Categoría: Comisiones

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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3 de setiembre del 2104 – La Ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, explicó a los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, que el presupuesto de la República para el ejercicio económico 2015, por 7,9 billones de colones pretende ir de la mano con los principales ejes del Plan Nacional de Desarrollo.

La jerarca fue enfática en resaltar que las gestiones para iniciar la elaboración del presupuesto es previa a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. “Cuando un nuevo Gobierno ingresa, ya entra con las definiciones establecidas en términos de la normativa y de los techos presupuestarios”.

Comentó que a pesar de las condiciones en las que se presentó el plan de gastos del Gobierno, se duplica la tasa de crecimiento para infraestructura y “se hace un apuesta importante en educación y la niñez”.

En el caso de infraestructura este representa el 4,6 por ciento del presupuesto global, este rubro tiene relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo. El Ministerio de Educación es uno de los que contará con mayores recursos, monto que representa un 29,56 por ciento, unos 2.201.008 millones de colones.

La Ministra señaló que el presupuesto contempla 1,3 billones de colones que se aplicarán al pago de deuda. Además, contempla un incremento en el pago de intereses de un 19 por ciento, aparte de un alza en los fondos para el Ministerio de Educación Pública y pensiones.

Además, la jerarca defendió los montos asignados al Ministerio de Planificación, que son de 6.363 millones de colones, donde el 78,9 por ciento corresponde a remuneraciones y el 16,17 por ciento a servicios.

Recalcó que una disminución global de un 29,2 por ciento, correspondiente a que en el 2014 estaban presentes los recursos destinados al censo agropecuario, que no están presentes en el plan de gastos 2015. También, se presenta una baja en el monto relacionados con transportes, viáticos tanto para fuera como dentro del país.

El presupuesto del MIDEPLAN presenta una disminución en los rubros de publicidad y propaganda, aparte de un incremento de 70 millones de colones con relación al 2014, en cuanto a servicios, por los procesos de evaluación de resultados de programas estratégicos.

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, los diputados conformaron una sub comisión para analizar el presupuesto, conformada por Ottón Solís Fallas de Acción Ciudadana, Abelino Esquivel Quesada de Renovación Costarricense, Rolando González Ulloa de Liberación Nacional, Rosibel Ramos Madrigal del Partido Unidad Social Cristiana y José Ramírez Aguilar del Frente Amplio.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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28 de agosto del 2014 – Los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público buscaron respuesta al porqué la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) contrató a Price Waterhouse para realizar un estudio salarial.

Los miembros de la Junta Directiva del ente regulador explicaron a los legisladores que el incremento salarial se realizó porque así está establecido por ley. Los diputados criticaron el ajuste salaria en el cual el monto pagado al máximo jerarca se incrementó en un 16 por ciento.

El Regulador General, Dennis Meléndez fue enfático en que la Ley dice que los funcionarios de la ARESEP no pueden participar en ninguna decisión que los beneficie personalmente. Meléndez explicó que si los funcionarios participan “pueden ser incluso despedidos, puede ser una causal de que se les despida”.

Por su parte, Silvia Saborío, presidenta ad hoc de la Junta Directica, refiriéndose a la contratación de Price Waterhouse, comentó que mientras exista un impedimento legal van a tener que seguir acudiendo a la contratación de una empresa para que realice los estudios. “Esta es la empresa más especializada y más reconocida”, dijo Saborío.

Rodolfo González, Gerente General de la ARESEP, puntualizó que cuando se han realizado los procesos de contratación para elaborar los estudios salariales siempre se han cumplido con lo establecido en la ley de contratación.

Los legisladores también cuestionaron los modelos de fijación de tarifas aplicados por el órgano regulador asegurando que muchos están desactualizados.

Ante esta interrogante, Meléndez contestó que muchas de las metodologías vienen desde hace muchos años y que una de las primeras tareas a la que se avocó fue a la modernización y actualización de las metodologías tarifarias.

Además durante la comparecencia de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, se cuestionó el alquiler de un edificio en el sector de Escazú cuando la entidad cuenta con una edificación en el sector de Sabana.

El Regulador explicó que el edificio alquilado cuenta con mayor capacidad y por concepto de alquiler se pagan 761 millones de colones al año. Al mismo tiempo recibe por el alquiler del edificio de la Sabana 382 millones.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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28 de agosto del 2014 – El Ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa solicitó a los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico archivar el expediente 17939, reforma integral a la Ley de servicios de seguridad privados, Ley N. º 8395.

