Categoría: Comisiones

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

21 de agosto del 2014 – Ante los cuestionamientos de los diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, Dennis Meléndez, el Regulador General, defendió el último incremento salarial que favoreció a los funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y presentó sus argumentos avalando la metodología de fijación de tarifas implementada por la institución.

Meléndez aseguró que la ARESEP se ve en problemas serios para atender todas las tareas que se le han encomendado sobre todo en el tema de control de calidad y de esta manera justificó el incremento en la cantidad de personal. Señaló que la institución tiene una importante “presa” de quejas por resolver.

El Regulador dijo ante los legisladores que “todos aquellos que critican el que ARESEP haya aumentado su planilla en los últimos cuatro años, desconocen que todo eso es necesario para mejorar el cumplimiento cabal de sus funciones. Las críticas de que se está gastando mucho, dejan de lado los múltiples programas de supervisión de la calidad y los controles que estamos ejerciendo sobre los operadores”.

Los diputados criticaron el ajuste salarial en el cual el monto pagado al máximo jerarca se incrementó en un 16 por ciento. Meléndez aseguró en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia que no participó en el proceso de ajuste salarial.

La entidad cuenta con dos regímenes de salarios, uno por componentes para los funcionarios que estaban en la institución antes del 2009 y un salario global con una metodología establecida que se emplea en la Contraloría General de la República.

“El régimen de salario por componentes genera distorsiones muy complicadas en las escalas salariales, hay funcionarios cuyos salarios aumentan indefinidamente simplemente por estar sentados”, comentó Meléndez.

Además, argumentó que en el 2008 se aprobó la Ley de ARESEP donde se introduce un sistema salarial que no era el tradicional del Servicio Civil.

“Hay que tener en cuenta una cosa, precisamente por el temor de aumentar el salario del Regulador del 2008 al 2014, lo que se hacía era que se le reconocía el aumento por inflación y resulta que la ley establece otra cosa. Los tribunales ante una demanda que interpusieron los empleados del régimen de salario por componentes, dijeron que eso que estaba haciendo la Autoridad Reguladora de fijar algunos salarios con base en el índice de precios era ilegal”, argumentó el Regulador.

Meléndez desmintió que la entidad tuviera gastos excesivos y que estos se trasladen mediante los cánones a los usuarios en los costos de los servicios regulados.

Datos de la Autoridad Reguladora revelan que durante el 2013 le economizó a los usuarios de los servicios de electricidad, agua y combustibles un total de 225 mil millones de colones, en contraste con los 14 mil millones que representa la institución.

La ARESEP regula más de 35 servicios públicos en cuatro sectores estratégicos de la economía que aportan cerca del diez por ciento del Producto Interno Bruto.

Los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingresa y Gasto Público acordaron llamar de nuevo en audiencia al Regulador y a los miembros de la Junta Directiva de la ARESEP debido a que quedaron dudas en el tema salarial y tarifario. Además, no se pudieron realizar las consultas sobre el alquiler de edificios.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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21 de agosto del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales, dictaminaron positivamente el expediente 18816 Aprobación del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y su protocolo adicional relacionado con los costos régimen lingüístico y remisión de solicitudes.

Esta iniciativa establece una base jurídica internacional segura que va a facilitar la utilización de la videoconferencia entre autoridades del espacio iberoamericano, favoreciendo la proximidad y la celeridad en la realización de diligencias de diversa naturaleza jurídica. Además, viene a reforzar la confianza y la cercanía entre instituciones.

Cabe mencionar que la videoconferencia en los procesos penales constituye una herramienta tan valiosa que permite en los casos de testigos o víctimas protegidas, que deben rendir declaración o testimonio en un país y reside en otro, que siempre puedan brindarlo gracias a este medio tecnológico, sin necesidad de trasladarse al país donde es requerido y donde su vida, como consecuencia del delito que se investiga, corre peligro.

De esta forma facilita las investigaciones y procesamientos contra delincuentes de crimen organizado. En estos casos el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional contribuye notablemente en la reducción de espacios de impunidad.

La videoconferencia reduce también visiblemente los costos si se compara con las implicaciones económicas de trasladar a un testigo de un país a otro para que rinda su declaración. Reduce también los riesgos de seguridad que implica el traslado de un testigo que esté privado de su libertad.

