Categoría: Legislación

Luis Pablo Quirós Araya, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de agosto del 2013

Tras 18 años de su promulgación los legisladores y legisladoras de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminaron las reformas a la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, contempladas en el expediente 18283.

Esteban Chaverri, asesor del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE, señaló que la propuesta incorpora la definición de discapacidad totalmente actualizada, quedando como “aquella condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las barreras debidas a la actitud y al entorno físico, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”.

Al respecto Chaverri expresó “era necesario armonizarla y actualizarla al contexto actual, y además ponerla en orden con la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad y concretamente agrega dos definiciones, para añadirle el componente social, es decir, aquellas situaciones que la agravan como las barreras arquitectónicas, las barreras de información, las actitudes negativas”.

Entre las reformas destacan la incorporación de una multa de un salario base contra aquella persona que discrimine, excluya o cometa preferencia por alguna discapacidad.

En cuanto a los servicios públicos se actualiza la multa a dos salarios bases contra aquellos concesionarios que irrespeten las regulaciones establecidas para dicha población.

Se actualiza a ¢94000 la multa para aquellos conductores que utilicen los espacios de parqueo asignados a las personas con discapacidad, como establece la Ley de Transito.

El proyecto incorpora la siguiente definición de accesibilidad “son las medidas adoptadas, por las instituciones públicas y privadas, para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público”.

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Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de agosto del 2013

El ex ministro de Comunicación, Francisco Chacón González junto a la Señora Irene Pacheco Alfaro, ex asistente de la Presidenta de la República fueron llamados a comparecer ante la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y el Gasto Publico.

En el seno del grupo legislativo se realiza una investigación sobre el viaje que hiciera la Presidenta de la República, Laura Chinchilla el pasado 11 de mayo a Perú para asistir a la boda del hijo del segundo vicepresidente, Luis Liberman y además, reunirse con el Presidente de dicha nación, Ollanta Humala. Con el fin de obtener el último visto bueno de varias naciones del sur para que Costa Rica se integrara a la Alianza del Pacífico.

En la cita aseguraron que fueron engañados por parte de la compañía que facilitó el avión. Según Chacón cuando asistieron a la cita con los representantes de la compañía THX Energy conocieron de la poca relación comercial de la firma en el país pero que posteriormente se dieron cuenta por los medios que el nombre que les dio uno de los personeros no correspondía a la realidad.

“En esa visita estuvieron presentes Gabriel Ofalan, Gerardo Herrera y Rolando Fonseca, cada uno de los cuales nos entrego sus respectivas tarjetas de presentación. Allí los personeros de la compañía explicaron que sus operaciones locales eran mínimas, pues su trabajo consistía básicamente en coordinar la logística de las operaciones que llevaban a cabo en otros países de la región y además indicaron no tener interés en realizar de actividades locales en el sector energía y que habían intentado incursionar fallidamente en la producción de palma africana”, agregó Chacón.

El ex Ministro de Comunicación aseguró que tomaron la decisión de que la Mandataria utilizara el avión privado porque en su momento pensaron que no había conflictos de interés.

Por su parte, la asistente de la Presidenta, Irene Pacheco leyó su defensa y dijo que ante la investigación que se lleva a cabo en el Ministerio Público sobre el tema, no contestaría preguntas y los diputados tampoco le hicieron consultas.

El escándalo provocó la renuncia del ministro Chacón, de la asistente Pacheco y del encargado de la seguridad de la Presidenta y del Director Nacional de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mauricio Boraschi.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

21 de agosto del 2013

Destacando la importancia del desarrollo del comercio exterior, José Manuel Quirce Lacayo, presidente de la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) dio su apoyo al TLC con Colombia, el cual se tramita bajo el expediente 18805 en la Comisión Permanente Especial de Relaciones  Internacionales y Comercio Exterior.

El empresario quien fue llamado por la comisión para conocer su criterio sobre la iniciativa recalcó que la evolución del comercio exterior en  el país permitió que sectores como el de servicios  hayan evolucionado, generando mejores trabajos, mayores oportunidades para la población.

Destacó que gracias a este desarrollo el país cuenta con empresas de producción de primer mundo ubicándose como el  cuarto exportador de tecnología, impulsando el espíritu emprendedor.

La comisión también recibió a Álvaro Camacho Mejía, presidente de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional quien expresó que el TLC permitirá un acceso directo de los medicamentos nacionales a Colombia.

“El acceso directo a ese mercado suramericano es importante porque los productos costarricenses entrarán con cero aranceles al mercado colombiano” expresó Camacho.