Según el Ministro, la propuesta que se discute le da más competencia que por falta de personal y presupuesto no podrían asumir.

“Los insto impulsar la reformar del artículo octavo de la ley para que el costo de los carnets de portación de armas y de servicios de seguridad privada este a cargo del usuario”, manifestó.

En la actualidad el Ministerio debe desembolsar 50 dólares por cada carnet emitido lo que está perjudicando las finanzas de la entidad.

El jerarca de Seguridad solicitó un texto más integral y más compresivo para no limitar la “libertad de trabajo y la libertad de comercio como pretende hacerlo tan agresivamente la Ley de servicios de seguridad privada”.

Se debe procurar que la Dirección de Servicios de Seguridad Privada realice inspecciones y fiscalizaciones lo que es permitido por la Ley actual, pero uno de los problemas es la falta de personal debido a que el Ministerio no cuenta con suficiente presupuesto.

Para lograr que la Dirección pueda realizar sus funciones, Gamboa afirmó que han tenido que sacrificar una plaza de otro despacho de abogado para coadyuvar en la resolución constante de sanciones que se puedan presentar.

Señaló que se logró dotar a la Dirección de 44 agentes de la Fuerza Pública que se están dedicando a realizar inspecciones a las más de mil empresas de seguridad privada que laboran a lo largo de todo el territorio nacional.

El Ministro de Seguridad expresó ante los diputados su preocupación por el recorte de presupuesto además de plazas y explicó que mantiene discusiones con el Ministerio de Haciendas para que los doten de más recursos.

Comentó que por mes 66 policías abandonan el Ministerio y por una directriz del Poder Ejecutivo solo puede reponer el 15 por ciento de este personal.

“Se hizo una inversión en vehículos para la Fuerza Pública de la mejor calidad y ahora tengo más carros que choferes para que los manejen, tengo más aeronaves que pilotos, tengo más barcos que marinos, esto es una realidad”, afirmó Gamboa quien enfatizó que la seguridad debe ser vista como una inversión.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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27 de agosto del 2014 – El Director Ejecutivo de Croplife Latin America, Martín Zúñiga dijo a los legisladores que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios que sería un error la aprobación del expediente 18941, Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos).

Zúñiga explicó a los diputados que de ser aprobada la moratoria se podría perder cerca de mil empleos y además se estaría desincentivando la investigación en un área de la agricultura que presenta un alto crecimiento.

Datos aportados por el Director Ejecutivo revelan que a nivel mundial, 18 millones de agricultores utilizan semilla transgénicas y que hay cerca de 175 millones de hectáreas plantadas con este tipo de semillas.

“Con la aprobación de la moratoria el país renuncia a una de las cuatro plataformas de desarrollo tecnológico previstas por la comunidad científica costarricense para los próximos 50 años”, comentó Zúñiga. Además, afirmó que el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Asuntos Agropecuarios presenta una serie de “sin sentidos”.

El artículo uno dice: “Declárese una moratoria nacional sobre la liberación y cultivo de organismos vivos modificados. La moratoria será suspendida hasta que exista certeza y consenso científico sobre los diversos riesgos que los organismos vivos modificados implican. La moratoria tendrá efecto sobre todo el territorio de Costa Rica”.

Para Zúñiga, lo anterior “sería desconocer que la ciencia no está diseñada, ni aquí ni en cualquier parte del mundo para establecer certezas y que no existe, ni existirá en ninguna rama del saber, el consenso científico”.

También, recalcó que la iniciativa busca promover la agroecología, pero sin reconocer a los transgénicos. Explicó que por medio de los cultivos transgénicos se requeriría cero labranza de los suelos ya que este tipo de cultivos aprovecha la materia orgánica que está cerca de la semilla.

Zúñiga aseguró que los cultivos transgénicos son un aliado de la eco agricultura debido a la reducción del uso de agroquímicos.

El Director Ejecutivo de Croplife Latin América solicitó a los legisladores no aprobar el proyecto de moratoria.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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27 de agosto del 2014 – Basados en un informe de la auditoría interna de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) que señala problemas administrativos de manejo de recursos de la institución, los legisladores del Partido Acción Ciudadana, miembros de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo mostraron su preocupación por el manejo de la entidad. El informe tiene fecha de mayo del presente año.

