Categoría: Plenario

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de octubre del 2015 – Tras una larga discusión, los 41 diputados aprobaron una solicitud de permiso de sobre vuelo, aterrizaje de una aeronave no artillada de la Guardia Costera de los Estados Unidos.

El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, explicó que Aviación Civil debe ser la entidad gubernamental encargada de brindar los permiso de permanencia, atraque o sobre vuelos de aeronaves siempre que estas no sean artilladas.

Mientras que todo permiso de naves de guerra debe pasar por el Plenario Legislativo para su aprobación y de esta manera cumplir con lo establecido por la Constitución Política de nuestro país.

Muchas de las aeronaves y embarcaciones artilladas que ingresan a territorio nacional lo hacen como parte de la lucha contra las drogas y el crimen organizado.

El presidente de la Asamblea, el diputado Rafael Ortiz Fábrega dijo que la Constitución señala que se deben aprobar los permisos que tienen que ver con tropas extranjeras o aeronaves al país.

Señaló que pueden ser más de 700 u 800 en un año y a su criterio muchos no deberían pasar por la Asamblea.

Gerardo Vargas Varela, jefe de fracción de Frente Amplio coincide con el presidente de la Asamblea al asegurar que las naves de guerra deben pasar por el Plenario Legislativo.

Vargas Varela aseguró que Aviación Civil no está cumpliendo con su trabajo debido a que a criterio de su fracción, la Asamblea Legislativa no tiene por qué aprobar permisos para naves donde por ejemplo viajen presidentes o funcionarios de gobierno.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

13 de octubre del 2015 – Los gobiernos locales podrán hacerle frente a los proyectos viales de sus comunidades con la aprobación en segundo debate del expediente 18001, Primera Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, que busca transferirle a las municipalidades 200 millones de dólares, de los fondos provenientes del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Según el proyecto, una vez ejecutado el 50% de los recursos, “se transferirá el equivalente al 1,5% de los ingresos corrientes de las leyes de presupuesto de la República, certificados por la Contraloría General de la República como ingresos probables para los años económicos subsiguientes a las anualidades financiadas”.

Esta última dotación de recursos se transferirán en relación directa con el mejoramiento de la carga tributaria y cuando esta ascienda al 15,9% del Producto Interno Bruto.

Además, esta ley crea el Patronato de Obras y Servicios Municipales con personalidad y capacidad jurídicas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.

El Patronato de Obras y Servicios Municipales estará dirigido por un Consejo Directivo compuesto de siete miembros, todos de nombramiento municipal, a través de los procedimientos de representatividad que el reglamento respectivo establecerá.

Los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se transfieran a las municipalidades conservarán los derechos laborales y demás beneficios adquiridos de conformidad con la legislación laboral costarricense hasta que dejen de ejercer sus funciones conforme a las causales que establece el derecho laboral. En caso de oposición por parte de algún funcionario afectado con la transferencia, el MOPT determinará si es viable su reubicación con preservación de sus derechos laborales, caso contrario se procederá al cese con responsabilidad patronal.

El jefe de fracción de Acción Ciudadana, el diputado Marco Vinicio Redondo Quirós, señaló que esta es la primera vez que se le transfieren la totalidad de los recursos a las municipalidades.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, mostró su preocupación al asegurar que la iniciativa pone en riesgo a más de mil funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

6 de octubre del 2015 – Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate, el expediente 19407 Ley Para Mejorar la Lucha contra el Contrabando que introduce multas y sanciones cuando el valor aduanero de la mercancía exceda los 5 mil dólares.

La iniciativa establece pena de prisión de tres a cinco años, cuando el valor aduanero de la mercancía exceda los cinco mil pesos centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien:

a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero.

b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero.

c) Entregue, extraiga o facilite la extracción de mercancías del depósito aduanero, de los estacionamientos transitorios o de las zonas portuarias o primarias, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.

