Editor – Página 111

Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

21 de agosto del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales, dictaminaron positivamente el expediente 18816 Aprobación del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y su protocolo adicional relacionado con los costos régimen lingüístico y remisión de solicitudes.

Esta iniciativa establece una base jurídica internacional segura que va a facilitar la utilización de la videoconferencia entre autoridades del espacio iberoamericano, favoreciendo la proximidad y la celeridad en la realización de diligencias de diversa naturaleza jurídica. Además, viene a reforzar la confianza y la cercanía entre instituciones.

Cabe mencionar que la videoconferencia en los procesos penales constituye una herramienta tan valiosa que permite en los casos de testigos o víctimas protegidas, que deben rendir declaración o testimonio en un país y reside en otro, que siempre puedan brindarlo gracias a este medio tecnológico, sin necesidad de trasladarse al país donde es requerido y donde su vida, como consecuencia del delito que se investiga, corre peligro.

De esta forma facilita las investigaciones y procesamientos contra delincuentes de crimen organizado. En estos casos el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional contribuye notablemente en la reducción de espacios de impunidad.

La videoconferencia reduce también visiblemente los costos si se compara con las implicaciones económicas de trasladar a un testigo de un país a otro para que rinda su declaración. Reduce también los riesgos de seguridad que implica el traslado de un testigo que esté privado de su libertad.

La diputada Nidia Jiménez Vázquez manifestó que este convenio viene a agilizar los trámites judiciales a nivel internacional y también viene a disminuir costos, ya que el Poder Judicial de nuestro país está obligado inclusive a adecuarse a los avances tecnológicos que en otros países del mundo ya se están utilizando en este tema.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque no le vemos problemas a nivel de país, más bien le vemos facilidades en la parte tecnológica, le vemos disminución de costos, le vemos agilización de trámites y es un asunto interactivo y va hacer que ese engorroso problema que tenemos a veces con la justicia donde las cosas se tardan demasiado se agilice”, comentó la diputada.

Buscan garantizar respeto a libertad de prensa de los periodistas

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de agosto del 2014 – Con el apoyo unánime de los siete diputados presentes, la Comisión de Asuntos Sociales dictaminó el expediente 16992 que busca garantizar el respeto a la libertad de prensa de los periodistas.

Con esta nueva legislación se prohíbe cualquier tipo de coacción, amenaza o censura, en el ejercicio de la profesión y se establecerá que las empresas periodísticas no podrán desarrollar prácticas laborales que limiten de forma ilegítima el ejercicio de la libertad de prensa por parte de los periodistas que laboran bajo sus órdenes.

Se considerarán como prácticas laborales de las empresas periodísticas que limitan ilegítimamente la libertad de prensa de los periodistas las siguientes:

Prohibir o impedir al periodista investigar o informar sobre determinados hechos noticiosos o asuntos de interés público.
Obligar o presionar al periodista a ocultar información sobre asuntos de interés público, omitiendo publicarla o recortando reportajes periodísticos con el fin de favorecer los intereses particulares de algún grupo o persona, en perjuicio del derecho de la ciudadanía a obtener información veraz y oportuna.
Obligar o presionar al periodista para que le dé un determinado sesgo u orientación a sus reportajes informativos, favoreciendo alguna posición o a excluir otros puntos de vista.
Sancionar o perjudicar ilegítimamente en el ejercicio de sus derechos laborales al periodista por publicar algún tipo de información siempre y cuando haya cumplido con las normas que rigen el ejercicio de la profesión.

También se prohíbe a las empresas periodísticas el despido sin justa causa de periodistas con motivo de la aplicación de prácticas laborales que limitan ilegítimamente la libertad de prensa, por oponerse a ellas o por denunciarlas ante las autoridades competentes.

El periodista que fuere despedido en violación a esta Ley podrá gestionar ante el juez de Trabajo, su reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos, ofreciendo las pruebas en que sustente su reclamo.

Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los siguientes tres días. Vencido este término, convocará a las partes a una audiencia para evacuar las pruebas ofrecidas. Dentro de los diez días siguientes a la realización de la audiencia, el juez ordenará la reinstalación, si fuere procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir.

El patrono o representante patronal que se niegue a efectuar la reinstalación será condenado al pago del equivalente a un día del salario que corresponda, a favor del trabajador afectado, por cada día calendario en que no cumpla con dicha orden.

En caso de que el periodista no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además del auxilio de cesantía a que tuviere derecho y de los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, una indemnización por concepto de daños y perjuicios ocasionados.

Se establecen igualmente las causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo:

Cuando los periodistas invoquen la cláusula de conciencia porque se les obligue a realizar un trabajo contrario a sus valores o creencias o al Código de Ética Periodística, o porque la empresa para la cual trabajan cambie la política informativa, y su nueva orientación editorial riña con aquellos. En estos casos, los trabajadores deberán manifestarle a su patrono su decisión por escrito, indicando las razones que la motivaron.

La legisladora Patricia Mora Castellanos del Partido Frente Amplio señaló la importancia de la labor de los profesionales en comunicación.

Por su parte, la diputada de Liberación Nacional Sandra Piszk Feinzilber se mostró a favor del dictamen del proyecto de ley.

Foro de Occidente y utilización de excedentes para financiar obras conexas

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de agosto del 2014 – Los representantes del Foro de Occidente aseguraron ante la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que están en contra de que los excedentes que se generen luego de finalizadas las obras de la carretera San José – San Ramón se utilicen en la construcción de obras conexas.

El artículo 6 del expediente 18887, Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José San Ramón y las Radiales Mediante Fideicomiso, señala que el Fideicomiso queda autorizado a “reinvertir los eventuales excedentes que se generen con la operación del corredor vial San José-San Ramón en obras públicas de infraestructura vial conexa al mismo. Estas obras serán definidas en cada periodo anual de forma participativa entre el Fideicomiso, las organizaciones comunales y las municipalidades de los cantones por donde transcurre el corredor vial y consideradas en un Plan de Inversión que será aprobado por el Fideicomiso para su ejecución”.

Sin embargo, para Alexander Rodríguez, miembro del grupo de Occidente, este punto sería contrario a la legislación vigente, ya que asegura que los fondos cobrados mediante peajes solo pueden ser utilizados para mejoras o reconstrucción de la misma carretera donde son gestionados.

Por su parte, Juan Diego Vásquez, también miembro del Foro, explicó que todo el fondo del proyecto podría ser modificado y señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
podría presentar en los próximos días un nuevo texto sustitutivo.

La iniciativa que se discute en la Comisión de Económicos establece que se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a constituir un fideicomiso de interés público “con alguno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional propiedad del estado costarricense a efectos de financiar, planificar, construir, desarrollar y dar mantenimiento a la obra pública con servicio público denominada “Corredor Vial San José-San Ramón”, la cual comprende el trayecto e infraestructura necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José, en el cantón central de San José, con la ciudad de San Ramón, en el cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela”.

El plazo del Fideicomiso se establece en treinta años y se podrán aplicar prórrogas hasta alcanzar un término máximo total de cincuenta años.

Los miembros del Foro indicaron a los legisladores que todavía no se tienen los datos de los costos de los peajes ni los planos de las obras.

Moratoria a transgénicos afectaría la investigación

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de agosto del 2014 – Griselda Arrieta, Bióloga Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó que declarar una moratoria para cultivos transgénicos en el país afectaría considerablemente la generación de conocimientos, investigación y la inversión que se ha hecho en forma sostenida en este campo.

La bióloga compareció ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que externara su posición con respecto al expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados (transgénicos).

“Las consecuencias que podría tener para el país la moratoria con organismos vivos modificables, la moratoria es bastante amplia, incluiría no solo plantas sino también bacterias y dependiendo de la interpretación que se haga algunos otros productos, pero en términos generales consideramos que iría en detrimento de la utilización y desarrollo de productos de investigación que se están dando a nivel estatal, pero también a nivel privado”, comentó.

