Categoría: Legislación

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de abril del 2013

Legisladores de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público continuaron pidiendo explicaciones al Ministro de Obras Publicas, Pedro Castro y al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Concesiones Edwin Rodríguez sobre el contrato para la ruta San José – San Ramón.

El diputado  del PAC Manrique Oviedo Guzmán se refirió al modelo financiero utilizado en las negociaciones para dar en concesión a la empresa brasileña OAS la ampliación de la vía.

El congresista  se quejó del bloqueo de dos de las páginas del modelo financiero lo que impide el acceso a la información y solicitó los atestados de las personas que realizaron la información.

El Secretario Técnico del Consejo respondió que el modelo toma en cuenta varios aspectos como son las inversiones iniciales del proyecto, así como  las que se deben realizar a lo largo del contrato, gastos operativos y la demanda  entre otros.

Añadió que fue él quien analizó el modelo financiero junto con José Alberto Zúñiga quien aseguró cuenta con los atestados para realizar esa labor y hoy le acompaño a su audiencia a la Comisión.

Rodríguez Aguilera informó que la empresa OAS fue notificada del refrendo que hizo la Contraloría General de la República el 27 marzo, momento en que empieza a correr los seis meses de la orden de inició de las obras.

Por su parte el legislador socialcristiano Walter Céspedes Salazar pidió al ministro Pedro Solano la renuncia a su puesto asegurando que fue asesor de las empresas OAS y CACISA, esta última participó en la construcción de la trocha fronteriza.

Aseguró además que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la Ética  sobre la participación del jerarca dando  asesoría a esas dos empresas.

Los diputados  aprobaron solicitar la comparecencia para el próximo martes de la Comisión Evaluadora de los Atestados de la potencial cesionaria que emitió el documento “Evaluación de los requisitos y atestados del cesionario para la ruta San José- San Ramón”.

También se acordó llamar en audiencia al Director de Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, LANAMME,  y a Humberto Pereira Diniz representante de la empresa OAS.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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18 de abril del 2013

El Magistrado de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla Sandi compareció ante la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior  para respaldar la aprobación del convenio sobre la ciberdelincuencia.

Chinchilla Sandi  resaltó que  vino a este foro a dar una  pequeña visión de algo tan importante para el país, ya que Costa Rica no puede perder  la oportunidad de ratificar este convenio, porque estos son delitos no convencionales cometidos por medios sofisticados que lleva a mucha impunidad.

El Magistrado indicó que este no es un convenio impositivo sino un instrumento que nos viene a dar sugerencias para tener un marco mínimo de regulación y nos compromete a una mayor modernizar de la  legislación nacional.

Sostuvo que en este convenio y pese a que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos más avanzados no se regulan los delitos informáticos cometidos por los “hackers” que es cuando se ingresa sin provocar daño o alteración a los sistemas violando la intimidad de las personas.

Otra de la legislación contenida en este convenio y que Costa Rica no contempla es el abuso de los  dispositivos y la falsificación informática con lo cual se tiene un rezago en regulación cibernético en el país.

Asimismo abogo por trabajar para permitir la extradición de nacionales investigados por delitos violentos, sexuales, homicidios y narcotráfico en lo que califico como una tarea pendiente que tenemos a nivel mundial.

La presidenta de la comisión, Jeannette Ruiz Delgado mencionó la importancia del  acompañamiento en cooperación para lograr esos mínimos que se establecen en el convenio ya que este es un tema actual y dado que el desarrollo informático va muy rápido.

El diputado de Liberación Nacional, Luis Fernando Mendoza  Jiménez indicó que luego de esta audiencia tienen más criterio y  tranquilidad sobre la importancia del convenio, ya que es buen instrumento que plantea un reto al país para avanzar y reforzar  el marco legal.

Por su parte la legisladora del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo  califico como “una gran clase de derecho en un tema tan especializado” la participación del magistrado Chinchilla.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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17 de abril del 2013

El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas y el Ministro de Trabajo, Olman Segura Bonilla comparecieron ante los integrantes de la Comisión Permanente  de Asuntos Sociales para referirse a la ley para proteger el empleo en tiempos de crisis.

Para el Secretario General de la ANEP el problema más importante que tiene el país es el crecimiento de la desigualdad social y por eso el tema del empleo y el salario se vuelve muy sensible.

