Categoría: Comisiones

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

17 de marzo del 2014 – El nuevo Magistrado(a) de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sustitución de Anabelle León Feoli saldrá de una lista de 37 aspirantes al cargo.

El plazo para presentar los requisitos venció el pasado 07 de marzo y a la convocatoria respondieron 13 mujeres y 24 hombres, que deberán ahora exponer ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos sus planes y expectativa de llegar a la magistratura por ocho años.

Los candidatos son Alvarado Paniagua Alexandra, Campos Hidalgo Rodrigo Alberto, Chaves Cervantes Lilliana Lupita, Chaves Villalobos Juan Manuel, Córdoba Ortega Jorge Antonio, Darcia Carranza Antonio, Fallas Redondo David Alberto, Fernández Brenes Silvia Consuelo, Fernández Hidalgo Luis Fernando y Fernández Paoli Gustavo Mauricio.

Conforman esta lista también Fisher González María Vanessa, Hernández Aguilar Álvaro Enrique, Hernández Hernández Ronaldo, Jiménez Aguilar Manuel Fernando, Jiménez Ramírez Jorge Enrique, Jiménez Zeledón Mariano, Jurado Fernández Julio Alberto, León Orozco Laura María, López González Jorge Alberto y Martínez Bolívar Deyanira.

Otros de los interesados en el puesto son Meza Lazarus Álvaro José, Muñoz Jiménez Krysia, Muñoz Quesada Mario Alberto, Olaso Álvarez Jorge, Ortiz Mora Guadalupe Grettel (Cc: Lupita Ortiz Mora), Palacios García Alner, Porras Mejías Rolando, Rodríguez Jiménez Carlos Manuel, Rojas Morales Iris Rocío y Sánchez Del Castillo Vilma Emilia.

Completan la lista de postulantes Serrano García Germán, Solano García Juan Carlos, Ulate Chacón Enrique Napoleón, Vargas Vargas Ana Isabel, Vargas Vásquez Damaris, Víquez Cerdas Ana Cristina y Zamora Campos Carlos Guillermo.

Ahora se está a la espera de las dos publicaciones en medio de circulación nacional de la lista definitiva de postulantes para iniciar con el proceso de audiencias.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de marzo del 2014

La Junta de Protección Social de San José trabaja en los mecanismos para llevar un control estricto de los jugadores de lotería electrónica con la finalidad de evitar el lavado de dinero, esto luego de una nota enviada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) donde les pide “incorporar los mecanismos necesarios para identificar a los compradores”.

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán, dijo que durante las comparecencias de los funcionarios de la Junta de Protección, como parte del expediente 18707, Investigación sobre la gestión empresarial, gestión social y gestión administrativa desarrollada por la junta de protección social durante los últimos cuatro años (2008 al 2012), estos habían asegurado que aplicarían las medidas cuando las solicitara la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.

El legislador del PAC presentó la nota enviada el pasado 12 de febrero por el ICD ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

El Oficial de Cumplimiento de la Ley 8204 y Asistente de la Presidencia de la Junta de Protección Social, Roberto Carazo Gallardo, fue enfático en que la Junta ya está trabajando en lo solicitado por el ICD.

Uno de los mecanismos de seguridad para evitar el lavado de dinero por medio de la lotería electrónica consiste en que la Junta podrá solicitar a los jugadores su número de cédula, requisito que había sido eliminado con la entrada de la empresa G Tech Boldt Gaming encargada de vender los juegos y pagar a los ganadores.

El año anterior la Junta solicitó a los funcionarios del ICD investigar las transacciones efectuadas por varios jugadores de lotería electrónica ante la sospecha de un eventual lavado de dinero.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de marzo del 2014

Para Francisco Segura Montero director del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, la reforma a la Ley de armas y explosivos contenida en el expediente 18050 debe adaptarse al sistema operativo de esta entidad.

Así lo manifestó en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico que tramita esta iniciativa la cual busca establecer mayores controles en la tenencia de armas.

Para Segura es importante que las nuevas disposiciones técnicas que se introduzcan en la legislación estén acordes con el sistema que utiliza el OIJ para facilitar la labor de seguimiento de las armas.

Las reformas a la ley se consideran necesarias ante el aumento de actos violentos donde se utilizan armas, la mayoría de las cuales son adquiridas de forma ilícita.

Dentro de las medidas contenidas en el nuevo texto destaca la prohibición de portar armas a las personas que se le dicte medidas cautelares por parte de las autoridades judiciales.