Indicó que frenaría considerablemente la evaluación de los materiales pues las investigaciones quedarían en el laboratorio y no se podrían probar en el campo. Así mismo habría una restricción importante en la generación de conocimiento como por ejemplo el proyecto del arroz, que fue financiado con dineros de fundaciones.

“También debilitaría la inversión que sea hecho en forma sostenida en las diferentes entidades, no solo estatales sino gubernamentales, a nivel de personal, sobre todo en esta materia específicamente en ingeniería genética, bioseguridad ambiental, evaluación de riesgo”, expresó.

Arrieta manifestó que a nivel social, el país debería tener la libertad de escoger y brindar diferentes sistemas de producción ya que a nivel económico es necesario tener una paleta de alternativas que cuenten con un marco legal adecuado.

“Dependiendo de la interpretación, hay medicamentos como la insulina o las hormonas de crecimientos que se han hecho modificaciones genéticas para producirlas, también podrían eventualmente verse afectadas”, puntualizó.

Finalmente recomendó no aprobar y archivar la iniciativa y más bien enfocarse en una ley de bioseguridad ambiental que sea integral.

Participación ciudadana genera mayor impacto regional

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

20 de agosto del 2014 – Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), manifestó que una de las gestiones que está realizando la institución es impulsar la participación ciudadana con el objetivo de tener un mayor impacto regional y local.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo para que se refiriera a los políticas y acciones que desarrollaran en la actual administración.

Soto Vargas añadió que pretenden realizar un cambio sustantivo en la entidad, ya que creen no solo en la institución, sino que tiene una función de velar porque ese acompañamiento, gestión y transformación pueda incidir en las comunidades del país.

“La función que tienen el instituto, es velar porque ese acompañamiento, gestión, transformación, y esa posibilidad de incidir, así que en el IFAM estamos trabajando coordinadamente con varios sectores e instituciones fomentados en los lineamientos esenciales de la presente administración y que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, porque estamos muy cimentados para poder realmente proyectar y producir efectos rápidos y procurar que lleguen al régimen municipal”, explicó.

Así mismo señaló que están impulsando la participación ciudadana para obtener un mayor impacto regional y local de las comunidades y construir una acción para todos los ciudadanos, con el objetivo que participen en un proyecto país.

“Impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, reducir la desigualdad y la pobreza extrema y luchar contra la corrupción y por el establecimiento de un Estado transparente y eficiente, esos son los pilares en que nos basamos.

Con base en ellos hemos trazados entonces nuestros planes, resumidos en un objetivo principal, este objetivo es fomentar el desarrollo local mediante la oferta de recursos técnicos y financieros para los Gobiernos locales, a pegados a las necesidades reales de las comunidades”, comentó.

Sin embargo la jerarca del IFAM señaló que la institución ha venido sufriendo a través de los años una disminución de los ingresos debido entre otras cosas, a que la Ley 7972 redujo al 10% al impuesto selectivo de consumo, a los licores y cervezas, y con ella el IFAM dejo de percibir aproximadamente 14 mil millones de colones en el periodo de 1994 al 2013.

“El Ministerio de Hacienda dejo de transferir al IFAM el 2% de la recaudación total que realiza por concepto de impuesto, sobre la venta, autorizado originalmente en la ley 5662 y posteriormente por la ley 6826. Esa decisión provocó que el IFAM dejara de percibir la suma estimada de unos 205640 millones de colones que hubiesen sido empleados para el fomento municipal exclusivamente”, finalizó diciendo la jerarca.

Diputados escuchan propuestas para Guanacaste

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de agosto del 2014 – La Comisión Especial de Guanacaste inició su trabajo conociendo propuestas para la solución a los problemas de sequía y falta de agua que afectan a la provincia.

Vidal Monge Corrales y Rolando Vega representantes de la Cooperativa SEPECOOP plantearon como alternativa a los problemas de agua la construcción de una represa en el rio Piedras con un costo de 87 millones de dólares.

Vidal Monge sostuvo que esta es una esperanza para los problemas de agua para Guanacaste y que el recurso no se vaya al Golfo.

