Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de febrero del 2014

Rodrigo Carvajal Presidente de la Asociación de Tiro Práctico, manifestó que el proyecto 18050 Reforma a la Ley de Armas y Explosivos, tendría un impacto serio y afectaría a las personas que se dedican al deporte de tiro al blanco en el país.

Carvajal compareció en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quien se refirió al proyecto de ley que actualmente se encuentra en discusión en esta instancia legislativa.

El compareciente señaló que el proyecto, a diferencia de lo que se quiere, que es mejorar la seguridad del país, más bien estaría fomentando el mercado negro y otro tipo de aspectos que tienen que ver con la seguridad.

En este mismo sentido añadió que existen otros deportes que tienen que ver con el tiro, u otras disciplinas, que se practican, que como están incluidos en el proyecto de ley no queda claro si se van a poder practicar o no, lo que afectaría seriamente a los tiradores deportivos.

De los puntos que más les afectan, según dijo el compareciente, es el artículo 40 que tiene que ver con la fabricación o recarga de municiones, ya que los tiradores deportivos disparan una cantidad increíble de munición, que inclusive la gran mayoría no son tiros de fábrica o munición nueva sino que disparan munición recargada.

“Cuando les digo que tendría un efecto grave es disparando con munición recargada, la munición cuesta la mitad de lo que cuesta nueva y un tirador deportivo dispara entre 15 mil y 60 mil tiros al años, la caja de 50 tiros de munición nueva cuesta entre 20 y 30 dólares, estamos hablando de mucho dinero y de muchos tiros, entendemos el proyecto pero limitando la recarga no vamos a ganar nada”, sostuvo.

Otras de las observaciones que realizó el compareciente, es en cuanto al artículo 28 inciso 6), que habla de marcaje de municiones, ya que el marcaje que se pide en el proyecto de ley es algo que las fábricas no hacen.

“El proyecto de ley habla de que se grave en el casquillo el número de lote, estamos hablando que es algo imposible, las fabricas no lo hacen y que además no va a generar ningún beneficio, porque el costo va a dispararse por las nubes y eso afectaría a nuestros cuerpos policiales”, concluyó Carvajal.         

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de febrero del 2014

La Ministra de Agricultura y Ganadería Gloria Abraham y la Directora del Servicio Fitosanitario nacional Magda González comparecieron en la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público para referirse a las obras emprendidas para defender el banano.

La fruta es amenazada por dos enfermedades llamadas escama y cochinilla que de no ser atendidas ponía en riesgo la producción nacional.

Abraham explicó “quiero ser muy enfática en que desde que se nos comunica la existencia de niveles mayores a los normales de estas enfermedades tomamos todas las mediadas necesarias para que no afectaran la producción del banano”, advirtió.

Mientras que Magda González expuso algunas de las medidas tomadas para evitar esa enfermedades no se convirtieran en plagas y pasaron desde una primera reunión con la comisión Técnica para la Prevención y Combate de las Plagas y las Enfermedades Musáceas, hasta la importación de fundas extruidas con bifentrina y buprofezina.

Para la diputada Marielos Alfaro Murillo el MAG se tardó seis meses en que se decretara el estado de emergencia ante estas enfermedades pero su principal crítica es hacia CORBANA.

“La importación de las mangas para el banano se dio en un 98% de los casos solo a una empresa, pero eso se lo tenemos que preguntar a CORBANA en su comparecencia durante la próxima semana porque es nuestro principal cuestionamiento”, indicó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de febrero del 2014

Los diputados de la Comisión  Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos dictaminaron el expediente 18881, reforma del artículo 39 del Código de Minería N.º 6797 para ampliar su alcance Institucional al Consejo Nacional De Vialidad (CONAVI) para facultar la extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público.

La iniciativa plantea que el Estado, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía le  otorgará permisos y concesiones temporales a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y las municipalidades para extraer materiales de los cauces de dominio público o las canteras.  Estas concesiones se extenderán por un plazo máximo de 120 días.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI, a partir de sus competencias en materia de infraestructura vial, el plazo del permiso o concesión será otorgado hasta por 730 días. 

La red vial  cantonal, a cargo de las municipalidades, cuenta con aproximadamente 27.000 kilómetros son de lastre.

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Víctor Hernández Cerdas dijo que muchas empresas privadas extraen materias, beneficiando solo a ellos y no a las  municipalidades.

Por su parte, el legislador de Liberación Nacional, Jorge Angulo Mora indicó que hay empresas que extraen mucho material y no dan aportes a los gobiernos locales.