La diputada Nidia Jiménez Vázquez manifestó que este convenio viene a agilizar los trámites judiciales a nivel internacional y también viene a disminuir costos, ya que el Poder Judicial de nuestro país está obligado inclusive a adecuarse a los avances tecnológicos que en otros países del mundo ya se están utilizando en este tema.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque no le vemos problemas a nivel de país, más bien le vemos facilidades en la parte tecnológica, le vemos disminución de costos, le vemos agilización de trámites y es un asunto interactivo y va hacer que ese engorroso problema que tenemos a veces con la justicia donde las cosas se tardan demasiado se agilice”, comentó la diputada.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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20 de agosto del 2014 – Los representantes del Foro de Occidente aseguraron ante la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que están en contra de que los excedentes que se generen luego de finalizadas las obras de la carretera San José – San Ramón se utilicen en la construcción de obras conexas.

El artículo 6 del expediente 18887, Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José San Ramón y las Radiales Mediante Fideicomiso, señala que el Fideicomiso queda autorizado a “reinvertir los eventuales excedentes que se generen con la operación del corredor vial San José-San Ramón en obras públicas de infraestructura vial conexa al mismo. Estas obras serán definidas en cada periodo anual de forma participativa entre el Fideicomiso, las organizaciones comunales y las municipalidades de los cantones por donde transcurre el corredor vial y consideradas en un Plan de Inversión que será aprobado por el Fideicomiso para su ejecución”.

Sin embargo, para Alexander Rodríguez, miembro del grupo de Occidente, este punto sería contrario a la legislación vigente, ya que asegura que los fondos cobrados mediante peajes solo pueden ser utilizados para mejoras o reconstrucción de la misma carretera donde son gestionados.

Por su parte, Juan Diego Vásquez, también miembro del Foro, explicó que todo el fondo del proyecto podría ser modificado y señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
podría presentar en los próximos días un nuevo texto sustitutivo.

La iniciativa que se discute en la Comisión de Económicos establece que se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a constituir un fideicomiso de interés público “con alguno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional propiedad del estado costarricense a efectos de financiar, planificar, construir, desarrollar y dar mantenimiento a la obra pública con servicio público denominada “Corredor Vial San José-San Ramón”, la cual comprende el trayecto e infraestructura necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José, en el cantón central de San José, con la ciudad de San Ramón, en el cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela”.

El plazo del Fideicomiso se establece en treinta años y se podrán aplicar prórrogas hasta alcanzar un término máximo total de cincuenta años.

Los miembros del Foro indicaron a los legisladores que todavía no se tienen los datos de los costos de los peajes ni los planos de las obras.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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20 de agosto del 2014 – Griselda Arrieta, Bióloga Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó que declarar una moratoria para cultivos transgénicos en el país afectaría considerablemente la generación de conocimientos, investigación y la inversión que se ha hecho en forma sostenida en este campo.

La bióloga compareció ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que externara su posición con respecto al expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados (transgénicos).

“Las consecuencias que podría tener para el país la moratoria con organismos vivos modificables, la moratoria es bastante amplia, incluiría no solo plantas sino también bacterias y dependiendo de la interpretación que se haga algunos otros productos, pero en términos generales consideramos que iría en detrimento de la utilización y desarrollo de productos de investigación que se están dando a nivel estatal, pero también a nivel privado”, comentó.

Indicó que frenaría considerablemente la evaluación de los materiales pues las investigaciones quedarían en el laboratorio y no se podrían probar en el campo. Así mismo habría una restricción importante en la generación de conocimiento como por ejemplo el proyecto del arroz, que fue financiado con dineros de fundaciones.

“También debilitaría la inversión que sea hecho en forma sostenida en las diferentes entidades, no solo estatales sino gubernamentales, a nivel de personal, sobre todo en esta materia específicamente en ingeniería genética, bioseguridad ambiental, evaluación de riesgo”, expresó.

Arrieta manifestó que a nivel social, el país debería tener la libertad de escoger y brindar diferentes sistemas de producción ya que a nivel económico es necesario tener una paleta de alternativas que cuenten con un marco legal adecuado.

“Dependiendo de la interpretación, hay medicamentos como la insulina o las hormonas de crecimientos que se han hecho modificaciones genéticas para producirlas, también podrían eventualmente verse afectadas”, puntualizó.

