Categoría: Comisiones

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de noviembre del 2015 – Los trabajadores de las plantaciones bananeras que se vieron afectados por el uso de nematicidas tóxicos, serían indemnizados si comprueban haber sufrido exposición al producto “1.2 dibromo, 3 cloropropano”, conocido como DBCP, como consecuencia de haber sido utilizado en el país.

El proyecto de ley corresponde al expediente 18802, reforma de los artículos 1, 2, 10, 11, 14 y 16 y adición de un capítulo IV a la Ley de determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el “DBCP”, Ley N.º 8130, y sus reformas.

Así, los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, recibieron en audiencia al doctor, William Campos Montero, del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, quien expresó su preocupación debido a que en la mayoría de los textos, solo se refieren a la infertilidad en varones y no en los daños que produjo el químico en los testículos en su totalidad.

“Es un daño generalizado y no solo en la producción de esperma”, dijo Campos Montero.

El Nemagón es un pesticida que se aplicó en las bananeras que operaban en Costa Rica para acabar con la plaga de nemátodos que afectaba al cultivo del banano y se demostró científicamente que el químico causaba efectos degenerativos en el ser humano y enfermedades crónicas.

Las personas afectadas sufrieron una serie de daños y padecimientos en su vida y su salud, tales como daño degenerativo testicular, disfunción reproductiva, trastornos en el comportamiento sexual, repercusiones psicológicas, sociales y otras patologías.

También hay estudios que vinculan la exposición a este químico tóxico con una mayor incidencia de cáncer.

La Ley Nº 8130 de 6 de setiembre de 2001 y su posterior reforma establecieron la obligación del Estado costarricense de indemnizar, a través del Instituto Nacional de Seguros (INS), “a quienes comprueben haber sufrido un daño físico y/o moral objetivo como consecuencia de haber sido utilizado en el país” el Nemagón.

El proyecto establece que para poder reclamar la indemnización el interesado debe presentar, ante la unidad ejecutora técnica, un reclamo administrativo.

Además, debe aportar los documentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Banco Popular o la empresa para la cual se laboró, con lo cual se demuestre haber sido trabajador bananero o trabajadora bananera dentro del lapso de años 1967 a 1979.

Mientras que a los hombres ex trabajadores y trabajadores, o a las mujeres ex trabajadoras y trabajadoras, las indemnizaciones se les reconocerán con base en los años de exposición al DBCP.

La iniciativa establece que “el monto total de la indemnización que se reconozca de conformidad con esta ley, será superior a la suma de seiscientos ochenta y tres mil colones (¢683.000,00), determinada según el estudio actuarial elaborado por el INS, en el que se consideró el salario devengado por los trabajadores bananeros calculado al valor actual.

Este monto deberá ser indexado conforme al índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley hasta la fecha en que a cada persona afectada se le haga efectivo el pago de la respectiva indemnización”.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de noviembre del 2015 – José Edgardo González Rivera, Presidente de la Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores, que agrupa a 25 afiliados de grandes empresas transnacionales navieras compareció ante la Comisión de Gobierno y Administración.

Según explicó González Rivera, el actual texto del proyecto de navegación acuática que se discute bajo el expediente 18512 no fue consultado con ellos por lo que esperan que el nuevo texto en que trabajan las autoridades del MOPT incluya sus observaciones antes de ser presentado.

Para el Asesor Legal de la Cámara, Tomas Nassar se debe tener cuidado con el actual texto ya que se incorporan aspectos que no ayudan al sector y que más bien preocupan por la falta de condiciones y criterio técnico en la Dirección de Transporte Marítimo.

Igualmente señaló que no existe criterio ni justificación para romper con los estándares de caja única del Estado en este tema aunque respaldan la necesidad de generación y administración de recursos financieros de la Dirección Marítima para capacitar al personal.

Los representantes pidieron a la comisión poner atención al tema de bandera de conveniencia de buques ya que se establecen requisitos laxos para obtenerla y esto permitiría a que cualquiera inscriba un buque con bandera costarricense.