Además se establece la obligatoriedad de adquirir una póliza cuando se adquiera un arma para garantizar los derechos de terceros ante una mala utilización de las mismas.

La iniciativa prohíbe la asistencia a los polígonos a menores de 15 años y con tutela parental de 15 a 18 años, con lo cual se rompe el escenario de socialización que se está dando en él.

La nueva legislación también impide el uso de armas de cacería y aumenta las penas por infracciones, lo que a criterio del ministro de Seguridad Mario Zamora se convierte en un mecanismo disuasorio para quienes hoy poseen armas ilegales.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de marzo del 2014

Para el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, Osvaldo Henderson García, la Ley sobre Extinción de Dominio presenta deficiencias. La iniciativa se analiza en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

El proyecto de ley pretende que el Estado pueda disponer de los bienes privados de personas u organizaciones que estén involucradas en actividades ilícitas y evitar que los fondos que estas generen puedan ingresar al sistema financiero.

El Fiscal aseguró que si bien la iniciativa de extinción de dominio es una herramienta fundamental para luchar contra el crimen organizado, la propuesta que se discute en la Asamblea Legislativa deja por fuera del proceso de investigación al Organismo de Investigación Judicial y crea una fiscalía de extinción de dominio encargada de estas diligencias.

Henderson García fue enfático en que los fiscales no hacen las investigaciones sino que las dirigen. Además explicó que debería ser la Unidad de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial la encargada en realizar las investigaciones patrimoniales.

“Si la ley dice que se podrán hacer intervenciones telefónicas, que se podrán hacer allanamientos, tendría que decir cómo será el procedimiento”, añadió.

El proyecto establece que la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y Crimen Organizado colaborará en materia de inteligencia financiera con la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio durante el desarrollo del proceso y la información que brinde será de carácter confidencial y exclusivamente para fines de inteligencia.

El Fiscal criticó también la distribución de los fondos que establece la Ley sobre Extinción de Dominio.

La iniciativa otorgará al Poder Judicial un 25% de los recursos generados para financiar la creación y el funcionamiento de las dependencias que participarán en la aplicación de la ley.

El ICD percibirá otro 25% de los recursos para financiar las actividades que implementa la organización.

El proyecto crea un fondo compuesto por el 50% restante el cual será presupuestado por la Unidad Administrativa del ICD.

“No puede ser que en este proyecto de ley se diga que hay una Fiscalía que será la encargada de la investigación, un juzgado que va a tener que estar encargado de conocer esas causas y que después venga una distribución de que el 75 por ciento de los que produzca pase al ICD y el resto al Poder Judicial”, indicó el Fiscal.

El legislador del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán, pidió acelerar la discusión del proyecto y le solicitó al Fiscal sus observaciones por escrito en un plazo de ocho días.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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11 de marzo del 2014

La Defensa Pública y la Asociación Bancaria Costarricense aseguran que el proyecto 18964, Ley sobre Extinción de Dominio, violenta principios constitucionales tales como la presunción de  inocencia y el de propiedad privada. La iniciativa se discute en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

El proyecto pretende aplicar restricciones al uso de dinero en efectivo y aumentar la persecución del lavado de dinero para evitar que los fondos obtenidos por las organizaciones criminales ingresen al sistema financiero.

El sistema de extinción de dominio faculta al Estado para realizar persecuciones criminales contra los bienes que mantienen las operaciones de las personas que integran organizaciones delictivas.

La Directora de la Defensa Pública del Poder Judicial, Marta Iris Muñoz Cascante, aseguró que hace falta mejorar el proyecto de ley debido a que la norma que está en análisis permite incautar bienes a particulares y estos tendrán que demostrar cómo los adquirieron. 

“Con esto la Fiscalía le puede pedir a cualquier persona que explique la procedencia de sus bienes”, indicó Muñoz Cascante.

Otros de los puntos del proyecto que preocupa a la Defensa Pública consiste en que la notificación no se hace personalmente.

Por su parte, Mario González Pacheco, Asesor Jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense, dijo que su representada está de acuerdo en que debe existir a favor del Estado la extinción del dominio aunque el texto propuesto puede ser mejorado.

González Pacheco aseguró que la normativa que se discute en la Asamblea Legislativa deja de lado la protección de los derechos de los ciudadanos, debido a que la definición de los bienes  a los que puede se les puede aplicar el proyecto de ley es muy amplia.

El proyecto señala que la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio será responsable de desarrollar la fase prejudicial del proceso y estará integrada por un Fiscal Adjunto de Extinción de Dominio y el número de fiscales que técnicamente se requieran para el desarrollo de sus funciones.