Por su parte, Vega mencionó que las partes pendientes de la propuesta llevarían entre ocho meses a un año para iniciar la construcción.

“Como un proyecto de Estado”, calificó la propuesta el legislador de Acción Ciudadana Víctor Morales Zapata.

El congresista resaltó el trabajo de alianza con las comunidades organizadas y anunció una reunión interinstitucional con autoridades del gobierno entre ellas los jerarcas del MINAE, SENARA, MAG y Acuerdos y Alcantarillados para el próximo miércoles a fin de lograr avanzar con la propuesta.

Jose Luis Angulo Zúñiga, Presidente de la Cámara de Productores de Caña de Guanacaste, presentó los serios problemas de sequía que afectan a los cantones de la provincia e indicó que un estudio arrojo que se tienen 5. 774 hectáreas afectadas.

Organismos modificados: Grave amenaza para las poblaciones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de agosto del 2014 – Jaime García, Profesor Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Representante de la Red de Coordinación en biodiversidad, manifestó que los cambios ambientales mundiales, incluyendo los contaminantes orgánicos y los organismos genéticamente modificados, presentan una grave amenaza para las poblaciones humanas y los ecosistemas naturales en América Latina y el Caribe.

García compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y se refirió al expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados (transgénicos).

El compareciente citó un informe denominado Perspectiva del Medio Ambiente, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cual indica que la posibilidad de que genes modificados pasen descontroladamente de una especie a otra es un riesgo real. Dijo que uno de los peligros principales de esta intromisión, es que afecte sus características, poniendo en peligro la biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad.

“También decía este informe entre otras cosas, algunos resultados de aprovechar biotecnológicamente la diversidad natural, puede finalmente ponerle en peligro, por contaminación genética. Y también decía que los cambios ambientales mundiales incluyendo los contaminantes orgánicos y los organismos genéticamente modificados presentan una grave amenaza para las poblaciones humanas y los ecosistemas naturales en América Latina y el Caribe”, señaló.

Así mismo manifestó que en ese mismo informe se establece que aparte de las posibles consecuencias ambientales de la contaminación transgénica, existe preocupación en función de los hechos que así lo demuestran sobre el efecto inmediato y a largo plazo de los alimentos genéticamente modificados sobre la salud humana.

“A pesar de la preocupación por la proliferación organismos genéticamente modificados y los riesgos de contaminación genética de especies autóctonas, tienden a prevalecer las presiones comerciales por sobre la precaución. Las presiones por parte de las empresas o de los inversionistas en este campo presionan muchísimo”, comentó.

Ciudadanos tendrían recursos para reparar o construir viviendas

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de agosto del 2014 – Las personas que requieran recursos para mejorar o construir casa podrían tener acceso a los mismos debido a que los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminaron el expediente 18877, Adición de un inciso d) al artículo 2) de la Ley N. º 8957, de 17 de junio de 2011 “Creación de un bono para segunda vivienda familiar que autoriza el subsidio del bono familiar en primera y en segunda edificación”.

Según el proyecto, para construir una vivienda o mejorar o reparar una existente, en el caso de los copropietarios que tengan derechos no localizados en propiedades en cuyas edificaciones son o serán físicamente independientes y de carácter horizontal, en un mismo inmueble se otorgarán los subsidios que correspondan conforme a la ley y su reglamentación, siempre y cuando los copropietarios estén en relación de consanguinidad o parentesco.

La iniciativa señala que los copropietarios podrán recibir en forma separada el subsidio del bono familiar de vivienda.

El subsidio del bono para segunda vivienda familiar y el Régimen Especial de Vivienda de Interés Social, se otorga por medio del Fondo de Subsidios para Vivienda a las familias y los adultos mayores sin núcleo familiar, así como a las mujeres jefas de hogar, de escasos ingresos, para que puedan ser propietarios de una vivienda acorde con sus necesidades y posibilidades socioeconómicas.

