Categoría: Plenario

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de setiembre del 2013

Los diputados aprobaron en segundo debate el expediente 18800  Aprobación del Tratado sobre el comercio de armas el cual busca regular prevenir y prohibir las transferencias de armas convencionales, sus municiones, partes y componentes.

La normativa se aplicará en aquellos casos en que las transferencias pueden generar una amenaza a los derechos humanos, contribuir a su comercio ilícito, o bien facilitar la violencia armada, el terrorismo, el crimen organizado, los crímenes de guerra o actos de genocidio, o tener un impacto negativo en el desarrollo socio económico del país receptor.

El Tratado es una iniciativa  impulsada por Costa Rica y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 abril de este año.

El diputado Danilo Cubero Corrales, jefe de fracción del Movimiento Libertario expresó que su agrupación dio el respaldo a esta iniciativa porque siempre han estado en contra de la tenencia de armas ilegales pero defendió el derecho del ciudadano de adquirir un arma.

La globalización del comercio de armas y en especial la ausencia de controles y normas internacionales fuertes y comunes para las transferencias de armas, ha hecho aún más difícil su control. 

Mediante el establecimiento de normas universales para las transferencias de armas, el Tratado pretende  desalentar la proliferación del comercio ilegal y garantizar que los controles establecidos por un Estado no se vean socavados por su ausencia  en otra nación.

Se estima que como resultado del  comercio de armas convencionales al menos 127 mil personas fallecen anualmente. Sin embargo, existen más regulaciones o controles globales para la exportación de productos agrícolas y teléfonos celulares que para la transferencia de armas convencionales.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y protocolo
Asamblea Legislativa

2 de setiembre del 2013

El Plenario Legislativo inicio el trámite en primer debate por el fondo del expediente 17954 Imprescriptibilidad de las deudas por cuotas obrero patronal de los seguros sociales, con el cual se busca reforzar los ingresos de la institución.

El diputado José María Villalta Florez- Estrada del Frente Amplio, proponente de la iniciativa destacó que con su aprobación se fortalecerá la Caja y sus herramientas para garantizar el cobro de las cuotas obrero patronal.

El proyecto reforma el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social estableciendo que no prescribirán las acciones penales por delitos contra la seguridad social como la retención indebida de las cuotas de los trabajadores.

El congresista recalcó que  se han dado casos donde no sólo se dejan de pagar las cuotas obrero-patronales sino que además   se retienen la cuota que corresponde a los trabajadores. Recordó que con la  aprobación de la Ley de Protección al Trabajador se estableció que la acción penal para reclamar el delito es de dos años y el mismo es menor al plazo de prescripción mínimo establecido en el Código Procesal Penal.

Resaltó que el proyecto plantea que la regla de prescripción por delitos penales contra la seguridad social serán las mismas establecida en el Código Procesal Penal y el Código Penal pero el plazo se empezará a computar cuando la Caja tenga  conocimiento de la falta.

La nueva legislación establece además que los derechos de reclamo de cuotas aportadas por los trabajadores tampoco prescribirán, o sean que no se pierden con el paso del tiempo.

La iniciativa  que fue la primera en ser dictaminada por la Comisión Especial Investigadora de la Caja, podría ser aprobada en primer debate en las próximas sesiones del Plenario Legislativo.

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Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

29 de agosto del 2013

Los diputados aprobaron por unanimidad el expediente 18832 la investigación relacionada con la contratación de una consultoría informática y de rediseño de procesos por $ 1,8 millones con la firma INDRA Sistemas S.A. que hiciera el Poder Judicial.

La entidad contrató con la firma española cuya dirección local está a cargo del esposo de Ana Virginia Calzada Miranda, ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata del abogado Jorge Obando Sancho, a quien la empresa Indra ofreció como director del proyecto para mejorar la labor del Ministerio Público y la Defensa Pública, pagándole en total $149.000, según consta en el expediente del contrato.

Entre las conclusiones se encuentran: “que la empresa ha incumplido con los plazos de entrega y que sus productos presentan una serie de debilidades en su calidad, situación que ha motivado su rechazo…”.

“En cuanto a la situación de Jorge Obando Sancho, resulta inaceptable para los Diputados firmantes, por no decir poco creíble, que la Magistrada Calzada no conociera  de la participación de su marido con la empresa de marras. Tampoco es de recibo que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia no conociera del asunto y mucho menos que no conozca al señor Obando, al cual la empresa ofreció  la dirección de la consultoría, siendo el cónyuge de quien ha sido compañera de trabajo por muchos años”.

“Para los Diputados de esta Comisión hay una lesión al deber de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, toda vez que el manejo del contrato no es transparente, por cuanto si bien la Magistrada no tomó decisiones directamente relacionadas con Indra, existen suficientes elementos para pensar que, de manera indirecta, hubo favorecimiento y trato especial por tratarse del cónyuge de una alta autoridad pública, situación que, por supuesto, ningún subalterno habría de denunciar por temor a represalias en su contra”.