Reseñó que este año se cumplen 70 años del Código de Trabajo, legislación muy importante para la clase trabajadora y la paz social de Costa Rica.

“Como país no hemos aprendido de la importancia del dialogo nacional pese a que muchas de las grandes transformaciones sociales de los últimos años fueron producto de dicho dialogo”, acotó Albino Vargas.

Sostuvo que dicho  tema se debió haber abordado en esas instancias y se llegara con un documento consensuado para su pronta aprobación.

Por su parte el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla  indicó que es muy importante que exista una ley en esta dirección para la atención y protección de los trabajadores.

“Creemos que este proyecto de ley debe contar con aportes de empleadores y de trabajadores para poder consensuar lo que se pueda llegar a implementar como ley de la República”, señaló Segura Bonilla. 

El jerarca de trabajo mencionó la necesidad de algunas modificaciones al texto original.

Segura Bonilla  advirtió de una serie de contradicciones y vacios en la redacción del proyecto entre ellos en la jornada de doce horas tanto diurna como nocturna y el tiempo de descanso.

Tampoco  se estipula ningún régimen sancionatorio si el empleador no cumple con la obligación de dotar con transporte y áreas de cuido de niños en jornadas ampliadas.

Señalo que igual el texto del proyecto es omiso en el tratamiento legal de los tres días libres ya que solo uno se consideraría descanso semanal.

El Ministro hizo la advertencia de analizar lo referente al tema de la flexibilidad laboral y sugirió incluir modificaciones para que su uso se aplique por sectores para no generar un daño mayor.

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María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
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16 de abril del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios aprobó una moción que amplia de 50 a cien fanegas de café, la producción afectada por la roya que pueda recibir los beneficios de un fidecomiso.

Se trata del  proyecto de Ley N 18733, Ley para la creación del fideicomiso de apoyo a los a productos de café afectados por la roya (hemileia vastatrix) que inicialmente establecía  la atención integral que enfrentan los agricultores  cuya producción sea igual o menor a 50 fanegas.

Además  la moción  extiende  el periodo de tiempo  parta acogerse a los beneficios pues el texto original abarca la cosecha  2012-2013 y ahora se incluye la de 2013-2014, esto porque existen cafetaleros  que van a comenzar de nuevo con las cosechas  y el proceso puede tardar hasta dos años, según afirmó  la diputada  liberacionista Annie Saborío Mora.

“Es necesario ampliar el plazo pues de lo contrario  se dejarían  desprotegidos a los productores que recogen su cosecha entre el finales del 2013 y principios del 2014”, explicó.

La legisladora liberacionista aclaró que  sólo se apoyará en el periodo 2013-2014  a aquellos cafetaleros  que tuvieron renovación total o parcial de sus producciones.

También se modificó el proyecto de ley, eliminando el artículo 5, el cual hacía referencia  a la declaratoria de interés público y a la prevalencia de este sobre cualquiera que se le oponga.

El fideicomiso  recibirá recursos de tres fuentes, la emisión de hasta 40 millones de dólares de bonos por parte del Ministerio de Hacienda  que debe ser incluido en un presupuesto extraordinario.

La segunda fuente es el  aporte  del 50% del superávit de Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares, FODESAF por una única vez, además se autoriza en el proyecto de ley las  donaciones, transferencias y aportes de instituciones públicas y privadas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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16 de abril del 2013

Mayra Díaz Méndez, Gerente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), manifestó que están pendientes de diferentes estudios que se han solicitado a varias instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias, para ver la viabilidad de un terreno que se pretende donar a la Fundación Canis y otra organización pro vivienda y ayuda comunal.

La jerarca de esa institución compareció en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración para que se refiriera al expediente 18241 Autorización al IMAS para que done tres terrenos de su propiedad a la Fundación Canis Costa Rica.

Díaz mencionó que el IMAS adquirió esos terrenos en el año de 1996 con la finalidad de construir un proyecto habitacional de interés social, quienes en ese entonces era para aproximadamente 200 familias que hicieron esa solicitud ante esa institución.

Sin embargo señaló que cuando inició la actual administración se les informó que la finca que cuenta con seis hectáreas tenía limitaciones en cuanto a que no contaba con servicio de agua y por otro lado tenía fallas tectónicas de consideración, por lo tanto era de alto riesgo para la construcción habitacional.