Comisión establece terna para Defensor de los Habitantes

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de agosto del 2014 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos remitió al Plenario Legislativo la lista con la terna de los candidatos al cargo de Defensor de los Habitantes. Entre Montserrat Solano Carboni, Yanis Quesada Chanto y Ricardo Valverde Gómez podría estar el nuevo Defensor de los Habitantes.

El nuevo jerarca llegara en sustitución de Ofelia Taitelbaum Yoselewich quien renunció al cargo el pasado 07 de julio del 2014.

Para ser electo en el cargo según se estipula en el Reglamento Legislativo se requiere del apoyo de la mayoría de los diputados presentes al momento de la votación. Para el presidente de la comisión, Ottón Solís Fallas, al jerarca de la institución le toca cumplir con el marco legal hacer y hacer cumplir la ley para todos.

Como parte de este proceso de selección el panel legislativo volvió a recibir en audiencia a la última candidata preseleccionada Montserrat Solano Carboni para conocer más sobre sus planes de llegar a este cargo. La candidata señaló que si bien ha estado fuera del país por cerca de diez años siempre ha estado activa en la defensa de los derechos humanos para llegar a acuerdos.

Solano Carboni acotó que su hoja de vida es una muestra de su compromiso con los derechos humanos. Indicó que se debe trabajar por la diversidad de las realidades de las zonas del país para mejorar las condiciones.

Sobre los temas en los que se enfocaría de llegar al cargo mencionó la no discriminación a minorías, promoción de los Derechos Humanos.

La diputada del Movimiento Libertario, Carmen Quesada Santamaría señaló que los tres recomendados tienen las mismas condiciones y oportunidades de ser electo y ahora será una labor a lo interno de las fracciones para compartir las experiencias de este proceso.

Diputados avalan informe de la Contraloría sobre presupuesto

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

14 de agosto del 2014 – Con el voto de 39 diputados se avaló el informe de la Contraloría General de la República al señalar una serie de anomalías en el presupuesto del 2013.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 89 y 194 del Reglamento de la Asamblea Legislativa así como del artículo 181 de la Constitución Política, la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público analizó las recomendaciones de la Contraloría General de la República y pidió no aprobar dicha liquidación.

Según el ente contralor se presentan problemas de registro e incumplimiento de deberes en las instituciones y se incumplen las directrices de que no deben financiarse gastos corrientes con recursos provenientes del endeudamiento público.

Igualmente se establece que no se cumple con la asignación y la ejecución del presupuesto con algunos destinos específicos establecidos en nuestro ordenamiento.

La Contraloría General no avaló el Informe de Resultados Físicos de los programas ejecutados del ejercicio económico 2013, por no incluir, elementos explicativos para medir el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.

A criterio de la Contraloría todavía persisten debilidades en la planificación de las compras o la ejecución de recursos externos.

El Ministerio de Hacienda, en su condición de rector del Sistema de Administración Financiera de la República, y la Dirección General de Presupuesto Nacional, como rector del Subsistema de Presupuesto, deben asumir un rol más efectivo en la solución de estas problemáticas.

Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público presentaron una serie de recomendaciones a los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional, entre ellas:

Elaborar y presentar a la Asamblea Legislativa un plan para reducir el déficit fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo, y contar con reglas fiscales que permitan garantizar la sostenibilidad institucional y fiscal.
Efectuar las acciones administrativas y proponer las reformas normativas que correspondan, para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
Efectuar una revisión de los sistemas de empleo público, y llevar a cabo o proponer las reformas que procedan en esta materia.
Elaborar una propuesta conjunta de Proyecto de Ley que ordene el tema de los destinos específicos actuales, considerando la situación de las finanzas públicas y el Estado Social de Derecho.
Elaborar una propuesta de Proyecto de Ley que establezca la integración al Presupuesto de la República de los presupuestos de los Órganos Adscritos, bajo el alero del Ministerio rector.
Remitir para el cierre del ejercicio económico 2014, según lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, un informe con los resultados de la evaluación de la gestión institucional del Sector Público, para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas como el uso racional de los recursos públicos.