Todo daño ambiental que se produzca durante la extracción de los materiales será  responsabilidad de la institución concesionaria o, en su caso, del contratista o el subcontratista encargado de ejecutar la obra. 

El proyecto prohíbe comercializar los materiales extraídos, y señala que violación a esta disposición ocasionará la cancelación inmediata de la autorización y la aplicación de las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables y, en su caso, al contratista o subcontratista encargado de ejecutar la obra.

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Luis Pablo Quirós Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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25 de febrero del 2014

Contar con el título de propiedad de su vivienda y desentenderse de las deudas, después de 20 años, será una realidad para 75 familias del Proyecto Habitacional La Capri de San Miguel de Desamparados.

Los legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminaron de manera unánime afirmativa el expediente 18838, cuyo objetivo es condonar las deudas y garantizar el traspaso a titulo gratuitito las viviendas a los beneficiarios, ya que tras el cierre de varias instituciones públicas esos créditos llegaron a al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, convirtiéndose en un asunto incobrable para la entidad e impagable para los propietarios.

Gloria Bejarano Almada, legisladora socialcristiana destacó la importancia de la propuesta dictaminada “eran proyectos de bono gratuito, que en su momento eran accesibles, pero que al pasar al INVU todas las condiciones cambian y realmente para esta entidad cobrar todas esas cuotas atrasadas se vuelve en un tema imposible”, expresó.

Para adquirir derecho a escritura pública los beneficiarios deberán cancelar los gastos correspondientes a trámites notariales.  La operación de condonación incluye además los intereses acumulados sobre la deuda original.

“Estas familias recibirán por fin luego de 20 años el título de propiedad, lo cual les da una seguridad jurídica, les da la posibilidad de heredar la propiedad a sus hijos y realizar todos los sueños que han tenido alrededor de una vivienda propia” añadió la diputada Bejarano.

La presidenta del foro legislativo, Elibeth Venegas Villalobos, agregó que consideran conveniente que el texto diga condonación ya que estos ciudadanos debían unas pocas cuotas, y por el descontrol nunca se les pudo cobrar, ahora sería injusto cobrarle interés o imponerles un precio actualizado si en realidad nunca hubo claridad sobre el tema.

El crédito otorgado, hace más de 20 años, consistía en un subsidio adicional del bono familiar de vivienda con el fin de que las familias beneficiadas de muy pocos recursos no se endeudaran más allá de sus posibilidades económicas, sin embargo, tras no darse el cobro, la acumulación de deuda base más la suma de interés se ha vuelto imposible de pagar.

En el 2008 se dio un decreto de ley que condonaba de las deudas a personas de otras comunidades que fueron beneficiadas con el programa, sin embargo, La Capri de San Miguel de Desamparados quedó excluida.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
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20 de febrero del 2014

Tras una ampliación discusión entre algunos legisladores de Acción Ciudadana, Unidad Socialcristiana y Liberación Nacional, el expediente 18945 para el financiamiento de la rehabilitación y extensión de ruta a Limón fue dictaminado en forma positiva en la  Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, con ocho  votos a favor y la oposición de la congresista Jeannette Ruiz Delgado.

La iniciativa establece la ampliación a cuatro carriles de esa ruta  con lo cual se busca mejorar la competitividad del país, también incluye el reforzamiento y duplicación de los puentes tanto de la capacidad de carga viva como  la resistencia de terremotos. 

El proyecto se financiará por medio de un convenio con la Republica Popular de China a través del Banco de Exportación e Importación de ese país, el cual concederá una línea de crédito.

El costo toral de la obra es de 485 millones de dólares, de los cuales el país debe aportar 89 millones de dólares como contrapartida, donde están contemplados 20 millones de dólares para expropiaciones.

La presidenta de la comisión, la liberacionista Siany Villalobos Argüello destacó la importancia que tiene  no sólo para Limón sino para el país la realización de la obra.

La iniciativa se logró someter a votación después de que se aprobará una moción del legislador del PAC Manrique Oviedo Guzmán solicitando al gobierno el informe final  con detalles de la forma en que se ejecutarán las obras y el costo de las mismas.

A pesar de ello su compañera de fracción  Jeannette Ruiz Delgado, votó en contra del proyecto argumentado que hay temas que no quedan claros como son las expropiaciones.

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
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18 de febrero del 2014

Luis Guillermo Rivas, magistrado titular y Jorge López, magistrado suplente, ambos de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia comparecieron en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para referirse a la reforma al Código Procesal Civil.