Igualmente pidieron a los congresistas avanzar con la aprobación de varios convenios marítimos que hacen falta para poder tener mayor regulación.

Para la legisladora Marcela Guerrero Campos, el país debe avanzar en seguridad y protección marítima porque hay un rezago de dos siglos en la implementación de regulación efectiva.

Similar es la posición de la legisladora Maureen Clarke Clarke quien calificó de urgente y necesario trabajar en un texto de forma conjunta e integral.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de noviembre del 2015 – Edgar Herrera Echandi, Director de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, manifestó que apoya el proyecto que pretende generar electricidad por medio de biomasa, y que la iniciativa se convierta en una política de Estado hacia la búsqueda de independencia energética.

Herrera compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos para referirse al expediente 19503 Generación de Electricidad por medio de Biomasa en época de verano.

Indicó que ven con muy buenos ojos el plan pues se puedan abrir posibilidades en el país para que este proyecto sea el inicio de una política de Estado hacia la búsqueda de esa independencia energética pues Costa Rica depende el cien por ciento de combustibles importados.

Comentó que cada día los países en diferentes latitudes del mundo están aprovechando hasta la última fuente y ver cómo se va buscando esa independencia.

El proyecto establece que la utilización de biomasa para fines energéticos, acarrea una serie de beneficios para nuestro país, destacándose dentro de ellos su menor costo para el ICE respecto a la utilización de otras fuentes de energía en época de verano (diciembre a mayo), lo cual implica la posibilidad de una rebaja tarifaria impactando positivamente el bolsillo de los consumidores y mejorando la competitividad nacional.

Así mismo el plan señala que la biomasa en un país como Costa Rica, que tiene variedad de producción agropecuaria, puede obtenerse a partir de una serie de productos como por ejemplo palma africana, caña de azúcar, arroz, café, piña, producción de pollo y cerdo, entre otros, de cuyos residuos se puede obtener energía limpia.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

5 de noviembre del 2015 – Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencial, aseguró que la carta enviada a la Autoridad Reguladora de Servicio Público, ARESEP, fue para asegurar el salario de más de 300 empleados de la gerencia de refinería de la Refinadora Costarricense de Petróleo, RECOPE y descartó que se tratara de una interferencia por parte del Poder Ejecutivo a favor de la convención colectiva de la entidad.

Las explicaciones las dio el Ministro a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público quienes solicitaron su presencia para que brindara explicaciones sobre la negociación del Poder Ejecutivo con un grupo de sindicatos y que incluyó el envío de dicha carta a la Autoridad Reguladora.

Alfaro fue enfático al indicar que la misiva se originó ante la decisión de ARESEP de desconocer el salario de los empleados de refinería a través de una resolución, lo que pone en peligro el abastecimiento del combustible.

“El riesgo operativo de que RECOPE tenga que prescindir de los trabajadores es inmenso, pues hay una potencial afectación al mercado de provisiones de CR, hay un riesgo alto de que labores esenciales de poner combustible en estaciones de servicio no se dé”, advirtió el Ministro de la Presidencia.

El titular de la Presidencia además aclaró que su intervención no es una intromisión en las funciones de la Autoridad Reguladora, pues el único fin fue asegurar la prestación de servicios esenciales como es el abastecimiento de los combustibles.

Alfaro aclaró que la misiva no hace nunca referencia a la convención colectiva de RECOPE y su traslado al costo de los combustibles pues no es competencia del Poder Ejecutivo sino de ARESEP tomar decisiones en ese sentido.

Para el diputado Mario Redondo Poveda, presidente de la comisión, la carta del jerarca de la Presidencia fue inadecuada y sostuvo que la intervención debió darse en el momento de la resolución por parte de la Autoridad Reguladora y no dos meses después.

