Categoría: Legislación

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

16 de abril del 2013

La Contralora de la República Marta Acosta Zúñiga apuntó  que al proyecto para crear el fideicomiso y desarrollar la provincia de Limón debe aclararse varios conceptos específicamente en los artículos 1,2 y 3.

Acosta Zúñiga compareció en la  Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo junto a Jorge Villalobos Clarke Presidente Ejecutivo de la  Refinadora Costarricense de Petróleo, RECOPE, quienes se refirieron al expediente 18500 Ley de creación de un fideicomiso de desarrollo de la provincia de Limón.

Entre los aspectos señalados por la Contralora esta el aclarar la naturaleza del fideicomiso, para qué se constituye, definir quién es el  fideicomitente, quien administrará los recursos entre otros aspectos.

 Otro de los señalamientos de la Contralora es en el artículo 2  pues no deja claro si el 1% que RECOPE aportará  es del presupuesto o bien es un número real, y en  artículo  3  se indica que los recursos que se le asignen a las municipalidades se incorporarán a sus presupuestos.

Otro de los puntos señalados por la contraloría es aclarar si es un fideicomiso o una transferencia de fondos por parte de la refinadora a los seis cantones que integran la provincia de Limón.

Aclaró que en la Contraloría saben que tienen que vigilar por estos dineros, por lo que sugirió eliminar esta supervisión del proyecto, ya que significará muchos papeles y considero que lo mejor es, en el momento de la evaluación, solicitar la documentación necesaria.

Por su parte el Presidente Ejecutivo de RECOPE Jorge Villalobos señaló que  la entidad debe operar al costo y los fondos para el fideicomiso deben formar parte de la estructura tarifaria de la entidad, para no tener deudas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

15 de abril del 2013

Por unanimidad los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos,  recomendaron ratificar la reelección de José Pablo Sauma al cargo de miembro propietario ante la Junta Directiva de la Autoridad  Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Dicha recomendación la presentaran al Plenario Legislativo, instancia que decidirá la reelección o no de Sauma. El nombramiento se vence en los próximos días.

El candidato expresó ante los diputados de la comisión que fue nombrado el año pasado en este cargo, para completar el periodo de María Lourdes Echandi, quien había renunciado al cargo.

“ARESEP es una institución de vital importancia para el país, y que debe lograr el equilibrio justo entre los servicios a precio y de calidad para los usuarios, pero también las tarifas para los proveedores de los servicios que permitan las inversiones, lograr ese balance y esa función reguladora es muy complicado”, dijo Sauma.

En este mismo sentido añadió que la entidad ha avanzado en varios temas, como por ejemplo la parte organizativa, dándole a la institución una estructura que permite un mejor cumplimiento de la función reguladora.

“Estamos avanzando en temas como los sistemas de información ya que no cuenta la institución con sistemas adecuados y el fortalecimiento sobre todo de los modelos para la fijación de tarifas.

Hay todo un proceso de revisión de los modelos porque muchos de estos vienen desde los años 90 o antes cuando en muchos casos tenía el Ministerio de Obras Públicas la función de elaborarlos”, recalcó.

Finalmente señaló que una de las funciones primordiales de seguir en la ARESEP es promover que los modelos sean transparentes y que todas las personas tangan acceso a saber cómo se calculan las tarifas y cuál es la información que se utilizar para las fijaciones de precios.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

La Comisión Permanente de  Asunto Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 18703 Reforma de la Ley de regulación de intermediación financiera de organizaciones cooperativas.

La iniciativa permite a las cooperativas distribuir entre sus asociados los excedentes de los fondos de cesantía al ampliar sus facultades en  la administración de los mismos.

Rodolfo Navas, Presidente del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa  CENECOOP afirmó que la reforma es necesaria pues no estaban claras las disposiciones en comparación con otros sectores  que administran cesantía.

Aseguró que el  proyecto avalado por todas las instituciones y sector cooperativo pretende darle mayor solidez a los recursos  de cesantía que administran las cooperativas de ahorro y crédito.

Destacó que estos entes son fundamentales en el sector financiero costarricense, pues concentran casi el 9% de los activos totales del área por encima de las mutuales.
Por su parte Daniel Mora del Banco Popular expresó que la iniciativa aclara dudas legales que existen respecto a la administración de los fondos de cesantía por parte de las cooperativas.

Recalcó que estos entes administran casi 30 mil millones de colones por ese concepto desde hace más de 12 años pero ante dudas surgidas por esta labor se hace necesaria la aprobación de la reforma.

El proyecto además le permitirá a las cooperativas ampliar su margen de inversión al autorizarles invertir hasta un 30% de los fondos de cesantía  en el sector privado.

Las inversiones se realizarán en entidades supervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras SUGEF y con un nivel de riesgo normal.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

Aunque no están de acuerdo con la creación de un impuesto para crear un timbre para el mejoramiento de la justicia, de aprobarse solicitaron que  el tributo tenga un destino específico dijo Luis Ortiz Zamora Asesor Legal de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica.

