque de Patria Justa y que el gobierno no tuviera claro el objetivo de la huelga.

A lo que el Ministro señaló que no tenía problema siempre y cuando se le consultaran los puntos de su cartera lo cual si se dio.

El Ministro Morales señaló que no había nada anormal y pidió a los legisladores de la Comisión no ver nada conflictivo en este aspecto ya que siempre estuvo al tanto del avance de la negociación por parte del Viceministro Mora Lizano.

El presidente del foro legislativo Mario Redondo Poveda aprovecho la presencia del Ministro en la comisión para solicitarle que denuncie las cláusulas abusivas de las convenciones colectivas antes de esperar que se venzan.

El legislador de Liberación Nacional Antonio Álvarez Desanti celebró la resolución tomada por Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas.

Y el diputado oficialista Víctor Hugo Morales Zapata calificó como un éxito rotundo la negociación ya que el gobierno ha parado los abusos que se venían repitiendo y dando paz social.

Sobre el tema de la carta enviada por el Ministro de la Presidencia a la Autoridad Reguladora para revisar su resolución que no permite reconocer como gastos los recursos del área de refinería y de los 373 funcionario de esta área el Regulador General Dennis Meléndez señaló a los legisladores que ellos solamente cumplen con los potestades regulatorias y las obligaciones de la Ley.

Para el funcionario es responsabilidad de ARESEP no incluir los gastos en la tarifa sin poder respaldar decisiones con información clara.

Agregó que la institución no aceptó incluir en tarifas por beneficio de la convención colectiva que no guardan relación con la prestación del servicio público ya que pesa más el interés colectivo que el particular.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de noviembre del 2015 – Con el dictamen afirmativo del expediente N.º 19626, aprobación del protocolo relativo al convenio sobre trabajo forzoso, en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior el país contará con mayores herramientas para luchar contra este tipo de explotación.

El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja señaló que las personas que están sometidas a trabajos forzosos no reciben un salario digno y “se obliga a la persona a trabajar por mucho menos de lo que ganaría, por lo que corresponde a un salario mínimo es trabajo forzado”.

Datos expuestos por el diputado revelan que el 55 por ciento de las víctimas de este tipo de explotación son mujeres y un 26 por ciento son menores, mientras que los beneficios económicos y las ganancias ilícitas que genera este tipo de trabajos llegan a los 150 mil millones de dólares.

En términos generales, el cometido del protocolo en cuestión es revisar parcialmente y complementar el Convenio número 29 a fin de adaptar sus disposiciones a la evolución de las circunstancias actuales del trabajo forzoso y mejorar su pertinencia, eficacia y eficiencia.

La OIT señala que del total de personas en trabajo forzoso en el mundo, 20.9 millones de personas, el 90 por ciento son explotados por particulares o empresas privadas. Mientras tanto, el 10 por ciento restantes son víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado o por grupos militares rebeldes. Entre los explotados por particulares o empresas privadas, 4,5 millones son víctimas de explotación sexual forzada y 14,2 millones de explotación laboral forzada.

El convenio establece “dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.

Todo Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados”.

Además, se fortalecen los servicios de inspección del trabajo y otros servicios responsables de la aplicación de esta legislación.

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Pablo Quirós, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de noviembre del 2015 – Luis Felipe Araúz, Ministro de Agricultura solicitó a la Comisión de Agropecuarios la aprobación del expediente 19303 en el que se busca el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de noviembre del 2015 – La Directora de Migración y Extranjería, Kattia Rodríguez, aseguró que Costa Rica requiere una reforma integral a la Ley de Migración y ve como un avance la discusión en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos del expediente 18922, reforma de los artículos 33 inciso 3); 35; 72; 89; 96; 125; 177; 252; 253; 254 y 255 y adición de los artículos 33 inciso 3); 35; 72; 89; 96; 125; 177; 252; 253; 254 y 255 y adición de los artículos 33 bis; 33 ter; 94 bis, 94 ter, 99 bis y 99 ter y de un transitorio a la Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764 de 19 de agosto de 2009.

A criterio de Rodríguez, la Ley actual tiene principios fundamentales importantes pero algunos son difíciles de implementar y la reforma ayudaría a hacer más ágil su aplicación.

Sin embargo, la reforma está redactada desde el punto de vista del migrante y es rígida. Además, amplía el perfil migratorio del país y no establece límites, lo que puede generar problemas.

Rodríguez explicó que los costos serían para la misma gestión migratoria, los recursos serían destinados a temas específicos y no podrían usarse para la creación de plazas y serían generados por migración.

“Tenemos solo 400 policías migratorios en trece puestos fronterizos y no se cuenta con suficiente personal”, dijo.

El proyecto establece que el artículo 33 de la ley debe reformarse para escalonar la sanción administrativa por la estancia irregular en el país y no es comparable la situación de una persona que acaba de iniciar su estancia irregular a otra que lleva años en el país, motivación suficiente para crear una sanción proporcional a la conducta.

La adición de un artículo 33 bis y 99 ter buscan organizar el régimen de exenciones contemplado en la ley que actualmente se encuentra disperso y es contradictorio.

A criterio de la Directora de Migración todos los temas relacionados con cambios de categorías de migrantes no deberían estar en varios artículos.

 

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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10 de noviembre del 2015 – Más de tres mil quinientos millones de colones destinados a realizar los estudios de factibilidad del tren eléctrico interurbano para la Gran Área Metropolitana, GAM, fueron incluidos en el presupuesto extraordinario que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

Guillermo Santana Presidente Ejecutivo de INCOFER explicó que el proyecto consiste en brindar a los habitantes de la GAM un sistema de transporte público ferroviario integrado a los diferentes modos de transporte existentes, con un eje principal de dirección Este a Oeste, entre Cartago-Paraíso y Alajuela-Aeropuerto, a través de San José y Heredia, permitiendo con ello la movilidad entre los distintos puntos.

Según detalló, el análisis incluye estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, legal y financiera del proyecto que permitirá a los pasajeros una movilidad segura, rápida, eficiente y limpia.

De ejecutarse el proyecto, una primera etapa abarcará la reconstrucción, rehabilitación y modernización del tramo comprendido entre Curridabat y Alajuela con un costo aproximado de 120 millones de dólares.

En el presupuesto extraordinario además se incluyen más de 500 millones de colones para el mantenimiento de las vías férreas que para el jerarca del INCOFER, la inversión es necesaria para asegurar la prestación del servicio actual.

La comisión también recibió a Mario Zárate, director del Consejo de Transporte Público CTP quien se refirió a los 500 millones de colones que se contemplan en el presupuesto extraordinario para la implementación del proyecto evaluación y calificación de la calidad del servicio público de transporte remunerado de personas.

Para ello se va a realizar inspecciones de las rutas y de los buses en una muestra de 27.350 encuestas por cada una de las 550 rutas.

El presupuesto además contiene 200 millones de colones para continuar con la II etapa del proyecto de expediente electrónico, el cual consiste en la digitalización de los documentos de varios departamentos que conforman el Consejo.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.