Avanzan audiencias para elegir magistrado de Sala Primera

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de abril del 2014 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos recibió a seis postulantes al cargo de Magistrado (a) de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

El primero en exponer su interés en el cargo fue Ronaldo Hernández Hernández quien señaló que le preocupa el tema de la falta de carrera judicial para fiscales y defensores públicos, así como la mora judicial.

Hernández Hernández planteó la necesidad de modificar la gestión interna y mejorar los controles de seguimiento y rendimiento.

Por su parte la candidata Rocío Rojas Morales experta en Derecho Público señaló que pone sus 26 años de experiencia como carta de presentación.

Para Vilma Sánchez del Castillo la Sala necesita expertos en Derecho Mercantil y Electrónico para poder hacer frente a las nuevas realidades mundiales y a los retos que se avecinan.

El postulante Germán Serrano García dijo que se necesita dar un nuevo aire a la Sala con un integrante que venga desde el ejercicio liberal que conozca la realidad y la lucha diaria por una justicia pronta y cumplida.

Finalmente el grupo legislativo escucho las propuestas y planes de Silvia Consuelo Fernández Brenes y Jorge López González.

Para mañana la comisión espera terminar con este proceso de audiencias para iniciar el trámite de análisis de los postulantes y poder remitir la lista final de recomendados al Plenario para sustituir a la Dra. Anabelle León Feoli en la magistratura.

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Afectados por el Nemagón exigen indemnización

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de abril del 2014 – Las personas afectadas por el Nemagón se presentaron ante los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para exigir una indemnización por los problemas de salud que les causó el pesticida.

Los legisladores analizan el expediente 18802, Reforma de los artículos 1, 2, 10, 11, 14 y 16 y adición de un Capítulo IV a la Ley de determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el «DBCP», Ley Nº 8130 y sus reformas.

Salvador Mesén Mesén, representante de los trabajadores bananeros, dijo que saben de antemano que no hay suma que se pueda pagar para solventar los daños causados a su salud por los químicos.

El proyecto señala que: “el Estado indemnizará a quienes comprueben haber sufrido exposición al producto ‘1.2 dibromo, 3 cloropropano’, conocido como DBCP, como consecuencia de haber sido utilizado en el país”.

Mesén afirmó que es muy difícil poder demostrar por medio de exámenes de laboratorio la presencia del químico en el cuerpo.

La diputada del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo, dijo que hubo gente que no pudo probar que estuvieron expuestos a los químicos, y uno de los temas complicados es no saber cuántas personas se vieron afectadas. Pero aseguró que esto no es impedimento para que se le pague a los trabajadores.

La iniciativa expone que el monto a pagar a los afectados será superior a ¢683 mil, determinado “según el estudio actuarial elaborado por el INS, en el que se consideró el salario devengado por los trabajadores bananeros calculado al valor actual. Este monto deberá ser indexado conforme al índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley hasta la fecha en que a cada persona afectada se le haga efectivo el pago de la respectiva indemnización”.

Por su parte la diputada, Gloria Bejarano Almada indicó que hay una deuda económica y otra con el “respeto a la vida” de las personas afectadas.

Entre 1967 y 1979 cientos de trabajadores de plantaciones bananeras se vieron expuestos a la utilización del nematicida tóxico 1.2 dibromo -3-cloropropano, conocido como DBCP por sus siglas o “Nemagón” y “Fumazone” por sus nombres comerciales.

El Nemagón es un pesticida que se aplicó, antes del año 1980, en las bananeras para acabar con la plaga de nemátodos que afectaba al cultivo del banano, del cual se demostró científicamente que este químico causaba efectos degenerativos en el ser humano y enfermedades crónicas.

Las personas afectadas sufrieron daños y problemas serios de salud, tales como: daño degenerativo testicular, disfunción reproductiva, trastornos en el comportamiento sexual, repercusiones psicológicas, sociales y otras patologías. Otros estudios vinculan la exposición a este químico con una mayor incidencia de cáncer.

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Continúan audiencias para el cargo de Magistrado(a) de la Sala Primera

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de abril del 2014 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos continúo con el periodo de audiencias para el cargo de Magistrado(a) de la Sala Primera en sustitución por jubilación de la Dra. Anabelle León Feoli.

Los comparecientes convocados en esta sesión fueron: Manuel Fernando Jiménez Aguilar, quien abocó por la división de la Sala según las diversas especialidades.