La Comisión también recomienda: “Exigir al Departamento de Fiscalización y Evaluación Operativa que examine con mayor rigurosidad sus disposiciones, a la luz de lo que las propias investigaciones arrojan, toda vez que no existe concordancia entre conclusiones y mandatos, por resultar categóricos los primeros y laxos y condescendientes los segundos”.

“Fiscalizar e informar semestralmente a esta Comisión acerca de todo el proceso de ejecución del contrato entre el Poder Judicial y la empresa Indra Sistemas S.A., detallando el avance del proyecto, sus productos y el aporte de estos al cumplimiento de los objetivos del contrato”. “Verificar el cumplimiento y satisfacción de las disposiciones de su informe, en particular, el establecimiento de normas internas que garantice la verificación del régimen de prohibiciones e incompatibilidades que evitarán conflicto de interés”.

Al Poder Judicial le solicitan “remitir a esta Comisión un informe semestral sobre la ejecución del contrato suscrito con la empresa Indra Sistemas S.A., detallando el avance del proyecto, sus productos y el aporte de estos al cumplimiento de los objetivos del contrato”. “Activar el régimen disciplinario contra los funcionarios encargados de fiscalizar el proyecto y los responsables de autorizar las prórrogas y modificaciones en el cronograma de trabajo, así como quienes recibieron los productos y se dieron por satisfechos”.

A la Asamblea Legislativa “aprobar el expediente Nº 18.791 “Interpretación Auténtica de los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la Ley Nº 7494, Ley de Contratación Administrativa” para evitar que situaciones como la denunciada en este informe se repitan al amparo de una interpretación errada de la norma.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de agosto del 2013

Con 41 votos a favor y 3 en contra, los diputados aprobaron en su trámite de primer debate, el expediente 18827 Exención de Impuestos y Organización para la realización y promoción de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 17-2014.

El proyecto pretende crear un régimen especial tributario relativo a la organización y celebración de la Copa Mundial Femenina de Fútbol en la categoría de menores de 17 años.

Para ello se exonera a las propias autoridades organizadoras tanto a nivel internacional, como a sus contrapartes o asociaciones afiliadas a nivel nacional.

Según la iniciativa un certamen de esta naturaleza requiere múltiples aspectos administrativos e incluso constructivos, traída de equipo especial para el país para la cobertura de los eventos.

Dicho régimen tributario especial pretende abarcar a contratistas, medios de comunicación acreditados, delegaciones deportivas e incluso a patrocinadores nacionales del evento.

Así mismo se concede entonces para estos efectos, exoneración de los impuestos vigentes en el país según sea el caso, estando entre los principales, los impuestos de utilidades y remesas al exterior, impuesto general de ventas, bajo modalidades de régimen temporal de ingresos e impuestos migratorios como los de salida del territorio nacional.

El diputado Víctor Hugo Víquez Chaverri manifestó que este proyecto de ley solo beneficios le traerá al país, ya que la Federación Costarricense de Fútbol ha solicitado junto con Gobierno de la República a la Federación Internacional de Fútbol Aficionado (FIFA), que se realice el Mundial de Fútbol Femenino en Costa Rica y que será el mundial que dicte la pauta en Centroamérica ya que nunca en la historia de esta región se ha realizado este evento.

«Lo vamos a tener el año entrante en Costa Rica y le traerá muchos beneficios, es la vitrina que adquiere este país con la organización de un mundial de fútbol » dijo Víquez.

Por otro lado el diputado Víctor Hernández Cerdas indico que como beneficios en general es colocar a Costa Rica a nivel mundial en una posición de privilegio, al tratarse incluso de un proyecto mundial de fútbol femenino y que dará al país apertura a en este nivel.

La diputada Gloria Bejarano Almada consideró que es importante este proyecto para la juventud de nuestro país, especialmente para las jóvenes al tener este evento en Costa Rica, “es conocido de todos que el deporte no es una de las aficiones más grandes de los costarricenses, nos encanta ver el fútbol, todos nos sentimos entrenadores, pero son pocos los que practican un deporte y eso lo estamos viendo en la obesidad de nuestro país”.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de agosto del 2013

Los diputados dieron el visto bueno para el permiso de atraque, permanencia en puerto y desembarque de la tripulación de la embarcación USS RENTZ (FFG-46) de la armada de los Estados Unidos, tanto en el Mar Caribe como en el océano Pacífico.

Dicha embarcación atracará en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de año 2013. De igual manera se solicita autorización para la permanencia en territorio nacional de la tripulación de dicho buque durante su estadía en puerto.