Así mismo se establecen penas de cinco a quince años de prisión y la multa equivalente a cuatro veces el monto del valor aduanero de las mercancías, cuando en alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 211 de esta ley concurra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones:

a) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de violencia o intimidación.

b) Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura, con la finalidad de transportar mercancías eludiendo el control aduanero.

c) Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos referentes al despacho de las mercancías, personas físicas o jurídicas a quienes se les haya usurpado su identidad, o personas físicas o jurídicas inexistentes.

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Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

29 de setiembre del 2015 – En su comparecencia ante el Plenario Legislativo, el Ministro de Información Mauricio Herrera reconoció que ha llamado a algunos medios de comunicación, no para amedrentarlos, sino para aportar datos que aclaren informaciones.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de setiembre del 2015 – Los productores de la Región Chorotega contarán con un mercado regional mayorista para vender sus productos, luego de que el Plenario Legislativo diera el aval definitivo en segundo debate al expediente 19622 que autoriza un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana, por cerca de 50 millones de dólares para financiar este proyecto.

La infraestructura se construirá en un terreno ubicado en el asentamiento campesino María Auristela en Sardinal de Carrillo y beneficiará a los once cantones de la provincia de Guanacaste, el cantón de Upala de la provincia de Alajuela y las comunidades de Paquera, Jicaral, Cóbano y Lepanto del cantón central de la provincia de Puntarenas.

El área de construcción es de 50.855 metros cuadrados y contempla la construcción de un galpón con 36 locales de 100 metros cuadrados cada uno, destinado para la comercialización de frutas y hortalizas, un galpón con 16 locales destinados a comercialización de carnes rojas, carnes blancas, granos básicos y polivalencia, una red de frio en la que se establecerá 7 cámaras bitemperadas y 2 túneles de congelamiento, entre otras obras.

El legislador de Liberación Nacional, Juan Marín Quirós se mostró a favor del proyecto y resaltó la necesidad de ayudar a esta zona del país.

Por su parte la legisladora del Frente Amplio, Suray Carrillo Guevara instó a los legisladores a ser vigilantes del buen uso de los recursos para que se pueda dar un acompañamiento a los productores de la zona.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

8 de setiembre del 2015 – Críticas sobre la sub ejecución de los recursos, incumplimientos del análisis de costo de los programas y el financiamiento del gasto corriente con deuda, fueron la tónica de las últimas sesiones del Plenario Legislativo, donde un grupo de 30 legisladores rechazaron la liquidación del Presupuesto 2014.

El legislador de Liberación Nacional Rolando González Ulloa dijo que este es el “gobierno de las contradicciones”. Comentó que según la Contraloría se da un deterioro de las finanzas públicas mayor al previsto.

“Hay una no ejecución de recursos, por ejemplo en el Ministerio de Seguridad”, señaló la diputada Karla Prendas Matarrita.

Por su parte, la legisladora del Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos indicó que “el presupuesto es la sangre del Estado y tiene efectos en el tipo de sociedad en el que vivimos”.

Para Mora Castellanos en el país hay una creciente violación de los derechos laborales e hizo un llamado para que la discusión del presupuesto, para el próximo año, no se quede en los “fríos números”, y no se deje de lado el tema social.

Mientras que el jefe de fracción del partido de Gobierno, Marco Vinicio Redondo Quirós, comentó que este presupuesto del 2014 fue ejecutado por esta administración, pero que fue planteado con los ejes de la administración de la ex mandataria Laura Chinchilla.

Aseguró que ninguna ejecución presupuestaria podrá ser aprobada por el serio problema fiscal que enfrenta el país.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de agosto del 2015 – Los diputados aprobaron en primer debate, el expediente 19122 Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Federal de Alemania para evitar doble imposición de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

El convenio tiene como fin proporcionar las reglas para la eliminación de circunstancias de doble imposición.

Los primeros artículos del Acuerdo se refieren al ámbito de aplicación del Acuerdo, así como a las definiciones y demás generalidades requeridas para la debida aplicación e interpretación por parte de los Estados.

