Categoría: Legislación

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de julio del 2016 – Los abogados Adrián Torrealba del bufete Facio y Cañas y Humberto Pacheco del bufete Pacheco y Coto plantearon cuestionamientos y correcciones al proyecto de lucha contra el fraude fiscal que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Humberto Pacheco cuestionó el registro de accionistas que se pretende establecer en el proyecto de ley asegurando que ningún país cuenta con una disposición como esa.

El especialista en temas fiscales sostiene que Costa Rica si tiene registro de accionistas porque en los bancos públicos y privados no se abre una cuenta corporativa en la que no se establezca el último beneficiario físico.

El legislador Otto Guevara del Movimiento Libertario recordó que el proyecto de ley lo que pretende es un registro centralizado de accionistas al cual tenga acceso la Dirección de Tributación Directa sin una orden judicial.

Pacheco es del criterio que Tributación directa no necesita conocer a los accionistas para controlar los movimientos de dinero pues sostiene que para eso con una orden judicial puede acceder a esa información.

Por su parte, Adrián Torrealba considera innecesario que el proyecto de ley establezca que solo en el domicilio del contribuyente se pueda entregar las notificaciones eliminando la posibilidad de hacerlo en las oficinas de los abogados.

Además cuestionó el plazo que se establece en la ley para la realización de las Investigaciones pues en muchos casos no se toma la decisión afectando al contribuyente por lo que a su criterio no debería ser mayor a tres años.

El proyecto establece un plazo de 5 años sobre las penas afirmó que las mismas son desproporcionadas al establecerse hasta cinco años de cárcel, lo cual afirmó dificulta el papel del delito fiscal

Con respecto a la prescripción, el especialista sostiene que debería abarcar la responsabilidad civil del delito penal.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

18 de julio del 2016 – El Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Franco Pacheco, explicó ante los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios, una serie de dudas que tiene la entidad con respecto al expediente Nº 19245, Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Esta iniciativa presenta adiciones al Código Tributario donde se propone crear el artículo 18 bis el cual se refiere al deber que tiene toda persona física o jurídica que desee obtener cualquier autorización, licencia o permiso ante la Administración Pública o municipalidades, de estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y en la presentación de sus declaraciones ante las dependencias del Ministerio de Hacienda.

El proyecto propone en su artículo 4 que el sistema financiero nacional privado y público, deberá requerir como requisito la presentación de las declaraciones del impuesto sobre las utilidades, para efecto de tramitar las solicitudes de financiamiento o aseguramiento, con el fin de que estas sean valoradas para la aprobación o su denegatoria.

Por otra parte, el artículo 5 plantea establecer mecanismos de fomento a la utilización de medios de pago electrónicos con la finalidad de mejorar el control tributario. De esta manera se prevé la posibilidad de conceder una devolución de hasta un punto porcentual de la alícuota del Impuesto General sobre las Ventas por las compras realizadas utilizando estos medios conforme a rangos de actividad y tipos de comercios, lo cual facilita la gestión y fiscalización del Impuesto General sobre las Ventas y paralelamente el Impuesto sobre la Renta.

Según Pacheco, la normativa propuesta podría tener roces constitucionales, en el artículo 106 que se refiere al “Procedimiento para requerir información a las entidades financieras”, donde para la UCCAEP la Constitución habla de confidencialidad y aquí quedaría al descubierto los avalúos.

A criterio del Presidente de UCCAEP el artículo 149 Órganos competentes para sancionar que señala “que las sanciones por las infracciones administrativas establecidas en este Código, serán impuestas por los órganos de las administraciones territoriales o de grandes contribuyentes de la Administración Tributaria, a los que, reglamentariamente, se les asigne competencia para el control del cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias, tanto formales como materiales”, violenta el principio de legalidad.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

18 de julio del 2016 – Costa Rica sería el segundo país en el mundo en aplicar el concepto de beneficiario final de aprobarse el proyecto de ley que mejorar la lucha contra el fraude fiscal, informó Rafael Sayagues de Ernst and Young S. A. a la Comisión de Hacendarios donde se tramita la iniciativa.