Así mismo la embarcación en listada solo ingresara a puerto con el objetivo de reabastecimiento, entrega de sospechoso detenidos o entrega de evidencia para apoyar el enjuiciamiento oportuno de traficantes.

El diputado Juan Carlos Mendoza García, señaló que con respecto a este tema se ha hablado muy poco en la Asamblea Legislativa y dejo claro que este permiso se pone el tema  del decomiso como la justificación, y la posibilidad de hacer transbordos para efecto de traer la prueba a tierra y generar cualquier juicio correspondiente, pero según dijo, esa posibilidad parece que no se contempla nunca.

«Estaba Asamblea Legislativa ha aprobado 41 permisos de guardacostas que están en nuestros mares, y que están perfectamente equipadas y que pueden hacer este tipo de transbordos pero no, eso se plantea como que tienen que ser necesariamente el buque del ejército el que tiene que venir, y llama la atención que no se puedan hacer esas coordinaciones», dijo Mendoza.

Por otra parte el diputado Jorge Rojas Segura manifestó que la realidad nuestra es que Costa Rica es siete u ocho veces más grande en océano que territorialmente, además que nuestro país no cuenta con los recursos económicos, de poder patrullar todo el océano.

«Es importante no engañar a la ciudadanía, mucho menos la prensa, la cual siempre son compañeros de nosotros porque están en el tiempo de plenario aquí, no se dejen engañar tampoco, aquí lo importante es que el Gobierno de los Estados Unidos y en este caso sus buques son los que nos ayudan a proteger» dijo Rojas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de agosto del 2013

Los costarricenses vinculados al crimen organizado internacional, podrían ser extraditados, es lo que pretende el expediente 18659 reforma al artículo 32 de la Constitución Política  y que fue leído en el Plenario esta tarde.

El artículo 32 de la Constitución Política  imposibilita la extradición de nacionales, reservando la potestad (poder-deber) para el Estado costarricense, de juzgar a sus nacionales por los delitos cometidos fuera del ámbito soberano nacional.

También se dio la primera lectura del expediente 18660 Reforma al artículo 24 de la Constitución Política.

El proyecto establece que igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción.

Los diputados le dieron  primera lectura a estos expedientes, el 19 de agosto se le dará la segunda lectura, posteriormente en la tercera lectura  se someten a votación para su admisión.

De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Legislativa el artículo 184  establece el procedimiento a seguir para las reformas parciales a la Carta Magna

Se establece en el inciso 2) el proyecto será leído por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se admite o no a discusión por lo que se requiere la simple mayoría de los diputados presentes.

Señala el inciso 3)  admitido el proyecto este pasará a una comisión nombrada por votación de la mayoría absoluta de la Asamblea, para que dictamine en el término de veinte días hábiles.

Extradición

En la reforma al artículo 32 de la Constitución Política se señala que ante la dinámica de crecimiento de la criminalidad organizada transnacional, muchos países que han sufrido en carne propia las consecuencias de este fenómeno nefasto, han optado por permitir la extradición de nacionales como medida eficaz para no propiciar la impunidad, y coadyuvar en la solución coordinada de un fenómeno delictivo de características innegablemente internacionales.  Resulta en una solución de aplicación de justicia que aunque globalizada se encuentra necesariamente arraigada a la soberanía de cada Estado.

Esta reforma representa una respuesta a un fenómeno internacional propio del proceso de globalización internacional, que en este caso avanza hacia la transnacionalización de la aplicación de la justicia, la cual en el caso de la extradición de nacionales vinculados al crimen organizado internacional incluyen a países como México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia, todos los cuales ya han variado sus normativas para permitir esta posibilidad.

Intervención de comunicaciones

El expediente 18660 reforma al artículo 24 de la Constitución Política propone que la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo.  Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción.

Con la reforma constitucional que plantee este proyecto de ley se pretende que los miembros del Ministerio Público, de la Policía Judicial, sea el Organismo de Investigación Judicial y de la Policía de Control de Drogas, puedan coadyuvar de manera efectiva al juez durante el proceso de una investigación, ajustando esta herramienta de la intervención de las comunicaciones a la realidad delictiva de nuestro país, especialmente con respecto a las investigaciones relativas al narcotráfico y al crimen organizado, de forma tal que no violente los derechos y garantías constitucionales, reconocidos de manera internacional por nuestro país.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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5 de agosto del 2013

Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate con 42 votos el expediente 18800  Aprobación del tratado sobre el comercio de armas el cual busca regular prevenir y prohibir las transferencias de armas convencionales, sus municiones, partes y componentes.

La normativa se aplicara en aquellos casos en que las transferencias pueden generar una amenaza a los derechos humanos, contribuir a su comercio ilícito, o bien facilitar la violencia armada, el terrorismo, el crimen organizado, los crímenes de guerra o actos de genocidio, o tener un impacto negativo en el desarrollo socio económico del país receptor.