Además, del artículo 7 y al 22 se establecen las reglas pactadas entre los Estados en cuanto a la repartición de rentas producidas por concepto de dividendos, intereses, regalías, prestación de servicios personales dependientes e independientes, pensiones, entre otros, así como lo referido a los impuestos fijados sobre el patrimonio.

En cuanto al artículo 23 determina el procedimiento que se debe seguir para aliviar las situaciones que puedan darse de doble imposición a un contribuyente.

También se regulan disposiciones referentes a la distribución de las rentas correspondientes a la renta y el patrimonio, así como normas especiales sobre temas como la eliminación de la discriminación tributaria en determinadas circunstancias (artículo 24), el establecimiento de un procedimiento de mutuo acuerdo para eliminar la doble imposición y resolver conflictos de interpretación del Acuerdo.

Según la exposición de motivos, las disposiciones que contempla el Acuerdo son acordes con el esfuerzo que ha venido haciendo Costa Rica en los últimos años por cumplir con el estándar de transparencia fiscal y con las actuaciones recientes relacionadas con el inicio de un proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Por otro lado, la iniciativa define el concepto de doble imposición hace referencia a aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujeto a imposición en dos o más países, por la totalidad o parte de su importe, durante un mismo período impositivo -si se trata de impuestos periódicos- y por una misma causa esto con el intercambio efectivo de información de relevancia tributaria.

El diputado Gerardo Vargas Varela manifestó que votó en contra del plan debido a que dicho proyecto afecta los ingresos tributarios de Costa Rica,

“Es una afectación pequeña pero la afecta y aquí hemos hablado mucho de la importancia de los tributos y de una reforma fiscal y con este proyecto nuestro país está dejando de percibir ingresos”, dijo Vargas Varela.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

25 de agosto del 2015 – Con 43 diputados a favor y 3 en contra, los diputados aprobaron en su trámite de Primer Debate el expediente 18001 Primera Ley Especial para la Transferencias de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.

La iniciativa tiene como finalidad transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley General de Caminos Públicos, Ley N. º 5060 de 22 de agosto de 1972, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 170 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley N.º 8801 de 28 de abril de 2010.

Según el proyecto, la Red Vial Cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del MOPT, así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley.

Asimismo, se considerarán como parte de la Red Vial Cantonal, las aceras, ciclo vías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras geo técnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos.

Por otro lado se establece que la conservación y mejoramiento de rutas cantonales queda limitada a las vías que cumplan estrictamente con los requisitos para rutas cantonales establecidos en la reglamentación de la presente ley.

El diputado William Alvarado Bogantes, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales manifestó en un comunicado de prensa, que dicha iniciativa permitirá la transferencia a las municipalidades de un 15% adicional de lo recaudado en el cobro del impuesto único de los combustibles, que serán destinados por los gobiernos locales para el mantenimiento de la red vial cantonal.

En este mismo sentido añadió, que dicho monto representaría aproximadamente 63 mil millones de colones, equivalente a un 1.5% de los ingresos ordinarios del Presupuesto de la República y fomentaría la descentralización estatal.

Por su parte el diputado Otón Solís Fallas, se pronunció en contra de la iniciativa al considerar que dicho proyecto no rebaja recursos de ninguna parte, ya que la forma de financiar esto, como el país tiene déficit, es colocando bonos, endeudando al país y al Estado, sin embargo, el legislador propuso que si se le va a dar a las municipalidades 63 mil millones, que se reste del Gobierno central y se mantiene el equilibrio presupuestario.

Pero los legisladores llegaron a un acuerdo de justificar su voto hasta el próximo jueves, mientras tanto el proyecto fue enviado a consulta a todas las municipalidades del país.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de agosto del 2015

Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate, el expediente 19662 Aprobación del Contrato de Préstamo 2175 suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar el proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega.

El origen del proyecto se fundamenta en la estrategia formulada por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), de extender los servicios para mejorar el abastecimiento, distribución y comercialización de frutas, hortalizas, pescado, marisco y otros productos en las regiones del país que por características demográficas, económicas, sociales y de producción así lo ameriten.

