Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
23 de junio del 2014 – Las mujeres de las zonas urbana-marginal y rural, con bajos niveles de escolaridad y con edades entre los 25 y 54 años, son las que más se acercan a la Defensoría para que la entidad les ayude a luchar por sus derechos revela el Informe de Labores 2013-2014 de Defensoría de los Habitantes, presentado por la Defensora, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, ante los diputados.
Según el documento uno de los derechos más denunciado está estrechamente ligado a temas de salud, además cerca de un tercio de las Solicitudes de Intervención (SI) están vinculadas con la prestación eficiente de los servicios públicos.
El tema de la seguridad social, es otro de los que preocupa a la Defensoría. “La vulneración a la seguridad social se ha venido incrementando en los últimos años hasta llegar en el 2013 a representar un 15% del total de SI interpuestas” ante este órgano.
El informe revela que el hecho violatorio que más se denuncia está asociado a la no respuesta a las personas que solicitan una pensión del Régimen No Contributivo, ya sea por falta de recursos económicos o problemas de gestión. “Existe una creciente demanda de este beneficio de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, muestra evidente de la creciente disociación entre crecimiento económico, desarrollo humano y satisfacción básico del derecho humano fundamental: derecho a una vida digna”.
La Defensora explicó que la mayor vulneración de derechos se presenta en las zonas alejadas del Gran Área Metropolitana. El cantón de San José es el segundo que más denuncias reporta, seis de sus distritos muestran bajos niveles de desarrollo. Mientas que el cantón de San Carlos, suma el 50% de las quejas de la provincia de Alajuela.
Las seis sedes regionales registraron más del 53% de todas las denuncias presentadas en el año 2013 ante la Defensoría, lo que corresponde a un total de 15.725 denuncias o “Solicitudes de Intervención” (SI). La mayoría de estas SI se tramitaron en las propias oficinas regionales y un número reducido son trasladadas a la Sede Central.
La mayor parte de las denuncias que reciben las oficinas regionales tienen que ver con problemas relacionados con temas asociados a los subsidios y pensiones otorgadas por el IMAS y por el programa de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) que administra la CCSS.
El informe revela que las actuaciones de la Defensoría no son vinculantes sino que adquieren su autoridad a partir de lo que se ha denominado el ejercicio de la Magistratura de Influencia. “Este elemento que comúnmente es señalado como una debilidad en la gestión institucional, se sustenta enteramente en la confiabilidad de sus posiciones, el crédito que a estas da el Estado y la opinión pública”.
“De las solicitudes de intervención que diariamente interponen las y los habitantes ante la Defensoría, un porcentaje importante refieren precisamente a la omisión del Estado en garantizar la existencia de una igualdad material en el acceso y disfrute de los derechos humanos. Se trata de denuncias planteadas por sectores específicos de la sociedad costarricense y que reflejan las tareas pendientes que tiene el país para lograr ser una sociedad que garantice a cada una y uno de sus miembros su plena inclusión”, indica el informe.
El documento señala que “la creciente disociación entre el estilo de desarrollo-necesidades individuales se refleja en el creciente malestar de los y las habitantes que se agudiza”, después del 2010 con un importante incremento en la cantidad de Solicitudes de Intervención (SI) presentadas ante la Defensoría.
“Nos encontramos frente a la presencia de un Estado que no garantiza igualdad de oportunidades, y con una prestación de servicios públicos con importantes debilidades, donde el tema de corrupción cobra una importante presencia. Se manifiesta entonces una mayor disconformes con el funcionamiento y gestión de las instituciones públicas, situación que se traduce en una deslegitimación de las autoridades gubernamentales que se refleja en un incremento de más del 100% de la cantidad de consultas, denuncias y quejas que se interponen en la Defensoría; este comportamiento se agudizó entre el 2011-13 con un incremento cercano al 50%”, revela el informe presentado ante los legisladores.
La Defensora explicó que en temas de salud existen políticas públicas ineficientes que afectan a grupos que tientan con legislación para defender sus derechos pero estos no se cumplen como les sucede a las personas enfermas de VIH-SIDA.
Para la Defensoría es clave la capacitación a funcionarios públicos, del sector productivo u de la sociedad civil sobre temas de transparencia.