Según explicó Sayagues, el único país que aplica algo similar a lo que se pretende implementar en Costa Rica es Noruega “Ninguno de los países grandes de la economía del G20 como Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos han desarrollado ningún tipo de reglamentación o sistema en materia de registro de beneficiario final”.

Con respecto a Noruega, explicó, que el sistema escandinavo tiene una recaudación de las más altas del mundo por lo que cuentan con un modelo donde el Estado provee las necesidades más importantes de todos sus habitantes”.

El experto en el tema fiscal expresó que antes del 2016 el concepto de beneficiario final como se pretende realizar en el país no existía, por lo que no hay ejemplos de su aplicación.

Sayagues añadió que la mayoría de los grandes países tienen previsto que hasta después del 2018 implementarán algo similar a ese concepto

El proyecto de fraude fiscal al cual el Plenario le aprobó un trámite expedito introduce el concepto de beneficiario final en la lista de registros como un mecanismo para combatir la evasión fiscal.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

7 de julio del 2016 – El Ministro de Hacienda a.i., Fernando Rodríguez Garro, expresó que el trámite del proyecto de fraude fiscal, con el consecuente registro de accionistas, no se puede postergar más.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

7 de julio del 2016 – Los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron iniciar investigaciones sobre los gastos de los Ministerios de Turismo y Cultura y para eso recibirán en audiencia a Mauricio Ventura y Silvie Durán respectivamente y al exviceministro del MOPT Sebastián Urbina, para que se refiera a las acciones que llevaron a su despido.

Así como abrir también una investigación sobre el manejo de los recursos que la Comisión Nacional de Emergencias transfiere a la Red Sismológica Nacional de la UCR y para ello recibirán a Henning Jensen, Rector de la UCR, Iván Barrantes, Presidente de Comisión Nacional de Emergencias y Rolando Mora Chinchilla responsable de los recursos que gira el CNE a la UCR.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

7 de julio del 2016 – Con muchas dudas sobre la necesidad y, conveniencia de los fideicomisos firmados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la participación de ex funcionarios en las unidades ejecutoras, la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público recibió en audiencia a jerarcas de esta institución.

Luis Pacheco Morgan, Gerente de Energía y Jesús Orozco, Gerente Financiero explicaron a los integrantes de la Comisión los planes de fideicomisos en ejecución.
Para los funcionarios la institución ha aplicado esa figura por la conveniencia y ha ido perfeccionando la figura.

Orozco indicó que la figura de los fideicomisos se dieron hace muchos años en respuesta a la limitación al endeudamiento que tenía el ICE.

Para el presidente de este foro legislativo, Mario Redondo Poveda es preocupante esta relación que han venido analizando entre altas autoridades y ex funcionarios con el manejo de fideicomisos operativos.

El diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas Mora señaló que con esta audiencia se buscaba esclarecer la forma en que se han usado los fideicomisos y la participación de altas autoridades en la toma de decisiones.

Para el diputado Otto Guevara Guth, jefe de fracción del Movimiento Libertario cuestionó que se busca disfrazar los arrendamientos financieros por arrendamiento operativo, así como la razón de que ex funcionarios fueran contratados para las unidades ejecutoras de los proyectos de Garabito, Peñas Blancas y Cariblanco.

El legislador de Acción Ciudadana, Ottón Solis Fallas fue otro de los que alzó la voz para mostrar su preocupación por la participación de ex funcionarios que conformaron una empresa y luego fueron contratados en unidades ejecutoras sin ninguna labor específica.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

6 de julio del 2016 – Los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos recibieron al viceministro del MOPT, Mauricio González, y al Director del Consejo de Transporte Público, Mario Zarate, con quienes coinciden en la viabilidad de cerrar dicha dependencia.

Fuente: Asamblea Legislativa.