Finalmente recomendó no aprobar y archivar la iniciativa y más bien enfocarse en una ley de bioseguridad ambiental que sea integral.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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20 de agosto del 2014 – Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), manifestó que una de las gestiones que está realizando la institución es impulsar la participación ciudadana con el objetivo de tener un mayor impacto regional y local.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo para que se refiriera a los políticas y acciones que desarrollaran en la actual administración.

Soto Vargas añadió que pretenden realizar un cambio sustantivo en la entidad, ya que creen no solo en la institución, sino que tiene una función de velar porque ese acompañamiento, gestión y transformación pueda incidir en las comunidades del país.

“La función que tienen el instituto, es velar porque ese acompañamiento, gestión, transformación, y esa posibilidad de incidir, así que en el IFAM estamos trabajando coordinadamente con varios sectores e instituciones fomentados en los lineamientos esenciales de la presente administración y que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, porque estamos muy cimentados para poder realmente proyectar y producir efectos rápidos y procurar que lleguen al régimen municipal”, explicó.

Así mismo señaló que están impulsando la participación ciudadana para obtener un mayor impacto regional y local de las comunidades y construir una acción para todos los ciudadanos, con el objetivo que participen en un proyecto país.

“Impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, reducir la desigualdad y la pobreza extrema y luchar contra la corrupción y por el establecimiento de un Estado transparente y eficiente, esos son los pilares en que nos basamos.

Con base en ellos hemos trazados entonces nuestros planes, resumidos en un objetivo principal, este objetivo es fomentar el desarrollo local mediante la oferta de recursos técnicos y financieros para los Gobiernos locales, a pegados a las necesidades reales de las comunidades”, comentó.

Sin embargo la jerarca del IFAM señaló que la institución ha venido sufriendo a través de los años una disminución de los ingresos debido entre otras cosas, a que la Ley 7972 redujo al 10% al impuesto selectivo de consumo, a los licores y cervezas, y con ella el IFAM dejo de percibir aproximadamente 14 mil millones de colones en el periodo de 1994 al 2013.

“El Ministerio de Hacienda dejo de transferir al IFAM el 2% de la recaudación total que realiza por concepto de impuesto, sobre la venta, autorizado originalmente en la ley 5662 y posteriormente por la ley 6826. Esa decisión provocó que el IFAM dejara de percibir la suma estimada de unos 205640 millones de colones que hubiesen sido empleados para el fomento municipal exclusivamente”, finalizó diciendo la jerarca.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de agosto del 2014 – Jaime García, Profesor Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Representante de la Red de Coordinación en biodiversidad, manifestó que los cambios ambientales mundiales, incluyendo los contaminantes orgánicos y los organismos genéticamente modificados, presentan una grave amenaza para las poblaciones humanas y los ecosistemas naturales en América Latina y el Caribe.

García compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y se refirió al expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados (transgénicos).

El compareciente citó un informe denominado Perspectiva del Medio Ambiente, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cual indica que la posibilidad de que genes modificados pasen descontroladamente de una especie a otra es un riesgo real. Dijo que uno de los peligros principales de esta intromisión, es que afecte sus características, poniendo en peligro la biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad.

“También decía este informe entre otras cosas, algunos resultados de aprovechar biotecnológicamente la diversidad natural, puede finalmente ponerle en peligro, por contaminación genética. Y también decía que los cambios ambientales mundiales incluyendo los contaminantes orgánicos y los organismos genéticamente modificados presentan una grave amenaza para las poblaciones humanas y los ecosistemas naturales en América Latina y el Caribe”, señaló.

Así mismo manifestó que en ese mismo informe se establece que aparte de las posibles consecuencias ambientales de la contaminación transgénica, existe preocupación en función de los hechos que así lo demuestran sobre el efecto inmediato y a largo plazo de los alimentos genéticamente modificados sobre la salud humana.

“A pesar de la preocupación por la proliferación organismos genéticamente modificados y los riesgos de contaminación genética de especies autóctonas, tienden a prevalecer las presiones comerciales por sobre la precaución. Las presiones por parte de las empresas o de los inversionistas en este campo presionan muchísimo”, comentó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de agosto del 2014 – Las personas que requieran recursos para mejorar o construir casa podrían tener acceso a los mismos debido a que los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminaron el expediente 18877, Adición de un inciso d) al artículo 2) de la Ley N. º 8957, de 17 de junio de 2011 “Creación de un bono para segunda vivienda familiar que autoriza el subsidio del bono familiar en primera y en segunda edificación”.