Este  expediente 15979, establecería la oralidad de los procesos de juicio, con el propósito de hacer un trámite judicial más expedito.

Jorge López expresó “algunas voces nos han dicho que hay problemas con el capítulo de garantías súper individuales, por lo que estamos trabajando un texto sin ese contenido y lo presentaremos para ver si prospera”.

“En cuanto a establecer los procesos de oralidad, estamos conscientes del problema que tiene la justicia del país al respecto”, añadió.

A pesar de la que la diputada Carmen Muñoz Quesada y el diputado José María Villalta  Florez-Estrada pidieron a ambos magistrados que detallaran de dónde vienen las presiones para no incluir este capítulo, los  comparecientes no precisaron en nombres o sectores.

Villalta sostuvo “no me parece correcto que ustedes vengan y nos digan que ese capítulo no se va a incluir porque les contaron que puede crear inconformidades. Yo les pido que nos digan el nombre de las personas o sectores que los están presionando”.

Estas garantías permitirían un nuevo mecanismo, sobre el cómo establecer la demanda, para las personas que se agrupen y formulen querellas en contra del Estado o de empresas que hayan violentado la legislación.

López expresó que se está trabajando en un proyecto exclusivo que aborde el tema y que el país cuenta con mecanismos para realizar estas demandas, a pesar de que el proyecto de ley establecía uno nuevo.

El presidente de la comisión Luis Gerardo Villanueva Monge, conformó un sub grupo de trabajo que analizará el tema.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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17 de febrero del 2014

Los diputados de la Comisión  Permanente Especial de Nombramientos recomendarán la elección de los candidatos propuestos para integrar la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Edgar Gutiérrez López, fue propuesto como miembro propietario de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), quien ocupará ese puesto por un periodo de seis años.

Jaime Luis Herrera Santiesteban, es propuesto como miembro suplente por la Junta Directiva de la ARESEP, para integrar el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, quien estará en ese puesto por un periodo de cinco años.

Estas  recomendaciones se presentarán en un informe al Plenario Legislativo, l órgano que finalmente ratifica o no estos nombramientos.

En su comparecencia Edgar Gutiérrez manifestó que entre los proyectos que le dará mayor interés es el de la contabilidad regulatoria, ya que según dijo existe un sistema contable en la institución obsoleto, lo cual no se ha podido realizar debido a que las licitaciones que han hecho para ese fin las han declarado inciertas.

Así mismo mencionó que le dará énfasis a un proyecto que están realizando en conjunto con la Universidad de Costa Rica para determinar la calidad de los combustibles en el país.

Mencionó además que es importante, analizar el tema de la construcción del edificio para la ARESEP, ya que señaló que el edificio de la sabana no se puede remodelar y es por ello que actualmente están alquilando en otro lugar. 

Por otro lado Jaime Luis Herrera quien podría ocupar el puesto en la Superintendencia de Telecomunicaciones, indicó que toda su vida ha estado vinculado al tema de las telecomunicaciones y de ser nombrado en este puesto podría aportar mucho a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

Herrera hizo varias observaciones entre ellas cuestionó el funcionamiento del Fondo de Telecomunicaciones, ya que recomendó que dicho fondo no debe de estar regulado por la SUTEL.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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12 de febrero del 2014

Tras la aprobación de un texto sustitutivo  al  expediente 18945 para el financiamiento de la rehabilitación y extensión de ruta a Limón, la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios inició la discusión de mociones de fondo del proyecto.

La iniciativa establece la ampliación a cuatro carriles de esa ruta  con lo cual se busca mejorar la competitividad del país, también incluye el reforzamiento y duplicación de los puentes tanto de la capacidad de carga viva como  la resistencia de terremotos. 

El proyecto se financiará por medio de un convenio con la Republica Popular de China a través del   Banco de Exportación e Importación de ese país, el cual concederá una línea de crédito.

El costo total de la obra es de 485 millones de dólares, de los cuales el país debe aportar 89 millones de dólares como contrapartida, donde están contemplados 20 millones de dólares para expropiaciones.

El trámite de las mociones de fondo permitió que diputados del PAC manifiesten su preocupación por temas como las expropiaciones en el cumplimiento de los plazos.

El legislador Manrique Oviedo Guzmán, aunque no es miembro de la comisión ha manifestado interés en el trámite del proyecto, por lo que es firmante de algunas de las mociones en trámite.