Por su parte el legislador Otto Guevara Guth sostiene que “RECOPE tiene una estructura muy grande para la labor que realiza por lo que está sobredimensionada y lo están pagando los consumidores”.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

5 de noviembre del 2015

Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Ambiente dictaminaron positivamente el expediente 18349 adición de un artículo 44 bis y un transitorio XIII a la Ley para la gestión integral de Residuos, N. º 8839 de 24 de junio de 2010, prohibición de la entrega de bolsas plásticas desechables en establecimientos comerciales.

Presentada por el ex diputado del Frente Amplio José María Villalta Florez-Estrada, la iniciativa establece una multa que va de los 20 a los 200 salarios base por el incumplimiento de la ley.

“Artículo 44 bis.- Prohíbese la entrega de bolsas de plástico desechables y no biodegradables al consumidor final en supermercados y demás establecimientos comerciales, por tratarse de productos que generan residuos altamente contaminantes y de muy difícil manejo. En su lugar, los comerciantes deberán poner a disposición del público bolsas de tela u otros materiales de uso permanente o bolsas totalmente biodegradables.

Se exceptúan de esta prohibición los casos en que por cuestiones de asepsia, conservación o protección de alimentos u otros productos no resulte factible el uso de empaques alternativos. El reglamento de la presente ley definirá estos casos, con base en criterios técnicos.

La utilización de bolsas de plástico solo se permitirá en caso de que sean creadas bajo procedimientos tecnológicos que les den la cualidad de biodegradables. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, determinará los parámetros tecnológicos que las bolsas de plástico deberán cumplir para contar con la característica de biodegradables.”

De acuerdo con el transitorio la prohibición contenida en el artículo 44 bis de esta ley empezará a regir cinco años después de la entrada en vigencia de la ley que adicionó dicho artículo.

A partir de su publicación se prohíbe la entrega gratuita o por debajo de sus costos de producción de bolsas plásticas desechables y no biodegradables en establecimientos comerciales. El precio de estas bolsas deberá desglosarse e informarse con claridad a las personas consumidoras en la respectiva factura.

Dentro de los seis meses posteriores a la publicación de esta reforma el Ministerio de Salud deberá diseñar y poner en ejecución un plan nacional para incentivar la sustitución paulatina de las bolsas plásticas por bolsas reutilizables o biodegradables.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Pública, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

4 de noviembre del 2015 – Un llamado de atención hizo la Contralora Marta Acosta en la Comisión Permanente de Hacendarios sobre la transferencia de recursos a entidades que están en críticas situaciones financieras como el INVU y CNP.

El llamado lo realizó la Contralora por la inclusión de transferencias para estas entidades en el presupuesto extraordinario que se tramita en la Comisión en el cual se le asignan al CNP 1700 millones de colones para cubrir gastos operativos y mil millones de colones para el INVU con el mismo propósito.

“Estas entidades requieren recurrentemente que el gobierno les transfiera recursos para su operación por lo que es conveniente que la Asamblea Legislativa vea este aspecto para la toma de decisiones oportunas y subsanar la situación de fondo”, comentó Marta Acosta.

En el caso del CNP, Acosta recordó que ya el ente contralor ha señalado las serias limitaciones financieras de esa entidad, lo que se pretende corregir a través de un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa.

La Contralora también sugirió a los legisladores contar con la información detallada de la transferencia de casi tres mil millones de colones para la implementación del proyecto Sistema Integrado de Transporte en el Gran Área Metropolitana y el programa de sectorialización Desamparados- San Pedro – Pavas.

Igual sugerencia realizó para los más de cuatro mil millones de colones que se incluyen en el presupuesto extraordinario para el INCOFER para que se conozca a fondo la forma en que se van a derogar los recursos.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

4 de noviembre del 2015 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos buscan mediante la discusión del expediente N.º 18922 reforma de los artículos 33 inciso 3), 35, 72, 89, 96, 125, 177, 252, 253, 254 y 255 y adición de los artículos 33 bis, 33 ter, 94 bis, 94 ter, 99 bis y 99 ter y de un transitorio a la Ley de migración y extranjería, N.º 8764, de 19 de agosto de 2009 que el país cuente con mayor regulación para las personas migrantes y que se les resten sus derechos en el territorio nacional.