El acuerdo establece un programa de desgravación arancelaria con una amplia cobertura donde Colombia otorga el acceso inmediato del  69% del universo arancelario, donde se incluye cacao en grano, sal refinada, papel y textil entre otros.

Dentro  de los productos beneficiados se encuentran: el follaje, puré de banano, pastas de arroz, mientras que en el sector industrial se incluye los neumáticos, instrumentos médicos y  medicamentos entre otros.

En cuanto a la desgravación arancelaria se negociaron  plazos que van desde los tres hasta los 15 años y se estableció  una lista de productos excluidos como es el café, carne de res, pollo cerdo, arroz, productos plásticos entre otros.

Los legisladores también recibieron a Jordi Pratt, Viceministro de Hacienda quien explicó los alcances del expediente 18553 Quinta Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.

Destacó que el convenio establece un aumento de la cuota que le corresponde aportar a Costa Rica al fondo el cual se incrementará en  134 millones de dólares.

La iniciativa  además establece una reforma a la conformación del Directorio del organismo donde Europa pierde dos puestos, los cuales los ganan los países emergentes.

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Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de agosto del 2013

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro Fernández, se presentó ante la Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración para darle su apoyo al expedienten 18735, que pretende modernizar las instituciones del Estado.

La legislación propuesta establece varios cambios que pretenden agilizar instituciones como el mismo MOPT, la Contraloría y Procuraduría General de la República, en procesos como el de las expropiaciones para construir obra pública.

Castro Fernández expresó “en este proyecto apoyamos los cambios que se le desean hacer a la Contraloría General de la República, por ejemplo, que le vendrá a dar más agilidad al CONAVI y otras instituciones del Estado. El tema de expropiaciones es de interés particular, el ministerio tiene nuevos procedimientos para agilizar los procesos de expropiación”.

El Ministro explicó que debido a los atrasos en los procesos de expropiación, el costo de las obras incrementa sustancialmente, tal como sucede con la nueva carretera a San Carlos.
Castro destacó que uno de los máximos problemas que se dan a la hora de realizar expropiaciones comienza por realizar las notificaciones a los dueños de las propiedades que se pretenden adquirir, y advirtió que la nueva forma propuesta en el proyecto para solucionar este problema es una muy buena medida.

“Los atrasos en la Costanera Sur, se dieron en gran parte porque no se podían localizar los dueños de los terrenos para notificarlos. Muchos eran personas extranjeras que ni siquiera vivían en el país. Así es que este nuevo sistema mediante publicación en medios de cobertura nacional es una muy buena medida”, adujo.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de agosto del 2013

Luis Antonio Sobrado, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), manifestó que esta institución ha emitido una serie de resoluciones, para que se respete la participación de las mujeres en las estructuras partidarias y en las papeletas de elección popular.

Sobrado compareció en la Comisión Permanente Especial de la Mujer, quien se refirió a la investigación de control político sobre las repercusiones en contra de los derechos políticos de las mujeres que han provocado las interpretaciones que ha emitido el TSE a la aplicación de la paridad en las totalidades de los partidos políticos conforme lo expresa el Código Electoral.

El compareciente indicó que este tema es de gran importancia para poner de manifiesto el valioso y el enorme compromiso que ha tenido el Tribunal Supremo de Elecciones con la causa de la inclusión política de las mujeres.

Señaló que en un artículo publicado en la Conferencia Inaugural del Segundo Encuentro de Magistradas de la Justicia Electoral Iberoamericana, se hace un desglose pormenorizado de las medidas concretas en que el Tribunal ha marcado un cambio de las más grandes dimensiones en cuanto a la incorporación de la mujer al espacio político, un espacio que tradicionalmente le ha estado velado especialmente por una cultura patriarcal.

“Tenemos que recordar que el sistema de cuotas del 40% de mujeres ya se encontraba vigente para las elecciones desde 1998, sin embargo la práctica tradicional de los partidos en esa oportunidad, fue colocar tendencialmente a las mujeres en los pisos de las papeletas, es decir, en lugares donde tenían escasas posibilidades de ser electas, y eso explica porque el fruto de esa elección en la Asamblea Legislativa se llegó a un pobre 19% de mujeres parlamentarias”, explicó.

Es por ello según dijo que el Tribunal dicto en el año 1999 una resolución, en donde se estableció  que el 40% de las mujeres candidatas en las nominas partidarias no solo debían de figurar en la globalidad de las listas sino también en sus puestos elegibles.

