Armando Alonso Gonzalez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
23 de julio del 2013
Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 15979 Código Procesal Civil, que permitir agilizar los juicios de carácter civil, introduciendo la oralidad, como un instrumento para alcanzar el fin de «justicia pronta y cumplida».
El diputado Luis Gerardo Villanueva Monge indicó que la justicia en Costa Rica cada vez se tiene que implementar para hacerla más pronta y más cumplida. Así mismo dijo que este proyecto implementa un sistema de ejecución de las sentencias más práctico que incluso tiene además elementos que el juez puede trabajar para que las sentencias se apliquen con prontitud.
«Los cambios fundamentales son la transformación y la valoración de la prueba, la eliminación del concepto de sana critica para sustituirlo por una valoración más amplia de apreciación probatoria, era fundamental agilizar esta evacuación, pero además la interpretación de la prueba por medio de los aplicadores de la ley» explico Villanueva.
Por su parte el diputado José María Villalta Florez-Estrada señaló, que este proyecto es una modificación urgente ya que la legislación civil que existe en el país sigue siendo un código atrasado, cuyos principios datan del tiempo de la colonia.
«Una legislación lenta donde fácilmente se bloquea un proceso, donde todo es por escrito, donde se le da todo el poder aquellos que quieren atrasar y entorpecer los procesos y en donde los juicios pueden durar más de diez años» dijo el diputado Villalta.
Por otro lado los legisladores aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 17527 Ley de Monitorio Arrendaticio que pretende innovar de manera absoluta en el tema de procesos de desahucio.
El plan introduce un proceso de estructura monitoria, con contradictorio invertido que permitiendo garantías procesales suficientes al arrendatario, devuelve al actor del proceso el protagonismo y manejo de procesos, con un procedimiento que además de la estructura monitoria esta desarrollado bajo la base de un proceso oral, concentrado, célebre y eficaz a fin de hacer realidad, en esta materia, el dogma de una justicia pronta y cumplida.
Modifican penas
Por otro lado los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 17980 Reforma del artículo 77 de la Ley de Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y su reglamento.
El presente proyecto, inicialmente proponía añadir un artículo a la “Ley de estupefacientes, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, para modificar los rangos de las penas a imponer por la comisión del delito de introducción de drogas a un centro penal. Los proponentes consideran que el extremo máximo debería ser de tres años de la sanción.
Así mismo el proyecto posibilitaría a las personas condenadas por la comisión de dicho ilícito, el ser candidatas para acceder al beneficio de la condena de ejecución condicional o a la aplicación de penas alternativas, lo que le daría a las procesadas la posibilidad de óptimo ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Una de las consideraciones importantes para que a estas personas se les dé la condición de la pena es que la gran mayoría de esas reclusas son personas que guardan prisión por primera vez; es decir, son delincuentes primarias, no reincidentes.
Otras de las consideraciones es que una gran mayoría de esas mujeres son personas jefas de hogar, con varios hijos menores, que se ven compelidas a cometer ese ilícito, en razón de las circunstancias adversas en las que se encuentran dentro de nuestra sociedad.
Finalmente los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate el expediente 18444 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios.
El plan tiene propósito fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, mediante la regulación por ley de la creación, organización y funcionamiento de este, como un mecanismo para garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos, coadyuvando en la efectividad, mejora continua e innovación en la prestación de los mismos.
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