El postulante Mariano Jiménez Zeledón, planteó la necesidad de cambiar la cultura organizacional y equilibrar los intereses entre Estado-ciudadanía.

Julio Jurado Fernández apostaría por llevar su experiencia profesional y académica a la magistratura.

Por su parte Álvaro José Meza Lazarus señalo que se necesita nombrar alguien que venga desde fuera de la Corte que conozca las necesidades del ciudadano para darles una justicia pronta.

La candidata Kryssia Muñoz Jiménez indicó que de llegar al puesto centrará su labor en buscar una mayor capacitación para los jueces para darles una visión integral de la realidad social y jurídica.

Para Mario Muñoz Quesada su principal tarea seria mejorar los tiempos de respuesta y bajar la mora judicial.

Jorge Olaso Álvarez aboca por trabajar desde la Sala Primera en una mayor formación de jueces.

Y finalmente la candidata Guadalupe Ortiz Mora, juez del Tribunal Registral Administrativo señalo como su prioridad la redacción de resoluciones claras y concisas en beneficio del usuario del sistema de justicia.

La comisión ya recibió a más de la mitad de los 37 candidatos a dicho cargo y se continuará con este trámite para poder remitir al Plenario Legislativo la lista con la recomendación de 5 hombres y 5 mujeres.

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Comisión apoya ratificación de candidato a SUTEL

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de abril del 2014 – Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez recibió el aval de los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para ocupar el cargo de miembro propietario por 5 años de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

De aprobarse este nombramiento Ruiz Gutiérrez llegaría en sustitución de Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez a quien se le venció su cargo a inicios de este año.

El candidato propuesto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARSESEP) señaló durante su comparecencia cuáles serán sus prioridades de llegar al cargo entre los que indicó trabajar poner la tecnología al servicio de la ciudadanía.

«Mi propuesta es buscar que los regulados den mejores servicios a precios accesibles y buscar un impulso estratégico ya que la SUTEL tiene mucho que aportarle al país,» dijo Ruiz Gutiérrez.

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Buscan asegurar construcción de edificio legislativo

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de abril del 2014 – Mediante la aprobación de un proyecto de ley, diputados de varias fracciones pretenden asegurar la construcción del nuevo edificio legislativo, ante la decisión del Ministro de Cultura Manuel Obregón de respaldar las objeciones hechas por la Oficina de Patrimonio al proyecto.

Esa oficina argumentó sus objeciones en que el proyecto de construcción carece de fundamento filosófico, no se respeta la escala y proporción del conjunto histórico alrededor del edificio principal de la Asamblea Legislativa y que representa un riesgo y amenaza para los edificios patrimoniales.

El Presidente de la Asamblea Legislativa Luis Fernando Mendoza Jiménez expresó que la construcción de una nueva edificación es una necesidad que se debe resolver urgentemente.

El proyecto presentado busca resolver el problema de la falta de apoyo por parte del Ministerio de Cultura, estableciendo una reducción de las limitaciones establecidas a los edificios patrimoniales, como son el antiguo Colegio de Sión, la Casa Rosada y el Castillo Azul.

La intención de los legisladores que impulsan la iniciativa es que el Poder Ejecutivo lo convoque a sesiones extraordinarias, se le exonere de todos los trámites para que pueda ser aprobado antes de que finalice el presente periodo legislativo (30 de abril).

El Director Ejecutivo Antonio Ayales Esna, acusó a la Oficina de Patrimonio Histórico de bloquear el proyecto de construcción porque no se les tomó en cuenta para su diseño.

Ayales recordó que el Ministerio de Salud ya había solicitado el desalojo de varios de los edificios donde se ubican diputados y personal de la Asamblea Legislativa, por no contar con las condiciones adecuadas.

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Dictaminan ley para programas de alimentación y nutrición

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de abril del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios dictaminaron positivamente el proyecto 18936, Ley general de los programas estatales de alimentación y nutrición de la niñez y adolescencia.

El proyecto tiene por objeto establecer un marco jurídico de referencia, permitiéndole al estado implementar políticas, planes, programas y estrategias para garantizar de manera permanente el derecho a la alimentación complementaria, seguridad alimentaria y nutrición de la niñez y adolescencia, que contribuya al disfrute de una vida saludable.