Ortiz Zamora compareció junto con el magistrado Fernando Castillo en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para referirse al expediente 17526 ley de creación del timbre para el mejoramiento de la justicia.

El jurista  apuntó que al sector financiero se le cargan responsabilidades y estas ya suman el 48% y no es posible que se le sumen más tributos.

Para el magistrado Castillo Víquez  el proyecto de ley no resulta contrario a la Constitución Política pues la tarifa propuesta es razonable.

Explicó que el 0.5 % propuesto no es desproporcionada para el Poder Judicial, que al igual que otras entidades estatales, tiene  limitaciones en cuanto a edificaciones y el tributo tiene un destino especifico como es soporte logístico informático de las oficinas jurisdiccionales.

Los recursos del  timbre ayudarán a fortalecer la parte tecnológica, en la era digital, al pasarse del expediente físico al virtual actualmente la Sala Constitucional el  98% de las votaciones son electrónicas.

Solicito  a los diputados que es necesario dejar claro en la ley, quien asume el costo del timbre, porque de no hacerlo, este  se podría cargar a los  demandados en las costas procesales o bien establecer que  este tributo seria  a cargo de los demandantes.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

Allan Hidalgo Campos, Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), señaló que la figura de concesión, arrendamiento o permiso de uso, daría seguridad jurídica, a los pobladores de Limón, que habitan aéreas de dominio público.

Hidalgo compareció en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, para que se refiriera al expediente 17838 Ley para brindar seguridad jurídica a los poseedores sobre la finca inscrita a nombre de JAPDEVA, de la provincia de Limón.

“El tema de la titulación es un tema ya abordado por la Sala Constitucional y ellos han contestado diciendo que no pueden ser sujetos de titulación, bienes que son de dominio público, hay que buscar una solución y esta es dar como alternativa una figura que podría ser la concesión, el arrendamiento o el permiso de uso”, explicó el compareciente.

En este mismo sentido añadió que es muy fácil resolver el problema a la gente que habita la zona de Tortuguero, Colorado o Barra de Parismina, porque ya viven en esos lugares, sin embargo Hidalgo se preguntó con aquellos poseedores que tienen mega fincas, que desarrollan una actividad económica, incluso personas que cuentan con 200 hectáreas.

“Entonces que limites le vamos a poner, porque el objetivo fundamental que todos buscamos es ponerle limites, ayudar a la gente humilde y sencilla, pero con todas aquellas empresas y personas que desarrollan actividades lucrativas, con bienes que son de dominio público y que tienen grandes extensiones de tierra, cuales son los limites que les vamos a poner, el gran reto se centra ahí”, comentó.

El Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, sostuvo que evidentemente existe un problema social y económico en esas zonas, pero que la titulación de tierras no es la mejor forma, debido a que de las 132 mil hectáreas que hay, según un estudio realizado, al menos 80 mil hectáreas son patrimonio natural del Estado.

“La diferencia es lo que eventualmente podría ser sujeto de algún tipo de figura que podría sentar un nivel de seguridad jurídica, hablamos de concesión, arrendamiento o permiso de uso, por eso hemos pensado que como Gobierno la solución no está en un proyecto de ley exclusivamente para JAPDEVA sino varios proyectos de ley de manera integral, que venga a darle una solución a la problemática en general de este país”, puntualizó Allan Hidalgo.

Finalmente dijo que existe una comisión de alto nivel integrada en Casa Presidencial que está analizando ver la posibilidad de presentar tres proyectos de ley para poder solucionar dicho problema y evitar que haya abusos en esas tierras.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

El Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pedro Castro Fernández compareció ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para aclarar dudas y defender la concesión de  la ruta San José – San Ramón.

El jerarca indicó que por ley el Consejo Nacional de Vialidad se encuentra imposibilitado para construir una obra de estas dimensiones dado que su prioridad es dar mantenimiento a la red vial nacional y de hacer la construcción se quedaría sin dinero para invertir por cinco años.

El jerarca explicó detalladamente a los diputados los beneficios que traerá la ampliación de esta vía a los usuarios, tanto en ahorro de tiempo como de combustible.

A su vez que defendió que las concesiones son un mecanismo para hacer la obra sin endeudamiento público y sin tener que pagar por impuestos y darle al país una obra de infraestructura que no se hubiera podido hacer de otra manera.

“Uno no podría decir que va a concesionar la ruta Cañas- Liberia por ejemplo pero son vías donde pasa un tránsito de vehículos muy pequeño y no se justificaría jamás darlo a una empresa privada”, mencionó Pedro Castro.

En total la obra contempla la construcción de diez puentes y la ampliación de ocho estructuras más que se amplían, cinco estaciones de peaje, 29 pasos peatonales, 43 bahías de buses, espaldones en la totalidad de la vía para dar seguridad.

El diputado de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán denunció que el contrato de concesión tiene una cláusula donde establece que la empresa podrá no pagar los impuestos municipales en el periodo en que se encuentre en construcción.