El diputado Marco Vinicio Redondo Quirós señaló que el informe expone la falta de información en los expedientes lo que ocasiona que no se encuentre información requerida y no se respalde de manera adecuada la actuación de la administración. El legislador se mostró inquieto por la cantidad de recursos que maneja la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Sobre el informe de auditoría, Arturo Rodríguez, vicepresidente de la Unión, fue enfático en que desde el 24 de julio se discutió el tema y el Consejo Directivo acordó “dar por recibido y aprobar el plan de implementación de las recomendaciones de la auditoría interna, con la observación de que las fechas establecidas en el cronograma son improrrogables”.

Por su parte, el diputado Franklin Corella Vargas del PAC cuestionó a los funcionarios por sacar a concurso el puesto de la auditora interna a lo que el vicepresidente de la institución respondió que la auditora se encuentra interina y se abrió un concurso externo para realizar el nombramiento.

Corella Vargas leyó una nota enviada a la Contraloría donde la auditora revela el disgusto por parte del Consejo Director de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante el informe.

Juan Marín Quirós, diputado de Liberación Nacional, dijo que el informe existe y hay que transparentarlo. “Lo que me preocupa viendo esta acta es que de 17 miembros de la Junta Directiva estuvieron 10 ausentes, sólo siete estuvieron presentes”, añadió.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos dio su aval al expediente 18213 levantamiento del velo de la personalidad jurídica, adición del artículo 20 bis al Código de Comercio.

Así podría prescindirse de la personalidad jurídica de las sociedades reguladas en ese Código, cuando éstas sean utilizadas en fraude de ley, como recurso para violar la ley y el orden público o para frustrar derechos de terceros.

En tales casos, las actuaciones y obligaciones de la sociedad se imputarán directamente a sus socios quienes serán solidariamente responsables con ésta en proporción a su participación en el capital social.

La desestimación de la personalidad jurídica solo producirá efectos respecto del caso concreto en que sea declarada y en ningún caso podrá afectar a terceros de buena fe.

Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades personales civiles y penales de los participantes en los hechos según el grado de intervención y conocimiento de ellos.

No operará el levantamiento del velo para el accionista que demuestre haber gestionado de manera formal en Asamblea de Accionistas o ante los órganos controladores respectivos que se opuso a las actuaciones que generan el levantamiento del velo.

Los representantes legales que no sean accionistas serán responsables solidariamente en el porcentaje que determine un juez según haya sido su responsabilidad hasta por un veinte por ciento de la obligación.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – Con una modificación al artículo 380 del Código Penal y al artículo 48 de la Ley General del VIH/SIDA, se buscará establecer sanciones por cualquier tipo de discriminación.

Con esta nueva ley se establecerían penas de veinte a doscientos días multa a la persona, gerente o director de una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercial que aplique cualquier medida discriminatoria por consideraciones raciales, de género, orientación sexual, edad, religión, estado civil, opinión política , origen social o situación económica.

Al reincidente se le podrá imponer como pena accesoria, la suspensión de cargo u oficios públicos por un tiempo no menor de quince ni mayor de noventa días.

El legislador de Accesibilidad Sin Exclusión Oscar López se mostró satisfecho con la redacción final del proyecto de ley y el avance de la iniciativa.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – José Oviedo Chaves, Presidente del Consejo Agroalimentario, se pronunció en contra de los productos transgénicos y a favor del expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos vivos modificados.

Oviedo compareció ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que se pronunciara sobre dicha iniciativa y manifestó que las familias campesinas no quieren encadenarse en las siembras transgénicas o no quieren vender sus propiedades.

“Yo no quisiera eso para mi familia, para las familias campesinas y colegas. Otra de las cosas porque nos oponemos a los transgénicos es que yo comparto mucho con los extensionistas agrícolas, les tengo admiración porque esta gente comparte lo que compartimos nosotros, el trabajar sin recursos y eso me ha permitido mucho ver las investigaciones que ellos hacen, hasta el momento nadie nos ha dado seguridad de que nuestras semillas no se van a contaminar”, comentó.