Los beneficiarios serán la niñez y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia atendidas por los Centros de Educación y Nutrición (CEN), Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI) y el Programa de Alimentación y Nutrición del Niño Escolar y el Adolescente (PANEA) del Ministerio de Educación Pública.

El Ministerio de Salud establecerá las medidas regulatorias garantizando el acceso oportuno a la cantidad y calidad de alimento complementario que se requiera para el desarrollo saludable de la población en condiciones socioeconómicas desfavorables.

Además se realizará un sistema de vigilancia alimentaria, creando para estos efectos el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN), que tendrá como objetivos poner a disposición la información estadística que apoye los procesos de formulación, facilitar el diseño y establecimiento de programas y proyectos, brindando informes de alerta para la atención de eventuales situaciones.

También las instituciones del sector agropecuario implementaran servicios de innovación y trasferencia de tecnología, dando importancia a la implementación de buenas prácticas agrícolas, de manufactura y de reproducción de recursos, para proveer alimentos de calidad, de bajo costo, en cantidad suficiente y en la periodicidad que los comedores estudiantiles y CEN-CINAI requieren.

La diputada de Liberación Nacional Annie Saborío Mora y presidenta de la comisión se refirió al proyecto argumentando que se formuló con la participación de varias instituciones y expresó que mantiene las expectativas sobre su avance, el cual espera se logre cumplir.

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Recomiendan archivar Reforma de la Ley de Expropiaciones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de abril del 2014 – Daniel Rojas Pochet, Especialista en Expropiaciones, recomendó a los diputados que integran la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, archivar el expediente 18880 Reforma de la Ley de Expropiaciones 7495, reformada mediante Ley 7757.

El especialista compareció para que diera su opinión sobre dicho plan, en compañía de Hubert Fernández Argüello, Juez del Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo.

Rojas Pochet manifestó que la expropiación no solo es para el derecho de vía, sino más bien para cualquier derecho patrimonial o interés legítimo económico, es decir se puede expropiar terrenos, vehículos, muebles, barcos, propiedad intelectual, confecciones religiosas.

“Desde la exposición de motivos el proyecto falla, porque está dejando por fuera todos esos mecanismos y también deja por fuera esos derechos que están regulados en otras legislaciones, la Ley de Zona Marítimo Terrestre, la Ley de Informaciones Posesorias, la Ley de Propiedad Intelectual, el proyecto solo considera que se expropia para hacer carreteras lo cual no es correcto, porque se puede expropiar para hacer hospitales, ebais, infinidades de cosas”, explicó el especialista.

Otros de los puntos que mencionó Rojas, es que la iniciativa pretende derogar el artículo 18, y ese artículo habla de la declaratoria de interés público, es decir, no puede haber una expropiación sin esa declaratoria.

Por su parte Hubert Fernández, sostuvo que el proyecto tiene problemas desde la misma concepción con que se formula en el párrafo primero, porque la expropiación no puede verse nunca desde un punto de vista como un obstáculo para el desarrollo nacional, ya que es todo lo contrario.

“La expropiación debe de ser vista, como una parte esencial del desarrollo de las obras públicas y además para el cumplimiento no solo para las obras, sino también, de todos los fines que tiene que cumplir el Estado”, explicó el juez.

Finalmente señaló que el proyecto contiene artículos que son innecesarios y que más bien vienen a complicar las situaciones de la regulación, por ejemplo se pretende sustituir el artículo 2 y se elimina los procedimientos de contratación administrativa.

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Costa Rica contará con ley de recurso hídrico

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de marzo del 2014 – El proyecto de ley que recibió el apoyo de 41 de 45 diputados presentes en su trámite de primer debate, establece que el agua es un bien de dominio público cuyo uso prioritario es el consumo humano y contempla la gestión participativa a nivel de cuenca hidrográfica.

Asimismo, la nueva ley busca, entre otras cosas, aumentar los cánones por uso comercial del agua y establecer mayores medidas de protección de los mantos acuíferos.

La iniciativa reconoce el acceso al agua y su saneamiento como derecho humano fundamental, además de establecer el carácter no lucrativo de los servicios públicos de abastecimiento poblacional.

Esta ley regula el aprovechamiento y el uso sostenible del agua continental y marina que se considera un recurso limitado y vulnerable. Por lo que su gestión será integrada de tal forma que garantice su acceso universal, solidario y equitativo en calidad y cantidad adecuada.

