Categoría: Legislación

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

26 de julio del 2016 – Sin descuidar el ambiente y la protección de árboles en el país, el MOPT propone quitar trabas en los trámites y permisos ambientales con el fin de agilizar la reparación y la construcción de carreteras.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

26 de julio del 2016 – Los funcionarios de seguridad informática del Banco Central, Miguel Carballo Chavarría y Luis Guillermo zumbado Chinchilla, señalaron a los diputados de la Comisión de Hacendarios que la institución necesita entre 18 a 24 meses para poder operar y desarrollar el registro de accionistas del proyecto de lucha contra el fraude fiscal.

Los funcionarios explicaron que desde el 2007 la institución viene dando servicios que han demandado la implementación de medidas de seguridad y de certificaciones ISO entre ellos firma digital, SINPE.

Carballo Chavarría indicó que las reglas del servicio del registro de accionistas deberían establecer que cuando un funcionario que tiene necesidad de saber información concreta exista una bitácora y auditoría sobre cuál información está accediendo cada usuario y para proponen el uso de firma digital como autenticación.

“El acceso debería ser solo para los funcionarios con el rol apropiado, solo a la cantidad de información que requiera y que deban haber rastros que permitan evidenciar claramente a que se accedió y a qué hora del día”, señaló Carballo Chavarría

El jefe de fracción del Movimiento Libertario Otto Guevara Guth señaló su desconfianza con el Ministerio de Hacienda ya que pueden abusar de la información y las penas establecidas para los funcionarios que den mal uso de la misma es muy simple.

Ante estas consultas el director de Tecnología del Banco Central, Luis Guillermo Zumbado Chinchilla, acotó que recurrirían al personal de la institución para hacer frente a esta nueva responsabilidad dado que hay sensibilidad en este registro.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Pablo Quirós, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de julio del 2016 – Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público cuestionaron a la Ministra de Cultura, Silvie Durán por la aparente preferencia hacia un grupo de amigos al momento de contratar para las actividades que organiza el Ministerio.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de julio del 2016 – Con el objetivo de evitar que las cárceles sigan recibiendo más personas por delitos menores y se produzca mayor hacinamiento, se discute un proyecto de ley en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para reformar el Código Procesal Penal.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

21 de julio del 2016 – Álvaro Saborío Rocafort, Presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), asistió a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios a dar criterios con relación al expediente 19245 sobre la lucha contra el fraude fiscal.

El jerarca señaló que a las entidades bancarias se les dan responsabilidades incompatibles con su naturaleza con el riesgo de ser sancionados por incumplimiento ya que en la propuesta los bancos se les exigen una estructura que repercute en más personal y mayores costos.

Saborío Rocafort indicó que resulta cuestionable cuando se usen decretos ejecutivos o reglamentos bancarios para incluir aspectos que no están tipificados en esta ley de fraude fiscal y puso como ejemplo que la declaración de renta que los bancos deben solicitar a los clientes para el otorgamiento de créditos y que se eliminó del proyecto, se haya ahora incluido dentro de las normativas de la Superintendencia de General de Entidades Financieras (SUGEF).

El presidente de la ABC pidió a los legisladores dejar muy bien redactada la norma legal para no se obligue a los bancos a realizar funciones distintas a su naturaleza.

Representantes de la Asociación Bancaria Costarricense denunciaron ante los diputados que el Ministerio de Hacienda tiene listo un decreto para que los bancos tengan la obligación de transferir al Instituto Costarricense contra Drogas (ICD) de las diferencias entre los estados financieros y la declaración de renta de los clientes bancarios.

“Los bancos no somos especialistas en renta y no competencia de los bancos determinar cuáles ingresos son gravables y cuáles no”, acotó Saborío Rocafort.

Sobre el registro de accionistas el jerarca indicó que los bancos hace años cumplen con ese registro tal como lo establece la ley y los reguladores, por lo que la información está a la vista y accesible, por lo que los bancos no tienen la responsabilidad de ser custodios ni fiscalizadores de este registro.

El funcionario indicó que la ABC siempre apoya reformas fiscales y se requieren cambios pero dentro de marcos aceptables sin poner en riesgo el crecimiento económico ni irrespetar los derechos de privacidad.

Sobre el tema de multas del porcentaje del patrimonio mostró sus dudas en la forma de calcularlos ya que no tiene razón de aplicarlas por el tema de proporcionalidad de los bancos.