“Hubo estudios o algunas informaciones de instituciones en el pasado que manifestaba que ese era el problema que se tenía. Participé en una reunión con la Fundación Canis y coincidimos con el doctor Fernando Marín, Presidente Ejecutivo del IMAS, que es una fundación cuya finalidad es importante para el país y creemos conveniente que vale la pena que le ayudemos”, mencionó.

En este mismo sentido manifestó que además existe una Asociación Pro Vivienda  que ha solicitado diferentes estudios a Acueductos y Alcantarillados y a la Comisión Nacional de Emergencias sobre la viabilidad de esos terrenos y están a la espera a ver qué usos se les pueda dar a esas fincas.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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16 de abril del 2013

Los representantes del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) se presentaron en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para explicar el destino de los fondos que recibe.

Según explicaron dicho Patronato se encarga de potenciar el desarrollo de la persona con discapacidad, en riesgo social o marginación, garantizándole un mayor bienestar social, así como una mejor calidad de vida.

Los dirigentes indicaron que se vieron perjudicados ante la disminución  del monto que les corresponde recibir en razón del impuesto adicional que se cobra junto con el impuesto sobre la propiedad de vehículos establecido en el inciso n) del artículo 9 de la Ley Nº 7088 del 30 de noviembre de 1987.

La reforma que se realizó por medio del artículo 250 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nº 9078 del 4 de octubre de 2012, hizo cambios cuyos efectos inciden en la recaudación de esta  organización.

Sostuvieron que antes de la reforma de octubre de 2012, y según con el inciso n) del artículo 9 se indicaba la suma de ¢125 como monto adicional, el cual debía actualizarse en el mismo porcentaje en que se aumentará la prima de seguro obligatorio de vehículos excluido el 33% que el Instituto Nacional de Seguros debía girar al Consejo de Seguridad Vial, y que al momento de emitirse la nueva Ley de Tránsito correspondía a ¢1.700.

No obstante, agregan, en vez de ese monto, el legislador estableció un monto de ¢1.000, con lo cual las instituciones beneficiadas están recibiendo menos dinero del que percibían hasta ese momento.

“La situación real luego de la reforma de la Ley 7088 genero un duro golpe en las finanzas de la institución al generar un reducción de 175 millones”, acotó Vinicio Meneses, Presidente del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE).

El Presidente hizo la advertencia de que se redujo con esta reforma el  33% del presupuesto total,  con lo cual a julio dejarían dejar de operar por el déficit presupuestario.

Señalo que el 92% de los recursos que se obtenían por medio de este impuesto a los vehículos se destinaba al pago de salarios del personal especializado en rehabilitación.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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16 de abril del 2013

La Contralora General, Marta Acosta Zúñiga y los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) comparecieron ante los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para defender las actuaciones de dichos órganos en la adjudicación y refrendo de la cesión del contrato de construcción de la ruta San José – San Ramón.

La jerarca del ente contralor aseveró que buscan aclarar e informar ya que  existe una enorme desinformación sobre los alcances del refrendo ya que estos son más que todo  un proceso de legalidad y no de oportunidad, ni conveniencia, por lo que no implica un análisis integral del contrato, ni pueden entrar a realizar  recomendaciones debido a que no les corresponde.

Acosta Zúñiga sostuvo ante los legisladores que la Contraloría General se tomó el tiempo necesario para revisar el contrato  y para eso se destino  a diez profesionales de diversas áreas  a estudiar el contrato, “quiero ser vehemente, que es gente seria, responsable y honesta fue la que revisó el contrato”.

Dentro de los principales aspectos verificados en la concesión de San José San Ramón mencionó:

• Coherencia en los estudios técnicos y jurídicos que conllevaron a la modificación contractual por razones de reequilibrio, actualización a nuevas condiciones y bancabilidad.
• Pago de especies fiscales correspondientes.
• Claridad y consistencia de las cláusulas contractuales modificadas.
• Concordancia  entre las modificaciones y las normas jurídicas aplicable.
• Existencia de un acto administrativo dictado por la Administración en el cual se expusieran  las razones de interés público que justificaron la decisión de oportunidad yconveniencia que conllevó a  la cesión de contrato, como alternativa a las otras soluciones que tenía la Administración.
• Estudios técnicos que demuestren que la nueva contratista cumple con los requisitos particulares del cartel.
• Capacidad de representación por parte de los suscribientes.