La norma deberá aplicarse tomando en cuenta la vulnerabilidad de adaptación y mitigación al cambio climático que afecta directa e indirectamente al agua y a los ecosistemas asociados.

En este nuevo marco jurídico se crea el sector hídrico del Estado para facilitar la planificación y las acciones del recurso constituido por la administración pública centralizada, descentralizada, instituciones autónomas, semiautónomas, municipalidades, empresas públicas y del Estado que tengan dentro sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua.

El proyecto establece también la creación de la Dirección Nacional de Recurso Hídrico, un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que se encargará de investigar, proteger y fomentar el uso del agua en el país.

También se incorpora políticas de limpieza de cauces de ríos, se regula la descarga de aguas pluviales y el tratamiento de aguas residuales.

El congresista de la Unidad Socialcristiana, José Roberto Rodríguez Quesada señalo que con esta Ley se viene a modernizar el manejo, uso y protección del recurso hídrico al reformar y actualizar la ley vigente que dada de 1942.

Para el presidente de la comisión dictaminadora, Alfonso Pérez Gómez esta nueva ley es un gran avance para el país.

Según agregó Pérez Gómez se le da más tareas a la Dirección de Agua y se le asignan cerca de 4500 millones al año.

“Con esta ley consagramos el dominio público del agua, dotados al país de nuevos recursos y respetados las potestades de otras instituciones, pero lo más significativo es que le permitimos al pueblo también legislar”, acotó el legislador Pérez Gómez.

Por su parte el legislador de Acción Ciudadana y miembro de la Comisión de Ambiente, Claudio Monge Pereira sostuvo que han sido promotores del proyecto.

Monge Pereira resaltó que miles de ciudadanos trabajaron por años para tener una mejor ley de aguas.

“Dimos un paso enorme y cualitativo, le hemos dicho al país que la Ley de Iniciativa Popular vale”, sentenció el diputado de Acción Ciudadana.

El diputado unipersonal del Frente Amplio José María Villalta Florez-Estrada catalogo como un gran avance esta ley y más la posibilidad de darle más poder a la ciudadanía.

Villalta Florez-Estrada señalo como un avance en justicia social y derecho humano que se estableciera el permiso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para poder extraer agua de áreas protegidas en caso necesario.

Para el diputado Victor Emilio Granados Calvo, miembro de la Comisión de Ambiente, se logró dar un gran paso con este tema pero nos falta el gran desafió de trabajar en la ley de cambio climático

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Costa Rica requiere poner orden en portación de armas

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

31 de marzo del 2014 – La ciudadanía ante el aumento en la sensación de inseguridad ha optado por solicitar más permisos de portación de armas el problema es que muchas veces terminan en manos de los delincuentes.

Es por ello que legisladores de diferentes fracciones sostienen la necesidad de contar con una nueva ley que ponga orden tanto en la adquisición como en la portación de armas.

La reforma a la ley que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico pretende precisamente establecer mayores controles en el manejo de armas y municiones, con lo que busca un cambio significativo en materia de seguridad ciudadana.

Un aspecto ampliamente analizado por los diputados es la falta de regulación en el sujeto, ya que la ley actual tiene como punto central el instrumento (arma), y no su poseedor.

Este vicio se corrige en el texto mediante el incremento de los controles referentes al poseedor, al tomarse en cuenta los antecedentes penales de quien pretende ser propietario de un arma, a lo cual se añade la necesidad de que el legítimo propietario posea conocimientos y destrezas que lo acrediten como un usuario responsable.

A esta medida se agrega la prohibición de portar armas a las personas que se le dicte medidas cautelares por parte de las autoridades judiciales.

El ministro de Seguridad Pública Mario Zamora Cordero quien respalda la reforma, aseguró durante su audiencia a la comisión que la nueva ley contribuirá a disminuir los homicidios en el país, por lo que manifestó la necesidad de aprobarla a la mayor brevedad.

Objeciones

En materia de armas y municiones el proyecto pretende brindar apoyo a las actividades deportivas, estableciendo que los competidores acreditados puedan poseer dos armas por cada categoría deportiva, lo cual les permite ejercer su actividad en forma adecuada y dentro de los parámetros de la ley.

Pero Rodrigo Carvajal Herrera, Presidente de la Asolación de Tiro al Blanco sostuvo durante su audiencia ante el grupo parlamentario que algunas disposiciones de la reforma “afectan seriamente lo que es tiro deportivo en el país, así como otras medidas que en lugar de mejorar la seguridad, más bien estaría fomentando el mercado negro y otro tipo de cosas.