El congresista sostiene que la iniciativa  contiene disposiciones que le impiden al Estado cumplir con los plazos, lo que aumenta los costos de la obra.

Por su parte el diputado  Walter Céspedes Salazar de la Unidad Socialcristiana quien tiene interés en la ampliación de la ruta, por representar a la provincia de Limón, dijo que aunque el proyecto es complicado agiliza la realización de la obra.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de febrero del 2014

Teófilo de la Torre, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), apoyó el proyecto de ley de Contingencia Eléctrica, ya que permitiría que el sector privado venda energía al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE hasta un 30 por ciento, para suplir las necesidades del sector después del año 2019.

El jerarca de esa dependencia compareció  ante los diputados que integran la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios quien se refirió al proyecto de ley expediente 18093 Ley de Contingencia Eléctrica, que actualmente se discute en esta instancia legislativa.

De la Torre explicó que el proyecto actual vendría a ajustar la Ley 7200 para que la generación privada, en lugar de poder llegar a venderle al ICE hasta un tope de 15% pueda llegar a 30% y que el tamaño máximo de las plantas en lugar de ser de 20 megavatios pueda ser hasta de 50.

Esto según señaló, porque las plantas eólicas son ineficientes cuando son de 20 megavatios, pero si son de 50 los costos bajan apreciablemente y eso es un beneficio para los consumidores.

Por otro lado permite que la energía que se compra al sector privado con base en esta legislación, pueda estar basada en procesos de competencias como ya se está haciendo con el primer 15% dentro de unas bandas que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) fija como precios piso y precios máximos.

“La ley permite además autorizar la generación distribuida o colocar paneles solares en los  techos de las casas y facultades adicionales para que las empresas distribuidoras actuales, puedan tener más flexibilidad para instalar plantas de generación para su uso propio o para venderle también el ICE”, dijo el compareciente.

Comentó además que si se logra aprobar esta legislación en este año, se podrá disminuir generación térmica, cuando dichos proyectos entren en operación hacia el año 2019, lo esto vendría a ayudar al sector eléctrico a partir de ese año en adelante.

Finalmente señaló que con esta legislación ayudaría a impulsar la generación distribuida que viene bajando de costo y que es competitivo con lo que es producción de energía central.

Así mismo apoya a las cooperativas y a las empresas municipales a hacer más generación eléctrica y que sean autosuficiente y que no tengan que depender tanto de las ventas que el ICE les haga lo que ayuda a bajar los costos de las tarifas eléctricas futuras.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

10 de febrero del 2014

Los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Nombramientos acordaron la metodología para la elección de un magistrado de la Sala Primera de la Corte por la jubilación de la Dra. Anabelle León.

La persona interesada en el puesto de magistrado deben ser costarricense por nacimiento o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años.  Debe ser ciudadano en ejercicio, del estado seglar y mayor de 35 años. Debe poseer título de abogado expedido o legalmente reconocido en Costa Rica y debe haber ejercido la profesión por al menos diez años salvo que se tratare de funcionario judicial con práctica no menor de cinco años.

Los legisladores acordaron que 15 días hábiles posteriores a la última publicación realizada por la Asamblea Legislativa en un diario de circulación nacional, los postulantes deberán entregar en la Secretaría de la Comisión en original impreso y en versión digital una serie de documentos que incluyen una carta firmada de postulación y presentación de documentos dirigida a la Comisión, currículum vitae, certificación de nacimiento. Los postulantes deberán entregar los siguientes documentos:

• Declaración jurada en la que indique que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 159 de la Constitución Política y que no lo cubren las prohibiciones del artículo 160 de la Carta Magna.
• Certificaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica sobre la fecha de incorporación y sobre causas disciplinarias en las que figure el interesado durante los últimos diez años.
• Copias certificadas de todos los títulos universitarios.
• Declaración jurada sobre el cumplimiento de sus obligaciones respectivas con el Ministerio de Hacienda.
• Certificación de Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (FODESAF).
• Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social en la que se indique que se encuentra al día en el pago de cargas sociales en el caso de que sea patrono ó que indique que no está inscrito como patrono.

Los miembros de la Comisión de Nombramientos presentarán una recomendación al Plenario Legislativo que incluya una lista de hasta diez nombres. La nómina deberá respetar la normativa vigente en materia de paridad de género.

La presidenta de la Comisión y legisladora del Partido Liberación Nacional Carolina Delgado Ramírez explicó que éste es un concurso abierto y que están trabajando en los cambios que necesita la Corte.

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