“Vamos a seguir permitiendo que nuestra patria, nuestro suelo, nuestra madre tierra siga siendo un basurero toxico como lo es en estos momentos, el segundo país a nivel per cápita que más agroquímicos consume. Tenemos que ver a la agricultura como algo integral y no como algo aislado, tenemos que desarrollar la agricultura donde prevalezca la defensa de un ambiente sano, la defensa de alimentos sanos, la defensa de la salud, entonces cual es la necesidad de aprobar transgénicos”, recalcó el compareciente.

Finalmente dijo que se oponen a las semillas transgénicas debido a que las siembras transgénicas son para gran escala y los campesinos trabajan pocas cantidades de tierra.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – No incluir las radiales de acceso y no especificar el objeto de la obra son los principales cambios propuestos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) al expediente 18887, Ley de desarrollo de obra pública corredor vial San José San Ramón y las radiales mediante fideicomiso, que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

Con respecto a la eliminación del objeto, el ministro de la cartera Carlos Segnini señaló que la recomendación de LANAMME es indicar únicamente que la carretera a construir debe cumplir con un nivel de servicio no inferior a la clasificación C, según el estándar técnico internacional, donde los vehículos podrían viajar a 80 kilómetros por hora en promedio.

En el tema de la eliminación de las radiales, el Viceministro de Infraestructura Mauricio González dijo que el trabajo incluye el cuerpo principal de la carretera sin tomar en cuenta las radiales. Indicó que si se incluyen cosas adicionales en el proyecto, todo el proceso tiene que repetirse y se tiene que justificar el balance financiero.

Segnini fue enfático ante los legisladores que la incorporación de las radiales al proyecto generaría atrasos en las obras y un incremento en los costos.

Dentro de la propuesta presentada por el jerarca del MOPT a los diputados, se incluyó un artículo que plantea la “aplicación de esta Ley a otros proyectos de obra pública que señala que de existir estudios técnicos, legales y financieros de factibilidad semejantes al esquema de fideicomiso regulado en la presente Ley, podrá utilizarse este mismo esquema para otros proyectos de obra pública, sin necesidad de aprobación legislativa”.

Datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes revelan que la vía tendrá un total de 1.690.073 metros cuadrados de construcción que va desde la Agencia Datsun por la Sabana hasta San Ramón.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – Rocío Solís, Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), anunció que el Fondo Nacional de Becas (FONABE) no cuenta actualmente con un registro único de beneficiarios a nivel nacional para enumerar los subsidios que brinda las diversas instituciones del Estado.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia junto con Luis Barrantes Director Ejecutivo de Fondo Nacional de Becas, FONABE, para que se refirieran a la situación actual de esa institución que brinda becas a personas de escasos recursos.

“El Registro único de Beneficiarios, el problema que nosotros encontramos aquí es que no existe un registro único a nivel nacional que enumere los subsidios que brinda las diversas instituciones del Estado”, dijo textualmente la Viceministra de Educación.

“Otras instituciones del Estado no reconocen la vulnerabilidad educativa determinada por FONABE y repiten los estudios. Las acciones es utilizar un registro único de beneficiarios, que incluya pobreza, y para el caso de las becas educativas, incluya la vulnerabilidad educativa, que para nosotros es importantísimo, porque no necesariamente tiene que ser en condición de pobreza, sino que tiene que ser otras situaciones que se pueden dar con las personas menores de edad, como es la explotación sexual comercial, el trabajo, la discapacidad, que no necesariamente están enmarcados en el ámbito de pobreza como tal”, explicó.

También indicó que existe una falta de coordinación entre las instituciones estatales y el exceso de tramitología. Entre las acciones que se están ejecutando es lograr una estrecha coordinación entre las dependencias que otorga el beneficio de interés social.

“La cuarta línea son políticas de inversión, hay sectores entre las poblaciones más necesitadas que por su misma condición están excluidos, porque no tienen cuentas bancarias, no tienen conocimientos ni los papeles suficientes, no tienen las cedulas de residencias, entre otras”, comentó.

Por su parte Luis Barrantes, Director Ejecutivo de FONABE, mencionó que este año han sufrido un recorte de presupuesto por parte del Ministerio de Trabajo de alrededor de 7 mil millones de colones lo que significa que no van a poder otorgar 32 mil becas para el próximo ejercicio presupuestario.

“Lo que estamos haciendo es utilizar el superávit que tiene la institución para el pago de becas y para los siguientes años consecutivos se va a seguir utilizando el superávit de la institución para darle continuidad a estos beneficiarios”, puntualizó.

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