Según el proyecto, para construir una vivienda o mejorar o reparar una existente, en el caso de los copropietarios que tengan derechos no localizados en propiedades en cuyas edificaciones son o serán físicamente independientes y de carácter horizontal, en un mismo inmueble se otorgarán los subsidios que correspondan conforme a la ley y su reglamentación, siempre y cuando los copropietarios estén en relación de consanguinidad o parentesco.

La iniciativa señala que los copropietarios podrán recibir en forma separada el subsidio del bono familiar de vivienda.

El subsidio del bono para segunda vivienda familiar y el Régimen Especial de Vivienda de Interés Social, se otorga por medio del Fondo de Subsidios para Vivienda a las familias y los adultos mayores sin núcleo familiar, así como a las mujeres jefas de hogar, de escasos ingresos, para que puedan ser propietarios de una vivienda acorde con sus necesidades y posibilidades socioeconómicas.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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18 de agosto del 2014 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos remitió al Plenario Legislativo la lista con la terna de los candidatos al cargo de Defensor de los Habitantes. Entre Montserrat Solano Carboni, Yanis Quesada Chanto y Ricardo Valverde Gómez podría estar el nuevo Defensor de los Habitantes.

El nuevo jerarca llegara en sustitución de Ofelia Taitelbaum Yoselewich quien renunció al cargo el pasado 07 de julio del 2014.

Para ser electo en el cargo según se estipula en el Reglamento Legislativo se requiere del apoyo de la mayoría de los diputados presentes al momento de la votación. Para el presidente de la comisión, Ottón Solís Fallas, al jerarca de la institución le toca cumplir con el marco legal hacer y hacer cumplir la ley para todos.

Como parte de este proceso de selección el panel legislativo volvió a recibir en audiencia a la última candidata preseleccionada Montserrat Solano Carboni para conocer más sobre sus planes de llegar a este cargo. La candidata señaló que si bien ha estado fuera del país por cerca de diez años siempre ha estado activa en la defensa de los derechos humanos para llegar a acuerdos.

Solano Carboni acotó que su hoja de vida es una muestra de su compromiso con los derechos humanos. Indicó que se debe trabajar por la diversidad de las realidades de las zonas del país para mejorar las condiciones.

Sobre los temas en los que se enfocaría de llegar al cargo mencionó la no discriminación a minorías, promoción de los Derechos Humanos.

La diputada del Movimiento Libertario, Carmen Quesada Santamaría señaló que los tres recomendados tienen las mismas condiciones y oportunidades de ser electo y ahora será una labor a lo interno de las fracciones para compartir las experiencias de este proceso.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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14 de agosto del 2014 – Alicia Avendaño Rivera, Directora de la Secretaria Técnica de Gobierno Digital y Fabián Quirós Álvarez, Director de la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, defendieron los dos sistemas de compra pública que existen en el país, sin que haya coincidencia entre ambos sobre dichas plataformas.

Ellos fueron citados a comparecer en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, para que ambos explicaran los pormenores de los dos sistemas que existen en el país sobre el modelo de compra pública que tiene el Estado costarricense.

La primera que hizo uso de la palabra y que defiende el sistema denominado Mer-Link, Avendaño Rivera, dijo que la compra pública es el contrato que suscribe el Estado para la adquisición de bienes y servicios, ya que todos los años Costa Rica invierte entre tres y cinco mil millones de dólares anuales.

De ese monto, el 41% de la compra la ejecuta el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Avendaño Rivera indicó que el elemento fundamental de este tema es transcendental en cómo se está ejecutando la compra y como podría hacerse en mejor forma, eficiente y transparente.

“La compra pública está distribuida precisamente en esta forma, 273 instituciones las que ejecutan la compra, más 4400 Juntas de Educación, y su conformación es la participación de la compra es la siguiente, todo esto documentado con el sistema de administración financiera de la Contraloría General de la República”, señaló.