Para el Asesor Legal de la Asociación, Mario Gómez Pacheco el proyecto de ley viene solo a mejorar las normas de recaudación no viene a facilitar para que quienes produzcan riqueza lo vengan a hacer al país, esto genera más tramitología y burocracia.

El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth indicó que se deben cerrar los portillos para evitar una interpretación abusiva de la Dirección de Tributación Directa, así como regular la participación del ICD.

Los legisladores de la comisión acordaron recibir en audiencia al Viceministro de Hacienda, Fernando Rodriguez, al especialista fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, Alberto Daniel Barreix, al Procurador, Juan Luis Montoya Rivera y al representante del Departamento de Seguridad Informática del Banco Central, Miguel Carballo Chavarría.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de julio del 2016 – Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias, señaló ante los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios que el problema de fraude fiscal está en la informalidad y el contrabando durante su comparecencia para exponer criterio del expediente 19245 sobre lucha contra fraude fiscal

Agregó que los industriales están preocupados por mejorar condiciones para más empleo, la formalidad de empresas y mejorar competitividad, por lo que no comparte la generalización odiosa que culpa a empresarios del problema fiscal del país.

“Casi el 90% de las empresas que conforman la Cámara de Industrias son pymes y si les agregamos más costos lo que estamos haciendo es fortaleciendo y no resolviendo la enorme informalidad que tiene el país”, indicó Egloff.

El jerarca señaló algunas observaciones entre ellas que la Dirección de Tributación Directa pueda acceder a la información son muy amplias por la inteligencia tributaria preventiva que violaría la Constitución Política.

Asimismo sostuvo que el manejo de este registro de accionistas debe ser para casos de fraude complejo y no para control de riesgo, como tampoco apoyan que la Dirección de Tributación Directa y el Instituto Costarricense contra Drogas deban tener las mismas fortalezas informáticas que el Banco Central pues no se limita el acceso a la información del registro.

Para el presidente de la Cámara el tema de seguridad y confidencialidad del manejo de la información del registro de accionistas es fundamental y se mostró tranquilo con que sea el Banco Central quien custodie el registro pero es importante que la información no esté disponible hasta que se estén claro con el tema de seguridad.

El diputado oficialista Henry Mora Jiménez, ante estas dudas sobre seguridad de la base de datos, promueve la audiencia al Director de Informática del Banco Central para despejar cualquier duda.

«Trataremos de asegurarle al sector industrial que el registro de accionistas no entrará a regir hasta que se cumpla con los estándares internacionales», sentenció Mora Jiménez.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de julio del 2016 – Allan Saborío Soto, representante Deloitte Costa Rica, asistió a la Comisión de Asuntos Hacendarios para exponer su criterio con respecto al proyecto 19245 lucha contra el fraude fiscal.

Para el compareciente es necesario incluir en el texto de la ley un capítulo sobre derechos y garantías del contribuyente, además calificó las penas de desproporcionadas.

Saborío Soto indicó que el nuevo texto es una evolución interesante ya que se eliminaron componentes que no eran afortunados, pero se debe trabajar antes en otras leyes.

Según agregó, en el 2012 se modificó la Ley de Normas y Procedimientos Tributarios que vino a dar mayores responsabilidades a la Administración Tributaria pero no se han atacado ni modernizado las leyes de renta e impuesto de ventas.

El compareciente dejó claro a los legisladores que no comparte la idea de creación del registro de accionistas ya que no existe seguridad en el resguardo de la información, más bien apoya la idea de dar mayor accesibilidad de la información para llegar al beneficiario final.

El legislador Otto Guevara Guth pidió a los legisladores no aprobar el registro de accionistas y más bien ampliar los actores que deben llevar un registro y que sean ellos quienes tengan la información actualizada.

Por su parte el legislador oficialista Henry Mora Jiménez propuso consultar el criterio de la Procuraduría General con relación a algunas inconstitucionalidades que se han señalado.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de julio del 2016 – En una audiencia con la Comisión de Asuntos Económicos, representantes del Tribunal de Transporte Público indicaron que la aprobación del proyecto 19900, que crea el Instituto Nacional de Infraestructura Vial, traería el cierre total del Tribunal por lo que se oponen a la iniciativa.

Fuente: Asamblea Legislativa.