El nombramiento, tanto del Fiscal Adjunto de Extinción de Dominio como de los fiscales que la  integran, será decidido por el Fiscal General de la República.

El proyecto contempla además la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y Crimen Organizado en materia de inteligencia financiera durante el desarrollo del proceso y la información que suministre será de carácter confidencial.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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11 de marzo del 2014

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 18890 Ley para el fomento de la competitividad de la pyme mediante el desarrollo de consorcios, lo que le permitirá a este tipo de empresas asociarse y aumentar su presencia tanto en el mercado nacional como internacional.

Aunque en la actualidad en el país operan varios consorcios, para algunos negocios no se acepta la figura por lo que  se hace necesario crearlos por ley, con su aprobación, dos o más empresas podrán asociarse para poner en el mercado un mayor volumen de sus productos.

Se estima que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 95% del parque empresarial y generan el 46% del empleo del sector privado, a pesar de esto cuentan con muchas limitaciones en el aporte a la economía nacional.

La iniciativa busca precisamente  contrarrestar esas limitaciones especialmente en las regiones fuera del Área Metropolitana donde según un informe del Ministerio de Economía Industria y Comercio en el 2013 su aporte no superó el 4%.

Al asociarse en consorcios este tipo de empresas podrán elevar su competitividad, así como alcanzar una mayor especialización y consolidar su presencia en el mercado.

El legislador Gustavo Arias Navarro de Acción Ciudadana expresó que la iniciativa proporcionará mayores herramientas a las pequeñas y medianas empresas así como a las personas físicas asociativas permitiéndoles tener mayor presencia en actividades como ferias, bajando sus costos.

Recordó que algunos consorcios ya han logrado llegar a Europa y un ejemplo recalcó es el posicionamiento en el viejo continente de un pequeños productor de vino.

Con la creación de la nueva figura explicó el congresista empresas que se dedican a diversas actividades  podrán asociarse para sacar un mayor provecho de cada una de ellas.

El proyecto pasará al Plenario Legislativo a formar parte de las iniciativas que esperan su aprobación en el trámite de primer debate.

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

6 de marzo del 2014

Representantes de la Corporación Bananera (CORBANA) defendieron su accionar en el combate de dos de las plagas más recurrentes que presenta el banano, la escamilla y la cochinilla.

Los invitados de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público indicaron que entre los años 2011 y 2013 hubo un aumento en la presencia de estas enfermedades que inició en la zona sur de Limón y luego se extendió por toda la provincia.

Erick Bolaños Céspedes, representante de CORBANA defendió el actuar de la corporación y destacó que a pesar de haberse dado un aumento en la aparición de la enfermedad y de que se diera una declaración de emergencia 19 meses después de detectado ese particular, su desempeño siempre fue responsable.

“Nosotros procedimos a hacer los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la plaga. Posteriormente procedimos a informar al Servicio Fitosanitario del Estado para que ellos participaran del análisis y se determinó que las plantaciones estaban siendo afectadas por el insecto”, dijo Bolaños.

“Los productores, a través de las cámaras, nos indicaron que en otros países se utilizaba una funda para proteger la fruta. Nosotros hicimos la solicitud para que se comprara esta funda que tiene un elemento que se llama bufoprecina, que es específico para el combate de este tipo de insecto”, recalcó.

Bolaños explicó que fue el MAG el que autorizó la compra de estas fundas para las fincas infectadas.

“Es muy importante indicar que la participación de CORBANA fue hacer la gestión de determinar la presencia de la plaga y registrar la información para que fuera enviada al Servicio Fitosanitario del Estado. En ningún momento tuvo participación en el tema comercial. Existen proveedores de fundas en la zona y la elección la hizo el productor bananero”, añadió.

La diputada Marielos Alfaro Murillo quedó insatisfecha con la situación expuesta, pues los representantes de CORBANA también aseguraron que las notas de prensa de esos años que catalogaban el problema como “crisis”, equivocaron el mensaje.

Alfaro afirmó “yo no me quedo satisfecha. Ahora resulta que fue la prensa la que exageró la situación. Tampoco estoy insatisfecha con que los productores solo puedan adquirir el producto de las fundas a una sola empresa. Ahora hay dos compañías más en el mercado que ofrecen el producto más barato, pero los proveedores están obligados a comprar a la misma empresa durante un año más”.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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5 de marzo del 2014

Como un paso más para sacar al país de la lista de paraísos fiscales calificó el viceministro de Hacienda Álvaro Ramos  el expediente 18966 Incorporación del artículo 106  quater al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por lo que pidió su aprobación a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

El  funcionario resaltó que  el  intercambio de información se considera como uno de los principales mecanismos para atacar la evasión fiscal en el extranjero, la cual representa una de las mayores preocupaciones de un importante grupo de jurisdicciones alrededor del mundo. 