La economía de la provincia de Guanacaste se ha caracterizado a través de los años por ser predominantemente agropecuaria, destacando la producción de ganado. La economía regional experimenta un proceso de transformación para pasar a una economía de servicios vinculados especialmente a los servicios turísticos; mismos que demandan nuevos productos y servicios del sector agroalimentario.

Así mismo se dispone en la Región Chorotega y área de influencia del proyecto de un sistema eficiente y moderno de abastecimiento, distribución y comercialización de productos agroalimentarios.

Del objetivo anterior se desprende la gestión integral que se lleva a cabo, de tal manera que contempla la infraestructura a construir, los servicios, logística que se desarrollará para la operación del mercado, los procesos de abastecimiento, distribución y comercialización, así como la preparación de los agentes que participen en la operación del proyecto.

El diputado José Ramírez Aguilar, señaló que esta iniciativa es buena debido a que va en la línea del Estado que desde el Frente Amplio desea construir, un Estado que impulse el desarrollo de las familias habitantes de la nación, especialmente las que tienen menos acceso a los recursos.

El proyecto equivale en general en un contrato de préstamo de alrededor de 50 millones de dólares.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de agosto del 2015 – Con 45 votos a favor y por unanimidad, los diputados aprobaron en su trámite de primer debate, el expediente 19407 Ley para Mejorar la Lucha contra el Contrabando, que establece endurecer las sanciones contra los infractores o delincuentes tributarios aduaneros, en función de combatir la impunidad.

La iniciativa regula una vía legal para sancionar el contrabando hormiga, hoy desregulado de una u otra forma, además de hacer precisiones conceptuales sobre delitos aduaneros, infracciones administrativas y defraudación aduanera, sus agravantes y demás especificidades, como determinadas modalidades de responsabilidad legal por participar en estos ilícitos bajo esquemas de delincuencia organizada, con todo y sus métodos violentos.

Se establecen penas de cinco a quince años de prisión y la multa equivalente a dos veces el monto del valor aduanero de las mercancías, cuando en alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 211 de esta ley, concurra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones:

a) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de violencia o intimidación.
b) Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura, con la finalidad de transportar mercancías eludiendo el control aduanero.

Se reforma además el artículo 211 de dicha ley para reducir el umbral de punibilidad de cincuenta mil pesos centroamericanos (equivalentes a $50.000) a diez mil pesos centroamericanos (equivalentes a $10.000), esto con el fin de equiparar el monto al monto límite a partir del cual se realizan controles de capitales, que sirva de parámetro en este caso.

En otras palabras, esta iniciativa busca endurecer las sanciones contra los infractores o delincuentes tributarios aduaneros, en función de combatir la impunidad por lagunas normativas o atipicidades detectadas en la normatividad sancionatoria aplicable; así como en pos de ayudar a la administración competente a recuperar tributos dejados de pagar.

El diputado Antonio Álvarez Desanti, manifestó que este proyecto combate este flagelo que ha venido afectando en los últimos años y que ha costado mucho que se pueda promulgar una legislación para combatirlo y para frenarlo.

Dijo además que en esta ley se baja el umbral para que se constituya el delito de 50 mil dólares de violación a 5 mil dólares, lo cual significa que con mucho menos cantidad que se trate de pasar por las fronteras se va a constituir el delito y se va a poder sancionar a las personas que están violando las leyes de importación

Por su parte José Francisco Camacho, dio las gracias por haber revertido el error de poder vender cigarrillos en cajetillas de 10 y que los hubiera puesto como Asamblea Legislativa en una vergüenza ante la opinión publica costarricense.

Abelino Esquivel, señaló que la falta de controles son débiles y es por ello que es necesario fortalecer el tema de contrabando ya que se está contribuyendo a tener un país más legal, donde las cosas se hagan a la luz de la ley.

Nidia Jimenez dijo que esta ley es una muestra para el pueblo y principalmente para los niños y jóvenes de las escuelas y colegios en el sentido de que no se abrirá oportunidad para caer en problemas de vicios y salud pública se refiere.

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