“El refrendo no constituye un procedimiento administrativo, no es una auditoría ni de investigación, el análisis de legalidad se analiza por un estudio del expediente dado por la administración. No es a la CGR a la que le corresponde fijar tarifas ni el tipo de obras, tampoco tenemos la potestad de decir, no queremos concesión, queremos otra cosa, eso está fuera de nuestro alcance”, aseguró Acosta.

Por su parte el Ministro de Planificación Nacional, Roberto Gallardo se refirió, en representación de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para hacer el recorrido cronológico que ha tenido el proceso de concesión  e indicar que no  se ha estado actuando de manera precipitada sino que este ha sido un procedimiento que lleva más de once años.

Señalo el Ministro de Planificación que se ha presentado en todos estos años una incapacidad del Estado por realizar las expropiaciones y aprovecho la ocasión para pedir la pronta aprobación de las reformas en materia de ley de expropiaciones.

El Ing.  Edwin Rodríguez Aguilera, Secretario Técnico del CNC aseveró que el diseño de la obra fue realizado por la empresa Autopistas del Valle y revisado por la empresa Compañía de Asesoría en Construcción e Ingeniería (CACISA) que era el ente supervisor del momento.

CACISA fue contratada  por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para el diseño de los planos y supervisión de algunos procesos, trabajos por los que cobró cerca de tres millones de dólares entre 2004-2006.

El diputado de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán señaló y cuestionó el trabajo de la Contraloría al indicar que  lo único que hizo fue un check list y no un análisis profundo del contrato.

La presidenta de la comisión de gasto público, Patricia Pérez Hegg le planteo a la Contralora General la posibilidad de renunciar al cargo si se logra comprobar actos irregulares, a lo que Acosta Zúñiga contesto que está segura de que el trabajo se dio apegado a la ley.

Por su parte el diputado Luis Fishman Zonzinski  dijo que no se podía declarar de interés público el refrendo dado que por once años no se realizo ninguna obra y señaló que la Contraloría debió haber rechazado ad portas la solicitud de refrendo de cesión a favor de la empresa OAS.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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16 de abril del 2013

Representantes de varias cooperativas, se pronunciaron en contra del proyecto 18601 Fortalecimiento del Centro Costarricense  de Producción Cinematográfica, al considerar que el impuesto para crear un fondo para financiar al cine es desproporcional y afecta a sus organizaciones.

Elías Calderón Gerente de Coopesantos, Edward Herrera de Coopelesca R.L y Olman Alvarado de Coope Alfaro Ruiz, comparecieron en la Comisión Permanente Especial  de Ciencia y Tecnología y Educación.

Calderón de Coopesantos, manifestó que se aponen al proyecto específicamente a los artículos 20 y 25 referidos al financiamiento para esta actividad, según dijo, no se han hecho los análisis correspondientes para fundamentar el impuesto del 1%  a los cableoperadores lo que afecta en forma negativa a las cooperativas.

“Uno de los objetivos de la entidad, en el caso de nosotros en el área que servimos, es cerrar la brecha digital del país llevando los servicios a nuestra región que es una zona rural poco privilegiada, un impuesto más comprometería los costos y la calidad en el servicio”, mencionó.

Así mismo añadió que la cooperativas paga a terceras personas por los derechos de señal de los canales de televisión, de los contenidos que vende a sus usuarios y no resulta justo tener que continuar pagando otro impuesto que se convierte en un repago con cargo a los que utilizan el servicio.

Edward Herrera de Coopelesca señaló que un impuesto iría directamente sobre los ingresos, afectaría los costos, ya que las cooperativas operan el servicio al costo y por lo tanto han renunciado al margen de utilidad logrando mejores precios para ofrecerles a los asociados.

“Por lo anterior la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos se opone a dicho proyecto en todos sus alcances y solicita se haga cumplir el artículo 7 de la Ley 6158 donde establece que debe existir todo un orden tanto a su ley orgánica como reglamentos, cómo es que van a operar y como van a rendir cuentas de ese dinero que estarían entrando”, comentó Herrera.

Finalmente Olman Alvarado de Coope Alfaro Ruiz, indicó que esta carga impositiva adicional que pretende dicho proyecto es un golpe más a la operación, ya que queda claro que este sector ya aporta recursos al Fondo Nacional de Telecomunicaciones sin ver ningún beneficio.

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