En este mismo sentido dijo que lo que está en juego en la compra pública, es la confianza, y es un elemento fundamental, la confianza que tienen los ciudadanos, hacia la ejecución de los recursos públicos del Estado, lo que significa también la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

“Un sistema de compra publica única, podría tener un impacto de ahorro, en la ejecución del gasto de 739 millones de dólares, es un 2% del Producto Interno Bruto, anuales, eso está fundamentado en varios estudios a nivel internacional, Costa Rica no es el primero que está en esta ejecución. El Ministerio de Hacienda no ha sido exitoso ni siquiera implementando en el Gobierno central una plataforma, tenemos al COSEVI, y Juntas de Educación comprando en papel”, puntualizó.

Por su parte Fabián Quirós Álvarez, manifestó que desde el Ministerio de Hacienda están de acuerdo absolutamente en que es imperativo procurar una mayor transparencia, una política pública, mucho más integrada y unificada en el proceso de la compra pública.

“Probablemente este país tiene en estos momentos unos 22 o 23 sistemas informatizados de apoyo al proceso de compras públicas, tenemos más de ocho regímenes legales que regulan el juego de la compra pública, no tenemos una única ley de contratación administrativa”, dijo.

En este mismo sentido añadió que hay que entender que la multiplicidad de sistemas, es una consecuencia y no una causa de un problema mayor, el cual es esa cantidad de regulaciones legales que existen.

“En nuestro criterio el tema que hay que resolver en primera instancia y en un orden lógico, sugiere revisar cual es la normativa y como un esfuerzo país mucho más serio apostarle a que la integración de una política de compra publica, del Estado como un todo parte de la comprensión de los posible de un solo cuerpo legal”, comentó.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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14 de agosto del 2014 – Los nuevos Embajadores designados por el actual Gobierno, que asumirán funciones en las sedes de las Naciones Unidas en New York, Ginebra y la Organización de los Estados Americanos, (OEA), explicaron los temas que desarrollarán en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

El primero que hizo uso de la palabra fue Juan Carlos Mendoza, Embajador designado ante la Organización de las Naciones Unidas en New York, quien explicó que le interesa poder tener una coordinación muy fluida y efectiva con la sede europea en Ginebra.

En este mismo sentido explicó que en este organismo hay tres grandes ejes fundamentales, que son Paz y Seguridad, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible y en cada uno de esos temas hay agendas muy llenas, en los cuales Costa Rica ha jugado un papel fundamental.

“En Paz y Seguridad voy a referirme a algunos de los temas que están en esos tres ejes, y ver el panorama que se está haciendo en Naciones Unidas. Hay una fuerte discusión en el Tratado sobre el Comercio de Armas, que fue aprobado el 2 de abril del 2003 en la Asamblea General, en estos momentos 43 estados lo han ratificado y solo faltan 7 para que entre en vigor”, dijo Mendoza.

Señaló que nuestro país ha jugado un papel muy importante en el tema de la paz y la seguridad. Así mismo comentó que hay todo un debate también sobre el gasto militar excesivo y Costa Rica sin duda alguna ha sido participe insistiendo en la necesidad de dejar doctrinas de seguridad basadas en paradigmas estrictamente militares y como promover realmente la paz.

Por su parte Elayne White Gómez, Embajadora de las Naciones Unidas en Ginebra, explicó que existe una directriz del Poder Ejecutivo en el sentido de desarrollar una política exterior sumamente proactiva y evolutiva, en el sentido de que no se debe de estancar con temas y parámetros tradicionales, sino que se debe de tener una actitud de buscar nuevos espacios y temas en los cuales Costa Rica puede participar como un actor protagonista.

“Hay que recordar que el país ya es un país de renta media ya no somos sujetos de cooperación internacional del tipo de cooperación oficial de desarrollo, pero si hemos identificado que hay muchos organismos especializados de los cuales podemos obtener cooperación muy interesante y esa podría ser un área de trabajo”, dijo.

Finalmente Pablo Barahona Kruger, Embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), comentó que este organismo se encuentra en la discusión de lo que se ha llamado la visión estratégica que es otra cosa que el replanteo de la OEA que por su antigüedad algunos le endosan falta de agilidad.

“Ciertamente con una buena dosis de realismo, los Estados Parte se han impuesto de esta inquietud como un reto y tenemos una Asamblea General en los próximos meses para abordar la propuesta final de la secretaria General que le ha encargado la asamblea y algunos mandatos del consejo permanente para reencausar la historia de la organización”, explicó Barahona.

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