El tratado es una iniciativa  impulsada por Costa Rica y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2  abril de este año.

El diputado José María Villalta Florez-Estrada del Frente Amplio destacó los efectos de ese tipo de armas, que van desde aviones de combate, tanques, buques de guerra, hasta armas pequeñas y ligeras, entre ellas, rifles y pistolas, ha sido  ampliamente documentado por distintos medios de comunicación.

Aseguró  que el convenio es un esfuerzo por contar con un instrumento internacional para regular un problema que provoca la muerte de miles de personas.

La globalización del comercio de armas y en especial la ausencia de controles y normas internacionales fuertes y comunes para las transferencias de armas, ha hecho aún más difícil su control. 

Mediante el establecimiento de normas universales para las transferencias de armas, el Tratado pretende desalentar la proliferación del comercio ilegal de y garantizar que los controles establecidos por un Estado no se vean socavados por su ausencia en otra nación.

Se estima que como resultado del comercio de armas convencionales al menos  127 mil personas fallecen anualmente. Sin embargo, existen más regulaciones o controles globales para la exportación de productos agrícolas y teléfonos celulares que para la transferencia de armas convencionales

Por su parte la diputada Jeannette Ruiz Delgado de Acción Ciudadana expresó que la aprobación del convenio no es un tema de partidos políticos, sino de costarricenses y de idiosincrasia nacional.

Con su aprobación Costa Rica se convierte, al ratificar este tratado, que busca proteger los derechos humanos con la regulación de la comercialización de armas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de agosto del 2013

Los diputados aprobaron una moción para crear una Comisión Especial integrada por nueve miembros, y será presidida por el Presidente de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se avoque al estudio y dictamen de las iniciativas de reformas al Reglamento Legislativo.

Así mismos la moción indica que la comisión deberá proponer las iniciativas de reformas al Reglamento que consideren necesarias. Esta comisión tendrá un plazo de un mes calendario, improrrogable contado desde la aprobación de la presente moción para cumplir su cometido.

La comisión será integrada por un miembro del Partido Liberación Nacional, uno del Partido Acción Ciudadana, uno del Partido Movimiento Libertario, uno del Partido Unidad Social Cristina, uno del Partido Accesibilidad sin Exclusión, uno del Partido Frente Amplio, uno del Partido Restauración Nacional y uno de Renovación Costarricense.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

30 de julio del 2013

Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate, el expediente 17527 Ley de Monitorio Arrendaticio que pretende innovar de manera absoluta el tema de procesos de desahucio.

Este proyecto pretende innovar en el tema de procesos de desahucio, introduciendo un proceso de estructura monitoria con contradictorio invertido que, permitiendo garantías procesales suficientes al arrendatario, devuelve al actor del proceso el protagonismo y manejo del proceso con un procedimiento que, además de la estructura monitoria, está desarrollado bajo la base de un proceso oral, concentrado, célere y eficaz, a fin de hacer realidad en esta materia el dogma de una justicia pronta y cumplida.

Finalmente los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate el expediente 17980 Reforma del artículo 77 de la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y su reglamento.

El proyecto establece que la pena será de tres a ocho años de prisión cuando una mujer sea autora o participe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas y cumplan con las condiciones de pobreza, o por ejemplo sean jefas de hogar.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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30 de julio del 2013

Los  diputados aprobaron varios proyectos de ley en su trámite de segundo debate, entre ellos el expediente 18735 Interpretación auténtica del artículo único de la Ley 8950 de derechos prejubilatorios a los extrabajadores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles.

La iniciativa pretende interpretar que todos aquellos exferrocarrileros, quienes tengan más de cincuenta años y les falté hasta 24 cuotas puedan cancelarlas y acogerse a la prejubilacion, independientemente de cuándo cumplieron la edad de 50 años.

El diputado José María Villalta Florez-Estrada manifestó que es necesaria la interpretación auténtica porque hay ocurrencias de funcionarios encargados de aplicar esta ley, que están denegando los derechos a muchos extrabajadores del ferrocarril.

«Se los están negando arbitrariamente haciendo interpretaciones que no proceden, por eso es la interpretación auténtica, porque no hay un plazo para presentar las solicitudes desde que se aprobó la Ley 8950.  Las solicitudes han sido rechazadas arbitrariamente o están en trámites algunas de ellas» dijo el diputado.

Por su parte el diputado José Roberto Rodríguez Quesada indicó que era necesaria dicha interpretación para dar una salida definitoria y que hoy con el segundo debate esta ley de la República vendrá a resolver las injusticias que se le han cometido contra los ex trabajadores del ferrocarril.

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