Para la Defensora se debe abrir nuevos espacios de diálogo social.
Por esta razón, desde hace ya varios años, en el mes de setiembre, bajo el lema “Transparencia como estrategia contra la corrupción” y en conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información, se realizan una actividad con participación de actores públicos y privados, para discutir, reflexionar y luego tomar acción en temas centrales para el país en este campo como: “Sistema Único de Compras Públicas en Línea” y, más recientemente, la “Necesidad de un Acceso Equitativo a la Información Pública”.
El informe presentado por Taitelbaum revela que en el cuatrienio 2010-2014 los datos que reafirman las brechas regionales de Desarrollo Humano experimentaron pocas variaciones y los esfuerzos emprendidos por el Gobierno en materia de planificación del desarrollo regional fueron tímidos y sin resultados a la vista en mediciones efectuadas.
La Defensora expresó ante los legisladores, su preocupación por el poco avance en la votación de legislación que le dé respuesta a los habitacional, a los pobladores de las zonas fronterizas.
Además, planteó su preocupación por los premisos de transporte público para que se dé un servicio de calidad, debido a que se demuestra una falta de planificación y control en la renovación de los permisos.
Taitelbaum señalo, además, que en el país se presentan falencias recurrentes en la elaboración de proyectos tanto en la parte financiera como en la fase de ejecución de los mismos. “Ausencia de valoración de impactos negativos para algunos grupos de ciudadanos”.
Aparte que se toman decisiones cruciales que requieren ajuste por la falta de fiscalización por parte del Estado, lo que genera gastos extraordinarios.
Sobre el tema de tema de fecundación In Vitro, la Defensora hizo un llamado a los legisladores para que se garantice el acceso universal a este procedimiento médico, a las parejas que no pueden tener hijos.
Taitelbaum expresó su preocupación por los problemas en los centros carcelarios del país, además, de los problemas con el pago de los educadores.
El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth dijo que en el tema comercial se violentan los derechos humanos por medio de los monopolios y oligopolios y que la Defensoría debería atacarlos, ya que van en contra de los derechos de los ciudadanos al no poder tranzar sobre bienes y precios.
Por su parte, la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Rosibel Ramos Madrigal le consultó a la Defensora, sobre el ingreso de la población indígena a la educación universitaria y el acceso a créditos para este tipo de estudios.
La Defensora aseguró que para la entidad los pueblos indígenas son prioridad, pero explicó que es casi nulo el ingreso de estos grupos a la educación universitaria. “Estamos analizando algún tipo de convenio con las universidades” y que sobre el tema se presentan dificultadas serias.
El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja consulto a la Defensora sobre los problemas de la Trocha Fronteriza y de la mosca de la piña.
Taitelbaum dijo que con respecto a la Trocha se hizo una pequeña referencia en el informe pero se tiene un amplia información sobre este tema y sobre la mosca de la piña aseguró que es un problema que no se ha podido resolver.
El diputado Fabricio Alvarado Muñoz de Restauración Nacional consultó sobre acciones concretas de la Defensoría a favor del sector cristiano y criticó la posición de la Defensoría con respecto a los grupos de homosexuales.
“Nosotros si no hay una denuncia particular no tenemos un caso”, explicó la Defensora. Y le solicitó al legislador presentar la denuncia para poder actuar.
Sobre la población LGTB “lo único que tienen diferente es su inclinación sexual”, señaló Taitelbaum.
El diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo Poveda, consultó sobre cuáles son los temas estructurales que impiden un mayor desarrollo.
Sobre este tema la Defensora explicó que el Estado ha fallado, porque no se está haciendo uso de instrumentos con los que se cuenta. En Planificación están diseñadas las rectorías.
Abelino Esquivel Quesada del partido Renovación Costarricense afirmó que la Defensoría quedó debiendo en muchos aspectos. “la Defensoría debería ser proactiva y no reactiva”.
El legislador consulto sobre la problemática que se da en Hospital de Limón.
“Yo estuve en el Hospital Tony Facio de Limón”, aseguró la Defensora, e indicó que se hicieron muchas gestiones para que se le dieran a centro médico los especialistas que requieren, “pero estos no quieren ir”.
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