Para el año 2010, la población extranjera representaba un ocho punto dos por ciento (8.2%) de la población nacional, equivalente a un aproximado de trescientas setenta y cuatro mil personas extranjeras presentes en Costa Rica (374 000). Para el año 2012 se presenta un crecimiento de punto dos por ciento (0,2%) para un total aproximado de trescientos ochenta y tres mil (383 000) personas extranjeras en el país. Esto implicaría, en buena teoría, que debería existir una cifra similar de procesos de regularización migratoria ante la Autoridad Migratoria.

Con el proyecto se propone la modificación y adición de varios artículos, por ejemplo el 33, con la finalidad de escalonar la sanción administrativa por la estancia irregular en el país, no es comparable la situación de una persona que acaba de iniciar su estancia irregular a otra que lleva años en el país, motivación suficiente para crear una sanción proporcional a la conducta.

La adición de un artículo 33 bis y 99 ter buscan organizar el régimen de exenciones contemplado en la ley, que actualmente se encuentra disperso y es contradictorio.

La reforma al artículo 35 y la adición de un artículo 99 ter pretenden generar una mayor transparencia en el actuar de las autoridades migratorias, para eliminar las conductas arbitrarias y fomentar el cumplimiento práctico de las políticas públicas migratorias.

Además, de las reformas al artículo 72 constituye una herramienta para toda la Administración Pública, para que en el ámbito de su competencia, puedan tutelar intereses públicos y garantías constitucionales de las y los habitantes, independientemente de su estatus migratorio. Y al inciso 2 del artículo 78 y al inciso 1 del artículo 79 buscan incorporar de manera ordinaria lo que fue aplicado por medio de los transitorios reglamentarios en relación con la residencia condicionada por vínculo con persona regular que existía en normativa anterior. Con ello se busca resolver la distinción odiosa generada entre costarricenses y extranjeros, así como darle aplicación al 73 bis de la ley al introducir la unión de hecho.

Roeland De Wilde, Representante de Organización Internacional de los Migrantes explicó que están de acuerdo con la iniciativa, pero que en el país se debe dar una mayor coordinación para reducir los riesgos para los migrantes.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

3 de noviembre del 2015 – Las personas que padezcan una enfermedad y estén en estado terminal tienen derecho a una muerte digna, este es el principal objetivo del expediente 19440, Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal.

El proyecto establece que tienen derecho a una atención y muerte dignas y sin dolor, las personas con enfermedades en fase terminal, o con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida o con pronóstico de vida menor de seis meses.

Se plantea como obligación del Estado brindar al paciente los cuidados paliativos y la sedación paliativa que pretende garantizar la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan estas enfermedades, como de sus familiares.

El derecho a un tratamiento integral del dolor y alivio del sufrimiento comprende la atención de los aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales.

De acuerdo con la iniciativa, es derecho de los pacientes, o de sus familiares cercanos en caso de imposibilidad de los primeros, a desistir de manera voluntaria de tratamientos o utilización de máquinas o medios artificiales cuyo objeto sea prolongar la vida innecesariamente, y tengan un impacto negativo grave en la calidad de vida del paciente en estado terminal.

El expediente 19440 modifica los artículos 115 y 116 del Código Penal y establece que: “Será reprimido con prisión de uno a tres años el que, instigare a otro al suicidio o lo ayudare a cometerlo, si el suicidio se consuma. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones graves, la pena será de seis meses a dos años. Si la ayuda es por piedad y proviene de un médico tratante la pena será de dos meses de prisión.

Además, Se impondrá prisión de seis meses a un año al que, movido por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el pedido serio e insistente de este aun cuando medie vínculo de parentesco. Si el acto es por piedad y proviene de un médico tratante la pena será de dos meses de prisión.”