Una de las objeciones que hizo esta asociación a la iniciativa tiene que ver con las limitaciones en la recarga, pues su presidente aseguró que “limitando la recarga no vamos a ganar nada; los delincuentes desgraciadamente no tienen una máquina de recarga en su casa, necesitan permisos, los insumos son sumamente difícil conseguirlos y hay que hacerlo a través de las entidades autorizadas”.

Uno de las nuevas modificaciones a ley vigente es que se incorpora el tema de las armas de colección, debido a los vacíos sobre este tema en la norma vigente, no existen registradas de las mismas, situación que se pretende solucionar permitiendo la existencia de armas coleccionables y creando así una cultura de legítimo poseedor responsable en sus titulares.

En materia de explosivos, se eleva a rango legal la obligatoriedad de una coordinación entre los Ministerios de Salud y Seguridad Pública y se incorporan conceptos avanzados especialmente en los de tipo pirotécnico, para llevar un control más estricto.

Con relación a las armas para defensa personal se instaura un incremento en las exigencias del examen de idoneidad, calificando al usuario por tipo de arma, al tiempo que se deja para la elaboración del reglamento los detalles de este nuevo examen.

Se incluyen también regulaciones en cuanto a las armas propiedad de las empresas de seguridad privada, cuya cantidad estará directamente relacionada con el número de oficiales inscritos ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privada.

Dificultades en el trámite

Aunque legisladores de todas las fracciones coinciden en la necesidad de aprobar una nueva ley en esa materia, aseguran que las objeciones que hacen algunas de las partes afectadas dificultan su avance.

El presidente de la comisión Carlos Góngora Fuentes expresó que entre las objeciones que se le han hecho a la iniciativa esta lo que tiene que ver con la recarga de los casquillos, así como el marcaje.

La jefe de fracción de Acción Ciudadana e integrante de la comisión de Seguridad y Narcotráfico Carmen Muñoz Quesada, coincide en que difícilmente el proyecto podrá ser aprobado en comisión antes de finalizar sus labores el 30 de abril.

“Es un proyecto de ley importante y necesario, pero difícilmente será aprobado en la presente administración Hay grupos que adversan que el Estado tenga la potestad de otorgar los permisos para portar armas pues son del criterio que se puedan adquirir como un producto más en el mercado,” expresó.

Por su parte la congresista de Liberación Nacional Elibeth Venegas Villalobos sostiene también la necesidad de que el país tenga un registro y control de las armas.

Venegas Villalobos resaltó además la importancia de que los menores de edad no puedan asistir a los polígonos, pues no están preparados psicológicamente para ese tipo de actividades.

En caso de que los actuales legisladores no logren la aprobación de esta iniciativa, les quedará la tarea a los próximos congresistas quienes asumen sus funciones a partir del primero de mayo.

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Diputados negocian texto para nueva ley de gestión integrada de recurso hídrico

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de marzo del 2014 – El proyecto de ley presentado a través del mecanismo de iniciativa popular con el respaldo de más de 150 mil firmas se encuentra en análisis de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

La iniciativa busca establecer un nuevo marco legal para la gestión del recurso hídrico del país, que promueva la gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua.

El Presidente de la comisión, Alfonso Pérez Gómez señalo que se busca avanzar en las negociaciones para poder dictaminar un texto mejorado antes del vencimiento del plazo establecido por ley.

Pérez Gómez indicó que la comisión sesionara de forma extraordinaria la noche del jueves y el viernes a partir de las 9:00am con la idea de lograr definir el tema al término de los 200 días establecidos para la discusión del proyecto.

Como parte de ese proceso de negociación se acordó recibir en la sesión de hoy a los representantes de la Alianza Nacional en Defensa del Agua (ANDA) para que explicaran su posición al proyecto.

Roberto Castro Córdoba, en representación de ANDA sostuvo que el país está urgido de esta legislación y apoyaron la presentación por esta vía dado que establece un plazo perentorio para su votación.

Los representantes agregaron que la rectoría del recurso es fundamental pero se opusieron a la idea de que la misma sea compartida entre varios ministerios.

El próximo lunes esta iniciativa deberá entrar en el orden del día del Plenario Legislativo para su discusión y votación final al haberse vencido el plazo estipulado de dos años para su trámite.

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