Añadió que además, la buena cooperación entre administraciones tributarias es un aspecto indispensable para que se lleven a cabo de manera efectiva los respectivos intercambios de información en materia tributaria.

Recordó que actualmente  Costa Rica ha suscrito dieciséis acuerdos de intercambio de información tributaria y cuenta con un Código Tributario dentro del cual se tratan temas como el deber de información de terceros y la obligación de las entidades financieras de proporcionar aquella información que se encuentre en su poder y que resulte pertinente, entre otros.

La novedad de la iniciativa  en trámite en la comisión es que el intercambio de información se realizará de forma automática lo que es considerado en diversos foros técnicos, como el estándar de transparencia fiscal deseable para luchar contra la evasión.

Ramos aseguró que  la iniciativa es importante porque el país carece de  instrumentos para llevar a cabo un efectivo intercambio automático de aquella información que se encuentre en poder de entidades financieras, de conformidad con los distintos convenios internacionales suscritos.

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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5 de marzo del 2014

La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos dictaminó en forma afirmativa el expediente 18650 Modificación al artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, que establece la inscripción de condenadas para las personas que cometen delitos.

En estos momentos el artículo 11 establece que el delito cometido por una persona será inscrito en el Registro Judicial por espacio de 10 años una vez que se cumpla la condena respectiva.

La nueva normativa eliminará esta obligación, de modo que una persona que ya haya cumplido su condena no quedará manchada más que para efectos judiciales, no así públicos.

De esta manera, las condenas cumplidas no aparecerán en las hojas de delincuencia que se requieren a la hora de solicitar préstamos, trabajo, o tratar de acceder a una beca educativa, por ejemplo.

El legislador José Roberto Rodríguez Quesada sostuvo que esta medida es retrógrada y corresponde a la forma de pensar de una sociedad costarricense que ya ha madurado.

Rodríguez dijo “es un despropósito que tengamos aún leyes como éstas que generan exclusión de las personas que una vez fueran privadas de libertad. Yo propondría que este artículo 11 se elimine del todo”.

En la sesión de hoy se recibió hoy a Marta Iris Muñoz, Directora de la Defensa Pública quien explicó que su posición que esta medida genera exclusión social y una estigmatización de las personas que han sido condenadas.

“Nosotros creemos inconveniente que la condena de una persona esté inscrita para fines públicos. Es decir, no podemos reinsertar a una persona en la sociedad si en todos los trabajos lo primero que piden es la hoja de delincuencia. Lo que estamos generando con esta medida es una exclusión social y una estigmatización”, indicó.

La propuesta que hizo la Defensa Pública fue que a una persona condenada por menos de cinco años, se le inscriba la misma por tres años y a una persona condenada por más de ese lapso, le sea inscrita hasta por cinco años.

“Esa es nuestra propuesta de reforma, pero queremos ser claros en que preferimos la eliminación total de la inscripción de la condena para motivos públicos, sólo nos parece su uso en temas judiciales”, agregó.

De esta forma el expediente pasará para su estudio al Plenario Legislativo.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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4 de marzo del 2014

La creación de la figura del consorcio para las pymes permitirá a estas empresas fortalecerse y potenciarse en los mercados, aseguró la ministra de Economía, Industria y Comercio Mayi Antillón Guerrero, en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

Las  declaraciones las dio la titular de esa cartera a la comisión ante el trámite del expediente 18890 Ley para el fomento de la competitividad de la pyme mediante el desarrollo de consorcios.

El establecimiento de la figura comercial para las pequeñas y medianas empresas destacó Antillón, les permitirá obtener un mejor espacio en el mercado.

Aunque en la actualidad  en el país operan varios consorcios, para algunos negocios no se acepta la figura por lo que  se hace necesario su creación por ley, explicó Antillón Guerrero.

Con la creación  de los consorcios, dos o más empresas podrán asociarse para poner en el mercado un mayor volumen de sus productos tanto en el mercado nacional como internacional.

En este tipo de asociación podrán participar además pequeños y medianos productores agrícolas y crear el consorcio para una actividad determinada.

Según explicó para efectos tributarios cada una de las partes que se asocie mantiene sus obligaciones, pues el consorcio no es el que tributa, lo que evita  las complicaciones de acreditaciones ante terceros.

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