El legislador del Partido Liberación Nacional, Ronny Monge Salas, explicó que la iniciativa requiere una serie de modificaciones, pero que el país está preparado para hacer frente a este tipo de propuestas.

Comentó que se debe clarificar de una mejor manera el tema de la eutanasia pasiva que es lo que se pretende ayudar a la persona a morir dignamente y no la activa que sería cuando al enfermo terminal se le desconecta de los aparatos que lo mantienen con vida.

Por su parte, la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano dijo ante los diputados miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales que al proyecto se le pueden realizar una serie de mejoras en cuanto al tema de las definiciones.

Solano mencionó que no existe para el país una obligación para legislar sobre este tema, pero al aplicar una legislación se debe respetar la autonomía de la voluntad y el no encarnizamiento terapéutico que no contempla el proyecto en discusión, que consiste en el empleo de todos los medios posibles, sean proporcionados o no, para prolongar artificialmente la vida y por tanto retrasar el advenimiento de la muerte en pacientes en el estado final de la vida.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

3 de noviembre del 2015 – La incorporación de casi 212 mil millones de colones para la ruta 32 resalta en el tercer presupuesto extraordinario de este año que tramita la Comisión de Asuntos Hacendarios y el cual fue explicado por Helio Fallas, ministro de Hacienda.

La modificación al presupuesto ordinario del 2015 contempla además 1200 millones de colones para los comedores escolares así como ingresos de capital por un monto de ¢2.066.millones provenientes de FODESAF destinando ¢1.766 millones a la compra del terreno para construcción del Parque del Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita.

Además se incluyen ¢300.millones, para el Proyecto Edificio Anexo de aulas del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) del Parque Metropolitano de La Libertad.

Se presupuestan también casi 1174 millones de colones de un crédito con el BID para proyectos de inversión destinado a financiar el Primer Programa para la Red Vial Cantonal.

La iniciativa además desincorpora casi 200.000 millones de colones del crédito BID Catastro pues según indicó el ministro Helio Fallas el proyecto ya cumplió sus objetivos.

Diputados de varias fracciones cuestionaron algunas de las partidas contenidas en el plan de gastos como los 3600 millones de colones presupuestados para consultorías del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER.

También manifestaron preocupación y pidieron explicaciones sobre los 1146 millones de colones para gastos operativos de los agricultores afectados por la roya.

A la lista de explicaciones solicitadas al Ministerio de Hacienda el diputado Otto Guevara agrego 450 millones de colones para la Iglesia católica y los 310 millones de colones para la Fundación Parque Metropolitano La Libertad.

Las explicaciones de estos y otros programas contemplados en el presupuesto extraordinario serán enviadas por el Ministerio de Hacienda a la Comisión de Asuntos Hacendarios.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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3 de noviembre del 2015 – Rafael Lizano de la Cámara de Agricultura y Agroindustria, aseguró ante los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que está de acuerdo con el expediente N° 19503, generación de electricidad por medio de biomasa en época de verano.

Lizano fue claro en que Costa Rica deja de utilizar el gran potencial que tiene la biomasa para la generación de energía. Dijo que es totalmente ilógico que el país deseche el bagazo de la caña y no lo utilice para la producción de energía.

La iniciativa autoriza al ICE para comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada, hasta por un quince por ciento (15%) adicional al límite indicado en el artículo 7 de esta ley.

Además, permite adquirir energía de origen hidráulico, geotérmico, eólico y de cualquier otra fuente no convencional, en bloques de no más de cincuenta mil kilovatios (50.000 kW) de potencia máxima.

Sin embargo, en el período comprendido de diciembre a mayo (época de verano), y cuando se trate de energía proveniente de biomasa, el ICE no tendrá tope máximo o límite para la compra de energía, en la cantidad ni en los bloques de potencia máxima.

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