“El contrato establece que “la actividad de construcción de obra y explotación del servicio público otorgada en concesión, ejercida por el concesionaria, no se encontrará sujeta al impuesto de patente municipal”, señalo el legislador del PAC.

Señalo que además establece que el concesionario y sus subcontratistas no estarán sujetos al derecho de asistencia y cupón del registro establecido en los artículos 52 y 57 incisos c) de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada le cuestionó la existencia de un informe elaborado por consultores del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) donde se establecía que había la posibilidad de hacer las obras en la ruta con un mínimo aumento de los peajes sin necesidad de concesiones.

A lo que el ministro Castro contesto que no existe ninguna opción, la opción más barata es esa concesión, ya que los peajes del Estado son de mantenimiento y las tarifas no se actualizan desde el 2002.

Para el próximo martes 16 de abril a las 9:00am se espera la comparecencia del  ministro del MOPT,  de los miembros del Consejo Nacional de  Concesiones y de la Contralora General.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de abril del 2013

Rodolfo Madrigal, Vicepresidente de la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (CONCASOL), manifestó que no es posible que el solidarismo con los recursos que maneja producto del aporte de los mismos trabajadores, no pueda realizar una ampliación a su ley, para incorporar a los pensionados y  sigan formando parte de las asociaciones.
Según la ley actual de estas agrupaciones, cuando los trabajadores se pensionan, se les liquidan todos sus ahorros y dejan de formar parte de ellas, quitándoles las posibilidades a estas personas de que puedan disfrutar de una serie de beneficio como clubes, créditos, convenios entre otros.

Madrigal compareció en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación, en conjunto con David Eduardo Solano, Director General de la Escuela Social Juan XXIII y Enrique Acosta Presidente del Movimiento Solidarista Costarricense, para que dieran su opinión con respecto al proyecto 18669 Reforma del artículo 8 de la Ley de Asociaciones Solidaristas.

“Las asociaciones solidaristas tienen inversiones en activos, y que fueron adquiridos con parte de los excedentes que fueron dejando sus asociados y  resulta que en el momento cuando se pensiones se les dice hasta aquí llegó porque la ley dice eso, entonces los inhibimos de poder disfrutar de clubes, de una serie de beneficios, convenios, universidades para sus hijos o nietos, que ayudan al desarrollo de la sociedad”, comentó Madrigal.

En este mismo sentido añadió que hoy en día uno de los grandes problemas que tiene el país es el cambio de su estructura poblacional, donde los adultos mayores van siendo cada vez más una proporción mayor y que han puesto en amenaza inclusive los sistemas de pensiones.

“Entonces no es posible que el solidarismo con los recursos que maneja producto de los mismos trabajadores, cuando ellos están de acuerdo no puedan girar una ampliación a su ley para dar la mano a esta gente que una vez que se retira no tienen posibilidades de muchas cosas, ni de créditos, ni de beneficio, ni de acceso a clubes, ni cosas que ellos mismos ayudaron a  construir”, señaló.

Por su parte David Eduardo Solano, Director General de la Escuela Social Juan XXIII, mostró una preocupación en cuanto al texto del proyecto donde se pretende reformar el artículo 8 de la ley de asociaciones, pretendiendo admitir a trabajadores pensionados, es decir que ya no tienen un vínculo con el patrono desvirtuando ese principio.

Enrique Acosta Presidente del Movimiento Solidarista Costarricense, sostuvo que abrir esa posibilidad de incorporar a los pensionados, prácticamente dijo se estaría desvirtuando ese principio que es la base fundamental sobre la cual se construyó la columna vertebral del solidarismo.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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4 de abril del 2013

Representantes de las asociaciones de Empresas de Seguridad y de los Reservistas coincidieron en que la reforma a la ley de armas explosivos puede generar la aparición de un mercado negro y aumentar la delincuencia.

Así lo manifestaron Allan Guillén Miranda, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad y Ramón Lamboglia Castillo, presidente de la Asociación de Reservistas al referirse al expediente 18050 Reforma general a la Ley de armas y explosivos que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

Ramón Lamboglia Castillo es del criterio  que la aprobación de la reforma dificultará la adquisición de un permiso para portar armas lo que propiciará la existencia de un mercado negro.

Aseguró que en el país existe un gran número de lugares   donde se puede adquirir armas y la nueva ley que se tramita incentivará ese negocio paralelo.

Por su parte  Allan García vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad destacó la labor que desempeñan en la custodia de empresas y entidades del Estado.

Aseguró que están de acuerdo en que el país cuente con una ley moderna pero cuestionó algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto en trámite por considerar que restringe el acceso al número de armas  que pueden obtener, lo que aseguró servirá para la creación de un mercado negro.

Aseguró que las armas son una herramienta para la labor que realizan “mientras los delincuentes anden armas, la seguridad privada requiere portar armas”. 

Pero enfatizó en la necesidad de contar con una ley moderna que contribuya a dar mayor seguridad a los ciudadanos y las empresas ante el aumento de delitos.

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