Por otro lado Luis Antonio Sobrado señaló, que en la actualidad en cuanto al tema de la paridad y alternancia, el Registro Electoral, es el órgano encargado de velar por el respeto y para que en todas las nominas de la próxima elección aparezcan en forma alterna hombre mujer, o mujer hombre, y que nunca haya más de una persona por genero superando al otro, de lo contrario esta dicho órgano no podrá aprobar ni inscribir a cualquier partido que irrespete dicha norma.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de agosto del 2013

Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Nombramientos recibieron a cuatro candidatos a magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que aspiran a ocupar la vacante que dejo por deceso el Dr. Luis Paulino Mora Mora.

La primera aspirante que expuso sus propuestas fue Eugenie Salas Chavarría, quien manifestó que ha trabajado básicamente en materia laboral, lo cual consideró muy importante estar en la sala, porque conoce muchos asuntos laborales, como por ejemplos de despidos injustificados, que no se da el debido proceso, en materia de pensiones, entre otros.

«En la Sala nunca se ha nombrado un especialista en Derecho Laboral, han estado constitucionalistas, de familia y de otras materias, creo que mi experiencia y la madurez que tengo en estos momentos como mujer, es muy importante pues aporta esa visión femenina » dijo la candidata.

Por otro lado Omar Rivera Mesén señaló, que tiene 26 años de ser funcionario público, actualmente trabaja en la Procuraduría General de la República, y desde el año de 1998 ostenta el cargo de Procurador en el área de Derecho Público.

«La Procuraduría es una escuela muy bonita de trabajo, es como un bufete muy grande, porque hay muchísimas materias, pero el énfasis en el Derecho Público y en el Derecho Constitucional lo he tenido en razón de mis funciones y mi preparación académica» dijo Rivera.

Otras de las candidatas que expuso sus ideas ante los diputados fue Milagro Rojas Espinoza quien señaló que ha estado involucrada en temas de gran impacto social, como son los derechos de los niños y niñas, los derechos con las personas con discapacidad, los de las personas que están privadas de libertad y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

«Todo este trabajo que venía realizando, generó que yo entrara a trabajar al Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas como consultora, en temas como niñez y adolescencia, justicia penal juvenil, justicia penal de adulto, todos estos proyectos con gran éxito» dijo la candidata a magistrada.

Finalmente Iris Rojas Morales manifestó que la Sala Constitucional tiene siete plazas de magistrados y durante veinte años ha estado ocupado sólo por una mujer, por lo que menciono que las mujeres representan la mitad de la población.

«Nuestra lectura y nuestra realidad y nuestra forma de socialización hace que la lectura que nosotras hagamos de la Constitución, sea de género, es una lectura de nuestra realidad, como mitad de la población quiero aspirar a representar a esas mujeres en la lectura de la constitución» comento Rojas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Púbicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de agosto del 2013

Nelson Arroyo, representante del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó que de acuerdo a un estudio que realizaron sobre la regulación de precios del arroz, ésta no contempla varios aspectos de la realidad del mercado, tanto nacional como internacional.

Arroyo compareció en una sesión de trabajo con los diputados que integran la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que se refiriera al estudio que realizaron sobre los precios del arroz, a solicitud del Ministerio de Economía Industria y Comercio.

“Se hizo un análisis de la situación actual de la actividad arrocera, a raíz de los cambios en el contexto tanto nacional como internacional en los últimos años, con el objetivo de contar con un instrumento técnico y objetivo para analizar el mecanismo actual de fijación de precios de cara al cumplimiento de los objetivos para los cuales este mecanismo fue creado”, explicó el compareciente.

Dentro de las conclusiones de dicho estudio, Nelson Arroyo comentó que, la fijación de precios actual no contempla varios aspectos de la realidad del mercado tanto nacional como internacional, esto debido a que los argumentos económicos no justifican el actual sistema de fijación de precios del arroz.

Así mismo indicó que los consumidores están pagando mayores precios, particularmente los de menores ingresos. Además por efectos del sistema de pagos por calidades los productores reciben precios diferentes que pueden ser mayores o inferiores al precio fijado.

“La productividad del sector se mantiene estancada y muestra tendencia hacia la baja en los últimos años, el aumento que hubo en producción fue por área sembrada y no por rendimientos. Los niveles de concentración del mercado arrocero no se han disminuido con la fijación de precios”, señaló.

Finalmente puntualizó que es necesario emigrar a un esquema alternativo a la fijación, que considere el comportamiento de los precios internacionales, que de señales más claras sobre el comportamiento del mercado y que favorezca la toma de decisiones de los productores, evitando el incumplimiento con obligaciones internacionales contraídas.

“Es necesario preparar al sector arrocero para la apertura de mercados que es el inicio del proceso de desgravación que inicia en el año 2016”, concluyó.

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